Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Ana Graciela Castañeda Suárez
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EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN LA PRENSA ECUATORIANA
¿LOGRO O DEUDA PENDIENTE? CASO DE ESTUDIO: LA COBERTURA
INFORMATIVA SOBRE MANIFESTACIONES EN VENEZUELA Y ECUADOR 2019
THE RIGHT TO COMMUNICATION IN THE ECUADORIAN PRESS. ACHIEVEMENT
OR OUTSTANDING DEBT? CASE STUDY: INFORMATION COVERAGE OF
DEMONSTRATIONS IN VENEZUELA AND ECUADOR 2019
Autora:
Ana Graciela Castañeda Suárez
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) - Ecuador
ORCID: 0000-0002-3321-6794
Dirección para correspondencia: anasong82@gmail.com
Fecha de recepción: 12 de octubre de 2020
Fecha de aceptación: 1 de noviembre de 2020
Fecha de publicación: 2 de enero de 2021
Citación/como citar este artículo: Castañeda Suárez, A. G. (2021). El Derecho a la Comunicación
en la prensa ecuatoriana ¿Logro o deuda pendiente? Caso de estudio: La cobertura informativa sobre
manifestaciones en Venezuela y Ecuador 2019. Nullius, 2(1), 28-46. Recuperado de:
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanillius/article/view/2935
Resumen
Con el objetivo de verificar la garantía del Derecho a la comunicación en la prensa ecuatoriana, se
analiza la forma en que el diario El Comercio reportó dos eventos de protesta contra dos gobiernos
cuya relación con el Establishment, o el poder establecido, es opuesta: los gobiernos de Ecuador y
Venezuela en el año 2019. Los resultados se comparan con lo previsto en el artículo 22 de la Ley
Orgánica de Comunicación, en relación con la obligatoriedad que tiene la prensa de contrastar fuentes
sobre el tema recogido y, seguidamente, se examinan a la luz del tercer filtro del Modelo de
Propaganda desarrollado por Herman y Chomsky, referido a las fuentes de las noticias. Se concluye
que existe un alejamiento de la garantía del Derecho a la comunicación y la necesidad de un modelo
que distribuya la propiedad mediática de manera más equitativa que el actual, para diversificar las
voces que forman parte de la discusión sobre los temas de importancia social, que permitan el
ejercicio de una democracia bien informada y por lo tanto plena y legítima.
Palabras clave: Derecho a la comunicación; Modelo de Propaganda; prensa; Ecuador; Venezuela.
Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho e-ISSN 2737-6125
Publicación semestral. Edición continua. Año 2021, Vol. 2, No 1. pp. 28- 46. (enero – junio, 2021)
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Abstract
In order to verify the guarantee of the Right to Communication in the Ecuadorian press, it examines
how the newspaper El Comercio reported two protest events against two governments whose
relationship with the Establishment, or the established power, is opposite: the governments of
Ecuador and Venezuela in 2019. The results are compared with the provisions of Article 22 of the
Organic Law on Communication, in relation to the obligation of the press to contrast sources on the
subject collected and are then examined in the light of the third filter of the Propaganda Model
developed by Herman and Chomsky, referring to the sources of the news. It is concluded that there
is a departure from the guarantee of the Right to Communication and the need for a model that
distributes media property more equitably than the current one, in order to diversify the voices that
are part of the discussion on issues of social importance, which allow the exercise of a well-informed
and therefore full and legitimate democracy.
Keywords: Communication Rights; Propaganda model; press; Ecuador; Venezuela.
1. Introducción
El Derecho a la comunicación constituye un asunto de avanzada, en el sentido de que su
planteamiento reconoce la importancia vital que tiene la comunicación para los seres humanos. En
otras palabras, implica reconocer que la comunicación es un acto esencial a la naturaleza humana y
que, por lo tanto, es un derecho de toda la humanidad.
La inclusión del Derecho a la comunicación en la Constitución del Ecuador significó un hito que
ha sido reconocido internacionalmente y que le otorga al país un carácter de vanguardia en términos
de derechos largamente demandados por los ciudadanos. Así lo han expresado diversas
organizaciones y autores:
Hacia mediados de la primera década del nuevo siglo, cuando el signo político de América Latina
estaba comenzando a cambiar con la llegada de gobiernos progresistas en un buen número de países,
sobre todo de Suramérica, se vio una nueva oportunidad para avanzar en materia de legislación y
políticas públicas para democratizar la comunicación […] El reconocimiento de la comunicación como
un derecho en las Constituciones de Bolivia y Ecuador (como primicia mundial); la nueva legislación
en Argentina y Uruguay para democratizar el espectro radioeléctrico; la realización de la Conferencia
Nacional de Comunicación en Brasil, las políticas públicas que favorecieron los medios comunitarios
en Bolivia, Venezuela y Argentina […] fueron algunos resultados donde las propuestas de este sector
tuvieron eco. (Ramírez y Burch, 2019)
De esta manera lo describe Santander:
Las nuevas legislaciones, impulsadas por las fuerzas antineoliberales latinoamericanas, avanzan
siguiendo el espíritu y la voluntad del Informe [MacBride] de la UNESCO. […] hay una compresión
generalizada de que la comunicación es un derecho humano y que, por lo tanto, se necesita actualizar
la normativa; de que la libertad de expresión además de ser un derecho individual, y la libertad de
información, además de ser un derecho de una vía –de los medios hacia las audiencias–, son derechos
de doble flujo, derechos colectivos y también derechos sociales de quienes no tenemos medios. En ese
sentido, algunas nuevas constituciones de países latinoamericanos, aprobadas en el marco de procesos
constituyentes recientes, consideran explícitamente el Derecho a la comunicación. La constitución
política de Ecuador (2008), por ejemplo, incorpora esta noción […] (Santander, 2015, p. 167)
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) en el año 2017, cuando se
discutían posibles reformas a la ecuatoriana Ley Orgánica de Comunicación (LOC), destacaba el
valor de la Constitución que incorpora este Derecho:
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[E]sta situación constituiría un preocupante retroceso en la vida democrática del país el intentar
derogar esta ley que se ampara en la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho humano a la
comunicación y es vista en América Latina y el Caribe como un referente positivo en la lucha por la
democratización de las comunicaciones y el derecho que tienen los pueblos a comunicarse. (ALER,
2017)
Sin embargo, más allá de su reconocimiento en la Carta Fundamental del año 2008 y luego en la
Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de 2013, poco se ha investigado acerca de su garantía en los
medios de comunicación del país, principales espacios en los que, por Ley, debería ser resguardado.
La presente investigación se plantea analizar la garantía del Derecho a la comunicación basado en
la cobertura del diario El Comercio a dos casos de interés nacional y regional: las protestas en
Venezuela de enero de 2019 y el Paro Nacional en Ecuador, de octubre del mismo año. Para su
análisis, se extraerán categorías a partir de las variables que prevé la LOC en su artículo 22 sobre el
“Derecho a recibir información de calidad”, particularmente la exigencia de contrastación en las
noticias a través de fuentes diversas, como un elemento que la Ley considera parte de la garantía de
este Derecho.
El resultado de este análisis será revisado en el marco del Modelo de Propaganda (MP)
desarrollado por Noam Chomsky y Edward S. Herman en su famoso texto “Los Guardianes de la
Libertad” (1988), a través del cual explican el comportamiento de los medios, compuesto por una
serie de cinco filtros que “decantan” la información hasta convertirla en un material aceptado por la
prensa hegemónica para su publicación, en su gran mayoría información determinada por intereses
económicos.
Desde esta perspectiva, debido a la estructura de propiedad y control de los medios de
comunicación en manos de élites económicas y políticas, la población es inducida a creer y sostener
valores, deseos y un concepto del mundo cónsono con los intereses y valores de dichas élites. Sin
embargo, la LOC inicialmente abrió un camino hacia la ampliación en la estructura de propiedad y
control de los medios de comunicación, brindando oportunidad a personas y grupos no-hegemónicos
a participar en el diálogo y debates de la sociedad, y con ello una oportunidad adicional para garantizar
el Derecho a la comunicación. Este diagnóstico permitirá ver que, en la medida en que la prensa
ecuatoriana ofrezca una cobertura diversa en términos de contrastación de la información, está
contribuyendo a garantizar el Derecho a la comunicación y debe continuar con este desempeño.
Mientras que, en caso de no existir este tipo de cobertura, validaría la necesidad de establecer las
modificaciones en la distribución del control y la propiedad sobre los medios del Ecuador.
Este artículo se desprende del trabajo de tesis que lleva el mismo nombre, desarrollado para
obtener el grado de Maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, del Ecuador; el cual
puede ser consultado para ver más en detalle la discusión teórica acerca de los temas tratados, así
como de la investigación que se presenta a continuación.
2. Antecedentes
El Derecho a la comunicación comenzó a esbozarse como nuevo planteamiento en la década de
los ´60 y más ampliamente como una necesidad en 1980 en el reconocido Informe MacBride,
presentado en la UNESCO. Aunque sin plena conceptualización, su planteamiento aspiraba a una
mayor participación de la sociedad en los procesos de comunicación que la que implican los derechos
individuales previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, por lo tanto,
se alejaba de los derechos ya reconocidos en dicho texto, como la libertad de expresión.
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La noción de Derecho a la comunicación fue inicialmente esbozada a finales de los años sesenta
como un concepto en formación y como una línea de investigación, que originalmente buscaba
encontrar un marco jurídico del más alto nivel para gestionar los grandes problemas de la
comunicación en la comunidad internacional, y en cada país que la conformaba. Desde esa perspectiva
el Derecho a la comunicación sería en principio un nuevo derecho humano, necesariamente más amplio
que los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación, establecidos en el Art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. (Jurado, 2009, p. 1)
Sin embargo, el informe como es sabido despertó las críticas más férreas de los países
desarrollados quienes acusaron a la comisión autora de convertirse en promotora del
intervencionismo de Estado, propio de los países comunistas. Las reacciones más drásticas
provinieron del gobierno estadounidense que se retiró de la UNESCO como acto de protesta contra
los postulados del informe y, de esta manera, se sellaría el destino del trabajo de la Comisión
MacBride, dejando de lado sus planteamientos fundamentales. Tales hechos conllevaron
progresivamente a que los planteamientos debieran adaptarse a interpretaciones más conservadoras,
aun cuando el Derecho a la comunicación siga presentándose como una exigencia que amplíe las
garantías liberales expresadas en la Declaración de 1948.
Señala Romel Jurado que, dadas las circunstancias, la discusión acerca del Derecho a la
comunicación cambia necesariamente hasta nuestros días. Durante los años 2003 y 2005 la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información realizada en Ginebra y Túnez, respectivamente, “promovió
la idea de tomar distancia de la expresión Derecho a la comunicación o derecho a comunicar”, debido
a su vinculación negativa con los acontecimientos de los años ´80 y “señaló la conveniencia de usar
la expresión derechos a la comunicación [en plural] para referirse a un conjunto de derechos humanos
ya existentes, pero que no estaban siendo plenamente aplicados” (2009, p. 3).
La expresión plural “Derechos a la comunicación”, representa un leve viraje semántico que
permitió a las principales colectividades promotoras del Derecho a la comunicación, como la
campaña CRIS (Communication Rights in the information society) volver a plantear el debate por la
importancia de este asunto, superando en cierta medida la censura que se le impuso al tema desde la
época del informe MacBride. Así lo explican los autores Alan Alegre y Sean O´Siochru:
El ´Derecho a la comunicación´ y los ´derechos de la comunicación´ están estrechamente
relacionados, pero no son idénticos, en su historial y uso. El primero está más asociado con el debate
del NOMIC [Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación], y señala la necesidad de un
reconocimiento legal formal de ese derecho, como un marco general para una implementación más
eficaz. También tiene sentido intuitivo como un derecho humano básico. El último hace hincapié más
en el hecho de que ya existen una serie de derechos internacionales para sustentar la comunicación,
pero muchos son ignorados con demasiada frecuencia y requieren una movilización y afirmación
activas. Los dos no están en conflicto, y son utilizados por la campaña CRIS de manera matizada y
complementaria (CRIS, 2005, p.19).
Estas precisiones permiten explicar que, dada la ausencia de una conceptualización unánime y
vistos los giros semánticos que la expresión ha debido dar a lo largo del tiempo para sobrevivir, la
interpretación actual del Derecho a la comunicación conlleva la garantía de otros como la libertad de
expresión y de información, tal como puede encontrarse en la ley ecuatoriana.
3. Fundamentación teórica
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La revisión del concepto de Derecho a la comunicación ha permitido comprender que, como lo
han señalado varios autores (Santander, 2015; Jurado, 2009; Alegre & O´ Siochrú, 2005) este Derecho
no está definido de manera unívoca.
El autor ecuatoriano Romel Jurado intenta extraer del propio informe MacBride una
conceptualización y concluye que este no define directamente el término, sino que lo concibe como
un ámbito donde se unifican -bajo valores de libertad, igualdad y solidaridad- otros derechos humanos
fundamentales como la participación, cultura, desarrollo y libertad de expresión. De modo que la
noción de Derecho a la comunicación en el informe se orientaría a:
Plantear que el derecho a comunicar o Derecho a la comunicación actuaría como un paraguas
conceptual que, aunque no tendría por sí mismo un contenido jurídico propio, implicaría el mandato
de aglutinar los derechos resignificados previamente, de forma que operen concurrente, coordinada y
plenamente respecto de los problemas de la comunicación. (2009, p. 2)
Esta perspectiva es de especial utilidad una vez que se revisa la Constitución ecuatoriana y su Ley
Orgánica de Comunicación (LOC), textos en los que tampoco está definido el Derecho a la
comunicación de manera específica, sino que es enunciado para indicar que se le dará garantía.
Las concepciones sobre el Derecho a la comunicación están recogidas en el Capítulo II de la LOC,
titulado “Derechos a la comunicación” y compuesto por tres secciones “Derechos de libertad”,
“Derechos de igualdad e interculturalidad” y “Derechos de los comunicadores” que van del artículo
17 al 44. De este modo, en coincidencia con el hallazgo de Jurado, se comprende que el Derecho a la
comunicación tal como es entendido en la LOC funciona como un término que abarca otros derechos,
para reforzarlos, en vista de que el ejercicio de estos no se ve enteramente garantizado a través de las
formas hegemónicas de comunicación actuales.
Por tanto, existe un cuerpo de elementos sobre los cuales se puede hacer un análisis que permita
identificar si está, o no, garantizándose el Derecho a la comunicación en la prensa nacional. Uno de
estos elementos fundamentales es el derecho a contar con conocimiento de interés público, formulado
en el artículo 22 de la LOC de 2013 como “Derecho a recibir información de relevancia pública
veraz” y, posteriormente, llamado “Derecho a recibir información de calidad” en la reforma del año
2019. Los elementos que componen el derecho a recibir información de calidad están expresados de
la siguiente manera:
La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.
La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas
involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su
versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística.
La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se
integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco,
función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos
narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán
presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones.
La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los
hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas
como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral,
política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la
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narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente. (Asamblea
Nacional, 2013)
Estas variables relativas al “Derecho a recibir información de calidad” permitirán revisar el
desempeño del diario El Comercio en la cobertura del tema seleccionado. Particularmente la variable
“contrastación”, que pone la lupa en las fuentes de las noticias, para analizarlas posteriormente en el
marco del Modelo de Propaganda.
4. El Modelo de Propaganda
El Modelo de Propaganda (MP) es la teoría desarrollada por Edward S. Herman y Noam Chomsky
en su libro “Los Guardianes de la Libertad” (1988), que ofrece una explicación, aunque no una
justificación, al comportamiento de la prensa privada o, en general, de aquella que opera en la lógica
del capitalismo en las democracias liberales.
Tal como lo explican los propios Herman y Chomsky, un Modelo de Propaganda se compone de
los siguientes elementos que llaman “filtros”: 1) Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios
de los medios de comunicación; 2) la publicidad como fuente principal de ingresos de dichos medios;
3) el suministro de noticias a los medios de comunicación; 4) las “contramedidas” y correctivos
diversos como métodos para disciplinar a los medios de comunicación; 5) el “anticomunismo” como
religión nacional y mecanismo de control.
Los cinco filtros reducen la gama de noticias que pasan las barreras, y limitan aún más
acusadamente lo que puede convertirse en ´grandes noticias´, que son objeto de prolongadas campañas
informativas. Por definición, las noticias procedentes de las fuentes principales del establishment
satisfacen las máximas exigencias de los filtros y son rápidamente adaptadas por los medios de
comunicación. Los mensajes que proceden y tratan de los disidentes y los débiles, de individuos y
grupos desorganizados, nacionales y extranjeros, están en desventaja inicial por cuestiones de costes
y credibilidad, y con frecuencia no concuerdan con la ideología o los intereses de los guardianes y
otros partidos poderosos que influyen en el proceso de criba y filtrado. (Herman y Chomsky. pp. 71-
72)
Con relación al tercer filtro, los autores resaltan el hecho de que el estatus y prestigio de las fuentes
gubernamentales y empresariales que representan o son aliadas al Consenso de Washington les
convierten en informantes fiables para la prensa, que toma las informaciones provenientes de estos
sectores como formas de conocimiento “verosímil y creíble”. La validación de estas fuentes oficiales
también obedece a la necesidad de reducir costos de investigación consultando a otros tipos de fuentes
que podrían ser cuestionadas. Ser una fuente habitual y socialmente confiable genera no solo una
relación de cercanía con los medios, sino una dependencia que hace difícil quebrar el lugar que estas
fuentes ocupan.
Al apuntar la dependencia sobre fuentes burocráticas se está señalando otro elemento importante.
La fiabilidad de una fuente hace que sus afirmaciones o su versión sea vista con mayor seriedad,
respeto y credibilidad, e implica cuestionar menos sus mensajes. Mientras que lo dicho por una fuente
disidente y que no forme parte de la burocracia oficial es visto con recelo y sus afirmaciones son
asumidas con mayor desconfianza. Dada la presión por publicar constantemente, la prensa diaria no
se embarca en labores que requieran validar lo dicho por fuentes menos tradicionales y por lo tanto
descarta estas posturas o les da menor difusión, lo cual genera una situación permanente de
desequilibrio.
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Un elemento que debe llamar poderosamente la atención de sociedades democráticas es que este
comportamiento que privilegia a un tipo de fuente sobre otras es naturalizado en los medios sin que
suela haber consecuencias. El Modelo de Propaganda refleja justamente este fenómeno relativo a la
manera como el Consenso de Washington se impone en la prensa, que incide en la forma como
aceptamos y entendemos el periodismo cotidiano. Así lo explican los propios autores:
A diferencia de la sólida percepción de la prensa como arisca, tenaz y omnipresente en su búsqueda
de la verdad e independiente frente a la autoridad, hemos trazado y aplicado un modelo de propaganda
que muestra cómo realmente los medios de comunicación desempeñan un “propósito social”, pero no
el de permitir que el público efectúe un control significativo del proceso político, proporcionándole la
información necesaria para una inteligente asunción de sus responsabilidades políticas. Por el contrario,
el modelo de propaganda deja entrever que el “propósito social” de los medios de comunicación es el
de inculcar y defender el orden del día económico, social y político de los grupos privilegiados que
dominan el Estado y la sociedad del país. Los medios cumplen este propósito de diferentes maneras:
mediante la selección de los temas, la distribución de intereses, la articulación de las cuestiones, el
filtrado de información, el énfasis y el tono, así como manteniendo el debate dentro de los límites de
las premisas aceptables. (Herman y Chomsky, p. 341)
5. La propiedad mediática en Ecuador
Las observaciones realizadas por el Modelo de Propaganda se basan en el comportamiento de
medios de comunicación privados, que tengan como objetivo el lucro de sus dueños.
En este sentido, los medios privados representan prácticamente la totalidad de la prensa en
Ecuador, cuyo universo mediático en el año 2019 todavía es de 86.7% de propiedad enteramente
privada, versus 5.1% de propiedad comunitaria, de acuerdo con los datos proporcionados por el
Registro Público de Medios de 2019 (Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la
Información y Comunicación, 15 de enero de 2019). Si consideramos solo el espectro radioeléctrico,
los medios privados suman 703 de un total de 827, lo cual representa un 85% de los medios
radioeléctricos. Si evaluamos solo los impresos, los privados son 294 de un total de 316, lo que es
igual al 93% del total de impresos. Los medios en internet privados son 34, que representa el 73.9%
de un total de 46. La suma de medios privados en sus distintas formas llega a 1 mil 031, es decir, el
86.7% de la totalidad de 1 mil 189 del Registro. Mientras tanto, los medios comunitarios de toda clase
(radio, tv, impresos e internet) suman 74, lo cual representa solo el 5.1% del total. El porcentaje
restante lo constituyen medios públicos de toda clase, que tampoco llegan al 10%.
Al respecto, es importante señalar que por Ley desde el año 2013 se preveía alcanzar en Ecuador
una distribución de 33-33-34%, para medios públicos, privados y comunitarios, respectivamente, tal
como lo señalaba el Art. 106 de la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, no solo no se ha
alcanzado esta condición, sino que con la modificación a la Ley realizada en febrero de 2019, esta
disposición cambió para favorecer nuevamente al sector privado, señalando que la entrega del 34%
del espectro radioeléctrico al sector comunitario será un objetivo máximo alcanzable de acuerdo a
demanda y disponibilidad, pero no un porcentaje fijo, y a los medios públicos se les reservará no más
del 10%, lo cual cambia drásticamente lo que antes se consideraba una “distribución equitativa de
frecuencias”.
6. El Establishment
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El término establishment es relativamente conocido en el lenguaje común como concerniente al
“poder establecido”, “grupos de poder” o la estructura dominante políticamente en una sociedad. Lo
populariza el periodista británico Henry Fairlie en referencia a un conjunto de personas bien
conectadas, en su columna de opinión “Comentario Político” publicada en la revista El Espectador el
23 de septiembre de 1955:
Por establishment, no solo me refiero a los centros oficiales de poder —aunque ciertamente son
parte de ello—, sino a toda la matriz de relaciones oficiales y sociales dentro de la cual se ejerce el
poder. El ejercicio del poder en el Reino Unido (más específicamente, en Inglaterra) no puede
entenderse a menos que se reconozca que este se ejerce socialmente. (Fairlie, 1955)
De acuerdo con el Diccionario de Oxford el término significa un: “[…] Conjunto de personas,
instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado, que procuran
mantener y controlar el orden establecido”.
El Diccionario de Cambridge lo presenta como: "las personas importantes y poderosas que
controlan un país o una organización, especialmente aquellos que apoyan la situación existente".
Por su parte, el establishment al que nos vamos a referir en este trabajo es el grupo de poder
determinado por el “Consenso de Washington”. Tal como lo explica Bidaurratzaga, esta expresión
fue utilizada inicialmente por el economista John Williamson para enumerar una serie de diez
reformas de política económica dirigidas hacia América Latina, según lo explica el propio autor. Sin
embargo, el término se transformaría en una manera de referirse a la serie de políticas promovidas e
impuestas desde Washington usando una amplia gama de herramientas y estrategias en los ámbitos
no solo económicos sino políticos, sociales y culturales dentro de los cuales los medios de
comunicación tienen un rol fundamental.
De acuerdo con el Modelo de Propaganda aplicado en el orden internacional los actores “buenos”
y los “malos”, así como las acciones que son reportadas y las formas en que son reportadas por los
medios de comunicación, serían altamente definidas por el establishment o “Consenso de
Washington” y sus intereses, y esto se vería reflejado en la cobertura de los principales medios
privados de países latinoamericanos como Ecuador y Venezuela.
7. Método
Para el análisis, se escoge el diario El Comercio, por ser el principal periódico de la capital
ecuatoriana generador de información y opinión, y se registran las noticias acerca de un mismo tipo
de evento, el de protesta contra el gobierno de Venezuela y protesta contra el gobierno del Ecuador,
en el año 2019.
Para la muestra de las noticias en el caso venezolano se escogieron los meses de enero y febrero
de 2019, época de alta conflictividad en el país. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social (OVCS), dicho año registró un aumento del 24% en las protestas con relación a 2018 y los
meses señalados, fueron los más intensos. Es, claramente, la fecha que coincide con la
autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país.
La mayoría de los fallecidos se produjo entre enero y febrero, período de alta conflictividad entre
Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado
de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos. El informe documentó
16.739 manifestaciones en Venezuela en 2019, con una media de 46 diarias, lo que representó un
aumento de 24% con respecto a 2018. Registró también 373 saqueos o intentos de saqueo. (AFP, 24
de enero de 2020)
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A través de las palabras clave “Protestas + Venezuela” el diario El Comercio arrojó un total de 18
notas de prensa relativas a esta temática específica y al período escogido. Luego de eliminar artículos
de opinión, se analizaron 16 noticias
1
. Los artículos de opinión fueron eliminados toda vez que no se
circunscriben al género informativo y por lo tanto no pueden ser analizados bajo los criterios
establecidos por el artículo 22 de la LOC. Es decir, los artículos de opinión no deben ceñirse a criterios
de verificación, contrastación, precisión y contextualización, necesariamente.
Para el caso ecuatoriano el período escogido es el mes de octubre de 2019, en cuyos primeros 13
días se desarrolló el llamado Paro Nacional. A través de las palabras clave “Protestas + Ecuador” el
diario El Comercio arrojó un total de 237 notas de prensa relativas a esta temática específica. Luego
de eliminar artículos de opinión o notas que no estaban relacionadas con el tema específico del Paro
Nacional, se analizaron 187 noticias
2
. El resultado muestra un número mucho mayor de noticias con
respecto al caso venezolano, lo cual es comprensible toda vez que el Paro Nacional es un
acontecimiento de interés principal para un diario ecuatoriano, lo cual demanda una cobertura mucho
más amplia.
Como se señaló previamente, a partir de la variable “contrastación” prevista en la LOC, se decidió
analizar las fuentes de las noticias como elemento revelador de la pluralidad, o ausencia de ella, en la
información publicada.
Se registraron todas las fuentes encontradas en una noticia, tanto las que son citadas textualmente,
como las que son citadas por sus acciones o posturas frente al tema. Es decir, se escogió un criterio
amplio de selección, reconociendo como fuente todo aquel que aportara a los hechos con sus palabras
o acciones. Únicamente se dejó por fuera a aquellos sujetos de quienes se habla en la nota, sin
atribuírsele directamente ninguna cita o acción. Este criterio sigue lo expresado por Mellado, Cabello
y Torres:
Cabe destacar la radical importancia de distinguir entre sujetos sociales pasivos en los medios, es
decir, de quienes se habla, pero que no tienen voz, y quienes aparecen como fuentes que aportan
información y perspectivas […] Para que alguien sea identificado como fuente son requeridas
sentencias, frases, hechos o citas que le sean atribuidas (Mellado, Cabello y Torres, 2017, pp. 65-66)
Una vez definida la categoría de análisis, se atendieron los siguientes parámetros:
1. Se constató tanto si existe un sesgo hacia la utilización de más fuentes de cierta tendencia
versus la opuesta, y el número de veces que estas fuentes fueron citadas.
2. Si una fuente fue la única citada en una noticia, se registró como “Fuente Única”.
3. Si en la noticia apareció más de una fuente, se contabilizó la cantidad de veces que cada una
de ellas fue citada, para establecer comparación.
4. Si una fuente fue mencionada de diferentes maneras (ejem: diputado opositor, líder, presidente
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó) pero en referencia a la misma persona, se registraron todas
las menciones como una misma fuente.
5. Si la fuente es una figura en contra del establishment, se recogió esta postura, aun cuando en
diversas ocasiones la mención a la referida fuente se haya hecho de una manera negativa hacia ella,
y por lo tanto en favor del establishment. Lo que se recoge es la postura de la fuente con respecto al
establishment, sin entrar a evaluar el manejo que el periodista le esté dando a la fuente. Para ser más
claros, se presenta el siguiente ejemplo: Si el presidente Nicolás Maduro fue referido en diversas
ocasiones de manera peyorativa, aun cuando esta manera de referirse a él pueda ser favorable al
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establishment, lo que se recogió fue la postura de Nicolás Maduro, y no la forma como el medio se
expresó sobre él.
6. Sólo se incluyeron notas específicamente relativas a las manifestaciones.
La recolección de las noticias se realizó en un instrumento en el cual se recogieron los siguientes
ítems:
Fecha
Noticia
Autor
Cargo
de la
fuente
Nombre
de la
fuente
Posicionamiento de la
fuente con respecto al
establishment
N° de
veces que
se cita en
la noticia
Observaciones
Link de
la
noticia
8. Resultados
Venezuela
El período escogido es enero y febrero de 2019, época de alta conflictividad en el país. Con los
resultados obtenidos, pudimos establecer una comparación que nos permitió ver varios elementos en
perspectiva:
1. Cuántas fuentes fueron citadas en las noticias sobre Venezuela y su postura con respecto al
establishment
2. Cuántas veces fue citada cada fuente
3. Caracterización de fuentes más citadas
Si bien estos datos están expresados originalmente tanto en tabla como en gráfico, se expresan a
continuación únicamente en gráficos, con el propósito de presentar la información de la manera más
sucinta posible. La información más amplia, en tablas, puede encontrarse en el trabajo de tesis del
cual se desprende este artículo:
Gráfico 1. Proporción de posturas frente al establishment de las fuentes citadas (Venezuela)
Fuente: El Comercio. Elaboración propia
63,64%
6,06%
21,21%
0,00%
9,09%
Total de fuentes a favor del establishment
Total de fuentes que visibilizan argumentos a favor
Total de fuentes en contra del establishment
Total de fuentes que visibilizan argumentos en contra
Total de fuentes sin postura clara
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Como podemos ver, casi el 70% (específicamente el 69.7%) de las fuentes citadas en la cobertura
de las protestas en Venezuela durante los meses de enero y febrero de 2019 son fuentes a favor del
establishment o que visibilizan un argumento a su favor.
El porcentaje triplica la cantidad de fuentes en contra del establishment. Llama la atención la baja
presencia de fuentes en contra, es decir, aquellas que representarían un equilibrio o la visión opuesta
a las fuentes a favor. La subcategoría “visibiliza argumentos a favor” o “visibiliza argumentos en
contra” obedece a entrevistados que no expresan claramente una postura de rechazo o de apoyo a las
protestas, pero cuyo testimonio contribuye a alguna de las dos líneas. En este sentido, también se
debe destacar el hecho de que exista un 0% de fuentes que, sin poder identificar su postura explícita,
visibilicen argumentos en contra del establishment, lo cual quiere decir que la visión que se opone a
este es recogida apenas a través de figuras claramente opuestas a las protestas, básicamente desde el
gobierno venezolano, y no se considera la postura de personas que, si bien no manifiestan una
posición de rechazo definitivo con relación a las protestas, se hayan visto afectadas negativamente o
sean críticas de estas.
Gráfico 2. Proporción de referencias (citas) a fuentes con respecto al establishment (Venezuela)
Fuente: El Comercio. Elaboración propia
Si profundizamos un poco más y contabilizamos no solo la proporción de fuentes a favor y en
contra, sino la proporción de citas, el desequilibrio se agudiza aún más y notamos que más del 72%
de las citas son marcadamente a favor o visibilizan argumentos a favor del establishment. Un 25.4%
lo representa las citas en contra del establishment y un 1.66% las que no permiten identificar una
postura clara, porque obedecen a información de carácter general, que no facilita identificar su
postura. Asimismo, y en coherencia con el caso anterior, al no haber fuentes que visibilicen
argumentos en contra del establishment, tampoco hay citas a las mismas.
Con relación a la caracterización de las fuentes más citadas, llama la atención que la subcategoría
más utilizada sean fuentes SIN NOMBRE y a favor del establishment, entre las cuales encontramos
figuras comunes en el periodismo como “Francia” en referencia al gobierno francés o “La policía” en
referencia a la institución policial venezolana; pero también se incluyen otras mucho menos claras
como “personas”, “un joven de 29 años”, “grupos de venezolanos” o “multitud” que camuflan un
70,17%
2,76%
25,41%
0,00%
1,66%
Total de referencias a fuentes a favor del establishment
Total de referencias a fuentes que visibilizan argumentos a favor
Total de referencias a fuentes en contra del establishment
Total de referencias a fuentes que visibilizan argumentos en contra
Total de referencias a fuentes sin postura clara
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sentido de representatividad a través de la imprecisión de los términos. Si bien se trata de fuentes sin
nombre, su posicionamiento a favor o en contra del establishment se identifica de acuerdo con lo
dicho por esa fuente, citada por el medio. Este elemento refuerza lo señalado por Chomsky con
relación a que, una vez que la información es favorable al establishment, se hacen menos necesarias
las confirmaciones o precisiones.
Por citar un ejemplo, veamos esta redacción de El Comercio:
La enorme masa se plantó en la mitad del puente internacional, principal paso fronterizo entre
ambos países, exigiendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que bloquea el paso,
permitir el ingreso de la ayuda [humanitaria] (Agencias AFP y EFE, 23 de febrero de 2019)
Si bien se plantea una postura clara, la fuente citada es una “enorme masa”, sin referencia a un
vocero en particular. Sin embargo, en ese caso la postura de dicha fuente queda claramente explicitada
y permite registrarla como fuente SIN NOMRE y a favor del establishment.
Sin embargo, muy de cerca se encuentran fuentes institucionales, favorables al poder hegemónico,
que en este caso es la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), para entonces presidida por Juan
Guaidó, del partido opositor Voluntad Popular. Este elemento coincide por lo señalado por el Modelo
de Propaganda en el sentido de que siempre la burocracia, si es favorable al Consenso de Washington,
estará entre las principales fuentes de un medio privado. En el caso de Venezuela, dado que la mayoría
de las instituciones no son favorables a Washington, a excepción de la AN, las fuentes no
institucionales se vuelven más relevantes como ya hemos visto, pero siempre acompañadas de la
burocracia alineada a los intereses hegemónicos.
Es significativo que trece de las veinte fuentes más citadas (65%) son a favor del establishment o
visibilizan un argumento a su favor, mientras que solo cinco de estas fuentes, menos de un tercio,
están en contra o visibilizan un argumento en contra. Otro dato importante es que, en dos ocasiones,
las noticias sobre Venezuela tuvieron una única fuente. En ambos casos, las fuentes únicas de estas
noticias son a favor del establishment. Es decir, solo se recogieron versiones o información de una
fuente y no se incluye ninguna visión opuesta.
Las diferencias entre la cantidad de citas a fuentes a favor del establishment y en contra en este
caso también son muy reveladoras de una ausencia de equilibrio, puesto que las fuentes favorables
son citadas un total de 122 veces mientras que las fuentes en contra son citadas en 44 oportunidades,
es decir, la cantidad de citas alineadas con el discurso del Consenso de Washington superan por más
del doble, casi triplican, las fuentes disidentes a dicho Consenso.
Ecuador
Como sabemos, para el caso ecuatoriano el período escogido es el mes de octubre de 2019, en
cuyos primeros 13 días se desarrolló el llamado Paro Nacional. Para este caso, igual que en el
venezolano, se estableció una comparación entre las fuentes para determinar:
1. Cuántas fuentes fueron citadas en las noticias sobre Ecuador y su postura con respecto al
establishment
2. Cuántas veces fue citada cada fuente
3. Caracterización de fuentes más citadas
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Gráfico 3. Proporción de posturas frente al establishment de las fuentes citadas (Ecuador)
Fuente: El Comercio. Elaboración propia
En este caso, encontramos igualmente una proporción mayor de fuentes que están a favor del
establishment, bien sea porque manifiestan abiertamente su apoyo a las medidas anunciadas por el
gobierno de Lenin Moreno; manifiestan su rechazo a las protestas en contra del gobierno, o expresan
argumentos que contribuyen a esta línea. En total, alcanzan un 61.19% de las fuentes citadas. Es
importante notar que en este caso no es tan alto el número de fuentes que están abiertamente
identificadas con el establishment, sino que existe una combinación entre estas y las fuentes que
visibilizan argumentos a favor. Por ejemplo, una madre que manifieste preocupación por la pérdida
de clases de sus hijos durante el Paro Nacional o una persona que exprese su disgusto por el daño al
patrimonio en el centro histórico de Quito.
Para Ecuador notamos incluso una menor representación de fuentes en contra del establishment,
con un 18.3% que apoya las protestas o manifiesta argumentos que contribuyen en esta línea. Sin
embargo, encontramos que existe una mayor proporción de fuentes que no tienen una postura clara y
que por lo tanto aportan información general que es utilizada para contextualizar el tema. Por ejemplo,
fuentes que hacen referencia a leyes o normas, voceros que proponen el diálogo entre ambas partes o
personas que relatan estrictamente algún dato contextual.
A continuación, se presenta la proporción de citas de estas fuentes con respecto al establishment.
37,85%
23,34%
17,67%
0,63%
20,50%
Total de fuentes a favor del establishment
Total de fuentes que visibilizan argumentos a favor
Total de fuentes en contra del establishment
Total de fuentes que visibilizan argumentos en contra
Total de fuentes sin postura clara
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Gráfico 4. Proporción de referencias (citas) a fuentes de distintas posturas con respecto al establishment (Ecuador)
Fuente: El Comercio. Elaboración propia
Encontramos en las citas a las fuentes utilizadas para el caso ecuatoriano una relación
similar con lo anterior, pero en este caso la tendencia es levemente más hacia el equilibrio. Es
decir, las citas a favor del establishment o que visibilizan argumentos en esta línea alcanzan
un 56.53%, casi el doble que las citas en contra, o con argumentos en este sentido, las cuales
alcanzan un 29.99%. Las citas sin postura clara, es decir, aquellas que brindan información de
contexto o que no contribuyen abiertamente con ninguna de las dos posturas, ocupan un
13.47% que se diferencia ampliamente del caso venezolano, en el cual este tipo de citas sólo
llega a un 1.66%.
En la caracterización de fuentes para el caso de Ecuador, el primer lugar lo tienen las
fuentes “INSTITUCIONALES” y cuya postura es a favor del establishment. Es decir, las
fuentes a favor del establishment siguen siendo las más citadas, pero, como en el caso
ecuatoriano esta postura corresponde al gobierno del Ecuador y no a los manifestantes, la de
mayor cobertura pasa a ser la fuente gubernamental. En consonancia con el hecho de que para
el caso ecuatoriano existe un leve mayor equilibrio entre fuentes a favor y en contra (aunque
la posición del establishment está casi el doblemente representada), la segunda categoría más
citada son las fuentes en contra, pero, en este caso, son fuentes “SIN NOMBRE”, que no están
amparadas por alguna formalidad y que, al estar en la posición opuesta al poder (y a favor de
las marchas) pasan a ser fuentes de menor autoridad, de menor peso y percibidas como una
masa.
Al comparar cantidades, encontramos que once de las veinte fuentes más referenciadas
están a favor del establishment o visibilizan un argumento a su favor; mientras solo siete de
las veinte está en contra o visibiliza un argumento en contra del establishment.
Con relación a las noticias con fuente única, encontramos 28 casos. De ellos, un total de
19 son fuentes a favor del establishment. Es decir, notas donde la única versión recogida es
de fuentes a favor de este.
A continuación, observaremos el significado de estos resultados para el Modelo de
Propaganda y el Derecho a la comunicación.
43,85%
12,68%
27,24%
2,75%
13,47%
Total de referencias a fuentes a favor del establishment
Total de referencias a fuentes que visibilizan argumentos a favor
Total de referencias a fuentes en contra del establishment
Total de referencias a fuentes que visibilizan argumentos en contra
Total de referencias a fuentes sin postura clara
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9. Conclusiones y discusión
Los resultados de esta investigación nos permiten conocer que en la cobertura sobre las protestas
de 2019 en Venezuela el 69.7% de las fuentes citadas son favorables al establishment, un porcentaje
que triplica la cantidad de fuentes en contra, que alcanza el 21.2%. Unido a esto, al contabilizar ya
no las fuentes sino las citas, el 72.9% son a favor del establishment y 25.4% son en contra.
Al ver el tipo o clase de fuente encontrada, las más citadas son fuentes SIN NOMBRE y también
favorables a este sector, seguida por fuentes institucionales de la Asamblea Nacional que dirige la
oposición, y luego por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Es decir, los primeros tres
lugares de las fuentes más citadas lo ocupan voces opuestas al gobierno de Venezuela y en línea con
el discurso del Consenso de Washington.
De las 20 fuentes más citadas, 13 son a favor y 5 en contra. Las otras dos representan fuentes cuya
postura no está clara. Con respecto al total de citas a las fuentes más citadas, la cantidad de citas
alineadas con el discurso del Consenso de Washington superan por más del triple las fuentes
disidentes a dicho Consenso, con una diferencia de 122 a 44.
La proporción en el caso ecuatoriano mantiene la misma línea de comportamiento, con cifras
similares a las de Venezuela en cuanto a fuentes a favor y en contra del Consenso de Washington,
pero con mayor atención a fuentes que no tienen postura clara y cuyos testimonios brindan contexto.
En Ecuador, 61.1% de las fuentes citadas son a favor del establishment y 18.3% en contra. Es decir,
existe la misma tendencia en la cual las fuentes favorables triplican a las fuentes en contra, e incluso
estas últimas tienen una representación menor que en el caso de Venezuela. Sin embargo, cuando
vemos la proporción ya no de fuentes, sino de citas, encontramos una cierta mejoría, con un 56.5%
de citas a favor o que visibilizan argumentos favorables a Washington y un 29.9% de citas en contra,
lo cual quiere decir que en este punto al menos el sector a favor no triplica, sino que duplica al sector
en contra del establishment.
La diferencia más fuerte entre el caso ecuatoriano y el venezolano la encontramos en las citas sin
postura clara, es decir, aquellas que brindan información de contexto o que no contribuyen
abiertamente con ninguna de las dos posturas; que en el caso de Ecuador ocupan un 13.4%
diferenciándose ampliamente de Venezuela, en cuya cobertura este tipo de citas sólo llega a un 1.66%.
Al ver la clase de fuentes, encontramos que para Ecuador la fuente más citada es la fuente
INSTITUCIONAL. Como se señaló previamente, dado que la postura más favorable al establishment
en este caso se encuentra en el gobierno ecuatoriano, se convierte entonces en la fuente más citada.
En el orden jerárquico encontramos mayor equilibrio que en el caso venezolano y esta fuente es
seguida por la fuente SIN NOMBRE en contra de Washington, como segunda más citada. Sin
embargo, el hecho de que sea una fuente SIN NOMBRE es muy revelador acerca de la calidad de la
indagación periodística, que ha recogido la postura en contra del poder a través de manifestantes en
masa, más que de voceros reconocidos que le podrían dar mayor legitimidad a sus argumentos.
En el caso ecuatoriano, al igual que en el venezolano, sigue habiendo una mayor representatividad
de fuentes a favor, con 11 de las 20 más citadas, mientras que las fuentes en contra suman un total de
7 dentro de estas 20. Por su parte, la cantidad de citas alineadas a Washington de estas fuentes alcanza
321, mientras que la cantidad de citas en contra es inferior, con 234.
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En definitiva, se puede afirmar que ambas coberturas dan mayor privilegio a las fuentes pro-
establishment y a su narrativa. En el caso venezolano con una desproporción mayor considerando el
nivel de antagonismo que la posición del gobierno venezolano representa para Washington, mientras
que, para el caso ecuatoriano, se tiende un poco menos a la desproporción en la cobertura a las fuentes
favorables a Washington, puesto que se recurre a otros sectores para dar un cierto mayor equilibrio a
las notas periodísticas, aunque la posición favorable sigue siendo la más difundida. Sin embargo, la
representación del sector abiertamente crítico no cambia mucho en cuanto a su presencia en las
noticias tanto de Ecuador como de Venezuela.
A partir del análisis previamente presentado, se debe señalar que el diario El Comercio, principal
diario de la capital ecuatoriana, tiene un sesgo significativo a favor de las posturas pro-establishment,
sea cual sea el carácter del gobierno nacional. Bien sea en Venezuela, donde la postura a favor de este
se encuentra en la oposición y en los manifestantes, o en Ecuador, donde la postura a favor se
encuentra en el Gobierno.
Del mismo modo, la revisión de los resultados permite dilucidar que mientras más se aleje una
información o una fuente de los intereses del Consenso de Washington, menos representada estará en
la prensa privada. Esto lo podemos evidenciar en la cobertura de los dos hechos analizados.
Al ver la distribución de fuentes en estos controversiales temas del acontecer político, el filtro
número 3 del Modelo de Propaganda queda confirmado en el sentido de que entre las fuentes más
consultadas o difundidas están siempre aquellas que concuerdan con la ideología o los intereses de
los grupos privilegiados que dominan el Estado y la sociedad del país en el orden económico, social
y político, representados en el Consenso de Washington.
Por lo tanto, al encontrar en ambas coberturas una alineación con dicho Consenso y una desviación
de los principios de la información de calidad previstos en el artículo 22 de la LOC, el diario El
Comercio se aleja de la garantía al Derecho a la comunicación, lo cual refleja la necesidad de que
existan otros modelos de comunicación, entre los cuales están especialmente los medios
comunitarios. También es oportuno analizar otras formas de propiedad mediática, como los medios
de servicio público que tienen el mejor desempeño en cuanto a lograr que la población esté informada
sobre los temas del acontecer nacional y mundial, tal como lo han demostrado Curran, Iyengar, Lund
& Salovaara-Moring (como se citó en Restrepo, 2013) lo cual permite ejercer mejor su rol en los
sistemas democráticos. Básicamente, el Derecho a la comunicación y su aplicación en el derecho a
recibir información de calidad previsto en la LOC, está estrechamente vinculado con la existencia de
medios de comunicación de distinta clase, que disputen el espacio comunicacional a los privados, tan
claramente alineados con los intereses de la clase dominante.
La reforma de la LOC en el año 2019 hacia la reducción de las posibilidades de participación de
los medios que no son privados con fines de lucro constituye una disminución de las posibilidades de
garantía del Derecho a la comunicación, que permita la participación en igualdad de condiciones de
voces discordantes o disidentes. En ese sentido, la distribución del espacio radioeléctrico entre
distintos tipos de propiedad contribuiría a que la democracia se vea fortalecida, pues se permitiría una
mayor participación de estas voces en el debate público nacional.
Las personas no organizadas en instituciones y que son disidentes del Consenso de Washington
son las que menos se ven representadas o su voz es la menos escuchada en la prensa y son las que en
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definitiva demandan por un Derecho a la comunicación garantizado, pues no ven satisfechas sus
necesidades comunicacionales con la narrativa que difunden los medios de comunicación privados,
aun cuando, en buena medida, son quienes reciben los efectos principales de las decisiones que toma
el poder.
A la luz de estos hallazgos, también es necesario pensar que el Derecho a la comunicación plantea
la creación de un sujeto que no puede ser individual, sino colectivo. No puede pensarse en tener
capacidad de incidir en la agenda mediática -y en tener acceso equitativo a los medios- desde una
postura individual. Está claro que no le es posible a cada individuo, por separado, alcanzar una
participación en los medios que resulte en un diálogo, ni cada individuo puede plantearse la propiedad
directa sobre un medio. Todas estas son condiciones que requieren de seres humanos organizados en
causas comunes para acceder a espacios antes reservados solamente a grandes poderes económicos,
como son los medios de comunicación. Es decir, a diferencia de la libertad de expresión cuya
satisfacción se plantea en el plano individual, el Derecho a la comunicación implica otro nivel de
participación que solo puede satisfacerse en el plano colectivo.
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Contribución de la Autora
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Contribución
Ana Graciela Castañeda S.
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artículo. Investigación bibliográfica, diseño
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