Introducción
La gestión documental ha sido definida como “un área de la administración general que se
encarga de garantizar la economía y eficiencia en la creación, mantenimiento, uso y disposición
de los documentos (records) durante todo su ciclo de vida.” (Dictionary of Archival
Terminology, 1988). Como se puede apreciar, desde el pasado siglo, la gestión documental se
relacionó con la eficiencia y eficacia en el tratamiento de los documentos por parte de las
administraciones y constituye un prerrequisito esencial para evitar el desorden, el descontrol
documental y combatir la ineficiencia y la mala administración.
Clifford (2002) relaciona el nivel de riesgo que puede enfrentar una institución con el nivel de
eficiencia de la gestión documental; es así que, si el sistema de gestión documental no cumple
con los marcos regulatorios, externos e internos, la organización podría enfrentar riesgos
productivos y legales entre ellos: Pérdida de ingresos (Riesgo financiero), pérdida de derechos
legales e incumplimiento de la legislación (Riesgo legal), exposición a sanciones en litigios e
investigaciones (Riesgo legal y financiero), violación de la ley (Riesgo de cumplimiento),
pérdida de tiempo del personal en la búsqueda de documentos perdidos o extraviados (Riesgo
de gestión del conocimiento), incapacidad para probar lo que se ha hecho o acordado (Riesgo
legal y riesgo de reputación), gastos infructuosos debido al almacenamiento de registros sin
valor de archivo o de negocio (Riesgo financiero), falta de continuidad en caso de desastre o
de empleados que renuncian o cambian de puesto (Riesgo de gestión del conocimiento), acceso
accidental a registros de la organización por parte de personas externas debido a que los
empleados dejan los registros en sus estaciones de trabajo desprotegidos (Seguridad y riesgo
de reputación) e imposibilidad de documentar prácticas medioambientales seguras (Riesgo
ambiental).
Rendón (2014) complementa lo antes mencionado indicando que las universidades son
organismos estructurados que, por sus diversas acciones públicas, se encuentran en procesos
continuos de evaluación con el objetivo principal de alcanzar estándares de calidad y eficiencia
en los campos académico y administrativo mediante el cumplimiento de sus obligaciones, lo
que a su vez permitirá transparentar su gestión institucional y rendir cuentas de manera
responsable y oportuna ante la sociedad. Estas organizaciones, por su naturaleza social y
pública, son generadoras y receptoras de documentos e información que se convierten en la
evidencia fundamental de esa gestión, permitiendo la toma de decisiones basadas en
antecedentes fiables que ayudan a dar respuestas a las consultas y demandas de las
comunidades internas y externa, siendo estos elementos coadyuvantes de un accionar
transparente apegado al cumplimiento de los marcos regulatorios, protegiendo intereses,
productividad, avances y logros.
Metodología
Para alcanzar los objetivos señalados, se ha considerado pertinente seguir una metodología
cuali-cuantitativa. Así, a partir de una primera fase de análisis de los fundamentos de la
investigación (literatura científica, doctrina archivística y documentación universitaria) se
decidió utilizar la metodología de diagnóstico propuesta por el Modelo de Gestión de
Documentos y Administración de Archivos (MGDAA), elaborado por la Red de Transparencia
y Acceso a la Información de América Latina (RTAIAL), en el 2014, que permite determinar
el nivel de eficiencia y eficacia a través de la medición del cumplimiento de los procesos de
gestión documental mediante la aplicación del cuestionario de autoevaluación (Nivel inicial)
en la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo, de la Universidad Técnica de