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Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito de Derecho
e-ISSN 2737-6125
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanullius
Vol. 2 Nº. 2 (146-151): Julio - Diciembre 2021
nullius@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v2i2.4118
El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley
Mylai Burgos Matamoros
Academia de Derecho, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
mylai.burgos.matamoros@elcandelero.es
ORCID: 0000-0002-4729-9009
Recepción: 22 de mayo de 2021 / Aceptación: 15 de junio de 2021 / Publicación: 02 de julio de 2021
RESEÑA DE LIBRO
El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley es el trabajo más reciente de la colega Arantxa
Tirado Sánchez sobre las guerras jurídicas, llevadas a cabo en el marco de las guerras híbridas,
dentro de sus mecanismos no convencionales.
El libro es un texto contundente. Por su rigor analítico y brindarnos al detalle los elementos
genealógicos de construcción de estos procesos geopolíticos sin pensar en manuales ni fórmulas
acabadas. A la vez, abarcador, porque nos lleva de la mano ejemplificando desde la realidad
política cómo el derecho ha sido un medio fundamental de guerra no convencional contra líderes
políticos de gobiernos progresistas y de izquierdas en América Latina, fenómeno más conocido
con el término de LAWFARE.
El objetivo principal de la investigación pretende demostrar al “lawfare como un arma al servicio
de la reconfiguración de la correlación de fuerzas en este sistema internacional de posguerra fría,
en el que Estados Unidos ve su hegemonía declinar” (Tirado; 2021:26). No es un texto técnico
jurídico, es un profundo análisis político, en el marco de las relaciones internacionales con
transversalidad en la geopolítica.
El estudio pretende ubicar dicho fenómeno dentro del marco de las actuaciones bélicas de Estados
Unidos, que, mediante guerras híbridas, con su especificidad de guerra psicológica, articula el
lawfare como una estrategia de contrainsurgencia, con el objetivo de aniquilar los enemigos
políticos y recuperar el poder político, ideológico y económico perdido en nuestros países
latinoamericanos. En este sentido, para el objeto de estudio, la autora contextualiza el marco bélico,
teórico y práctico en el que se están desarrollando estas guerras jurídicas.
Para estos fines brinda un recorrido analítico de cuándo, cómo y por qué surge el lawfare, cómo
opera, de qué mecanismos se sirve y qué impactos tiene en las sociedades y en el sistema
internacional actual, pensado desde un marco global de luchas de clases, donde América Latina es
el centro del enfrentamiento geopolítico respecto a Estados Unidos.
Hay una pregunta latente que se ubica en todo el texto, ¿por qué líderes de América Latina han
sido objeto de lawfare en los últimos años? La respuesta es concluyente.
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El lawfare ha sido aplicado sobre estos líderes por ser los adalides de gobiernos progresistas y de
izquierda de diferentes signos que emergieron desde los inicios del siglo XXI. Desde estos
proyectos políticos institucionalizados se concertaron políticas claras: antineoliberales,
soberanistas, algunas de corte antimperialistas y, coaliciones estratégicas internas y regionales en
lo político, económico y social basado en premisas de solidaridad y no de dominio. Fueron
palancas de freno al neoliberalismo y detuvo sus políticas, entre ellas, la apropiación de territorios
junto al despojo de recursos naturales y estratégicos, fundamentales para los dominios económicos
y tecnológicos de las élites dominantes del capital (sobre todo estadounidenses junto a otras del
norte global). Además, estos gobiernos se acercaron a otros espacios de poder del sistema mundo
capitalista, como China y Rusia, que disputan poderes con el vecino norteño en materia económica,
tecnológica, financiera y militar a nivel global.
El proceso de transformaciones en nuestros países latinoamericanos propició el cambio de la
correlación de fuerzas continentales, lo cual constituyó un muy “mal ejemplo” para la región y el
mundo, lo que habría de frenarse a toda costa (Tirado; 2021:120). He ahí donde la autora nos
muestra que, bajo esta lógica, países como Brasil, Argentina, Ecuador son sometidos a procesos
de lawfare contra sus dirigentes políticos progresistas. A la vez, otros países, como Venezuela,
Bolivia, Honduras y Paraguay han sido objeto de diferentes agresiones, desde golpes de estados a
guerras híbridas de manera permanente, donde los ámbitos políticos jurídicos han jugado un papel
sustancial. La investigación sobre lo ocurrido en estos países, sus casos más relevantes, resultados,
articulaciones y consecuencias, se muestran en la segunda parte del estudio en cuestión.
El libro que Arantxa Tirado nos ofrece, con una escritura fluida, que te atrapa por el tejido que
hilvana sobre estos fenómenos políticos jurídicos. Al mismo tiempo, tiene elementos teóricos,
reconstruidos en su decurso histórico, interrelacionados con acontecimientos, leyes, programas de
diversa índole y sucesos como invasiones militares.
Nos relata en la primera parte los orígenes del lawfare, desde su etimología, hasta cómo se fueron
construyendo disímiles conceptos, entre apropiaciones, resignificaciones, simplificaciones,
aportando una construcción genealógica del mismo.
Partiendo de su génesis en el ámbito militar estadounidense, comenta como los propios analistas
de este país han ido aclarando el término desde objetivos pragmáticos, al definir que el lawfare es
una estrategia que usa o mal usa la ley como sustituta de medios militares tradicionales para lograr
un objetivo operacional, la cual debería ser incorporada al sistema de defensa de los EEUU. Al ser
usada la ley para detener liderazgos enemigos, reduce efectos negativos de lo que se denomina la
guerra abierta, y junto a otras estrategias dentro de la guerra híbrida, como pueden ser las sanciones
económicas internacionales, se disminuyen las capacidades militares del adversario. Conciben así
que las guerras jurídicas no deben ser usadas por terroristas contra EEUU, ya sea mediante su
propio sistema jurisdiccional o las instancias internacionales por violaciones de derechos humanos,
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aunque si admiten que podrían ser utilizadas para hacer denuncias como los sucesos de las cárceles
de Abu Ghraib, pues esto afecta la imagen del país ante labores militares futuras (Tirado; 2021:48).
La autora reconoce que existen otras formas de definir el fenómeno del lawfare, incluso
enmarcados en procesos que tienen objetivos muy diferentes a los analizados en su escrito. Afirma
así la existencia de un lawfare que se le podría denominar insurgente, que sería lo que
denominamos en el pensamiento jurídico crítico, un activismo judicial (ético-político) que
pretende mediante decisiones judiciales disminuir las asimetrías sociales y económicas de poderes
dominantes respecto a grupos vulnerables. Esto también se ha denominado uso alternativo del
derecho.
También apunta la existencia de un lawfare económico, que sería el uso de leyes comerciales y de
inversión por actores económicos para defenderse contra un rival en este ámbito; o el corporativo
donde las grandes empresas usan la legislación local o internacional para evitar procesos judiciales
que les imputen responsabilidad administrativa o penal como pueden ser en casos ambientales, por
ejemplo.
La crítica a estas definiciones es que estos procesos no recogen intenciones políticas y bélicas, con
el objetivo claro de aniquilar al enemigo. Lo que ocurre en ellos es el uso y abuso del derecho y
los tribunales para solventar conflictos que pudieran ser resueltos por otras vías. Es un litigio entre
partes, donde puede haber propósitos legítimos (uso alternativo del derecho) o ilegítimos, todos
destituyentes, deslegitimadores del orden existente, con intención de darles diferentes sentidos a
la legalidad.
Lo relevante para la colega internacionalista y latinoamericanista es la dimensión geopolítica de
las guerras jurídicas, como ellas son en sí, parte de una estrategia bélica multifactorial y de amplio
espectro para el aniquilamiento del enemigo en aras de la reconfiguración política-económica. Es
una herramienta legal para la guerra, una estrategia militar innovadora, incluso para la contención
internacional (Tirado; 2021:51). Las batallas legales sustituyen métodos de guerra convencional,
son más efectivas, menos costosas. Tienen la apariencia de legitimidad porque usan causas legales,
podría decirse que hasta nobles, como la lucha contra la corrupción, pero con fines de dominación,
en este caso de los poderes fácticos del capitalismo mundial.
El uso de estas estrategias legales tiene consecuencias muy favorables para quien las ejerce al
aniquilar a su enemigo del campo político. Pero también en el simbólico, por la denostación
mediática, la construcción de narrativas que se realizan del caso y sus protagonistas mediante los
medios de comunicación y su propagación por las redes sociales. Esto implica consecuencias de
mayor trascendencia, porque incide no sólo en el momento electoral en cuestión, sino en el
liderazgo a futuro, en el proyecto político, sea gubernamental o de algún movimiento social que lo
sostiene.
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En el texto se refleja que el lawfare como operación militar tienes tres dimensiones; la geográfica,
que implica ubicar qué tipo de tribunales y cuáles jueces se van a usar para ganar el caso; la
armamentística, que implica la elección del arma, qué tipo de recursos jurídicos deben usarse, sean
procesales, normativos, instancias, etc.; y por último, las externalidades, que es el entorno dónde
se despliega la operación, en este caso sería el uso de los medios de comunicación, las redes
sociales, que construyen narrativas y consensos propiciando un clima de presunción de
culpabilidad del enemigo y legitima toda la persecución política.
Citando a Silvina Romano (Tirado; 2021:51), autora de origen argentino que también ha realizado
análisis sobre estos fenómenos, refiere que las batallas legales operan teniendo en cuenta el timing
político, la reorganización previa del aparato judicial, el doble rasero de la ley y el papel de unos
medios de comunicación masivos dominados por élites que legitiman las operaciones.
Hay que destacar que el derecho en el neoliberalismo se va modificando y reconstruyendo en aras
de proveer marcos jurídicos e institucionales (jurisdiccionales) mediante los cuales se puedan
realizar este tipo de procesos judiciales. En el período neoliberal se han realizado reformas a los
sistemas de justicia penal, se han aprobado normas jurídicas que declaran estados de excepción
permanentes en contradicción con los derechos humanos, se regulan instituciones que vulneran el
principio del debido proceso, entre muchas otras. Todas, bajo el manto de las lógicas sustentadas
en la seguridad nacional.
He aquí un punto muy importante en el libro, que hace visible el engarce entre las instituciones
jurisdiccionales, las normas jurídicas, el ámbito educativo del derecho y su articulación con la
política, el cual ha hecho posible que tengan éxito las guerras jurídicas en nuestros países
latinoamericanos. A este fenómeno la autora le denomina de manera certera el Imperialismo
Judicial.
Es un hecho que para articular el lawfare necesitas allanar caminos previos (sistemas judiciales,
por ej.) e ir armando otros en paralelo (medios de comunicación por ej.) En el marco geopolítico
de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, se abre un campo de investigación muy
interesante sobre las relaciones entre los sistemas institucionales del derecho del vecino del norte
para con nuestros países en los períodos neoliberales.
El libro nos ofrece una guía, ofreciéndonos la llave de una puerta para develar operaciones
laberínticas. Apoyados en programas de promoción de la democracia, derechos humanos, combate
contra la corrupción, luchas contra grupos criminales, todo, supuestamente a favor de la seguridad,
se establecen acuerdos de cooperación intergubernamentales, interinstitucionales (poderes
judiciales, escuelas de derecho, organizaciones de la sociedad civil). Desde ahí se generan procesos
de asistencia, cooperación, cursos formativos o especializados que van de la mano de las reformas
neoliberales. Las disciplinas penales y electorales llevan la vanguardia. Se puede rastrear con
evidencias las reformas del sistema de justicia penal, cambios en su estructura y funcionamiento,
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en los tipos de procesos (inquisitorio a oral), regulación de nuevos delitos, normativas que
violentan el debido proceso justificando que son casos vinculados a procesos graves como es la
corrupción y las asociaciones delictivas (grupos), todo, fomentado y asesorado desde su génesis
hasta su implementación, por las instituciones de Estados Unidos.
Todo lo anterior se realiza bajo el manto de una tríada: la corrupción estatal, los grupos de
criminalidad y la inseguridad, que en la práctica propician “graves problemas de seguridad”,
incluso acciones terroristas que afectan los intereses estadounidenses, sean en su territorio o en los
nuestros. El libreto está establecido, se ha ido practicando, con paciencia y dentro de una madeja
compleja de entidades y procesos visibles o no.
Ya preparados los sistemas jurídicos (normativas, instituciones y procedimientos), pueden usarse
a modo. Para esto se escogen jueces formados especializadamente en estos programas. Con
personalidades egocéntricas como la del juez Moro brasileño, con evidente parcialidad, que van
manejando información y pruebas durante el proceso judicial, manipulan, construyen falsedades,
armando así juicios exitosos que tienen el objetivo de aniquilar el enemigo, sacarlo de la contienda
electoral, pero también de asesinar su reputación, estigmatizando su persona, su familia, y todo lo
que representa políticamente, es decir, el proyecto político que es el verdadero objeto en disputa
para su extinción.
El libro en cuestión nos sirve la mesa en estos puntos, justo para que a los juristas que nos interesa
la investigación política jurídica sostengamos los hilos, reconstruyamos procesos, armemos
mapas, y demos visibilidad de cómo funcionan nuestras instituciones del derecho, y sus
consecuencias para la vida de nuestros pueblos, de sus proyectos políticos, votados y decididos
por ellos mismos.
Otro camino que nos abre la investigación es el arte de la manipulación vinculada a los procesos
jurídicos.
Esta ocurre mediante la selectividad de los casos, con temáticas muy sensibles socialmente que
generan rechazo social y, por ende, propician cierta inmovilidad para luchar contra lo que está
sucediendo. Para esto han usado la temática de la corrupción estatal. Fenómeno que genera mucha
repercusión en nuestros países por la abismal desigualdad en la que se vive, incluso en la que
apenas se sobrevive. La autora, con mucho tino, nos expone argumentos que nos convidan a la
reflexión: el fenómeno de la corrupción es estructural al funcionamiento del sistema capitalista,
por tanto, su análisis lleva más que la existencia de un caso jurídico. Nunca se juzga a la otra parte,
al actor privado que brinda la “mordida”, que propicia el cohecho, que se articula para la
apropiación de los recursos públicos. Desde ahí se exponen los ámbitos estatal y público como
intrínsecamente corruptos e ineficientes, dejando al privado como impoluto, eficiente, generador
de empleo y no de burocracia. Todo ello, cuando sabemos que justo las políticas neoliberales
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potenciaron el despojo de todo lo público por el sector privado, siendo la corrupción el eje de sus
actuaciones.
A esto se le suma el uso de los medios de comunicación y su expansión inconmensurable mediante
las múltiples redes sociales, antes y durante el proceso judicial que van montando el espectáculo
de la justicia. Es realmente una batalla campal la que se vive entre la (des) información y
manipulación de los medios de comunicación apropiados por las élites interesadas en hacer caer
los proyectos políticos progresistas porque fueron afectadas por ellos, y las redes sociales donde
pululan la falsedad, la banalización y la fragmentación.
Los procesos de lawfare como guerras jurídicas tienen un dispositivo consustancial que funciona
previa y paralelamente: el uso interesado de la información. La dosifican para que surta mayores
efectos en momentos determinados del proceso, rolan noticias falsas sin sustento, pero creíbles
dentro del ambiente procesal, generan climas de linchamientos mediáticos que juzgan antes de que
haya avanzado mínimamente el proceso judicial en sí. Intentan así convencer a las poblaciones de
que es correcto el enjuiciamiento, apelan a emociones personales y colectivas que nos convierten
a los pueblos, en vez de luchadores por la justicia, por los derechos, por lo público, en espectadores
y consumidores de un reality show de la justicia.
Todo esto trae el libro que les hemos presentado, los invitamos a todos y todas a leerlo, estudiarlo,
pensarlo. Es una exposición clara y certera que se traslada de la teoría a la realidad, pasando por
la historicidad de los procesos políticos que hemos estado viviendo en América Latina en los
últimos años, haciendo la vinculación geopolítica con Estados Unidos, como espada de Damocles
insostenible en nuestra existencia política y económica.
El texto es un faro que nos va alumbrando para pensar otros espacios políticos de nuestra América
donde se pueden prever comportamientos similares actuales y futuros. Es un llamado de atención
a no perder de vista la totalidad social, la historicidad que hemos tenido y en la que estamos
conviviendo. Es una alerta a la confusión intencional o no, de los que pregonan que el lawfare es
una teoría conspiracionista y creen fehacientemente en la neutralidad, la apoliticidad del derecho
y sus instituciones judiciales.
A la autora, Arantxa Tirado Sánchez, la felicito, por su trabajo intelectual crítico y comprometido
con la verdad, por su militancia a favor de los desposeídos y contra los poderes capitalistas que
nos oprimen desde una perspectiva marxista, con especial énfasis antimperialista. También, porque
el aporte no se queda en la crítica negativa, pues nos ofrece herramientas para este devenir
liberador que no es definitivo, pero si continuo y contradictorio, para comprender y transformar el
mundo, y específicamente el de nuestros pueblos de América.
