1. Introducción
La participación con equidad entre mujeres y hombres persiste como
una debilidad social a pesar de los esfuerzos realizados por las naciones
en los últimos 100 años. Así, la revisión de la literatura y la observación
crítica de los procesos en torno a la implementación de las políticas
públicas para la equidad de género y el desarrollo profesional, evidencian
la necesidad de investigaciones que analicen desde una mirada más
profunda, los avances obtenidos, a partir de la promulgación y el
cumplimiento de la normativa que pretende lograr la equidad, paridad y
mayor participación de la mujer en todos los espacios de educación
superior (ES).
A este punto, Retana y Gallardo (2016) sostienen que las categorías
binarias y heterosexuales de lo femenino y masculino son excluyentes
desde su propia existencia. Estas se someten a reglas sociales que
devienen desde el poder patriarcal. Por ello, persiste la confusión respecto
a las concepciones de la teoría de sexo y género, en las que no se promueve
la igualdad. Esto posiblemente se debe a que el paradigma propuesto de
la equidad entre mujeres y hombres trastoca lo establecido culturalmente
y llega a refutar la posición de la iglesia donde el jefe del hogar es el
hombre, afirmación que alcanza las dimensiones de la política pública de
las naciones (Díaz, 2017; Oliva, 2017).
Las discusiones alrededor de la equidad de género y de la diversidad
sexual también giran en torno a los derechos sexuales y reproductivos de
las personas, los que han sido reconocidos por los estados miembros de la
Organización de Naciones Unidas, pero que siguen siendo un motivo de
lucha de las mujeres (Jiménez y Rodríguez, 2017). Por su parte, Oliva
(2017) insiste respecto a la persistencia de aquellas formas de dominio del
patriarcado que siguen sometiendo y excluyendo toda iniciativa de
diversidad sexual con los discursos de opresión, las religiones y el poder
de la medicina clásica, los que lograron mantener la masculinidad como
principal poder hegemónico (Badilla, 2018). Por lo tanto, las
concepciones erróneas sobre el género mantienen un mecanismo de
clasificación y exclusión directa o indirecta donde los entramados
jerárquicos persisten para excluir socialmente a las mujeres y a las
personas que manifiestan una preferencia sexual diferente a la que poseen
biológicamente (López-Mero et al., 2019; Barboza y Badilla, 2020).
A inicios del Siglo XX el entonces presidente de Ecuador, el General
Eloy Alfaro Delgado, inició con lo que hoy sería la política pública de
género. Promulgó la obligatoriedad de la educación de las niñas. Fue así
como Aurelia Palmieri se convirtió en la primera mujer que pudo estudiar
Medicina en la Universidad de Guayaquil, mediante un decreto
presidencial, del 1 de julio de 1895; ingresó con sobresaliente (Clark,
2005). En 1921, con una odisea bastante peculiar, Matilde Hidalgo se
convierte en la primera mujer graduada en Medicina, después de haber
intentado ingresar a la Universidad Central del Ecuador, donde el rector,
basado en su “condición femenina”, le negó la matrícula debiendo
ingresar a la Universidad de Cuenca; después de una gran lucha (por lo
que es muy recordada en Ecuador) finalmente se gradúa en la Universidad
Central, en Quito. Haciendo valer sus derechos que por ley le
correspondían (Galeana, 2012).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
la República del Ecuador tiene una población cercana a los 16,62 millones
de habitantes (INEC, 2010), con un ritmo de crecimiento menor al de
décadas pasadas (Villacís y Carrillo 2012). Es una nación multiétnica con
una gran riqueza cultural, natural y arqueológica. Así, los idiomas
oficiales son el castellano, el kichwa y el shuar (Benítez et al., 2016).
A partir de la Constitución de la República del Ecuador 2008 se ha
vivido transformaciones relevantes en distintos campos de acción,
relacionadas directamente con los servicios de educación, la inclusión,
aseguramiento, calidad, pluriculturalidad, entre otros. En este contexto, la
educación superior es considerada el motor fundamental para el desarrollo
de los pueblos. Dado que reconoce el derecho de las personas a aumentar
sus valores y cualidades, contribuyendo a formar su personalidad y
convertirlos en seres capaces de satisfacer sus propias necesidades, servir
a sus seres queridos, por ende, a la sociedad y al estado. Así, su misión de
búsqueda de la verdad se ha ratificado (CES, 2016a).
En este proceso de transformaciones, se crea el Consejo de Educación
Superior de la República de Ecuador (CES, 2016b), establecido como
organismo público de regulación, planificación y coordinación interna del
Sistema de Educación Superior (SES), sus funciones y atribuciones se
definieron para enfrentar los problemas y dificultades que atravesaban las
Instituciones de Educación Superior (IES) frente a las políticas adversas
impuestas por el proyecto neoliberal a fines del siglo XX e inicios del
siglo XXI: privatización de la educación en todos los niveles, repliegue
del Estado, desfinanciamiento de la universidad pública, desregulación y
proliferación de instituciones con fines de lucro y pésima calidad según
expresa Ballas (como se citó en Ramírez, 2012).
En el contexto de la universidad ecuatoriana, la Asociación Femenina
Universitaria (AFU) es un gremio que congrega mujeres estudiantes en
cada universidad, esta agrupación tuvo sus inicios en agosto de 1944,
convirtiéndose en la primera agrupación de estudiantes mujeres en
Ecuador, creada y dirigida por Carmela Murrieta en la Universidad de
Guayaquil (Ramírez, 2016), la que continúa su operatividad en el siglo
XXI. Sin embargo, poco se conoce de su contribución en una sociedad
caracterizada por el patriarcado y los procesos hegemónicos machistas. A
este punto, es necesario entender que la equidad no debería ser dispuesta
por Ley, que debe ser un tema cultural donde las personas de acuerdo con
sus méritos se posicionen en el desarrollo de sus carreras. Sin embargo,
Tubay (2020) sostiene que en las condiciones sociales de Ecuador es
necesario la revisión permanente de las políticas de gobierno para
garantizar el acceso a los servicios educativos, salud y protección de toda
la población, especialmente de las mujeres y los grupos minoritarios.
En Ecuador, la promulgación de una o más leyes no garantiza que se
cumpla con la incorporación de la mujer en las políticas públicas, o que
se logre un avance significativo. Aunque la legislación ha incrementado
esta participación en las políticas públicas de género en educación
superior, queda mucho camino por recorrer y conquistar.
A pesar de los avances, en materia de políticas de género en la
educación superior, persiste la necesidad de conquistar la igualdad
material, lo que no es más que la ejecución de las políticas de igualdad,
las mismas que deben aplicar los principios de igualdad y
proporcionalidad entre las decisiones que se tomen y la finalidad esperada.
A este respecto, la efectividad en su aplicación se sustenta en la educación
de las personas, las acciones concretas que se emprenden y la proyección
de la construcción de las interacciones de género, medidas que aportarán
de manera significativa en la consecución de los fines de las políticas
públicas de género (Navarro y Delgado, 2021).
Así, el presente trabajo se concentró en el estudio de las políticas
dirigidas a promover la equidad de género y el desarrollo profesional del
Sistema de Educación Superior (SES), reguladas por el Consejo de
Educación Superior de la República de Ecuador (CES). Se realizó una
recopilación integral de la legislación vigente respecto a género, desde la
Constitución, Leyes orgánicas, reglamentos, normativas de menor rango,