> REVISTA RIEMAT ENERO – JUNIO 2022. VOLUMEN 7. NÚMERO 1. ART. 1<
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio de la matriz productiva del Ecuador,
consiste en reorganizar los elementos que
intervienen en los procesos productivos para
obtener una diversificación en la producción
(SENPLADES 2012), ha inferido en el desarrollo de
las actuales industrias en el país, las cuales al
haberse instaurado en sus inicios en los sectores
urbano-marginales de las ciudades, considerados
en la actualidad como sectores urbanos, se han
visto forzadas a desplazarse a sectores rurales y
creando nuevas áreas productivas,
desconcentrando así el tráfico pesado en el área
urbana.
Las políticas públicas aplicadas en Ecuador no
tienen como base corregir las desigualdades en los
diferentes sectores por estar doblegadas a políticas
sectoriales. (Quezada R., 2016). Desde el cambio
de matriz productiva en Ecuador, se han
incrementado nuevos centros productivos ubicados
en área rurales, ha sido el precursor para
incremento del tráfico, disminuyendo así la
capacidad vehicular para las que fueron diseñadas
originalmente (Ministerio de Transporte y Obras
Publicas M.T.O.P.) siendo el transito un factor
intrínseco considerado para el análisis vial, el cual
se ha incrementado desde el 2012 hasta el 2018 en
un 54% a nivel nacional, siendo las provincias de
Pichincha y Guayas las de mayor tendencia de
incremento con un 22.5% y 22.00%
respectivamente (INEC 2019), por lo que se
requiere considerar mejorar el actual sistema de
circulación vehicular rural. Una de las debilidades
del funcionamiento del sector del transporte son las
falencias en el marco normativo e institucional
(Acosta, Rozas y Silva, 2008).
Dentro del ámbito de competencias otorgadas al
autogobierno local de la provincia de Guayas, se
atribuye a la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de caminos rurales como parte del
plan maestro vial (COOTAD) (COOTAD,
Conferencia Nacional Constitucional, 2008). El
Ministerio de Obras Públicas (Asamblea Nacional
Constituyente, 2008) no es responsable, ya que
actualmente hay 712,92 kilómetros de caminos
rurales solo en la provincia (CONGOPE 2018), y
sus fondos operativos provienen de proyectos
presupuestarios relacionados. Considerando que
estas principales fuentes de ingresos no son
suficientes para construir, mejorar y mantener
carreteras en la provincia, según el presupuesto
total del Estado (Asamblea Nacional, 2008) o
mediante convenios público-privados como
concesiones viales (derecho público-privado), se
encuentra en 36,67% (CONGOPE / PROVIAL) se
encuentra en buen estado.
Considerando que el gasto corriente asignado por
la agencia debe incluir la construcción de la
industria de la construcción, se realizará un análisis
para verificar si los ingresos anuales asignados al
GAD de Guayas son suficientes para lograr el plan
provincial de infraestructura vial (CONGOPE 2018)
en la provincia de Guayas. La correcta
administración de las redes de carreteras nuevas,
potenciar las carreteras intervenidas y el
mantenimiento del inventario de carreteras
existentes utilizaron datos estadísticos para
determinar el gasto actual y la organización de la
inversión de todos aquellos procesos realizados se
contabilizarán como datos analíticos obtenidos de
la plataforma de contratación (SERCOP) en el
período comprendido entre los años 2012-2018
para determinar si existe déficit o superávit
económico.
La diferencia entre los conceptos de rural y
desarrollo rural están sujetos a diferentes
interpretaciones las cuales varían entre los países
desarrollados y los que están en desarrollo, siendo
en la primera considerada esta área como
desarrollo agrícola, industrial, artesanal entre otros
(Ceña D. Felisa,1994) siendo que esto al desarrollo
del gasto.
Se considera como gasto social a los servicios
otorgados a la sociedad y los cuales superan a los
servicios privados. El gasto al invertirse en bienes
que van a ser de uso de la comunidad son
considerados como públicos tales como
infraestructura, vías entre otros, su administrador
será el Estado. La falta de recursos permanentes y
métodos de evaluación sumado a la falta de
rentabilidad esperadas de las obras realizadas,
conlleva a que la gasto en obras sociales tenga una
prioridad residual. (Ramírez J. Juan, 1990), de igual
forma se considera al gasto público como parte de
las bases del crecimiento económico de un país
(Posada & Gómez, 2002).
El mejoramiento de un sistema vial por parte del
Estado tiene como resultado un retraso en el
proceso de desarrollo, por motivo que no se cuenta