1. Introducción
Las ciudades son símbolo de modernidad de la sociedad. Los avances,
retrocesos, pasivos y capitales actuales a nivel regional en el campo del
desarrollo sostenible de las ciudades están asociados a las dimensiones
económica, social y ambiental, y a las políticas, programas y proyectos
que afectan la urbe. Según la Agenda 2030 para lograr el desarrollo
sostenible las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas
que enfrenta el mundo. Si está bien planificada y gestionada, la
urbanización de las ciudades puede ser un instrumento apropiado para
lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en
los países desarrollados (CEPAL, 2016).
Es evidente que no se ha avanzado significativamente en el desarrollo
sostenible de las ciudades. Existen factores políticos, culturales, escasez
de mecanismos de financiamiento que impiden el fortalecimiento de un
modelo de desarrollo sostenible urbano (Winchester, 2006). La cultura de
desarrollo sostenible no se ha masificado, ni diversificado en los países en
vías de desarrollo, no así en países de gran potencia económica mundial.
En Ecuador, el conocimiento acerca de desarrollo sostenible es exiguo
en los empresarios y demás actores del sector inmobiliario. La
insostenibilidad de esta actividad económica se evidencia con cifras del
Banco Central del Ecuador (BCE). Durante el período 2014-2016 el
Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de la construcción, promedio
anual y de forma global ha descendido en -5,95 %. Lo mismo ocurre con
la actividad inmobiliaria en 2014, 9,83 %; 2015, 9,75 %; 2016, 9,39 %
(BCE, 2018).
El sector inmobiliario en Ecuador se caracteriza por la
comercialización de proyectos habitacionales (terrenos, casas,
departamentos) ubicados en urbanizaciones, condominios, conjuntos
residenciales, lotizaciones y áreas de terreno particulares. Los empresarios
e inversionistas de este sector son grupos corporativos nacionales y
extranjeros, compañías tipo holding; inmobiliarias y constructoras
independientes. A excepción de los empresarios que arriesgan su propio
capital, la mayoría de los empresarios inmobiliarios financian sus
proyectos con entidades crediticias. El desarrollo sostenible en este campo
representa un reto para los agentes inmobiliarios, también es oportunidad
para la inversión extranjera y lograr un cambio vertiginoso y crecimiento
sostenido.
Particularmente el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Manta no cuenta con políticas de incentivos para proyectos inmobiliarios
sostenibles y carece de un plan de ordenamiento territorial actualizado, a
pesar de que la Nueva Agenda Urbana fomenta el aprovechamiento del
potencial del desarrollo urbano sostenible; formula compromisos de
transformación con un cambio de paradigma urbano basado en las
dimensiones integradas e indivisibles del desarrollo sostenible (dimensión
social, dimensión económica y dimensión ambiental), y establece normas
y principios de planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de
zonas urbanas en cinco pilares de aplicación: políticas urbanas nacionales;
legislación y normativas urbanas; planificación y diseño urbano;
economía local y finanzas municipales (Naciones Unidas, 2016).
La Agenda plantea vínculos entre la buena urbanización y la creación
de empleo que propenden a mejorar la calidad de vida de los habitantes y
aportar a la solución de problemas de sostenibilidad en materia de
vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud,
educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales, entre otros.
A su vez, propone programas de desarrollo sobre el uso de ingresos e
instrumentos de financiación legales basados en la tierra, el
funcionamiento del mercado inmobiliario, con atención a las bases
jurídicas y económicas de la captura de valor, incluida la cuantificación,
captación y distribución del aumento del valor de la tierra.
1.1. El desarrollo sostenible
El término desarrollo es comprendido como el desarrollo económico a
corto y largo plazo que satisface las necesidades del ser humano sin
afectar la carga de los ecosistemas. Las necesidades fundamentales de la
sociedad no son solo económicas, está también la educación, necesidades
culturales y espirituales. Es un mejoramiento de la calidad de vida y de la
habilidad de cada uno para construir su propia visión del futuro. Es el
aumento económico con desarrollo social y ambiental (Fernández &
Gutiérrez, 2013).
El término sostenible se refiere a la permanencia de la vida actual y
futura en un medioambiente sano. Norton (1992) se refiere a la
sostenibilidad como la realización de las necesidades humanas hoy y
asegurar las del mañana. Por lo tanto, el desarrollo sostenible está
asociado al bienestar individual y colectivo en lo social, económico y
ambiental. La “sostenibilidad urbana es resolver tanto los problemas que
surgen dentro de las ciudades como los problemas causados por éstas”
(Comisión Europea, 1996). Considerando que cada ciudad ofrece
soluciones potenciales.
El concepto de desarrollo sostenible, asociado al sector inmobiliario y
constructor, constituye un área estratégica desde el punto de vista de la
activación económica y del bienestar de las personas. Permite mejores
prácticas en la construcción, equidad, innovación y sostenibilidad.
Contribuye al desarrollo de ciudades competitivas, integradas y eficientes
en el uso de recursos (Corporación de Desarrollo Tecnológico y Cámara
Chilena de la Construcción, 2015).
Según Foladori y Tommasino (2000), el desarrollo sostenible
comprende tres grandes ejes: la sustentabilidad, exclusivamente ecológica;
la sustentabilidad social, limitada; y existe coevolución sociedad-
naturaleza. Para Foladori (1999), el desarrollo sostenible tiene dos
vertientes, una estrictamente ecológica que implica la depredación de
recursos, aumento de la contaminación y pérdida de valores ecológicos
como la biodiversidad y el medio ambiente; la otra es la sustentabilidad
social, relacionada al tema de la pobreza. Gutiérrez (2007), sostiene que
para que exista desarrollo orgánico sostenible se requiere de un proyecto
de transformación de la organización económica y social actual, en el que
intervenga el Estado y las empresas del sector inmobiliario, que permita
concretar las regulaciones (políticas) necesarias para establecer una
sustentabilidad más fuerte e integrada.