VOLUMEN 4/NÚMERO 1/ENERO – ABRIL/2019/pp. 33-40
"a) Funcionario del Consulado de Ecuador en Cuba,Candidato a doctor por la Universidad de la Habana, Ecuador, Máster, verasleonardo2@yahoo.com"
"b) Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Máster en Ciencias de la Comunicación, mariakarlacardenas@gmail.com"
"c) Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Doctora en Ciencias por la Universidad de Granada, yelinapiedra@gmail.com"
Unidad de Cooperación Universitaria. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. Ecuador
Políticas de información e inclusión femenina desde un enfoque CTS
"Leonardo Vera Viteri" *
"María Karla Cárdenas Berrio" "Yelina Piedra Salomón"
Resumen
La discriminación contra la mujer ha sido objeto de disímiles instrumentos internacionales. La investigación plantea una reflexión en torno a la violencia
de género y los esfuerzos para contrarrestarla. En 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce los derechos y libertades de hombres y mujeres sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. En el caso de las mujeres
rurales la Convención establece que los Estados Parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural. Asumir la
información como recurso productivo que atraviesa transversalmente todos los sectores de desarrollo de un país con el objetivo de conducirlo de forma
proactiva al progreso es la piedra angular que sustenta la sociedad de la información y el conocimiento. La Unesco, a través de sus diferentes programas
ha sido uno de los organismos internacionales preocupados porque cada uno de los países del mundo cuente con políticas y sistemas de información
científica y técnica. Ecuador le otorga gran importancia a las tecnologías de información y la comunicación digital y en especial al internet. No obstante,
persiste un alto porcentaje de población que se le considera analfabeta digital. A pesar de las normativas y políticas elaboradas por el gobierno,
refrendada en la Constitución y el Plan del Buen Vivir, todavía es insuficiente para lograr un verdadero empoderamiento de la mujer que permita
eliminar la violencia de género que aún subsiste en general y en particular en las regiones rurales, confirmado en el diagnóstico realizado. Su causa es
multifactorial: brechas educacionales, de empleo, culturales, de información, salariales, y generan conflicto entre hombres y mujeres.
Palabras clave: Violencia de género; igualdad; políticas públicas; derechos humanos; CEDAW.
Information policies, and female inclusion from a CTS approach
Abstrac
Discrimination against women has been the object of dissimilar international instruments. The research raises a reflection on gender violence and the
efforts to counteract it. In 1948 the United Nations (UN) through the Universal Declaration of Human Rights recognizes the rights and freedoms of men
and women without distinction of race, sex, language or religion. In the case of rural women, the Convention establishes that the States Parties will
consider the special problems faced by rural women. Assuming information as a productive resource that cuts across all sectors of development of a
country with the aim of proactively driving it to progress is the cornerstone that sustains the information and knowledge society. Unesco, through its
different programs, has been one of the international organizations concerned that each of the countries of the world has policies and systems of scientific
and technical information. Ecuador attaches great importance to information technologies and digital communication and especially to the internet.
However, a high percentage of the population that is considered digitally illiterate persists. In spite of the regulations and policies elaborated by the
government, endorsed in the Constitution and the Plan of Good Living, it is still insufficient to achieve a true empowerment of women that allows to
eliminate the gender violence that still persists in general and in particular in the rural regions, confirmed in the diagnosis made. Its cause is
multifactorial: educational, employment, cultural, information, wage gaps, and generate conflict between men and women.
Keywords: Gender violence; equality; public policies; human rights; CEDAW.
Dirección para correspondencia: verasleonardo2@yahoo.com
Artículo recibido el 15 - 09 - 2018 Artículo aceptado el 19 - 01 - 2019
Conflicto de intereses no declarado.
Fundada 2016 Unidad de Cooperación Universitaria de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.
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Políticas de información e inclusión femenina desde un enfoque CTS
Vera Viteri; Cárdenas Berrio; Piedra Salomón
Unidad de Cooperación Universitaria. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. Ecuador
1. Introducción
A raíz de lo planteado por la ONU en 1948 en su Declaración de los
Derechos Humanos sobre los derechos y libertades de hombres y mujeres
sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, surgen varias resoluciones
internacionales. La más importante es la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés) que entró en vigor en 1981. Su propósito es establecer
obligaciones jurídicas para los Estados Parte con el objetivo de reformular
las leyes de estos a fin de que sean incorporadas las recomendaciones de
esta para combatir la discriminación. Se define la expresión
“discriminación contra la mujer” en el artículo 1 de la CEDAW como:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera (CEDAW, 1981).
La Convención establece que los Estados Parte tendrán en cuenta los
problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante
papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia.
Resultando esencial que se tomen medidas para su beneficio, asegurar su
participación en el desarrollo rural y que se apliquen las disposiciones de
la Convención al respecto.
Ecuador es signatario de acuerdos y compromisos internacionales para
proteger a la mujer, promocionar sus derechos individuales y colectivos, y
asegurar que accedan en igualdad de condiciones a los beneficios del
desarrollo y el acceso equitativo a los servicios. Tal es así que los
mandatos y compromisos contenidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales para los derechos humanos se convierten en
normativa de aplicación directa e inmediata para el gobierno del país y
todas sus instancias públicas (Constitución de la República del Ecuador,
2008).
Referido al derecho a la información, el acceso y la transparencia, la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana de Ecuador elaborada en el año
2010 tiene como característica principal ser integradora. Considera a
mujeres que demandan un ejercicio diferenciado del derecho ciudadano a
la participación y acceso a la información bajo el principio de que una
política no puede pretender homogenizar a los sujetos sociales debiendo
buscarse un equilibrio y valorizar la diferencia (Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales, & Participación Ciudadana, 2010).
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la necesidad de
establecer políticas públicas de información en el Ecuador para contribuir
al empoderamiento de las mujeres, reduciendo la violencia de género, en
particular en la Parroquia rural San Isidro de la provincia Manabí.
1.1. Política de información. Papel de las TIC
Las políticas de información tuvieron sus inicios en la segunda mitad
del siglo XX enmarcadas en la guerra fría. Los gobiernos de los países
que gozaban de una economía estable promovieron el uso de las
tecnologías de información y de comunicación (TIC) con el objeto de
agilizar las actividades laborales y de ese modo tener ventaja sobre los
países que no contaban con tales recursos tecnológicos. Este proceso de
transformación de la sociedad industrial a una sociedad basada en la
información convirtió la tecnología en una práctica social.
Asumir la información como recurso productivo que atraviesa
transversalmente todos los sectores de desarrollo de un país con el
objetivo de conducirlo de forma proactiva al progreso es la piedra angular
que sustenta la sociedad de la información y el conocimiento. Amparados
en este supuesto los gobiernos han manifestado el interés por establecer
políticas y estrategias que regulen, desarrollen y promuevan acciones en
aras de generar, organizar, difundir, acceder, usar y aprovechar
eficientemente este recurso en correspondencia con las acciones político-
gubernamentales que en materia de información establezcan los diferentes
países.
Rowlands (1996) plantea que la transformación de la información en
conocimiento y de este en información es la base del aprendizaje y la
comunicación humana. Esto permite que las ideas se esparzan a través del
tiempo y el espacio. La vinculación del pasado con el presente en una red
que abarca a las generaciones y culturas a través de milenios es también
fundamental para el trabajo de los individuos y de las organizaciones. Al
respecto plantea:
Toda persona, nación, región, institución, sociedad, grupo social u organismo
internacional utiliza información para tomar las decisiones que consideren
pertinentes para su desarrollo, y cada vez se busca más contar con fuentes
confiables de información para satisfacer dichas necesidades. Ello apunta a
contar con políticas de información bien estructuradas a lo largo del proceso
de generación, transferencia y recuperación de información (citado por
Almada, 2012, p.5).
Los estudios académicos sobre políticas de información tuvieron sus
inicios en la segunda mitad del siglo XX. Tanto en los Estados Unidos
como en el Reino Unido estas políticas se contextualizaron en la guerra
fría. Las actividades científico-tecnológicas, la administración de
abundantes datos estadísticos, la incursión de la computadora y las
tecnologías de comunicación en general como herramientas para el
manejo y transferencia de datos, la informática para simplificar tareas y la
automatización de los procesos en general permitieron la informatización
de la sociedad.
Los gobiernos de los países que gozaban de una economía estable
promovieron el uso de tecnologías de información y de comunicación
(TIC) con el objeto de agilizar las actividades laborales en busca de
ventaja sobre los países que no contaban con esos recursos tecnológicos.
En esta etapa los esfuerzos estuvieron dirigidos hacia la conformación de
políticas gubernamentales de información. En la década de los ochenta se
cambia el enfoque hacia políticas de información dirigidas hacia el sector
científico y tecnológico.
Zardoni (2014) y Braman (2011) ubican el origen de las políticas de
información como campo disciplinar hacia las últimas décadas del siglo
pasado como manifestación del proceso de transformación de una
sociedad industrial hacia una basada en la información, con niveles de
exigencia muy superiores debido a que gran parte de la sociedad
pertenecía a las sociedades industriales. Aunque es un ideal aún lejano y
constituye la ineludible misión de las políticas de información, la sociedad
de la información por su naturaleza ha de incluir a la totalidad del género
humano.
Según Gama & Sánchez (2006) la Unesco se ha preocupado porque
los países cuenten con políticas de información y sistemas de información
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científica y técnica que permitan producir, clasificar, sistematizar,
transmitir, difundir, compartir y preservar la información. Sus primeros
pasos son fundamentales para el estudio del tema. En la década de 1980
promovió la realización de seminarios en países de América Latina:
Jamaica (1985), Venezuela (1987), México (1987), Colombia (1988),
Costa Rica (1988), Uruguay (1989) y Ecuador (1990) con el propósito de
analizar las políticas gubernamentales en materia de información.
En el marco de los trabajos del Programa General de Información
(PGI), UNISIST (sigla que representa el estudio de viabilidad y el futuro
programa recomendado) y NATIS (Programa para el Desarrollo de los
Sistemas Nacionales de Información) se publicó el manual sobre la
formulación, aprobación, aplicación y funcionamiento de una política
nacional sobre la información. Como acciones prioritarias se señala la
realización de un estudio preliminar de la situación nacional y la
conformación de un organismo encargado de coordinar la ejecución de la
estrategia adoptada. Más tarde se reconoce que una política de
información debía considerar aspectos como el acceso, el tratamiento y el
aprovechamiento de la información.
En la primera década del siglo XXI se sumaron temáticas como el
gobierno electrónico, el acceso universal (fuertemente concentrado en el
abordaje de la brecha digital), el comercio electrónico, el derecho de autor,
la protección de datos, el libre acceso a la información, la infodiversidad y
el estudio de políticas de información en las organizaciones en general.
Los cuestionamientos que giran alrededor de este objeto de conocimiento
no han cesado. La International Encyclopedia of Information and Library
Science (1996) aclara que no hay consenso sobre lo que es política de
información. La mayoría de los estudios sobre el tema se desarrollan en el
ámbito de la Ciencia Bibliotecológica y de Información. Sin embargo,
provienen del discurso más amplio de las Ciencias Sociales (Rowlands,
1996).
Las apreciaciones de Zardoni (2014) apuntan a que:
El concepto de políticas de información es uno que ha registrado una
trayectoria diferente de muchos otros de las Ciencias Sociales o de las
Ciencias de la Información, en el sentido de que, al conjuntar dos términos de
uso tan generalizado, cada funcionario, político, académico o teórico, tiene
uno propio qué pensaría que los demás comparten, comprenden o por lo
menos aceptan. Esto ha ahorrado mucho tiempo de debate estéril que
deseablemente debió haberse dedicado a formular otros elementos de las
políticas de la información, concretamente las relacionadas a la
operacionalización de las mismas para el efecto lo más inmediato posible de
resultados patentes a la sociedad, particularmente en la relación entre las
organizaciones, los gobiernos y los ciudadanos (p.89).
Si se toma como punto de partida la filosofía de las Ciencias Sociales
para el estudio de las políticas de información desde una mirada
epistemológica pudiera representarse como aparece en la figura 1.
Figura 1. Aristas de abordaje epistemológico de las políticas de
información desde la perspectiva de la filosofía de las Ciencias
Sociales.
Fuente: Adaptado de (Sánchez, 2012 p. 18).
En la presente investigación se comparte totalmente la propuesta de
este autor. Se considera que al abordar las políticas de información desde
las perspectivas representadas y que tienen sus raíces en las Ciencias
Sociales será preciso recurrir a las terminologías dominantes en la
Bibliotecología y los estudios de información, y buscar un equilibro con el
fin de mantener un discurso disciplinar.
Las políticas de información como campo de investigación de la
Bibliotecología y de los estudios de la información, y su
institucionalización académica, es algo que se ha ido construyendo
paulatinamente. Los estudios de políticas de información como campo de
estudio de las Ciencias de la Información deberían de tener su propia
conceptualización sobre la información (Sánchez, 2015). Deberían verse
como un conjunto de principios interrelacionados (leyes, lineamientos,
reglas, reglamentaciones e interpretaciones judiciales) que guían la
vigilancia y administración del ciclo de vida de la información, su acceso
y uso; como una declaración de objetivos específicos que deben
perseguirse y/o lograrse, una declaración de los medios con los que se
alcanzarán dichos objetivos; una reasignación de los medios, y un
conjunto de reglas o lineamientos que reglamenten esta actividad (Gama
& Sánchez, 2006).
Autores como Braman (2011); Capurro & Hjorland (2003) y Sánchez
(2015) apuntan hacia la importancia de definir la noción de información
adecuadamente en las políticas de información y aplicar los principios
pragmáticos de la definición de información a políticas prácticas de
información.
En la misma línea de pensamiento se proyecta Rowlands (1996) al
profundizar en las aproximaciones teóricas necesarias para entender las
políticas públicas en pos de una definición de información para el campo
de estudio de las políticas de información. Estima una gran necesidad de
autoconsciencia de las premisas y paradigmas que emergen de la tradición
disciplinaria de la Bibliotecología, las Ciencias de la Información y de los
estudios de la información. Apunta que no basta con entender la
naturaleza, los usuarios y los sistemas de información, hay que
contextualizarlos a partir de los ciclos de vida de la información, de los
datos y de los documentos. Esto es conocido también como el ciclo de
transferencia de la información.
1.2. El concepto de tecnología y el uso de las TIC dentro de
las políticas públicas en el Ecuador
La tecnología suele identificarse con equipos y aparatos que siempre
que dispongamos de dinero podemos comprar. El asunto de la
transferencia de la tecnología es un asunto financiero. Tal imagen de la
tecnología niega la percepción de que deba entenderse como un proceso
social. Es mucho más que una suma de aparatos cada vez más caros y
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sofisticados, es una práctica social que según Pacey (1990) tiene tres
dimensiones:
La dimensión técnica: conocimientos, capacidades, destrezas técnicas,
instrumentos, herramientas y maquinarias, recursos humanos y materiales,
materias primas, productos obtenidos, desechos y residuos.
La dimensión organizativa: política administrativa y gestión, aspectos
de mercado, economía e industria; agentes sociales: empresarios,
sindicatos, cuestiones relacionadas con la actividad profesional productiva,
la distribución de productos, usuarios y consumidores, etc.
La dimensión ideológica – cultural: finalidades y objetivos, sistemas
de valores y códigos éticos; creencia en el progreso, etc. (p.18). Tal
definición se refleja en las políticas públicas ecuatorianas, aunque no
siempre de forma coherente.
El Ministerio de Telecomunicaciones como responsable de la política
y agenda digital de Ecuador establece un proceso de acercamiento y
relacionamiento con las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) para el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. Bajo esta
meta política se crea el Plan Nacional de acceso y alistamiento digital que
es un programa de acceso universal a las TIC y contiene programas como:
aulas móviles, conectividad escolar, infocentros comunitarios,
capacitaciones en alistamiento digital, entre otros. Todo ello bajo el marco
de la estrategia Ecuador Digital 2.0.
En los infocentros se garantiza el espacio comunitario para la
apropiación social de las tecnologías. Se motiva la participación de los
sectores populares donde mayormente asisten mujeres pues se promueve
la participación de organizaciones de mujeres desplegando acciones
conjuntas entre Estado y sociedad civil para mejorar las condiciones de
vida de las familias.
En la estrategia Ecuador Digital 2.0 también se encuentra el proyecto
“Proactivas” para incentivar el acceso, uso y empoderamiento de las TIC
por mujeres, niñas y adolescentes en igual condición con el mismo nivel
de oportunidad. En el 2012 se llevó a cabo en Ecuador el Primer Foro
Regional de TIC y Género. Estuvo organizado por el Ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información como una iniciativa de
participación ciudadana (especialmente de la mujer) que promueve la
equidad e incorporación de oportunidades para todas y todos en el campo
de las TIC.
Ecuador cuenta con un marco normativo y legal favorable,
condiciones normativas óptimas para la defensa de los derechos humanos
fundamentales y la no discriminación de las mujeres. Sin embargo, según
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(2014) (AACID) y a través del diagnóstico de género en el país se
comprobó que no se concreta la operativización de dichas normativas.
Existe una gran distancia entre la normativa (convenios internacionales,
Constitución, leyes) y la política pública ejecutada. Las políticas públicas
están desarticuladas, son eminentemente asistencialistas y no favorecen el
empoderamiento; no se cumplen los principales acuerdos internacionales,
y la escasez de datos y su limitada actualización dificultan el análisis de la
realidad.
Aunque el Gobierno de Ecuador otorga gran importancia a la
tecnología de información y comunicación digital y en especial a internet
como una vía para que se conozcan los derechos de los ciudadanos y
especialmente de las mujeres, persiste un alto porcentaje de población que
se le considera analfabeta digital.
El analfabetismo digital que se refiere al acceso al uso de información
y manejo de las TIC a nivel nacional es del 24,4 % en hombres y del
31,1 % en mujeres. En el ámbito rural, las mujeres representan 43,2 % y
los hombres el 34,4 %. Se evidencia que las mujeres rurales presentan las
más altas tasas de analfabetismo digital.
Los datos analizados coinciden con las tasas de analfabetismo de
manera general, registrando las mujeres una mayor tasa de analfabetismo
al llegar a 7,7 % frente al 5,8 % de los hombres. En el área rural esa cifra
alcanza el 14,2 % en comparación al 10,0 % de los hombres (Gobierno de
la República del Ecuador, 2014).
Los datos presentados muestran de manera general la situación de
desventaja de las mujeres en Ecuador a pesar de los esfuerzos del
Gobierno de lograr una efectiva equidad social, especialmente de las que
mujeres que viven en las zonas rurales.
2. Materiales y Métodos
Se empleó el método documental a través de fuentes secundarias como
programas del gobierno ecuatoriano y políticas implementadas acerca del
objeto de estudio.
Se recurrió también al análisis descriptivo para evidenciar
estadísticamente el comportamiento de la violencia de género en Ecuador
enfatizando en la situación de las mujeres montuvias de Manabí para lo
cual se consultaron fuentes de datos estadísticas como:
• INEC (2012). Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Quito:
INEC.
• INEC (2011). Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y
Violencia de Género contra las Mujeres. Quito: INEC.
• INEC (2011). Censo de Población, Ecuador 2010. Quito:
INEC.
3. Resultados
3.1. Modelo como construcción teórica de la estrategia
Teniendo en cuenta la multidimensionalidad que implica la violencia
de género se muestra el análisis descriptivo del comportamiento de dicho
fenómeno en la provincia de Manabí a partir de los datos arrojados por la
Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra
las Mujeres, realizada en el año 2011, que junto con los resultados del
estudio de caso en la Parroquia justifican la necesidad del diseño de la
política pública de información desde una perspectiva contextualizada
(INEC, 2011).
El análisis nacional sobre las tasas de violencia de género en Ecuador
arroja que si bien Manabí es de las provincias con más baja incidencia es
la que presenta mayor índice de peligrosidad y donde los maltratos hacia
las mujeres son más graves y mortales. En la encuesta aplicada se conoció
que el 48,8 % de las mujeres mencionaron haber sido víctimas de
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violencia de género, dato que está por debajo de la cifra nacional, para un
60,6 %.
En cuanto a la autoidentificación étnica, son las mujeres
afroecuatorianas y montuvias las que han sufrido mayoritariamente la
violencia de género. En la figura 2 así se demuestra.
Los datos reflejados en la figura 2 se expresan también en la tendencia
a nivel nacional. Las mujeres más afectadas son las indígenas en primer
lugar (Manabí tiene poca concentración de este tipo de población, por lo
que no se visibiliza en las encuestas) seguida de las afroecuatorianas y de
las montuvias lo que indica una doble discriminación por ser mujer y por
pertenecer a grupos minoritarios.
Estos grupos poblacionales presentan mayores niveles de pobreza y
tasas de analfabetismo (ambas variables muestran una feminización para
esta población) con un 20,4% según el censo del 2010.
Figura 2. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género
por grupo étnico de autoidentificación.
Fuente: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de
Género contra las Mujeres de 2011 (INEC, 2011).
En la figura 3 se muestra el comportamiento de la violencia de género
según el estado civil. Prevalece la violencia de género para aquellas
mujeres separadas, divorciadas o viudas, seguidas de aquellas que son
casadas, comportamiento igual al de las cifras nacionales.
Figura 3. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia según su
estado civil.
Fuente: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de
Género contra las Mujeres de 2011 (INEC, 2011).
La variable “uso del tiempo” y “carga global de trabajo en horas” es
fundamental para interpretar la violencia de género como parte de un
problema estructural. Muestra desde una perspectiva integral las
diferencias de género en la distribución del tiempo en el trabajo
remunerado, el trabajo no remunerado y actividades de ocio revelando así
las desigualdades. En la tabla 1 se muestra esta carga global de trabajo.
Tabla 1.
Carga global de trabajo en horas promedio a la semana según sexo
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional del Uso
del Tiempo (2012).
Se observa que la carga global de trabajo por horas es mayor para las
mujeres que para los hombres con una diferencia de 11:95 horas. El
comportamiento de ambas provincias es representativo del
comportamiento global para el país, donde las mujeres reflejan una mayor
carga en el trabajo no remunerado con una diferencia de 22:40 horas
frente a los hombres (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2012).
Estos resultados permiten corroborar que la violencia de género está
relacionada con las brechas de género existentes en las provincias. La
violencia de género se muestra como un continuum de desigualdades que
se expresan en las diferentes oportunidades para hombres y mujeres en
diferentes ámbitos sociales lo que le imprime su carácter estructural.
3.2. Caracterización sociodemográfica de la Parroquia San
Isidro, Provincia de Manabí
La Parroquia San Isidro se ubica en el Cantón Sucre, en la provincia
de Manabí. La mayoría de la población está concentrada en zonas en las
que existen servicios básicos, infraestructura de educación, de salud y vial,
y suelos aptos para actividades agrícolas y pecuarias, y de esta forma
generan ingresos económicos para sus hogares.
Según el dato del censo de 2010 la Parroquia San Isidro registra un
total de 10.987 habitantes. En lo referente a la estructura poblacional por
sexo los hombres tienen una pequeña mayoría al representar el 51,8 %
mientras que el sexo femenino alcanza el 48,2 %.
En la Parroquia San Isidro, la mayor parte de la población se
autoidentifica como mestizos, seguida por montuvios, afrodescendientes,
blancos e indígenas. Se observa una multiculturalidad, aunque también
ocurre que la mayoría racial, en este caso la raza mestiza, arrastre su
Provincia Hombres Mujeres
Manabí 56:14 68:09
Total 118:71 145:28
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cultura y costumbres a las demás etnias haciendo que estas dejen sólo un
rastro de sus costumbres antepasadas.
De la población económicamente activa de la parroquia predominan la
inserción laboral en actividades agropecuarias, comercio, empleos
públicos y otras ramas económicas. Las mujeres están vinculadas
mayormente a otras actividades que el diagnóstico no especifica 36,3 %
que pueden estar encubriendo el sector informal de la economía.
Como tendencia se ha dado una mayor inserción de la mujer en los
países latinoamericanos en el autoempleo en ocupaciones que se
caracterizan generalmente por bajos niveles de productividad, reducidas
remuneraciones y el incumplimiento o inexistencia de contratos laborales
lo cual implica que estas mujeres no cuentan ni con previsión social, ni
con acceso a la salud u otros de los beneficios asociados normalmente al
empleo formal.
Esta situación no reflejada en las estadísticas del diagnóstico
invisibiliza también formas de violencia contra las mujeres basada en las
relaciones de producción. Esta omisión repercute en que se desconozcan
las condiciones del empleo femenino y la no actuación directa en este
grupo mediante las políticas públicas.
Por otro lado, el 24,9 % de las mujeres se dedican al servicio
doméstico que si bien aporta una remuneración económica el alto
porcentaje refleja las pocas oportunidades que ofrece el mercado de
trabajo remunerado en la Parroquia. Se repite el estereotipo de las mujeres
encargadas de efectuar las tareas domésticas dado porque el 9,5 % se
dedica a las actividades de comercio, el 9,5 % a la enseñanza, el 1,28 % a
la agricultura y el por ciento restantes en actividades de manufactura,
transporte y comunicaciones.
La incorporación de la mujer al trabajo remunerado en la parroquia es
masivamente precaria y denota que mujeres de escasos recursos y de
bajos niveles educacionales obtienen ingresos en el mercado para subsistir,
no se incorporan al mercado de trabajo como parte de un cambio cultural
o emancipador con la percepción de la remuneración económica como
autonomía.
Las mujeres se ven obligadas a hacerse cargo de toda la familia sin
abandonar su función de madre y cuidadora, cumpliendo todos los roles lo
que se extrema en el caso de las jefas de hogar con hijos. Esta situación
evidencia otra de las manifestaciones de violencia que vivencian las
mujeres de la parroquia.
La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos
económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades
básicas de una persona ya que es la economía el factor con el que se
cuenta para cubrir las necesidades de la población. Este es uno de los
factores que ocasiona que la población económicamente activa (PEA) en
general no se encuentre afiliada al Instituto Nacional Ecuatoriano de
Seguridad Social.
Existe una tasa muy alta de pobreza pues las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) por persona se presentan en un porcentaje del 58,17 %,
asimismo, una tasa de NBI por hogares de 56,23 % lo que significa que
hay carencia de empleo, la vivienda en general adolece de servicios
adecuados, la salud es satisfecha únicamente con atención de primer nivel
y la educación no ofrece las ventajas técnicas que se espera para obtener
resultados satisfactorios del progreso de sus habitantes.
No se cuenta con datos sobre la tasa de actividad doméstica que
representa aquellas actividades invisibles que realizan las mujeres para la
reproducción y que se expresan en quehaceres domésticos de cuidado de
niños y adultos mayores, cuidado de la salud y alimentación familiar, aseo
y mantención del espacio doméstico, etc., que no implican remuneración
económica al ser parte de la vida cotidiana y de las relaciones desiguales
de género naturalizadas, y que imponen a la mujer fundamentalmente a la
realización de estas actividades.
En la región latinoamericana esta actividad compromete al 27,9 % de
las mujeres de 15 años y más, según datos de la CEPAL (2004). Ofrecer
las cifras de esta tasa brindaría la posibilidad de visibilizar también otras
formas de violencia estructural y simbólica producto del sistema patriarcal
como ya se ha venido apuntando en el análisis de la investigación.
Con respecto al nivel de Educación de la Parroquia San Isidro se
observa que existe un 94,77 % de educandos que asisten a
establecimientos de enseñanza primaria, un 75,84 % que asisten a
establecimientos de educación secundaria y el 66% de asistencia al
bachillerato. A establecimientos de educación superior asiste únicamente
el 19,63 %.
El porcentaje de deserción estudiantil que se observa en los centros
educacionales se sustenta en situaciones socioeconómicas, costumbres,
limitaciones institucionales, entre otras. En este caso se observa deserción
en la educación secundaria, bachillerato y superior, con propensiones del
19,97 %, 12,88 % y 70,29 %, respectivamente. Según el último censo
realizado en el 2010 a nivel Parroquial, San Isidro es la que presenta
mayor tasa de analfabetismo en el cantón Sucre con un 15,09 % para el
año 2010, además esta parroquia registró una menor variación en 10 años
(0,16 %) puesto que en el 2001 esta tasa registró un 15,25 % de
analfabetismo, siendo mayor entre los hombres.
La alta tasa de analfabetismo de la parroquia puede ser un factor que
esté incidiendo en la violencia contra las mujeres si se tienen en cuenta los
resultados del análisis de la Encuesta Nacional sobre Relaciones
Familiares y Violencia de Género (INEC, 2015). Al cruzar el índice de
peligrosidad por algunas variables socioeconómicas y culturales se
encuentra que hay una tendencia al descenso entre las mujeres
pertenecientes a hogares con mayores ingresos y que los episodios de
violencia que ponen en riesgo la integridad y la vida de las mujeres
disminuyen a medida que ellas tienen más años de escolaridad.
Ambas tendencias son similares a las observadas al determinar la
incidencia de la violencia de pareja en su conjunto, aunque en cuanto a la
peligrosidad el efecto de la escolaridad es menos pronunciado.
Existe una relación entre las manifestaciones de violencia más
agresivas y peligrosas y el bajo nivel de escolaridad. Por otro lado, aunque
no necesariamente es así, se supone que las mujeres mientras más
alfabetizadas tienen mejores oportunidades para desarrollar sus
capacidades y su valoración personal, para empoderarse social y
económicamente, así como afianzarse como ciudadanas con derechos.
Para la cobertura de la salud de la parroquia San Isidro existe un
centro de salud que presta a la población los servicios de atención médica
de primer nivel. El Centro de Salud San Isidro posee una cantidad de
consultas médicas hasta el año 2013 de 9166, de ellas el 80,38 % son por
morbilidad y el 19,62 % por prevención. En las estadísticas que recoge el
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Unidad de Cooperación Universitaria. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. Ecuador
diagnóstico no se encuentra información acerca de los servicios prestados
a mujeres violentadas.
En cuanto a la organización social la Parroquia cuenta con un tejido de
organizaciones sociales importantes, desde el punto de vista cuantitativo.
Se destacan asociaciones y grupos de mujeres, de adultos mayores, de
jóvenes, de agricultores, de emprendimientos, clubes deportivos y
culturales, comunidades, juntas administradoras de agua, de consumo y de
riego, tejido estudiantil, instituciones educativas e instituciones públicas.
La mayoría de las organizaciones están constituidas como entidades
de hecho y no de derecho. Sin embargo, a pesar de la existencia de un
marco normativo adecuado con leyes que propician la participación
ciudadana, existe una notable falta de dinamismo en las organizaciones
sociales existentes. A esto se suma la dificultad de cumplir con los
requisitos solicitados para legalizar las organizaciones lo que ha sido una
limitante para estas al momento de acceder a programas y proyectos.
El mayor problema detectado en la Parroquia a través del diagnóstico
es la carencia de organizaciones de mujeres. La participación de las
mujeres en reuniones y asambleas comunales ha sido fundamental para el
desarrollo de la Parroquia por lo que se hace imprescindible que se
promueva un proceso de organización con formación y capacitación,
buscando el apoyo de instituciones dedicadas al fortalecimiento de estos
espacios.
En la parroquia existen organizaciones pero se demanda capacitación
para líderes sociales así como fomento y formación a nuevos liderazgos;
hay carencia de espacios físicos para las actividades de las organizaciones
sociales; falta conocimiento sobre los mecanismos de participación
ciudadana y desconocimiento sobre el rol de la ciudadanía como actor
político y social; existe desmotivación social; se detecta falta de
implicación de las instituciones públicas para la dinamización de los
espacios de participación social; hay carencia de fondos para el desarrollo
de actividades propias de adultos mayores, mujeres, jóvenes; desinterés de
la ciudadanía local para participar, que proviene de las instituciones
locales que no generan esa motivación e incluso en algunos casos se
genera un desinterés.
Según el mapeo de actores públicos, privados y la sociedad civil
realizado en el diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PdyOT) de la Parroquia San Isidro del 2015 se ha involucrado
de manera activa la ciudadanía de la parroquia quienes han acudido a las
convocatorias efectuadas por el GAD Parroquial de asambleas
participativas y de capacitación donde se da a conocer la planificación que
se realiza en el territorio a través del Gobierno Parroquial.
4. Discusión
A pesar de las normativas y políticas elaboradas por el gobierno de
Ecuador refrendada en la Constitución y el Plan del Buen Vivir todavía
son insuficientes para lograr un verdadero empoderamiento de la mujer en
el país que permita eliminar la violencia de género que aún subsiste en
general y en particular en las regiones rurales, como es el caso de la
Parroquia Rural de San Isidro, Provincia de Manabí.
Los datos aportados por el diagnóstico realizado muestran que la
cuestión de la violencia contra la mujer es un hecho real en el caso de
Ecuador y su causa es multifactorial. Existen brechas educacionales, de
empleo, culturales, de información, salariales que generan conflicto entre
hombres y mujeres y que posibilita el desencadenamiento de la violencia
de género.
Debe continuarse investigando sobre el fenómeno de la violencia de
género por ser un fenómeno que ocurre en diferentes regiones del mundo.
Se necesita diseñar una política pública que se corresponda con la
defensa de los derechos de las mujeres montuvias con respecto a la no
violencia.
Se deben divulgar los resultados obtenidos en la investigación a través
de diferentes medios informativos, revistas, eventos científicos, etc.
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