1. Introducción
A nivel internacional se reconoce los esfuerzos que hacen los
gobiernos para incrementar la calidad de las universidades (Vigo et al.,
2017). En este sentido, previo al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), España puso en marcha el programa experimental de
evaluación de la calidad del sistema universitario (1992-1994), que dio
origen a los programas de evaluación institucional, y tuvo como objetivo
utilizar una metodología que tenía como referencia modelos
internacionales y además ejecutar el proyecto piloto para la evaluación
de la calidad en la enseñanza superior (1994-1995), con la participación
de 17 países.
En América Latina surge -a partir de la década de los 90, con el
neoliberalismo y la crisis del Estado de Bienestar- el denominado Estado
Evaluador. Esto se da, además, como consecuencia de diversos factores:
el rápido crecimiento del estudiantado de la educación superior, la
disminución del monto u orientación del gasto público destinado a
educación, el incremento del número de instituciones privadas, los
reclamos del sector empresarial, las políticas de racionalización que se
tratan de imponer a los sistemas educativos y a las universidades, etc.
(Fernández, 2012, p. 663).
En Ecuador también surgen iniciativas de mejoramiento de la calidad
de la educación superior en la década de mil novecientos noventa, pero
es en las dos primeras décadas de este siglo que se destaca su influencia
directa en la transformación del Sistema de Educación Superior. El
establecimiento de políticas claras fue fundamental para motivar a las
universidades a que trabajen por fortalecer sus procesos y orientarlos
para que estos sean gestionados con calidad, siendo pertinentes al
responder a los desafíos que plantea una sociedad que se encuentra en
constante evolución y espera la contribución de la academia para la
solución de sus problemas.
Rojas (2003) señala que en Ecuador la cultura de la acreditación de
las instituciones de educación superior se transformó en una necesidad a
fin de mejorar su calidad y sobre todo que exista un sistema social de
rendición de cuentas, así como conocer los productos que las
universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos
están poniendo a consideración del mercado ocupacional del país.
Ramírez (2010) vincula la calidad de la formación superior con el
desarrollo al mencionar que “la calidad de vida y progreso de un país
independiente están ligados a la cobertura, calidad y pertinencia de la
formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas, y a la
inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación” (p. 19). En
esta misma línea, pero vinculado al proceso de rendición de cuentas,
Molina, et al. (2020) plantean que:
… sistematizar los procesos de evaluación y acreditación ha
permitido construir una cultura de la calidad de la educación
universitaria, en la que son partícipes, responsablemente, todos
los actores que tienen injerencia al respecto, ello propicia una
gestión transparente de rendición de cuentas. (p.299)
Ecuador aprueba una nueva Constitución, y su transitoria vigésima
establece que:
En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de
esta Constitución, todas las instituciones de educación superior,
así como sus carreras, programas, y posgrados deberán ser
evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no
superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del Sistema
de Educación Superior (Asamblea Constituyente, 2008).
Lo que permitió junto a la creación del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), que en el país se lleven adelante varios procesos de
evaluación, por medio de modelos que permitieron que las Instituciones
de Educación Superior (IES), puedan dar cuenta a la sociedad referente a
la calidad de la educación que ofertaban (CEAACES, 2013a). Como
resultado se tuvo el cierre de 14 universidades identificadas como “no
aceptable”, de acuerdo con la metodología utilizada (CEAACES,
2013b). El Modelo CEAACES ponderó los resultados obtenidos por las
universidades en los componentes de entorno y de resultados de
aprendizaje de acuerdo a tres herramientas metodológicas, como lo
fueron el análisis de utilidades, la lógica difusa y el análisis de
conglomerados (CEAACES, 2013c).
En año 2015 se da inicio a un nuevo proceso de evaluación, con un
modelo estructurado con los criterios de: Academia, Eficiencia
Académica, Investigación, Organización e Infraestructura, los que
aglutinaron un total de 46 indicadores. El resultado fue la categorización
de las IES mediante grupos establecidos por Universidades de pregrado
y posgrado, universidades de pregrado y universidades de posgrado. El
primer grupo qued formado por 3 universidades categoría A, 18
categoría B, 14 categoría C y 6 categoría D, el segundo grupo por 4
universidades categoría B, 4 categoría C y 2 categoría D, y el tercer
grupo por 2 universidades categoría A y 1 categoría B (Ruiz, 2017, p.
30). Las universidades y escuelas politécnicas que se encuentran en
categoría “B” y “C” pudieron solicitar su recategorización ante el
CEAACES en el año 2015 (CEAACES, 2015), por ello se generó un
nuevo proceso de evaluación con la participación de 12 IES, tomando
como base el modelo del año 2013 con algunas adaptaciones, lo que dio
como resultado la recategorización de seis universidades.
Con la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010; 2018), el Consejo de
Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES), cambia su nombre a Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CACES), y se crea el Sistema
Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), con el
enfoque de que es necesaria la articulación entre el Consejo de
Educación Superior (CES), el CACES, la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y las
universidades para asegurar la calidad del Sistema de Educación
Superior. Según el CACES (2018) el significado de la calidad se
encuentra determinado por el contexto social y político de los actores
que participan en su construcción. De esa manera, cuando se habla de
calidad, su contenido no puede asumirse como un valor neutro o
universal, pues se trata de una postura académica y política que encierra
una visión particular de la educación superior y de la realidad en que se
inserta.