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Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito de Derecho
e-ISSN 2737-6125
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Vol. 2 Nº. 2 (137-145): Julio - Diciembre 2021
nullius@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v2i2.4119
Entrevista con Alejandra Gils Carbó: “Al lawfare lo
llamaría violencia privada estatalizada”
Interview with Alejandra Gils Carbó: "I would call lawfare
private violence statused"
Marcelo Andrés Maisonnave
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
marceloamaisonnave@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7053-7108
Constanza Marianela Estepa
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
constanzaestepa@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5296-5969
Recepción: 15 de abril de 2021 / Aceptación: 01 de julio de 2021 / Publicación: 02 de agosto de 2021
Resumen
El trabajo presenta una entrevista realizada a Alejandra Gils Carbó, quien fuera la primera mujer
Procuradora General de la Nación (2012 - 2017), explica que el lawfare en realidad es violencia
privada estatalizada, motorizada en los últimos años como alternativa a los golpes de Estado en
los casos donde ya no es posible socialmente realizarlos. Estos fenómenos son impulsados por
sectores del poder que resisten las transformaciones sociales democráticas, ante lo cual, Gils Carbó
propone una serie de reformas focalizadas en el Poder Judicial, en tanto considera que no hay
consenso para una reforma judicial ‘revolucionaria’.
Palabras clave: Lawfare, violencia privada estatalizada, Procuradora General de la Nación, Poder
Judicial.
Abstract
The work presents an interview with Alejandra Gils Carbó, the first woman Attorney General of
the Nation (2012 - 2017), explains that lawfare is actually private stateized violence, motorized in
recent years as an alternative to coups d'état in cases where it is no longer socially possible to carry
them out. These phenomena are driven by sectors of power that resist democratic social
transformations, before which, Gils Carbó proposes a series of reforms focused on the Judicial
Power, considering that there is no consensus for a ‘revolutionary’ judicial reform.
Keywords: Lawfare, state-owned private violence, Attorney General of the Nation, Judicial
Authority.
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1. Introducción
El presente artículo contempla la entrevista realizada a Alejandra Gils Carbó, quien fuera
Procuradora General de la Nación Argentina entre el 29 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre
de 2017. Gils Carbó es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una
maestría en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Antes de ser postulada como Procuradora por la entonces presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, Gils Carbó trabajó en distintas funciones dentro del ámbito judicial, exhibiendo un largo
y rico recorrido en juzgados de primera y segunda instancia, en el Ministerio Público y como Fiscal
General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Además,
es docente de grado y posgrado, conferencista internacional, siendo una jurista de reconocida
trayectoria.
A lo largo de la entrevista, se abordan tres grandes ejes: la crisis del Poder Judicial en
América Latina; las problemáticas de género en los sistemas judiciales; y las reformas judiciales
en Argentina. Gils Carbó argumenta además su visión sobre el lawfare, tema principal que
atraviesa todo el Dossier Especial.
2. La crisis del Poder Judicial
Maisonnave: En lo que estamos planteando, que tiene como tema la crisis del Poder
Judicial, la pregunta es: ¿compartís que hay una crisis del Poder Judicial? ¿Qué pensás del lawfare
en América Latina?
Alejandra Gils Carbó: Sí, hay una crisis del Poder Judicial porque ha habido una
transformación en los últimos tiempos, que es la utilización de las herramientas del Poder Judicial
para fines que no eran los que se venían desarrollando. Cuando en la Argentina se quiso atacar a
la democracia se utilizaron los golpes de Estado como en muchos países de América Latina y
entonces las milicias procedían a detener, a desaparecer, a torturar, incluso en el caso de Argentina
involucró el robo de cientos de bebés. Esos hechos fueron teniendo el objetivo, además, de instalar
un plan económico neoliberal que por los años ‘70 y ‘80, a partir de los gobiernos de Reagan y
Thatcher se quiso imponer con un paradigma global, cuando las élites de Latinoamérica se aliaron
con esos intereses, impulsaron estos golpes de Estado en la región que dejaron sus secuelas.
Es así como luego de años de lucha por establecer un proceso de Memoria, Verdad y
Justicia que en Argentina llevaron adelante, como protagonistas, las Abuelas y Madres de Plaza
de Mayo. En la Argentina fueron juzgados, hoy hay mil personas condenadas y otros cientos que
siguen procesados y algunos con juicio en trámite; no sólo se condenaron a los responsables
políticos, sino también a los autores materiales, a los beneficiarios económicos. Ya no se podía de
nuevo volver a utilizar esta herramienta, ya se había transparentado esta acción coordinada, que
incluso hubo en la región a través del Plan Cóndor. Esto además motivó que todo ese movimiento
por los Derechos Humanos (DDHH) que se genera en la Europa de la posguerra se traslade a
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nuestros países a través de las nuevas constituciones de los ‘90, a través de los instrumentos de los
DDHH, las convenciones de DDHH.
Ese movimiento posteriormente pudo construir un gran consenso social, por eso en la
Argentina no ha sucedido lo que sucedió en Bolivia, en Brasil, donde hubo golpes de Estados
1
,
porque además de esa construcción colectiva que es la lucha por los DDHH, en Argentina
históricamente tenemos una construcción muy fuerte de movilización sindical que, consolidando
ambos a través del movimiento obrero que luego se refuerza con el peronismo, entonces entre el
peronismo - que siempre fue el partido mayoritario - y todas las organizaciones de DDHH, eso no
pudo suceder.
¿Pues entonces qué hicieron si no podían volver a utilizar esa herramienta? Utilizar la
coacción del Estado, la coacción estatal, la violencia estatal. Pero como no lo podían hacer de
manera directa, muy sofisticadamente emplearon los procedimientos judiciales, con algunos jueces
como aliados. Esto que hoy se llama lawfare. Debo admitir que a mí no me gusta esta palabra,
primero porque es en inglés, aunque entiendo que era necesario ponerle un nombre para poder
identificar un fenómeno, para hablar de él, pero no sé si la elección de esa palabra fue la adecuada;
y segundo porque esa palabra fue empleada por analistas y estrategas militares para referirse nada
más y nada menos a los juicios de lesa humanidad que les impedían que soldados de ciertos países
no pudieran pisar países europeos por temor de ser arrestados por haber cometido crímenes de lesa
humanidad.
Entonces, esa palabra estaba mejor empleada en ese momento porque hacía referencia al
derecho como arma de guerra (ellos lo veían como objetivos bélicos, pero era el derecho). Esto no
es derecho, esto es justamente la violación del derecho, del Estado de Derecho, la tergiversación
de las reglas de los procedimientos judiciales, ese patrón que hemos visto utilizar en Ecuador, en
Bolivia, en Argentina, en Brasil, siempre con las mismas herramientas: el uso de la figura del
arrepentido, aquí hemos tenidos arrepentidos que han tenido beneficios extraordinarios,
arrepentidos que se volvieron a arrepentir. En este momento muchos de esos juicios se están
cayendo porque lo que hicieron los jueces de la primera instancia no está dispuesto para que lo
convalide un Tribunal Oral que ya son tres personas, que ya es otra instancia, en tanto ya se
identificó quiénes eran los alfiles que llevaban adelante este tipo de causas y de esta manera fueron
quedando excluidos en el ámbito de imagen pública y de imagen dentro del Poder Judicial. Esto
no lo hicieron solos, lo mismo que pasó con los militares, esto lo hicieron gracias a una gran
campaña desde los medios de comunicación que ha sido impecable, han tomado una función que
antes no tenían, diarios que acá en la Argentina eran considerados serios y que poseían una
jerarquía editorial, como por ejemplo el diario La Nación. Hoy hay periodistas, no todos, que dicen
1
Se refiere a los golpes contra Dilma Rousseff en Brasil desarrollado entre 2015 y 2016; y el golpe contra Evo Morales
en Bolivia de 2019.
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cualquier disparate. Realmente es un direccionamiento desde el periodismo que han asumido una
función militante mercenaria, no militante del pueblo, realmente es una militancia mercenaria.
Esto además se despliega con una campaña política que incluye un relato selectivo de la
corrupción, una aplicación selectiva de figuras penales que se manipulan para generar
imputaciones, procesamiento e incluso condenas. Aquí ha habido detenidos como Amado Boudou,
vicepresidente durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, gobierno que vino
a rescatar de manos extranjeras resortes estratégicos del país, como lo es la aerolínea de bandera,
la empresa petrolera estatal, el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Qué sería de este país con el
sistema de jubilaciones y pensiones en manos de fondos privados, que en su mayoría cuando se
nacionalizaron estaban en manos extranjeras? ¿Qué habría pasado después de la crisis financiera
internacional con la plata de todas esas personas? Hubiera tenido que salir el Estado a rescatarlas,
entonces que se queden en el Estado, que es el Estado el que los utiliza para financiar planes de
alimentación, como procedió a utilizarlos durante la pandemia para financiar proyectos en
beneficios del pueblo, además de destinarlos para pagar mejores jubilaciones. Además, el Estado
es quien pone dinero en manos de la población, los aportes solos no alcanzan, entonces si la
responsabilidad la va a tener el Estado lo mejor es que las jubilaciones las lleve adelante el mismo
Estado. Lo otro era un gran negocio, de grandes comisiones sin ninguna garantía para los que
pusieran ahí parte de su salario, del esfuerzo de toda una vida. No olvidemos que las AFJP
2
utilizaban un criterio totalmente contributivo, 30 años de aporte con jubilación que dependía de
los aportes y los excluidos del sistema, esos bolsones de pobreza, las ama de casa que nunca habían
podido acceder a una jubilación, las personas que viven en situación segregada en villas, favelas,
con los jóvenes que ya tienen una dificultad estructural para poder salir de esa situación de pobreza,
por falta de educación, por falta de oportunidades, por falta de redes sociales y culturales para
escalar socialmente, ni hablar del acceso a la salud, a los medicamentos. Con todas esas
dificultades hoy día el sistema de jubilación es estatal, el Estado puede pagar la asignación
universal por hijo, política pública también llevada adelante durante el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, ese gobierno tan estigmatizado luego de todas esas conquistas del pueblo,
no hace falta explicar mucho quiénes son los beneficiarios de estas acciones y quiénes son los que
están detrás de estas acciones de persecución: son aquellos que están en contra de la redistribución.
Con ese fondo de jubilaciones no solo se pudo dar la asignación universal por hijo, sino que además
se pudo garantizar el acceso a planes donde el Estado asumió el pago de la mitad de los sueldos de
las PYMES, o sea que es un sistema que está pensado para poblaciones como lo son las de América
Latina.
Volviendo al llamado lawfare, que llamaría violencia privada estatalizada con fines de
persecución política. No porque crea que mi palabra sea mejor, sino que creo que hay que
2
Se refiere a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, sistema previsional que estuvo vigente en
Argentina entre 1993 y 2008.
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explicarla; son personas que están utilizando los mecanismos del Estado, esto es la coerción estatal
del derecho penal, mediante la intromisión para fines de coerción estatal con espionaje, que es un
denominador común que forma parte de estas operaciones. Entonces, realmente creo que, así como
logramos en un momento visibilizar las graves violaciones de DDHH sucedidas durante las
dictaduras, lo que hay que hacer en estos momentos es visibilizar a los actores del lawfare,
visibilizar a sus beneficiarios, fortalece y mejorar el sistema judicial, generando las condiciones
para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, respecto de la selección de funcionarios del Poder
Judicial, donde se valoran tener un montón de papelitos, de posgrados, de maestrías en el exterior
(que siempre se consideran superiores a las del propio país) y que solo las pueden hacer quienes
pueden pagarlas, es necesario que se contemple la trayectoria en actividades comunitarias con
compromiso social, que sea un antecedente que brinde puntaje porque al fin y al cabo, ¿para qué
están los jueces si no es para hacer justicia? La justicia tiene que ser para todos, todas y todes, y
digo para todes con una sonrisa porque recientemente en nuestro país se autorizó, por primera vez,
la emisión de documentos nacionales de identidad para personas no binarias sin compeler a
categorizarlas como femenino o masculino, y eso realmente es una gran alegría porque ese binomio
biomédico hecho en base a algo ya fue superado porque la sexualidad es algo cultural. Ese binomio
lo que había producido era discriminación, dolor, persecución, enfermedad y muerte a las personas
trans principalmente que son quienes están más expuestas.
Esto es parte de la lucha por la defensa de los DDHH, que hayamos podido dar este paso,
un paso más en materia de reivindicación de derechos, va en línea con lo que creo que hay que
hacer, que es construir un sentido común que rechace las prácticas antidemocráticas. Eso es lo que
se está atacando con el lawfare: la democracia, dado que buscan la proscripción política, buscan
la demonización de aquellos partidos que representan los intereses nacionales, porque quienes
ejercen esas herramientas son justamente aquellos que siempre estuvieron históricamente aliados
con el gran capital extranjero, porque siempre es más cómodo, porque están donde alumbra el sol
y porque es lo que genera el negocio, el dinero y el poder económico manejan los medios y la
tecnología.
Pero ya en América Latina los pueblos, como decía Hugo Chávez, si hay algo que no
pierden es la esperanza y los pueblos se están rebelando al hambre, a la pobreza, a la falta de
educación, como en Chile, Colombia y Perú, o sea aquellos países que, según los medios de
Argentina, eran los modelos ejemplares del neoliberalismo. Su población estalló y le dijo basta al
sistema de exclusión, y creo que estamos en un momento de transición hacia otra cosa, es posible
que se den estos cambios cuando los pueblos no toleran más la pauperización que significan los
modelos neoliberales, donde además la pandemia agravó esas situaciones.
Es momento de estar más atentos que nunca, cuidando las instituciones democráticas y
siempre comunicándonos porque a las batallas hegemónicas hay que ofrecerles resistencias
contrahegemónicas y para ello es necesario formarse, comunicar, darle a las personas los
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elementos para salir de esa clave de alienación que vemos hoy en día; por ejemplo ha sido llamativa
la gran campaña antivacunas, donde se decía que era un veneno, luego que no había vacunas,
planteos que por suerte quedaron a un lado y por suerte, en nuestro país, hay millones de
vacunados. No hay que olvidar que en nuestro país hubo más de 100.000 muertos, donde incluso
hubo militantes antivacunas que luego terminaron muriendo por COVID. Entonces esperemos que
triunfe la reflexión, y no digo la razón porque es algo manipulable y es algo que debe venir del
corazón, de ver cómo está el otro, debe venir de ahí.
3. Problemáticas de género en el Poder Judicial
Estepa: Tenía otra pregunta vinculada a la cuestión de género. Puntualmente primero
recordar que fuiste designada como Procuradora General de la Nación, siendo la primera mujer en
el cargo. En ese punto quería consultarte, porque últimamente se está trabajando mucho la idea de
la reforma judicial feminista, creo que existe un nivel de participación muy alta donde se
involucran abogadas, fiscales, defensoras, docentes e investigadores/as de universidades o centro
de estudios y se están haciendo muchas expresiones de estas necesidades. En ese sentido, ¿creés
que es posible pensar una reforma judicial feminista? ¿En qué consiste esta agenda de reforma
judicial feminista? ¿Cuál creés que es la línea que hay que seguir en términos de reforma judicial
feminista? Teniendo en cuenta que el Poder Judicial es un poder estructurado a través de un sistema
patriarcal donde se reproducen muchas de las desigualdades sociales, tanto en el ámbito laboral de
quienes lo integran como de aquellos que necesitan un servicio de justicia.
Alejandra Gils Carbó: Cuando vemos cómo prolijamente se ha excluido a las mujeres de
los cargos judiciales de mayor poder, que es lo que sucede acá porque cuando uno mira quienes
ingresan al Poder Judicial es parejo entre hombres y mujeres, pero cuando mira los altos cargos
solo entre el 22% a 25% lo ocupan mujeres. Ahí las estadísticas que hace la Corte Suprema
terminan no mostrando la realidad, porque incluyen a las defensoras donde hay muchas mujeres,
porque van más con el rol tradicional de cuidadoras, y ese no es un puesto de poder. Ser defensora
es ser más bien defensora de sectores sociales que no pagan abogados. Los puestos de poder son
los de jueces y fiscales federales, camaristas y ministros de la Corte.
Entonces ahí las dominaciones se unen en algún punto y eso tiene que ver con la
dominación patriarcal, por eso es prioritario implementar la paridad de género en los altos cargos
judiciales. Por supuesto que hay mujeres que no tienen perspectiva de género, pero es necesario
empezar por algo, por romper ese paradigma patriarcal. Yo fui la primer y única Procuradora
mujer. Fui presionada por la violencia judicial, donde tuve que renunciar por causas armadas
porque estos jueces alfiles del lawfare no me dieron la oportunidad de defenderme y directamente
me procesaron, y como seguí sin irme con todas esas acusaciones penales consiguieron que un
juez declarara inconstitucional que un Procurador se removiera por juicio político, o sea podía ser
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suspendida
3
. Al otro día presentaron un proyecto donde decía que el Procurador podía ser
suspendido por la voluntad del Poder Ejecutivo, ante lo cual dije: si tenían pensado quitarle
autonomía al Ministerio Público, por el que tanto trabajé, me voy. Así lograron que renunciara.
En definitiva, una reforma judicial feminista empieza por la paridad de género y sigue por
la perspectiva de género en todos los cargos, por ampliar las capacitaciones, porque esas sentencias
que siguen estigmatizando a la mujer por la ropa que se pone provoque que los jueces que las
dictan sean llevados a un tribunal disciplinario, no para echarlos, sino para que al menos signifique
una repercusión y un debate. Es necesario hacer ruido en la comunidad, para que la gente pueda
reflexionar sobre las grandes deudas sociales que tenemos en ese sentido.
4. Las reformas judiciales en Argentina
Maisonnave: En sintonía con lo que venimos conversando sobre reforma judicial, cabe
recordar que en el año 2013 en Argentina se discutieron las leyes que sancionó el congreso, por
iniciativa de la presidenta, en torno a la reforma judicial y que en su mayoría fueron declaradas
inconstitucionales por la Corte; ocho años después el actual Presidente promueve una reforma
judicial, con otro mecanismo, conformando una comisión de especialistas que han elaborado un
informe técnico. ¿Qué está pasando en Argentina que cuesta tanto concretar estas
transformaciones? ¿Qué balance hacés de los dos intentos? ¿Cuáles, según tu criterio, deberían ser
las prioridades de una reforma judicial?
Gils Carbó: Creo que la dificultad proviene de aquéllos que quieren que se mantenga el
statu quo, pero eso no significa que se vaya a mantener. La verdad, como estuve muchos años en
la justicia y comprendo sus mecanismos, no soy partidaria de grandes reformas, porque para hacer
la revolución judicial primero es necesario hacer la revolución, entonces si no hay revolución no
intentemos hacer cosas que no tienen sentido.
Para mí es más viable una serie de reformas focalizadas, como lo que comenté respecto de
considerar la trayectoria y participación en actividades comunitarias para la selección de
funcionarios/as judiciales. Es decir, es posible pulir los mecanismos de selección de los jueces y
trabajar mucho en las capacitaciones, si bien es un tema complejo porque empieza desde la
enseñanza en las universidades. Es grave el método de enseñanza de las universidades, por lo
general absolutamente liberal; tenemos ese patrón, porque hemos copiado toda la doctrina liberal
individualista que nos vino de afuera, esa que sucede en sociedades más homogéneas. Es un
sistema que no tiene en cuenta lo regional, la situación social y es un derecho abstracto, es una
forma de pensar el derecho que hace daño, no ve a las personas ni a los fenómenos sociales,
entonces el cambio tiene que empezar por la enseñanza del derecho, por las capacitaciones, por
3
Se refiere al fallo del Juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
N°9, que declara la inconstitucionalidad del artículo 76, de la Ley 27.148, en lo que se refiere únicamente al Procurador
General de la Nación. Fallo dictado en octubre de 2017.
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elegir otras autoridades judiciales que den señales adecuadas. Cuando uno ve los actos de las
autoridades judiciales, y ve que siempre concurren a cámaras empresarias, reuniones de la Bolsa,
Embajadas... Yo me iba a hacer mis actos a las villas, iba a las cooperativas de trabajo, eso es una
señal de a dónde hay que mirar, reconociendo para quiénes estamos trabajando. Si esto no sucede,
es porque no se quiere y se convierte en una bajada de línea. Es responsabilidad de las altas
autoridades judiciales y hay que trabajar en las capacitaciones de cada uno de sus operadores y
articular muchísimo con los únicos actores que son capaces de sacar esto adelante, que son las
organizaciones sociales.
En mi caso, todo lo que construí en el Ministerio Público Fiscal lo hice con participación
de las organizaciones sociales. Íbamos a aprobar la Procuraduría de Violencia Institucional pero
primero nos reunimos con todas las organizaciones de violencia institucional, con las víctimas,
para que nos dijeran qué era lo que faltaba y así saber si valía la pena construir dispositivos,
protocolos, nuevas prácticas. Hacíamos lo mismo en materia de trata de personas, porque muchas
veces se lleva como si fuera cualquier otro delito, pero aquí hay personas que están en una situación
de vulnerabilidad extrema, entonces era necesario saber que íbamos a hacer, era necesario
incorporar la interdisciplina, que antes no existía en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Justamente es eso lo que busca el modo de pensar el derecho abstracto, el derecho
supuestamente neutral, que en esa supuesta neutralidad permite que el poderoso gane siempre,
entonces creo que los únicos actores que pueden llevar las transformaciones en alto son las
organizaciones sociales. Si vemos a lo largo de la historia el derecho es el resultado de la lucha de
los pueblos. Siempre, a lo largo de toda la historia, el derecho avanza por la lucha de los pueblos.
En esto hay que trabajar, para salir de esta modalidad de esa violencia privada estatalizada, como
se salió de los golpes de Estado y del terrorismo de Estado.
5. Conclusiones
En primer lugar, la conversación transcurrió en torno al Poder Judicial, que ha servido de
ariete para manipulaciones políticas en América Latina en los últimos años particularmente. En
ese sentido, Gils Carbó reconstruyó la historia de la región desde los procesos golpistas de la
década del ‘70 hasta nuestros días. Explicó qué representa el lawfare, como violencia privada
estatalizada, y destacó el rol de las organizaciones sociales en toda transformación sociopolítica.
En segundo término, se analizaron las problemáticas de género y una posible reforma
judicial feminista, delimitando dicho concepto donde brindó una serie de pautas importantes a
considerar, como son la paridad de género, las capacitaciones y la rendición de cuentas de
magistrados.
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Finalmente, cuestionó la visión clásica del derecho liberal que no refleja las disímiles
realidades latinoamericanas, con sociedades desiguales, poblaciones vulnerabilizadas,
postergadas, que demandan una atención muy particular por parte del Estado.
Consideramos, en definitiva, que la entrevista aporta un pensamiento muy claro de Gils
Carbó, quien plantea líneas de acción concreta y de aplicación inmediata para modificar hábitos
elitistas y dañinos del Poder Judicial en América Latina.
Contribución de los Autores
Autor
Contribución
Marcelo Andrés Maisonnave
Concepción y diseño, investigación;
metodología, redacción.
Constanza Marianela Estepa
Revisión del artículo, corrección de estilo.
Aportes secundarios y referencias
Citación/como citar este artículo: Estepa, C. M. & Maisonnave, M. A. (2021), Entrevista con Alejandra
Gils Carbó: ‘Al lawfare lo llamaría violencia privada estatalizada’. Nullius, 2(2), 137-145. DOI:
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v2i2.4119
