Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Constanza Marianela Estepa & Marcelo Andrés Maisonnave
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PODER JUDICIAL, MEDIOS DE COMUNIACCIÓN Y POLÍTICA: LAWFARE EN
ARGENTINA
JUDICIARY, MEDIA AND POLITICS: LAWFARE IN ARGENTINA
Autor:
Constanza Marianela Estepa
Universidad Nacional de Rosario & Universidad de Buenos Aires
ORCID: 0000-0002-5296-5969
Marcelo Andrés Maisonnave
Universidad Nacional de Rosario & Universidad de Buenos Aires
ORCID: 0000-0002-7053-7108
Dirección para correspondencia: constanzaestepa@hotmail.com
Fecha de recepción: 1 de marzo del 2020
Fecha de aceptación: 18 de mayo del 2020
Fecha de publicación: 3 de julio del 2020
Citación/como citar este artículo: Estepa, C. M. & Maisonnave, M. A. (2020). Poder Judicial,
medios de comunicación y política: Lawfare en Argentina. Nullius, 1(2), 70-89. Recuperado de:
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Nulluis/article/view/2476
Resumen
El presente artículo participa de la discusión en torno al lawfare en América Latina, situación que es
centro de intensos debates que exceden lo normativo, posicionándose como un tema complejo que
atraviesa principalmente la geopolítica en la región. El trabajo toma el caso de Argentina en los
últimos cinco años, para verificar la existencia del lawfare como una herramienta real en la disputa
política en el país. Se analizan particularmente los cruces entre el poder judicial, los medios de
comunicación y la política, en Argentina, que es en definitiva un eslabón de una situación histórica
continental. Por último, se reflexiona sobre un posible momento refundacional en cuanto a la
organización y construcción del Estado a partir de la pandemia del COVID - 19.
Palabras clave: lawfare, Poder Judicial, comunicación, Estado, política argentina.
Abstract
This article aims to participate in the discussion around lawfare in Latin America, a situation that is
the center of intense debates that go beyond the normative, positioning itself as a complex issue that
mainly crosses geopolitics in our region. The work takes the case of Argentina in the last five years,
to verify the existence of lawfare as a real tool in the political dispute in the country. The intersections
between the judiciary, the media and politics in Argentina, which is ultimately a link in a continental
historical situation, are analysed in depth. Finally, it is reflected whether or not we are at a
refoundation regarding the organization and construction of the State in the COVID - 19 pandemia
context.
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Keywords: lawfare, Judiciary, communication, State, Argentinian politics.
1. Introducción
América Latina está en disputa. El siglo XXI encuentra a la región sumida en una batalla política,
económica y cultural en la cual se pueden visualizar, a grandes rasgos, dos campos o bloques sociales
que minuto a minuto pugnan por la construcción de la agenda pública: de un lado, fuerzas
progresistas, nacionales y populares, que procuran la defensa de la soberanía y la intervención del
Estado en la economía; del otro, sectores concentrados de las finanzas internacionales que promueven
el neoliberalismo como orden social, a partir del cual apuestan al control de los resortes vitales en las
sociedades actuales (Serrano Mansilla, 2015).
Esta generalización, que, por supuesto admite matices, explica en buena medida la historia política
latinoamericana de los últimos 50 años. En los ‘70 y por inicios de los ‘80, la región sufría la violencia
y la implantación de modelos neoliberales a partir del terrorismo de Estado impuesto por dictaduras
vinculadas por la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada y difundida desde Estados Unidos a
través de la Escuela de las Américas (Lorenz y Adamoli, 2010). En la segunda parte de los ‘80 y hasta
finales de siglo, los gobiernos constitucionales por lo general no pudieron y/o no quisieron actuar
contra el bloque neoliberal, hasta que éste empieza a mostrar fisuras en varios países, generando
fuertes movilizaciones populares reclamando el fin del hambre, la entrega y la pérdida de derechos
sociales (Rojas Villagra, 2015). Llegan al Gobierno, de esta manera, nuevos liderazgos políticos como
los de Hugo Chávez en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras, Néstor y Cristina Kirchner en
Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael
Correa en Ecuador y el Frente Amplio en Uruguay, completando un tiempo único en la historia
continental, en la cual proyectos políticos democráticos de raíz anti-neoliberales, coincidieron en las
presidencias durante varios años. En este tiempo, entre 1999 y 2015, se favoreció notablemente la
integración regional en lo económico, lo político y lo social; se redujo la pobreza a partir de un rol
estatal interventor, recuperando en varias ocasiones la presencia del Estado en ámbitos clave de la
economía (Regalado, 2019); se promovieron reformas a sistemas judiciales, de inteligencia y
militares y en algunos países, se realizaron reformas constitucionales de enorme trascendencia
(Médici, 2016); y, en todos los casos, los gobiernos se enfrentaron a feroces ataques por parte de los
medios de comunicación hegemónicos (Saintout y Varela, 2015).
El concepto de lawfare explica el uso estratégico del bloque neoliberal de algunas herramientas
específicas para la disputa política: principalmente, de medios de comunicación hegemónicos,
sumado el manejo de las lógicas algorítmicas de las redes sociales (Morozov, 2013); de sectores del
poder judicial y organismos de inteligencia (Fernández, Thea y Benente, 2020); y de sectores
concentrados del mercado financiero, a partir de los cuales mediante el cruce de los mismos buscaron
debilitar y expulsar del Gobierno a las fuerzas progresistas mencionadas. Zaffaroni explica al respecto
que:
Ante todo, el hoy llamado lawfare, no está separado de otros fenómenos. Al sobrevolarlo
girando en su entorno, nos damos cuenta de que forma parte de una constelación mayor. Si se trata
de satanizar al enemigo y mostrar al opositor político como corrupto y al estamento dominante
como puro y angelical, lo primero que nos salta a la vista es que se trata de algo que no es verdad,
es decir, que es una vulgar mentira, o sea, una falsedad. Luego, el lawfare es una categoría especial
del género falsedades. Si vemos que estas falsedades se valen de la comunicación, se trata también
de difusión de mentiras o falsedades, sólo que valiéndose de algunos funcionarios llamados jueces
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y con consecuencias inmediatas de prisionización y estigmatización de las personas contra las que
se dirigen. Pero esas particularidades no afectan el carácter genérico de información falsa, lo que
nos permite caer en la cuenta de que el lawfare y las ahora llamadas fake news, no son fenómenos
del todo independientes. Las noticias falsas crean realidad, porque la comunicación es un campo
de lucha donde cada quien trata de crearnos la realidad conforme a sus intereses. (2019: 9 y 10)
El concepto lawfare tiene varias acepciones y no opera únicamente contra políticos progresistas;
sin embargo, dada su presencia expandida en América Latina en estos años, merece un análisis
específico. El lawfare tampoco es un concepto acuñado en estas tierras, sino que proviene de sectores
militares estadounidenses (Dunlap, 2008; Ansah, 2010). En este trabajo abordamos este concepto,
para pasar a explicar y argumentar por qué consideramos que en Argentina entre 2015 y 2020, se
encuentran elementos importantes que caracterizan la presencia del lawfare en el país. Utilizamos el
método crítico de historización de los conceptos, en tanto este método es una vía desideologizadora
de la historia, por la cual se relacionan derechos y poderes, desde la perspectiva del
constitucionalismo (Médici, 2015), a la vez que evita la substancialización y la relativización
mediante la ontologización (Beuchot, 2010).
2. El Lawfare en su contexto histórico
En los años posteriores a la finalización de la II Guerra Mundial, en países europeos como
Alemania, Italia y España, se realizan reformas constitucionales que de acuerdo a la doctrina
especializada procuran recuperar la moral en el Derecho, consolidando un bloque de derechos
fundamentales que se emparentan con el ius cogens, o derecho internacional de los derechos
humanos, todo lo cual es explicado como el fenómeno del neoconstitucionalismo (Alterio, 2015).
Este proceso impacta en América Latina una vez que caen las dictaduras militares de los años ‘70 y
‘80 (Comanducci, 2002; Zagrebelsky, 2011; Carbonell, 2007). De esta manera reformaron sus
constituciones Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993 y Argentina en
1994. Este proceso histórico es previo al llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano que
emerge con las reformas de Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Entre sus rasgos
principales, el neoconstitucionalismo consolida al Poder Judicial como última palabra en la
interpretación de la Constitución, dotando a los jueces (en ocasiones conformando tribunales
constitucionales) de un poder fundamental en lo que se llama control de constitucionalidad o de
convencionalidad. A la vez, se produce una constitucionalización del Derecho, en todas sus ramas,
por lo cual se coloca a los tratados de derechos humanos en la máxima jerarquía jurídica del país, los
cuales impregnan la interpretación del derecho tanto público como privado, en su clasificación
clásica. En Argentina, esto se suma al sistema difuso de control constitucional, por el cual un juez de
cualquier instancia ya sea de fueros provinciales o federales, puede dictar la inconstitucionalidad de
una norma en todo o en parte, siempre para el caso concreto.
El neoconstitucionalismo en efecto dota al Poder Judicial de un poder de intervención muy
importante en los conflictos sociales. En paralelo, se produce una judicialización de la política y/o
politización de la justicia (Hirschl, 2011), por medio de la cual situaciones que deberían resolverse
por mecanismos democráticos y según la voluntad de la ciudadanía, se dirimen en ámbitos
tribunalicios, conformando una red de denuncias, investigaciones, medidas cautelares, detenciones,
y provocando efectos jurídicos en el ámbito político intermediados por fiscales y jueces de distinto
tipo.
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En simultáneo, desde los años ‘70 se produce en el mundo un proceso de valorización de las
finanzas que implica el desmonte del Estado de bienestar y la pérdida de derechos sociales y laborales,
consolidando un sistema de especulación que erosiona la soberanía económica de los Estados,
principalmente de los periféricos aunque no exclusivamente. Este hecho histórico, atravesado por el
neoliberalismo como modelo de vida (Harvey, 2007), constituye lo que algunos autores explican
como capitalismo cognitivo, tiempo en el cual se produce una exponencial transformación del saber
en capital, se descalifican desde los medios difusores de la ideología neoliberal todas las alternativas
políticas democráticas a las que acusa de utópicas o contrarias a la razón, generando en consecuencia
un proceso de inversión semiótica por medio del cual el capital rentista se posiciona como la única
garantía a las sucesivas y cada vez más graves crisis sistémicas. El capitalismo cognitivo se produce
a través de la reestructuración del capital, que intenta absorber y someter a su lógica las condiciones
colectivas de producción de conocimientos, despilfarrando recursos, sofocando el potencial
emancipatorio de las comunidades, liquidando el control público y estatal, favoreciendo la
concentración en la propiedad de las grandes industrias y comercios, unificando el sentido de los
discursos en una especie de pensamiento único, generando en definitiva un nuevo sistema histórico
de acumulación que pone al trabajo intelectual e inmaterial en un lugar dominante (Sierra Caballero
y Maniglio, 2016).
Estos dos procesos históricos, que son a su vez parte de los objetivos planteados por el
proyecto neoliberal que tuvo en la Comisión Trilateral y el Consenso de Washington dos momentos
fundacionales, se vinculan también con el avance de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) que viven un tiempo de convergencia, por el que los datos de cada persona
viajan a velocidades y en cantidades nunca antes vista por las redes. Esto representa un enorme riesgo
en tanto la información y la propiedad de los mecanismos tecnológicos están en muy pocas manos
privadas, la mayor de las veces en multinacionales con sede en paraísos fiscales o en países centrales.
La potencia de las TICs se cruza con la concentración propietaria de ellas, provocando una realidad
compleja y difícil de abordar para la sociedad.
En medio de esto, las sociedades latinoamericanas habían iniciado el siglo XXI apoyando
proyectos políticos populares, democráticos, anti neoliberales o al menos, alternativos a los
neoliberalismos predominantes durante los ‘80 y ‘90. Esta marea política tuvo algunos países donde
se destacaron estos movimientos de respuesta al fracaso neoliberal: Venezuela, Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Honduras. Es así como desde los sectores concentrados del
poder nacional e internacional, históricamente aliados a las dictaduras o gobiernos neoliberales, se
procura construir una respuesta que horade la legitimidad de estos procesos populares en afán de
limitarlos, frenarlos, suplantarlos y eventualmente destruirlos.
La estrategia geopolítica tiene, de acuerdo a la evidencia visualizada, la dirección o al menos el
apoyo de los distintos gobiernos estadounidenses, que ven a América Latina como el “patio trasero”
de sus proyectos globales. Están en disputa el conocimiento, la fuerza de trabajo, la naturaleza, los
recursos económicos y los bienes comunes en general, en un continente en el cual también China y
otros actores internacionales hacen pie. Si bien no hay acuerdo acerca del nivel de declive en la
hegemonía estadounidense, es indudable que el mundo unipolar de décadas anteriores ya no existe,
lo cual ha puesto una vez más a Estados Unidos en una posición que tensiona las dinámicas políticas
latinoamericanas, con mecanismos de injerencia directa o indirecta en Estados soberanos.
Es necesario comprender este contexto para identificar las causas del lawfare, que no es otra cosa
sino una estrategia geopolítica que tiene anclaje en diversos países del continente, con distintos
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matices y profundidades, llegando en algunos casos a golpes de Estado o procesos irregulares de
impeachment, siempre con la fuerza cómplice de sectores del Poder Judicial, partidos políticos,
organismos de inteligencia y medios de comunicación hegemónicos.
Los mecanismos mencionados no son la primera vez que se utilizan, de nuestra parte creemos que
la designación de lawfare, pedagógicamente es útil para expandir la discusión en la sociedad, en
ámbitos tanto especializados como no especializados. Es una manera de explicar lo que está
aconteciendo en nuestro tiempo, así como en otras décadas la Doctrina de Seguridad Nacional que
promovía las dictaduras resumía las estrategias del poder imperialista estadounidense. ¿Qué es,
entonces, el lawfare?
3. Caracterización del Lawfare
El concepto proviene del ámbito militar y hace referencia a un método de guerra no convencional
en que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar (Holzer, 2012). En 1999 fue
el militar estadounidense Charles Dunlap quien propuso usar el término de lawfare para definir un
método de guerra no convencional en el que la ley es usada abusiva y arbitrariamente como un medio
para conseguir un objetivo militar (Romano, 2019).
El concepto ha adquirido trascendencia en el contexto de guerra contra el terrorismo global de
principios de este siglo, así la noción de guerra como operación jurídica comenzó a ser usada para
referir al fenómeno. Se entiende el lawfare como el uso estratégico por parte de bloques de poder
internacionales y locales, de resortes como el Poder Judicial (particularmente sobre determinados
jueces, fiscales, peritos, etc.), servicios de inteligencia, medios de comunicación masivos y/o
hegemónicos y de diversas tecnologías de la información y la comunicación, articulados con partidos
políticos, para desestabilizar gobiernos. De esta manera, se define como una acción programática
concreta, en tiempo y espacio, organizada y dirigida con una intención específica, la cual es intervenir
de manera directa en las disputas políticas de la actualidad en América Latina. Adquiere diversas
formas, profundidades y matices según cada país o momento, pero es claro que se visualiza una línea
histórica donde se van encadenando las mismas estrategias en distintos países de la región.
La abogada Graciana Peñafort, actual directora de asuntos jurídicos del Senado de la Nación y
cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista, define el lawfare como
“la persecución política que utiliza la ley como herramienta y que, además de la ley, requiere de los
medios de comunicación para la instalación. Tiene, además del persecutorio, efecto psicológico sobre
la política” (Perfil, 2020). El lawfare (contracción gramatical en inglés de ley y guerra), es una guerra
judicial, que se basa en la manipulación de magistrados, cooptados por grupos fácticos del poder
concentrado con la finalidad de dañar a adversarios políticos, proyectando una persecución abusiva
de los derechos y garantías constitucionales (Bielsa y Peretti, 2019).
El punto inicial de esta saga lo situamos el 11 de abril de 2002, con el golpe de Estado contra
el presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue apartado de su cargo por sectores religiosos,
fuerzas militares, medios de comunicación hegemónicos y cámaras empresarias durante casi dos
días, hasta que el mandatario constitucional recuperó su lugar a partir de la respuesta popular y el
respaldo de sectores jóvenes de las fuerzas armadas. La particularidad de este golpe, es que los
canales de televisión masivos no transmitieron los acontecimientos sino que ofrecían contenidos
diversos ajenos a los gravísimos hechos en marcha; al respecto, el documental “La revolución no será
televisada” exhibe de primera mano esta situación. Esta primera experiencia golpista, que termina
fracasando, adquiere nuevas aristas años después en otros países del continente.
En junio de 2009, en Honduras, es depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya, en
una acción conjunta de sectores empresarios, partidos políticos, sectores del Poder Judicial y con el
aval del gobierno estadounidense, en reacción a las reformas sociales y laborales que planteaba el
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presidente. En junio de 2012, nuevamente con sectores mediáticos generando una interferencia a la
figura presidencial, en Paraguay es derrocado el presidente Fernando Lugo, a través de un
mecanismo de juicio político express que violó el debido proceso (Gaudichaud, Webber y Modonesi,
2019). Este procedimiento sería similar al utilizado posteriormente en Brasil, contra Dilma Rousseff
en 2016, quien también fue expulsada de la presidencia por medio de un juicio político amañado y
carente de elementos probatorios, en medio de una campaña mediática y con el acompañamiento de
sectores judiciales asesorados por funcionarios estadounidenses. A esto se agrega la posterior
condena dictada contra el ex presidente Lula Da Silva, quien de manera arbitraria fue detenido con
el accionar de sectores judiciales que le impidieron ser candidato en las elecciones de 2018 en las
cuales se convierte en presidente a Jair Bolsonaro, representante de los sectores golpistas del país
(Gentili, 2016; Proner, Cittadino, Ricobom y Dornelles, 2018).
En Ecuador, el fenómeno adquiere características muy especiales, en tanto el sector que
impulsa el proceso de lawfare es el comandado por el actual presidente Lenin Moreno, heredero
político del expresidente Rafael Correa, perseguido y proscrito por quien fuera durante años su
vicepresidente (Gutiérrez Colantuono, 2018). Moreno, una vez en la primera magistratura,
abandonó por completo los lineamientos políticos de su mentor (Luque, Poveda y Hernández, 2020).
En tanto, en Bolivia, de manera permanente el expresidente Evo Morales vivió en carne propia
operaciones mediáticas que agredieron su figura sin pruebas, por ejemplo, en ocasión del
referéndum en 2016 cuando se produjo el conocido como “Caso Zapata”, por el cual un periodista
inventó que Morales tenía un hijo no reconocido antes de los comicios. Finalmente, en 2019 Evo
Morales tuvo que abandonar el país asediado por fuerzas militares, policiales y sectores golpistas que
interrumpieron su mandato constitucional iniciando un período de gobierno de facto (Moldiz,
2020). En Argentina, igualmente, durante los años de Cristina Fernández de Kirchner en el Poder
Ejecutivo han sido continuas las operaciones mediáticas, si bien el lawfare como tal encuentra su
momento más intenso entre 2015 y 2019, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, como
veremos a continuación.
Es decir, la historia reciente de América Latina exhibe que el siglo XXI trajo, en reacción al
ciclo de gobiernos progresistas golpes de Estado, irregulares procesos de impeachment, lawfare y
operaciones mediáticas constantes sobre los liderazgos políticos populares y no sólo contra ellos,
sino también, contra dirigentes intermedios o regionales, quienes han sufrido persecuciones de
distinto tipo (Filmus y Rosso, 2019). Si bien estas situaciones no son nuevas, en tanto la historia
política de la región muestra innumerables golpes antidemocráticos, la novedad es el uso principal
que se da en este momento al Poder Judicial como herramienta vertebral para acusar, perseguir,
difamar, encarcelar, proscribir y/o dañar a figuras políticas representantes de proyectos populares y
progresistas. Anteriormente, eran las fuerzas militares las caras visibles de estos procesos golpistas;
en esta época, los militares pasan a un segundo plano o no participan de estos mecanismos, siendo
los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos, los partidos políticos
neoliberales y funcionarios judiciales influyentes los que actúan de manera directa.
A estos fines se utilizan las llamadas fake news, se trabaja con la instalación de la posverdad, se
vulnera la democracia comunicacional y se articula con la potencia de las redes sociales para
conformar un sentido común que legitima los ataques a los proyectos que pretenden la ampliación y
cumplimiento de derechos humanos. Si bien las fake news son tan viejas como los rumores
periodísticos, lo concreto es que con las redes sociales se aprovechan las fake news para ganar en
alcance publicitario y para influir en la subjetividad de las personas, con intereses políticos
(Fernández-García, 2017). Los discursos de odio y la permanente construcción de escenarios de
confrontación (llamada “grieta” en Argentina), son moneda corriente para desvirtuar lo que debería
ser una discusión democrática y políticamente razonable en ámbitos legislativos, sociales,
universitarios, sindicales, etc. El lawfare además es negado por quienes lo ejercen en aras de la
libertad de expresión, en el caso de los medios, y mediante el uso de institutos jurídicos irregulares,
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en el caso de los poderes judiciales. Todavía hoy es importante recordar que los medios construyen
sentido, no son meros repetidores de información. En este aspecto, se debe promover el uso del
derecho a réplica regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos y analizar el
fenómeno de los trolls y los bots en redes sociales, para limitar su existencia. Los bots son perfiles
automatizados en las redes sociales que intentan mostrarse como personas reales, pero son como
robots creados para potenciar el alcance de una determinada consigna en redes sociales (Lobo, 2017).
En paralelo, los servicios de inteligencia realizan tareas ilegales de espionaje en operaciones
ajenas a sus funciones, suministrando material útil para la formación de causas judiciales que, en
manos de fiscales y jueces al servicio de bloques de poder antipopulares, procuran la persecución y
el amedrentamiento de dirigentes políticos (Desojo, 2020).
Denunciar el lawfare no implica, en ningún momento, negar los conflictos políticos, las
contradicciones, carencias o hechos de corrupción que pueden existir en todo proyecto político,
incluso en los progresistas o populares. La diferencia es que en lugar de producirse un debate
democrático, plural y una búsqueda de justicia apegada al debido proceso, a la Constitución y a
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se ejerce una estrategia ilegal es articulada desde
los sectores concentrados del poder nacional e internacional con fines de recuperar el control del
Gobierno y de conquistar la agenda pública, aún por golpes de Estado o con persecuciones judiciales,
para imponer nuevamente planes económicos y culturales neoliberales, de flexibilización laboral,
restricción de derechos, pérdida de libertades, limitación de la democracia, etc.
4. Trayectoria del lawfare en Argentina contra gobiernos kirchneristas
Argentina en 2001 vive el colapso del modelo neoliberal. Se producen estallidos sociales tanto en
sectores pobres como de clase media, que reaccionaron ante el avance nunca antes visto de
desocupación, hambre, miseria y pérdida de ahorros, producto de un proyecto político-económico
que se implantó en el país a partir del golpe de Estado de marzo de 1976 y que continuó por más de
dos décadas, hasta el final del gobierno de Fernando de la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre
de 2001, tras iniciar una represión violenta contra las protestas ciudadanas de todo el país (Pérez y
Pereyra, 2002).
En el ámbito nacional, la denominada crisis del 2001 consumió a cinco presidentes en tal sólo dos
semanas. A la renuncia de Fernando de la Rúa como resultado de los estallidos sociales, le siguieron
tres renuncias sucesivas al cargo de presidente de la nación. Las autoridades institucionales que
debían asumir las responsabilidades en la conducción de Argentina, no tuvieron respuestas
adecuadas para una calle que exigía “que se vayan todos”. Estos hechos sin antecedentes previos en
la historia nacional contemporánea conmovieron las formas de entender y de hacer política en la
Argentina.
El domingo 25 de mayo del 2003 en el Congreso de la Nación Argentina, asume la presidencia de
la Nación el gobernador santacruceño Néstor Carlos Kirchner luego de derrotar en elecciones
democráticas a Carlos Menem. El gobierno de Néstor Kirchner enciende un proceso político de
reactivación económica y redistribución del ingreso. El programa de gobierno consistió en una
reorientación hacia la producción de la industria nacional y a la implementación de políticas públicas
para los sectores sociales más perjudicados por el neoliberalismo. Este proceso político recuperó la
lucha por los derechos humanos como una prioridad, además de pretender una economía nacional
fuerte, con salarios altos, y con una presencia del Estado en un rol importante. Este ciclo perduró
hasta diciembre de 2015, contabilizando además del primer mandato ya mencionado, otros dos
mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. El ciclo kirchnerista incluye, en efecto, los doce años
que abarcan primero el gobierno de Néstor y luego los dos gobiernos de Cristina, quienes fueron una
dupla política intacta mientras estuvo en vida Néstor, quien falleció el 27 de octubre de 2010.
Finalmente, en diciembre de 2015, Cristina cede la presidencia a Mauricio Macri, vencedor en las
elecciones ante el candidato peronista Daniel Scioli.
No es nada obvio y se hace necesario mencionar que muchas de las medidas del gobierno nacional
provocaron una serie de enfrentamientos con los sectores concentrados de la economía. En los años
en que Fernández fue presidenta, se vivieron momentos de tensión entre el Gobierno y la prensa
hegemónica, en medio de una batalla jurídica por la implementación de la Ley de Servicios de
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Comunicación Audiovisual (aprobada en 2009 por el Congreso), que procuraba un mapa de medios
plural que tendía a la desconcentración existente.
Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández (2011-2015) en la medida en que las
rispideces con los grupos concentrados de la economía aumentaba, surgían denuncias y acusaciones
en los tribunales federales contra la presidenta tipificadas penalmente como enriquecimiento ilícito
o corrupción. Llegando a este punto, por más que la causa avanzara y la justicia resolviera un
sobreseimiento para Fernández (CIJ, 2010), durante la totalidad del proceso, que en ocasiones duró
más de 3 años, los medios hegemónicos desarrollaron campañas comunicacionales coordinadas a
los efectos de aprovechar cada instancia del procedimiento judicial para desprestigiar la figura de la
presidenta, su grupo político y su círculo familiar.
De esta manera, el vínculo entre el lawfare y el poder mediático en Argentina se hizo más visible
cuando en los principales diarios y medios nacionales (por ejemplo Clarín, Infobae y La Nación), sus
frecuencias radiales, canales televisivos de aire y cable y redes sociales digitales, se comenzaron a
publicar y a difundir repetidas veces al día y en horarios claves, información de las causas en que se
le acusaba a la presidenta y a los funcionarios del gobierno de corrupción y enriquecimiento ilícito
(Ghea, 2019). Amado Boudou se convirtió en el primer vicepresidente en funciones en la historia
argentina en estar procesado judicialmente. El vicepresidente de Fernández de Kirchner (2011-
2015), quien había sido titular de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) en el
2008 y uno de los principales impulsores del proyecto de ley para estatizar el sistema de jubilaciones
(Ley 26.425), fue acusado penalmente en julio de 2014, cuando ejercía el cargo de vicepresidente de
la Nación, por medio de las categorías penales de cohecho, negociaciones incompatibles con la
función pública, presunta falsificación de documentos, entre otras.
El lawfare en Argentina ya estaba presente como mecanismo de disputa contra el gobierno de
Cristina Fernández. Si bien de manera permanente se generaron operaciones mediático-políticas en
articulación con sectores del poder judicial, el caso emblemático es sin dudas la muerte del ex fiscal
Alberto Nisman ocurrida el 18 de enero de 2015. Nisman, encontrado muerto en su departamento
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio de Puerto Madero, estaba impulsando una
investigación contra la presidenta en una causa por el Memorándum de entendimiento Argentina-
Irán, el cual giraba en torno al atentado ocurrido en Argentina en 1994 contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina, que causó 85 muertes. Nisman acusaba a Cristina Fernández del delito de
traición a la patria porque según su imputación el Memorándum buscaba garantizar la impunidad
de los supuestos autores del atentado, en una denuncia que fue descalificada una y otra vez por
distintos jueces y también por la opinión especializada; sin embargo, la prensa hegemónica y los
principales partidos políticos opositores, junto a sectores del Poder Judicial, iniciaron una campaña
de enorme intensidad reivindicando la muerte de Nisman como un homicidio organizado por el
oficialismo, a pesar de que las evidencias del caso invitaban a concluir la existencia de un suicidio.
El caso Nisman se transformó en una operación política de enorme magnitud que buscó, y consiguió,
debilitar la figura de la presidenta y del candidato presidencial oficialista, finalmente perdedor en las
elecciones de noviembre de 2015. De hecho, una vez que Macri estuvo en el poder, a partir de las
actuaciones del juez Claudio Bonadío a cargo de la causa inicialmente impulsada por Nisman, el caso
siguió siendo utilizado para perseguir tanto a la ex presidenta como al ex canciller Héctor Timerman,
quien finalmente muere sin lograr su sobreseimiento. En junio de 2020, la causa por el
Memorándum ya en manos del juez Martínez de Giorgi, incorpora pruebas fundamentales
sistemáticamente negadas por el (fallecido) ex juez Bonadío, quien sostenía la imputación en base a
arbitrariedades con finalidades claramente políticas. Al respecto del caso Nisman, vale la pena
incorporar la explicación de Peñafort, actual abogada del Senado de la Nación que preside Cristina
Fernández de Kirchner. Peñafort sostuvo al respecto que:
No creo que necesariamente sea el gobierno norteamericano el origen del lawfare. Creo
que son sectores. Hay casos donde veo con mucha claridad intereses norteamericanos, pero
no del gobierno necesariamente. Un ejemplo claro del lawfare con intereses detrás fue el
tratamiento de la denuncia del memorándum que hizo Alberto Nisman, porque quienes
fogoneaban esa denuncia finalmente estaban financiados por ese tipo de fondos. Es el caso de
la fundación que dirigía Laura Alonso, quien puso en voz la tesis de que Nisman había sido
asesinado. La fundación estaba financiada por fondos que venían del principal fondo buitre
afectado por la decisión de la Argentina de no pagar la deuda (N de R: se refiere a Vital Voices,
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financiada por NML Capital, de Paul Singer). No siempre el mundo real es tan claro y tan
diáfano. (Perfil, 2020)
Por En este sentido, arribamos a un punto importante: ¿podemos hablar de lawfare sin contar, en
ocasiones, con todas las pruebas sobre la mesa? ¿quiénes serían los ejecutores del lawfare cuando
éste se hace en las penumbras de la política? Consideramos, igual que Peñafort, que no es posible
acusar a la totalidad del gobierno de los Estados Unidos de dirigir el lawfare en el continente; sabemos
que dicho Estado tiene sus propias internas, sus propias líneas en inteligencia, fuerzas armadas,
medios de comunicación, grandes corporaciones privadas, industrias de armas, etc. El asunto que sí
es mucho más visible, es que el lawfare se presenta en toda la región de maneras similares si bien con
matices, y que es utilizado en contra de proyectos políticos populares con el acompañamiento de
partidos políticos tradicionalmente neoliberales. Se trata, entonces, de una suma de elementos que en
ocasiones llegan hasta un nivel, al cual posiblemente no podamos superar por el momento. ¿Acaso
en los años de las dictaduras latinoamericanas, se conocía perfectamente el rol de la CIA en los golpes
de Estado? Estados Unidos suele liberar parte de sus archivos secretos décadas después de los
acontecimientos; así, hemos ido conociendo poco a poco el rol de sus organismos en el Plan Cóndor
y en la Doctrina de Seguridad Nacional . En síntesis, es posible hablar de lawfare en América Latina,
y que debemos hacerlo con la rigurosidad que nos proveen los hechos conocidos. Este artículo trabaja
con esa condición, compartida por Vollenweider, quien explica que el lawfare en Argentina tiene la
misión de reordenar el sistema económico en favor de grupos poderosos que vieron, si se quiere, que
el kirchnerismo avanzaba en una discusión del mismo que no los favorecía (Vollenweider, 2019).
5. El Lawfare durante la presidencia de Mauricio Macri
Posteriormente a lo mencionado, observamos que la utilización interesada y estratégica de la
justicia penal contra determinados dirigentes políticos adversarios, se da de manera constante una
vez que arriba al Poder Ejecutivo Mauricio Macri en diciembre de 2015. Durante este proceso se
inicia una nueva etapa que implica el despliegue con toda su potencia del fenómeno lawfare, con la
intención de dañar al máximo la popularidad de la ex presidenta Fernández y de desarticular la
organización social y política que se había constituido. Esto puede verse en los numerosos procesos
judiciales contra varios dirigentes y actores políticos con el objeto de inhabilitarlos como adversarios;
por ejemplo, el caso de la diputada del Parlasur Milagro Sala, donde se observan hasta
nombramientos en la justicia de funcionarios ad hoc con miras de acusarla penalmente y condenarla.
De manera inédita, en las primeras semanas de gobierno el presidente Macri pretendió
designar en la Corte Suprema de Justicia a dos miembros mediante el uso de Decretos de Necesidad
y Urgencia (DNU 83/2015), lo cual es una grosera violación a las pautas constitucionales de
obligatorio cumplimiento para estos procesos, que implican el envío de pliegos de candidaturas a
jueces al Senado de la Nación para su conformidad. Macri buscó designar a Horacio Rosatti y a Carlos
Rosenkrantz por decreto, lo cual le valió el repudio y rechazo de toda la comunidad jurídica y política
del país, más amplios sectores de la sociedad, (exceptuando desde ya el oficialismo), por lo cual debió
dar marcha atrás y proceder por los mecanismos establecidos constitucionalmente a estos fines. Esta
maniobra, más allá de su interrupción inmediata, fue una muestra clara del gobierno de sus
intenciones políticas de manejar el Poder Judicial como un apéndice de su administración, con la
finalidad de perseguir a opositores mediante la judicialización de la política y politización de la
justicia, como quedó finalmente demostrado.
En paralelo, también por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 267/15), el presidente Macri
derogó y modificó aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
sancionada en 2009 (Ley n° 26.522) y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de
Justicia en 2013. De esta manera favoreció la expansión del monopólico grupo Clarín y facilitó un
nuevo proceso de intensa concentración en la propiedad de medios de comunicación, consolidando
el discurso hegemónico de la prensa comercial en alianza con los sectores más concentrados de la
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economía y las finanzas nacionales e internacionales. Es decir, en menos de un mes de gobierno,
Macri dejó en evidencia que iba a articular su estrategia de supervivencia de la mano del Poder
Judicial y de los medios hegemónicos, sin importarle lo establecido en la Constitución Nacional y en
la legislación vigente.
En una entrevista reciente para el programa televisivo “Actualidad en Foco” Roberto Gargarella
planteó que la idea de lawfare en América Latina le resultaba ridícula en el sentido de que, para el
jurista argentino, los sistemas de justicias en nuestra región han tenido vínculos muy estrechos con
los sectores políticos partidarios. Es decir, el lawfare no implicaría un fenómeno geopolítico para
deslegitimar los planes de gobiernos y los líderes políticos próximos a ideales progresistas, sino que
se trataría simplemente de una manifestación más de las tantas que existen producto de la
concentración de poder y de la falta de calidad institucional en América Latina. Para Gargarella, la
intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia es una práctica de carácter histórico y se da
independientemente del proyecto político que lleve adelante el gobierno. En efecto, le resulta ridícula
la idea de que existe un orden de poder mundial para perseguir judicialmente a los líderes
progresistas (Actualidad en Foco, 2020).
Sobre estas afirmaciones se pueden hacer una serie de consideraciones que exceden el objeto del
presente trabajo. En consecuencia, nos limitaremos a dos puntos que plantea el jurista argentino.
Por un lado, es difícil no coincidir con la mirada sobre la concentración de poder en el ámbito judicial.
Cualquier poder del sistema democrático, sin los adecuados controles ciudadanos, significa un
peligro para la calidad institucional de cualquier país. Por otro lado, leídos los procesos judiciales a
la luz de una América Latina en disputa, resulta, al menos ingenuo quitar como elemento de análisis
la doble vara de la ley. Es decir, si bien existen enorme cantidad de casos presuntamente corruptos,
la selectividad judicial para perseguir unos y ocultar otros se dirime en un acto en el que siempre
termina perseguido o perseguida -y cuando no detenido- el líder del gobierno progresista. Estos hilos
del lawfare toman relieve si se hace foco en las acciones del gobierno de Mauricio Macri.
La estrategia del macrismo para desterrar a la fuerza política kirchnerista requería acusar de
corrupción de manera permanente, tanto en la prensa como vía judicial, a los principales dirigentes
de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En este sentido, impulsó la sanción de una nueva
figura, ajena a la tradición penal argentina, que es la del arrepentido (Taddei y Thwaites Rey, 2019).
A finales de 2016, el Congreso aprobó la llamada Ley del arrepentido (Ley n° 27.304), la cual proviene
de la influencia de Estados Unidos en la materia, y que permite atenuar sanciones a quienes brinden
información privilegiada de un hecho de corrupción. Este mecanismo, fuertemente criticado por
juristas y por el propio (actual presidente y penalista) Alberto Fernández, se presta a negociaciones
espurias y a la creación de falsos testigos para inventar pruebas que permitan incriminar a los
objetivos políticos planteados. De hecho, poco a poco se han ido cayendo varias de las denuncias
realizadas por este tipo de personas amparadas en la figura del “arrepentido”. No sólo en Argentina
se ha utilizado este instituto, en los últimos años en el marco de la estrategia continental de lawfare
también se puso en marcha en Ecuador (Casado y Sánchez, 2020) y en Brasil, por ejemplo. Es
innegable la influencia de Estados Unidos en esta cuestión.
Además, el lawfare en Argentina se practicó con el abuso al extremo de las prisiones preventivas,
creando la llamada “doctrina Irurzun”, la cual fue aplicada por primera vez por el presidente de la
Cámara Federal Martín Irurzun para justificar la prisión preventiva de exfuncionarios en virtud de
la supuesta posibilidad de que usasen los contactos, lazos y relaciones generadas a partir de su
posición de poder. Tanto el ex Ministro de Infraestructura Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado
Boudou, el ex Canciller Héctor Timerman, como el actual Procurador del Tesoro de la Nación Carlos
Zannini, han sido ejemplos de la doctrina asentada por el camarista Irurzun e invocada luego por
otros magistrados para dictar prisiones sin condena. Explica al respecto Ghea que:
¿Qué establece específicamente la doctrina Irurzun? Entre otras cuestiones que “No se
requiere la acreditación concreta de una conducta del imputado que efectivamente haya
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entorpecido de algún modo la investigación” o que “haya intentado fugarse”, para esta doctrina,
por cierto anticonstitucional, sólo vale la presunción del magistrado, ya que “resulta suficiente el
señalamiento de circunstancias objetivas que hagan presumir que podrían llegar a concretarse
dichos riesgos procesales”. Un criterio casi calcado, por convicciones, del fallo de Sergio Moro,
cuando era juez para encarcelar a Lula Da Silva. (Ghea, 2019: p. 78)
Esta estrategia enmarcada en el lawfare contó con infinidad de operaciones constituidas desde las
ideas de fake news y posverdad. En estas operaciones, por ejemplo, se utilizaron miles de horas de
escuchas telefónicas ilegales, que fueron difundidas por la prensa sin pudor alguno, ventilando la
mayor de las veces meras conversaciones privadas sin el mínimo control judicial y con el apoyo de
sectores de organismos de inteligencia nacional.
Encontramos algunos hechos y casos emblemáticos que merecen destacarse. En una secuencia
que ilustra parte de lo que acontece en la región, en noviembre de 2019, el Papa Francisco en una
disertación ante la Asociación Internacional de Derecho Penal denunció el lawfare contra dirigentes
políticos y cuestionó el abuso de la prisión preventiva (Télam, 2019). Esto le valió la inmediata
respuesta de periodistas del Grupo Clarín, como Fernando González, quien describió al lawfare como
un cambalache, aduciendo que el Papa perdía una nueva oportunidad de superar la “grieta”, como
se instala mediáticamente en Argentina ante cualquier discusión política en un tono descalificatorio
(Clarín, 2019).
En otro momento político trascendente, en diciembre de 2019, la ex presidenta Cristina
Fernández concurrió a exponer personalmente en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, en el
marco de la causa por la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz durante su mandato.
Allí sostuvo que estaba ante un tribunal del lawfare que tenía escrita la sentencia de antemano,
porque "había que condenar a un gobierno, porque había que traer de vuelta al Fondo Monetario
Internacional. Y para poder hacerlo, había que convencer de que el que le había pagado, y había
desendeudado, era un chorro" (Página 12, 2019).
Otro elemento que explica la utilización del lawfare en Argentina, es el manejo de testigos falsos
a través de la mencionada ley del arrepentido. Por ejemplo, los casos de Leonardo Fariña y de
Marcelo D’Alessio, personajes que ocuparon horas en televisión y decenas de tapas de diarios,
denunciando supuestas maniobras ilegales de Cristina Fernández de Kirchner. Poco a poco, sus
testimonios fueron perdiendo fuerza, al punto que surgieron elementos que demostrarían que sus
denuncias fueron guionadas y entrenadas, desde la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
durante el gobierno de Macri, a fines de dañar la imagen de las figuras políticas kirchneristas. En
mayo de 2019 la abogada Florencia Guijo declaró a la prensa que le hizo de maestra a Fariña
(Kollman, 2019); al día de hoy, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, investiga si Fariña fue
realmente entrenado para dar falsos testimonios (Agencia Télam, 2020). En cuanto a Marcelo
D’Alessio, es una persona que se presentaba como abogado especializado en temas de drogas que
decía ser agente de la DEA, identidad desde la cual escribía y opinaba en todo tipo de medios de
comunicación. Al tiempo, se descubrió que era falsa su condición de abogado y se fueron
comprobando vínculos con la AFI, donde habría realizado tareas de espionaje ilegal. Actualmente es
también investigado por el juez Ramos Padilla por organizar una estructura criminal paraestatal que
habría realizado más de cincuenta hechos de espionaje ilegal, con vínculos con la propia AFI,
periodistas, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos (Caram, 2020). D’Alessio se encuentra
detenido desde febrero de 2019.
En el cable 1222 de Wikileaks puede comprobarse el vínculo existente entre la embajada de
Estados Unidos, sectores del Poder Judicial y de la política. En este cable, se deja constancia de un
encuentro privado en el año 2009 entre Mauricio Macri, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y la embajadora de Estados Unidos. En esta reunión la embajada cuestiona la
desestimación de los cargos penales presentados contra el dirigente social Luis D'Elía y Macri sugiere
la apelación. Finalmente, 8 años más tarde y durante la presidencia de Macri, a Luis D'Elía lo
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condenan motivo de la causa que anteriormente había sido desestimada. D'Elía denuncia que su
detención fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos a Macri.
En relación a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puede
constatarse una auténtica persecución judicial sin precedentes contra su proyecto político. Quizá uno
de los acontecimientos más emblemáticos para explicar el lawfare que promovió la ex presidenta está
dado por la movilización de cientos de miles de adherentes hacia los tribunales federales de
Comodoro Py en abril del 2016 cuando Fernández fue citada a declarar por el juez Claudio Bonadio
por la causa dólar futuro. Lo que siguió a este hecho, fue la elaboración de un entramado de causas
judiciales para perseguir penalmente a la líder política en plena articulación con el poder mediático.
Por razones de brevedad, enumeramos once causas de las que fueron creadas contra la actual
vicepresidenta: Vialidad, Hotesur, Los Sauces, Gas Natural Licuado, Cuadernos, Dólar Futuro,
Memorándum con Irán, Concesiones viales y subsidios de trenes, Diarios a Santa Cruz, Ruta del
dinero K y Documentos históricos.
Resulta curioso que, a pesar de que media un sistema de sorteo para dirimir la competencia de
las causas contra la expresidenta, que siendo doce los juzgados de Comodoro Py habilitados para
intervenir, diez causas contra Fernández de Kirchner hayan salido sorteadas para que resuelva el
juzgado a cargo de Bonadio. El matemático Adrián Paenza determinó que las probabilidades de que
los sorteos salgan de la manera que resultaron son 0,00000000177%, “algo así como 2 posibilidades
cada mil millones" (Perfil, 3 de abril de 2019). Otro punto para poner en relieve en torno a estas
causas judiciales son los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadio a los domicilios de
Cristina Fernández de Kirchner en el año 2018 cuando era Senadora de la Nación. Este hecho se
convirtió en la primera vez en la historia que se allanó la vivienda de un senador. La cobertura
mediática de los allanamientos fue orquestada por los medios monopólicos de comunicación en los
horarios de mayor audiencia televisiva y repetidos una y otra vez en la programación habitual.
El caso de la dirigente social Milagro Sala merecería un trabajo aparte. Para esta ocasión, basta
mencionar que fue un acontecimiento que, debido a su gravedad, tuvo repercusiones no sólo en el
ámbito nacional sino también en el internacional. Tal es así que el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de Naciones Unidas logró constatar que mediaron presiones y amenazas de
parte de distintos poderes del estado a los efectos de que una serie de testigos brinden testimonio en
contra de Sala y la denuncien. También existen evidencias sobre la creación de órganos de justicia
ad hoc con el objeto de condenarla. Desde el 16 de enero de 2016, día que detienen arbitrariamente
a Milagro Sala, se sustanciaron contra ella 17 causas judiciales. Si bien la causa por la que fue
detenida de manera inicial versó sobre una protesta social, desde ese día se organizó todo un
entramado de judicializaciones para sostener su detención en absoluta coordinación con la prensa y
los medios de comunicación más importantes del país.
Todos estos casos que hemos enumerado se encuentran atravesados por diferentes dimensiones
del lawfare. Hace tan sólo unos meses, en noviembre de 2019, la Relatoría para la Independencia de
los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas le solicitó un pedido de informe
al gobierno argentino por haber recibido informaciones y datos fiables en relación a actos de
intimidación y presión del Ejecutivo a diversos órganos que componen el sistema judicial. El Relator
Diego García Sayán solicitó al gobierno de Mauricio Macri que detalle sobre posibles actuaciones
para disciplinar magistrados que hubiesen dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Poder
Ejecutivo.
Un antecedente a considerar en torno a este punto es el caso de la jueza de la Cámara Federal
de Casación Penal, Ana María Figueroa. Para referir al tema resulta ineludible contextualizar: en
Argentina la Cámara Federal de Casación Penal funciona como la última instancia previa a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, sólo la CJSN se encuentra por encima de dicha Cámara.
Recientemente, la jueza Figueroa denunció haber sido presionada el día 15 de diciembre de 2015 por
Juan Bautista Mahiques, funcionario del gobierno de Macri. Mahiques se presentó en el despacho
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de la jueza para coordinar asuntos institucionales de la gestión pero la reunión se convirtió en una
intimidación para que la jueza dicte sentencia sobre la causa de Inconstitucionalidad del
Memorándum con Irán. Figueroa se negó a permitir una intromisión del Ejecutivo en el Poder
Judicial y su respuesta negativa fue insumo para que el gobierno ponga en marcha, en coordinación
con el poder mediático, una serie de campañas y actos de persecución política en su contra, a partir
de denuncias creadas en el Consejo de la Magistratura.
6. ¿Momento refundacional?
La crisis global producida a partir de la pandemia del coronavirus, de la cual apenas se empieza a
conocer su impacto, es de una magnitud y complejidad nunca antes vista en la historia de la
modernidad capitalista. El covid-19 llega en un momento en el cual ya estaban en crisis buena parte
de los valores, sistemas sociales e instituciones construidas a lo largo de los últimos tres siglos, a
partir de las revoluciones burguesas europeas, o si preferimos, desde un poco antes en 1492 con la
conquista de América. El capitalismo atravesó en estos siglos distintas etapas, arribando desde los
años ‘70 a un momento de avance de la financiarización (como parte del programa neoliberal) que
fue creciendo al punto que en 2020 la desigualdad entre las élites y la mayoría de la población
mundial es de una distancia nunca vista.
En América Latina el neoliberalismo provocó grandes crisis sociales y económicas a fines del
siglo XX (Castaño Salas, 2006), lo que generó el consenso para la oleada de gobiernos progresistas y
populares, la cual sufrió sobremanera los mecanismos de lawfare descriptos al punto que nos
encontramos hoy con un continente en llamas. Al momento de escribir este artículo, tenemos: Brasil
con un presidente como Jair Bolsonaro, de ultraderecha, quien ganó una elección con la proscripción
de Lula Da Silva; Colombia con un nivel de violencia contra dirigentes sociales extrema, al punto que
puede hablarse de genocidio; Venezuela prácticamente en guerra producto del asedio incesante de
Estados Unidos y aliados; Chile y Ecuador con gobiernos neoliberales y estallidos sociales,
particularmente en este último caso con el proceso de lawfare e intento de proscripción contra la
fuerza del ex presidente Rafael Correa ; Bolivia con un gobierno de facto, con Evo Morales en el exilio
y un incierto calendario electoral; Argentina por su parte, con un gobierno peronista que intenta
reconstruir la Nación tras el ineficiente programa socio-económico aplicado en los últimos años, pero
con una disputa política feroz que no da lugar al diálogo ni a una democracia propositiva dado que
la principal oposición continúa la lógica que tuvo cuando gobernó. Es decir, el panorama es
conflictivo y para mayor complejidad, la pandemia del coronavirus trae más problemas económicos,
sociales e institucionales. Sin embargo, somos optimistas en cuanto a que están abiertas
oportunidades y existe un pueblo reflexivo que intenta no repetir errores. El covid-19, como explica
(Segato, 2020), es un significante vacío, al cual debemos abordar desde la política para ir a la batalla
cultural en la defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto y no de élites.
En este escenario el presidente argentino Alberto Fernández anunció una reforma judicial, que
podemos calificar en principio de “emergencia”, que deberá ser discutida en el Congreso, con algunos
puntos principales que pretenden un cambio en el funcionamiento principalmente del Poder Judicial
Federal, ámbito donde se practicó el lawfare en estos años. Estos puntos principales remiten a
creación de nuevos juzgados y fiscalías en Buenos Aires y en todo el país, a fines de diluir el poder
concentrado que tienen hasta acá un pequeño grupo de jueces de la Capital Federal, mayor control
en el funcionamiento de los juzgados y algunos límites al llamado forum shopping (mecanismo por
el cual los litigantes eligen ante qué juzgado actuar según su conveniencia, saltando cuestiones
reglamentarias o abusando de ellas). A estos fines, además, se creó una comisión de especialistas del
ámbito jurídico para que realicen recomendaciones al presidente. Esta iniciativa es una buena señal,
en tanto pretende reparar y reconstruir un Poder Judicial que en Argentina está muy desprestigiado,
al haber sido actor principal en la persecución de dirigentes sociales. El resultado de la reforma, por
lo pronto incierto, se verá con el tiempo. No es, por ahora, una reforma integral del Poder Judicial ni
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mucho menos; es apenas una serie de propuestas de urgencia o emergencia con la finalidad de
detener el lawfare, poner límites al uso arbitrario del Poder Judicial y un inicio de discusiones más
profundas que llevarán a cabo, tanto los miembros de la Comisión Asesora como los legisladores de
todos los partidos en el Congreso. En palabras de León Arslanián, jurista integrante de la Comisión
Asesora: “Un poder dañino, concentrado, como el de Comodoro Py, el de los jueces federales, se va
a ver subsanado radicalmente con la licuación de ese poder y con la democratización y la
desconcentración del sistema” (Hauser, 2020). Cuando se refiere a Comodoro Py, vale la aclaración,
es la calle donde se ubican los tribunales federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Conclusiones
A partir de la propuesta metodológica de Beuchot, abordamos el lawfare con la intención de no
substancializar ni relativizar el mismo. Por ejemplo, Gargarella cae en un relativismo extremo al
decir que siempre hubo lawfare quitando relevancia concreta a nuestro tiempo histórico. Aplicando
la historización delineada por Medici, se demostró con hechos que explican las lógicas actuales del
lawfare en América Latina.
Argentina no ha sido la excepción, y como otros países de la región, se evidencia la estrategia del
lawfare crudamente en los últimos años, lo que provocó un deterioro institucional mayúsculo, el cual
llevará mucho esfuerzo superar. El lawfare no está derrotado ni mucho menos, en tanto sigue siendo
una vía vigente para desestabilizar procesos políticos populares, los cuales encuentran su mejor
defensa en la organización social.
¿En qué mundo y qué continente viviremos en los próximos años? Esto, una vez más, dependerá
de la resultante de la correlación de fuerzas en cada país, en la región y en el mundo en general. ¿Es
Estados Unidos una potencia declinante hasta qué punto? ¿Qué papel juega China? ¿Estamos en una
nueva guerra fría entre las dos mayores potencias globales? Sean cuales fueren las respuestas a estas
últimas preguntas, las cuales difícilmente tengan soluciones únicas en tanto requieren mayores y
permanentes investigaciones, lo cierto es que los pueblos latinoamericanos necesitan repensar sus
instituciones, sus organizaciones, sus formas de vida, porque el modelo neoliberal ha generado un
daño demasiado grande como para no visualizarlo. El lawfare avanza cuando las instituciones
constitucionales son más débiles, y se vale tanto de la judicialización de la política como de la
politización de la justicia (León Castro, 2020). Se requieren instituciones sólidas, creíbles y
democráticas, que estén constituidas en defensa de la soberanía y para promover la justicia. Es
preciso reafirmar principios básicos del derecho y de los derechos humanos, como el principio de
inocencia, el debido proceso, el carácter restrictivo de la prisión preventiva, la independencia de
poderes, la transparencia de los actos públicos, el acceso a la información, la soberanía popular, entre
otros.
El lawfare se motorizó en América Latina contra liderazgos populares, siendo de esta manera una
herramienta de sectores poderosos para impedir o al menos complicar transformaciones en la
estructura social que reduzcan los privilegios de los que gozan históricamente.
Para superar o mitigar el lawfare en América Latina, se requieren reformas democráticas tanto en
el Poder o sistema Judicial (tanto a escalas nacionales como supranacionales), como en el rol de los
periodistas y de los sistemas comunicativos en general, así como de los servicios de inteligencia,
fuerzas de seguridad, y particularmente en el sistema político. En este último caso, es inviable un
sistema político democrático si partidos políticos relevantes someten sus proyectos a designios o
intereses extranjeros, como los de las grandes potencias (sean Estados Unidos, China o quien fuera);
si el sistema político no parte de una visión soberana de la acción política, se presenta un problema
muy grave que daña directamente al orden constitucional. Al menos, esto se puede decir de América
Latina, la región analizada.
En materia de sistemas comunicativos, es fundamental que no exista autorregulación de las
empresas de comunicación y redes sociales, sino que sea el Estado en defensa de los derechos
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humanos y en ejercicio de la soberanía popular el que establezca las normas pertinentes para que
haya un uso razonable de las herramientas tecnológicas.
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿es acaso el momento adecuado para plantear reformas
estructurales? De nuestra parte, pensamos que sí lo es, sin embargo esta situación no es gratuita,
dado que los poderes concentrados saben perfectamente jugar su rol en la historia y allí están, en la
batalla permanente, utilizando los resortes disponibles en medios de comunicación tradicionales y
digitales, en sectores del Poder Judicial, en redes subterráneas de inteligencia e infiltración, con
movimientos de los grandes empresarios que pretenden disciplinar a gobiernos y trabajadores y
condicionando al Estado, para reducirlo a un mero administrador sin injerencia real en favor de las
mayorías postergadas.
Por todo lo expuesto, se propone promover el debate y ahondar estas líneas de trabajo para
enhebrar un nuevo sistema judicial, un nuevo sistema mediático/comunicativo y un nuevo sistema
político que, a partir de los aprendizajes del pasado, coadyuven a construir naciones de paz y
solidaridad, con integración regional, democracia, justicia social, independencia y soberanía.
Referencias
Actualidad en Foco [Youtube] (3 de julio de 2020). Roberto Gargarella: “La idea de lawfare me
parece ridícula”. YouTube. https://bit.ly/34EVK09
Agencia Télam (24 de junio de 2020). El juez Ramos Padilla investigará si Leonardo Fariña fue
guionado para armar causas, Télam. https://bit.ly/2GOwNr4
Agencia Télam (15 de noviembre de 2019). Francisco criticó el "uso arbitrario" de la prisión
preventiva y el "lawfare" contra políticos, Télam. https://bit.ly/3ly7kkO
Alterio, A. M. (2015). Una crítica democrática al neoconstitucionalismo y a sus implicancias
políticas e institucionales, Tesis de Doctorado en Derecho, Programa Estudios Avanzados en
Derechos Humanos, Universidad Carlos III, Madrid.
Ansah, T. (2010). Lawfare: A Rhetorical Analysis. Case Western Reserve Journal of International
Law, 43 (1). https://bit.ly/34JcUd4
Argentina.gob.ar. Ley del arrepentido, Buenos Aires. https://bit.ly/34KfoIj
Balibar, E. (2005). Fronteras del mundo, fronteras de la política. Revistas Alteridades, 15(30), 87-
96.
Bielsa, R. & Peretti, P. (2019). Lawfare. Guerra judicial y mediática, desde el primer centenario
hasta Cristina Fernández de Kirchner, Ariel.
Beuchot, M. (2010). Hermenéutica Analógica y Filosofía del Derecho, UASLP CENEJUS.
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Publicación semestral. Edición continua. Año 2020, Vol. 1, No 2. pp. 70-89. (Julio-diciembre, 2020).
85
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador
Cappiello, H. (16 de diciembre de 2019). Juristas critican el uso del término "lawfare" en dos
decretos de Kicillof, La Nación. https://bit.ly/3nHUDWv
Caram, S. (14 de julio de 2020). Caso D'Alessio: para el juez, la banda del falso abogado era una
"organización criminal paraestatal", Página 12. https://bit.ly/2SGBc1R
Carbonell, M. (2007). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Trotta - Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM.
Casado, F. & SÁNCHEZ, R. (2020). Lawfare en Ecuador: las acciones del Estado desacreditadas
por organismos internacionales. Nullius, 1(1), 1-17, https://bit.ly/2GzduSU
Castaño Salas, H. (2006). Neoliberalismo monetarista. La hegemonía del capital, Félix Varela.
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (15 de octubre de 2019).
Lawfare: guerra jurídica y neoliberalismo en América Latina [Conferencia]. Universidad
Nacional Autónoma de México. https://bit.ly/3ddu8TP
Centro de Información Judicial (17 de agosto de 2012). Sobreseen a Cristina Fernández de
Kirchner en causa por presunto enriquecimiento ilícito, https://bit.ly/3iKFKPe .
Centro de Información Judicial (26 de marzo de 2010). Rechazan planteo contra el sobreseimiento
de los Kirchner por enriquecimiento ilícito. https://bit.ly/2SHMFyk
Cohen, E. (2016). 'Lawfare': el uso de la ley como arma de guerra, El Medio.
https://bit.ly/36QCKic
Comanducci, P. (2002). Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico, Isonomía 16.
Desojo, E. (coord.) (2020). Justicia a la carta. El poder judicial en la era macrista, CLACSO
Dunlap, Ch. (2008). Lawfare today: a perspective. Yale Journal of international Affairs, 3, invierno
2008, pp.46-154.
El Cronista (29 de julio de 2020). Punto por punto, los cambios que introduce la reforma judicial
que presentó Alberto Fernández, El Cronista https://bit.ly/34Jfeki
Fernández, A.; Thea, F. y Benente, M. (coords.) (2020). La justicia acusada, Sudamericana.
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Constanza Marianela Estepa & Marcelo Andrés Maisonnave
86
Fernández-García, N. (2017). Fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática. Revista
Nueva Sociedad, 269, mayo-junio, https://bit.ly/2SIKKt2
Filmus, D. & Rosso, L. (2019). Las sendas abiertas en América Latina Aprendizajes y desafíos
para una nueva agenda de transformaciones, CLACSO.
Gaudichaud, F.; Webber, J. & Modonessi, M. (2019). Los gobiernos progresistas latinoamericanos
del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica.Universidad Nacional Autónoma de México.
Gentili, P. (2016) (edit.). Golpe en Brasil. Genealogía de una farsa, CLACSO.
Ghea, M. E. (2019). El método del lawfare para la persecución de Cristina. Alianzas, tácticas y
estrategias de la guerra no convencional. Tesis Doctoral, Facultad de Periodismo y
Comunicación de La Plata, https://bit.ly/3nuiLf3
González, F. (15 de noviembre de 2019). El cambalache al que el Papa llama lawfare, Grupo
Clarín. https://bit.ly/2SEsbGD
Gutiérrez Colantuono, P. Á. (Relator especial) (2018). Parecer emitido sobre la ocurrencia de
lawfare en Ecuador, Lawfare Institute.
Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo, Akal.
Hauser, I. (29 de julio de 2020). León Arslanian: “Un poder dañino, como el de Comodoro Py, se
va a subsanar con la democratización y la desconcentración", Página 12. https://bit.ly/3iJtOgQ
Hirschl, R. (2011). The Judicialization of Politics en R. Goodin (ed.), The Oxford Handbook of
Political Science, Oxford University Press.
Holzer, M. (2012). Offensive Lawfare and the Current Conflict, Harvard Law School.
Kollmann, R. (28 de abril de 2019). “Yo entrené a Fariña para que declare”, Página 12.
https://bit.ly/30UssJW
León Castro, E. (2020). La encrucijada del lawfare: entre la judicialización y mediatización de
la política. Nullius, 1(1), 85-104. https://bit.ly/3dgksrJ
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Publicación semestral. Edición continua. Año 2020, Vol. 1, No 2. pp. 70-89. (Julio-diciembre, 2020).
87
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador
Lobo, S. (2017). Cómo influyen las redes sociales en las elecciones. Nueva Sociedad, 269, mayo-
junio de 2017, https://bit.ly/36OSlhX.
Luque, A., Poveda, C. & Hernández, J. (2020). Análisis del levantamiento indígena de 2019 en
Ecuador: entre la respuesta legal y el lawfare. Nullius, 1(1), 18-45, https://bit.ly/3decuPE
Médici, A. (2016). Otros Nomos. Teoría del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Médici, A. (2015). “Poderes y derechos en el constitucionalismo latinoamericano” en Rosillo
Martínez & Pérez Martínez (coords.), Historizar la Justicia. Estudios sobre el pensamiento de
Ignacio Ellacuría, CENEJUS Mispat.
Moldiz, H. (2020). Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales, Ocean Sur.
Morozov, E. (2013). La locura del solucionismo tecnológico, Katz Editores.
Lorenz, F. & Adamoli, M. (coords.) (2010). Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en
Argentina, Ministerio de Educación.
ONU – Consejo de Derechos Humanos, Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria,Opiniones
aprobadas en su 76° período de sesiones, Opinión núm. 31/2016 relativa a Milagro Amalia
Ángela Sala, 22 a 26 de agosto de 2016, https://bit.ly/3lvEAsS.
Página 12 (02 de mayo de 2020). Ana María Figueroa: "Sufrí muchísimas presiones por parte de
Cambiemos", Página 12. https://bit.ly/2GKZTYq
Página 12 (02 de diciembre de 2019). El impactante alegato final de Cristina Kirchner, Página 12.
https://bit.ly/36OAyaN
Página 12 (04 de mayo de 2019b). "Le hice de maestra a Fariña", Página 12, https://bit.ly/2SNzw6x
Página 12 (24 de noviembre de 2018). Un camarista que da un paso al costado, Página 12.
https://bit.ly/34WzkrF
Pérez, G. y Pereyra, S. (2002). La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de
los acontecimientos de diciembre de 2001, Instituto de Investigaciones Gino Germani -
Facultad de Ciencias Sociales -.
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Constanza Marianela Estepa & Marcelo Andrés Maisonnave
88
Perfil (15 de marzo de 2020). Graciana Peñafort y Nelson Castro, debate sobre lawfare y
periodismo, Editorial Perfil https://bit.ly/3dglrIA
Perfil (03 de abril de 2019). El cálculo matemático que hicieron Paenza y Verbitsky sobre Cristina
Kirchner y Claudio Bonadio, Editorial Perfil. https://bit.ly/2SGNuqX
Perfil (15 de noviembre de 2019b). Alberto Fernández apuntó contra la ley del arrepentido: "Es un
arma de persecución”, Editorial Perfil. https://bit.ly/3iL2jDz
Política Argentina (04 de noviembre de 2019). Escándalo: la carta de la ONU por el "plan
sistemático" de Macri para apretar jueces y armar una justicia a la carta, Política Argentina.
https://bit.ly/33JbFez
Proner, C.; Cittadino, G.; Ricobom, G. & Dornelles, J.R. (orgs.) (2018). Comentários a um acórdão
anunciado. O processo Lula no TRF4, Outras Expressões.
Regalado, R. (comp.) (2019). El ciclo progresista en América Latina, Partido del Trabajo.
Rojas Villagra, L. (coord.) (2015). Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y
alternativas, CLACSO.
Romano, S. (comp.) (2019). Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, Mármol
Izquierdo - CELAG.
Saintout, F. & Varela, A. (coords.) (2015). Voces abiertas. Comunicación, política y ciudadanía,
CLACSO.
Segato, R. L. (2020). “Coronavirus: Todos somos mortales. Del significante vacío a la naturaleza
abierta de la historia” en Grimson, A. (Dir.), El futuro después del covid-19, Argentina Unida.
https://bit.ly/3dcPuk6
Serrano Mansilla, A. (2015). América Latina en disputa, Fundación Editorial el Perro y la Rana.
Sierra Caballero, F. & Maniglio, F. (eds.) (2016). Capitalismo financiero y comunicación,
Ediciones CIESPAL.
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Publicación semestral. Edición continua. Año 2020, Vol. 1, No 2. pp. 70-89. (Julio-diciembre, 2020).
89
Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador
Taddei, E. & Thwaites Rey, M. (2019). “El Poder Judicial y la reconfiguración neoliberal del
Estado durante el macrismo” en Seoane, J. y Roca Pamich, B. (comps.), Salir del
Neoliberalismo. Aportes para un proyecto emancipatorio en Argentina, Batalla de Ideas.
Universidad Torcuato Di Tella (09 de diciembre de 2019). Roberto Gargarella: "El lawfare podrá
parecer una novedad en la Argentina, pero su práctica lamentablemente no lo es",
https://bit.ly/3jZo97T.
Vollenweider, C. (2019). “El lawfare en Argentina: doble rasero, show y mañas”, en S. Romano
(comp.), Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, Mármol Izquierdo – CELAG.
Wikileaks. Cable 1222, Buenos Aires, https://bit.ly/3nyrrks
Zaffaroni, E. R. (2019). “Prólogo” en S. Romano (comp.), Guerra judicial y neoliberalismo en
América Latina, Mármol Izquierdo - CELAG.
Zagrebelsky, G. (2011). El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta.
Contribución del Autor
Autores
Contribución
Marcelo Andrés Maisonnave
Concepción y diseño, redacción y revisión del
artículo. Investigación bibliográfica específica
lawfare, análisis e interpretación. Investigación
causas judiciales en Argentina, Brasil y resto
América Latina.
Constanza Marianela Estepa
Redacción y revisión del artículo. Adquisición
de datos, análisis e interpretación, específica
sistemas judiciales y valor justicia, causas
judiciales en Argentina y Ecuador.
