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Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito de Derecho
e-ISSN 2737-6125
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanullius
Vol. 3 Nº. 1 (24-40): Enero - Junio 2022
nullius@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816196
La intervención político-militar extranjera en Libia
(2011) en el marco de los derechos humanos: ¿Un
remedio peor que la enfermedad?
Foreign political-military intervention in Libya (2011) in the
framework of human rights: A remedy worse than the disease?
Leonardo Vicente Vera Viteri
Universidad del Sur de Manabí
verasleonardo2@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-2822-0374
Yanelis Ramos Alfonso
Universidad Técnica de Manabí
ORCID: 0000-0001-8383-1245
Daliseth Coromoto Rojas-Rendón
Grupo de Investigaciones de Historia de las Regiones Americanas de la Universidad de Los Andes
ORCID: 0000-0001-7502-3678
Recepción: 07 de agosto de 2021 / Aceptación: 10 de noviembre de 2021 / Publicación: 02 de enero de 2022
Resumen
A diez años de la intervención política y militar extranjera en Libia, se hace necesario analizar este
episodio como un hecho histórico reciente que permite examinar la actuación de las grandes
potencias y sus aliados en los conflictos globales, así como su influencia en el destino de los
pueblos del mundo. La caída de Muamar Gadafi ha determinado un nuevo panorama geopolítico
en el norte de África desde 2011, generando un cuestionamiento en torno al papel de la comunidad
internacional como responsable de las secuelas de la guerra en materia de Derechos Humanos. El
caso de Libia (2011) permite una relectura, desde las Relaciones Internacionales del papel que
juegan los modelos de intervención desarrollados por la comunidad internacional, ampliando el
debate sobre el rol que juega la diplomacia y las coaliciones multinacionales en el presente.
Palabras clave: Libia, intervención extranjera, primavera árabe, Muamar Gadafi, Derechos
Humanos.
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Abstract
A decade after of the political and military intervention in Libya, it is necessary to analyse this
episode like a recent historical event that allows to examine the actions the major powers and his
allies in the global conflicts and their influence on peoples of the world. The overthrow of Muamar
Gadafi has determined a new geopolitical panorama in northern Africa since 2011, generating a
questioning around the role of the international community as it becomes liable on war effects in
regards of Human rights. The case of Libya (2011) enables to proofread about the role of
international relations on the intervention developed by international community, as it expands the
debate on the role played by the diplomacy and by the multinationals coalitions nowadays.
Keywords: Libia, foreign intervention, Arab spring, Muamar Gadafi, Human rights.
1. Introducción
El siglo XX se caracterizó por una sucesión de conflictos armados cuyos resultados rehicieron
el mundo hasta el punto de forjar una representación geopolítica global. En vísperas del nuevo
milenio, las consecuencias de dichos conflictos eran evidentes, y, al cierre de la primera década
del siglo XXI, las heridas dejadas por los distintos movimientos armados habían troquelado el
contexto social de muchos pueblos de la tierra; tanto a nivel ideológico y religioso como político-
económico. Dos de los escenarios protagónicos en este marco de trasformación mundial fueron el
norte de África y el Medio Oriente, cuya dinámica de conflictos no ha perdido vigencia.
El propósito del presente trabajo es el de abordar la intervención en Libia como un hecho
histórico reciente en el devenir de su pueblo, examinando la actuación de las potencias mundiales
y sus aliados en el conflicto. Entre los objetivos a desarrollar se encuentran: 1. Analizar el impacto
la caída de Muamar Gadafi dentro del panorama geopolítico del norte de África a partir del 2011,
poniendo bajo cuestionamiento el papel de la comunidad internacional, responsable de las secuelas
de la guerra en materia de Derechos Humanos; y, 2. Estudiar el caso de Libia desde el enfoque de
las Relaciones Internacionales (RRII), analizando el papel que juegan los modelos de intervención
desarrollados por la comunidad internacional. Ambos objetivos tienen como fin ampliar el debate
sobre el rol que juega la diplomacia y las coaliciones multinacionales en el presente, de cara a
enfrentar los retos del porvenir.
Cabe destacar que la característica fundamental de dichos conflictos ha sido su alcance
internacional, ya que las fuerzas multinacionales se han erigido como un factor determinante en la
“solución” de problemas internos en distintos países. Sin embargo, la complejidad de los procesos
ha evidenciado que no se trata ya de la dicotomía tradicional de los problemas ideológicos: lado 1
Vs. lado 2. Por el contrario, los aliados de un tiempo terminan siendo los enemigos en otro. Tal es
el caso emblemático del papel de la Liga Árabe en la caída de Muamar Gadafi, o el rol de los
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grupos extremistas musulmanes, quienes terminaron (sin pretenderlo) al lado de sus propios
adversarios occidentales en un momento del conflicto libio.
En consecuencia, términos como coalición, ocupación o intervención han llegado a determinar
las acciones políticas y militares de los últimos años, generando un triple escenario: 1. La etapa de
negociación y acuerdo de una coalición internacional; 2. El proceso de mediación armada y
justificación discursiva de la avanzada militar (no necesariamente ocupación territorial); y, 3. El
proceso de recuperación del país tras la acometida militar. Por tal razón, el abordaje de la
intervención política y militar extranjera representa uno de los temas más espinosos de la
actualidad, ya que no sólo incluye el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos,
sino los intereses geopolíticos y económicos de las potencias y sus aliados en el mundo; tal y como
ocurrió en Libia cuando Francia promovió ante el Consejo de Seguridad de la ONU “la creación
de una zona de exclusión aérea sobre Libia, así como la imposición de las “medidas necesarias”
para otorgar la protección a los civiles. Esta resolución excluía la ocupación terrestre, y fue
apoyada por la Liga Árabe, con el apoyo aéreo militar de Qatar” (Mora, 2011), en consecuencia,
había comenzado así la “injerencia extranjera”.
Esta investigación, fundamentada en un arqueo bibliográfico y hemerográfico con perspectiva
histórica, busca exponer un conjunto de consideraciones que admiten abordar el papel que ha
jugado la intervención política y militar extranjera en Libia desde 2011, así como revisar la
actuación de las grandes potencias en los conflictos del mundo árabe y el rol de su brazo armado:
la OTAN. Igualmente, busca confrontar la actuación de los organismos regionales y nacionales
que participan en los procesos de cambio en los países con regímenes dictatoriales. De esta forma,
se evalúan las acciones implementadas para la salida de los conflictos en países soberanos. Se toma
el episodio de Libia como un caso emblemático que permite realizar una relectura respecto a los
modelos de intervención desarrollados por la comunidad internacional en el siglo XXI.
Entre los puntos más álgidos a tratar se encuentran: 1. La intervención política y militar
extranjera; 2. La actuación de las coaliciones internacionales en los conflictos globales; 3. La
relación entre el terreno militar y el diplomático; y, 4. La actuación de los organismos regionales
y nacionales en la caída de una figura del mundo norafricano como lo fue Muamar Gadafi. Claro
está, estos aspectos no se pueden expedir con una apología a los regímenes democráticos de
Occidente, ya que el mundo oriental es complejo y de difícil comprensión, por eso se aboga por
analizar sin prejuicios el papel de Libia, considerando el contexto geopolítico global, el alcance de
la intervención político-militar extranjera en ese país y sus consecuencias actuales. Se considera
necesario explicar que no se trata de poner el drama del país en un terreno donde se discuta si “el
remedio fue peor que la enfermedad”, de manera simplificada, sino considerar objetivamente
cuáles fueron los factores que llevaron a Libia a un escenario con consecuencias tan adversas,
donde se ha documentado una violación sistemática de los Derechos Humanos.
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Finalmente, en este artículo se presentan algunas inquietudes respecto a cómo situar el conflicto
en el marco del derecho internacional y la posibilidad de una reproducción de este modelo de
intervención en otras latitudes, ya que los costos humanos y materiales se pierden de vista. Después
de todo, la comunidad internacional tiene una responsabilidad en función de las vidas de los civiles
involucrados, quienes han sido víctimas de la tragedia de la guerra. La investigación permite
apreciar a Libia como un país fragmentado pero que merece buscar su destino, no entre los
escombros, sino en los postulados democráticos ofrecidos, vulnerados y aparentemente olvidados.
2. Aspectos teórico-metodológicos
La presente investigación se enmarca en un estudio sistemático fundamentado en las RRII como
enfoque de investigación. Para ello se ha planteado el análisis dentro de los estudios históricos
contemporáneos, delimitando la temática al caso de Libia y la intervención militar de 2011,
momento que ha marcado la pauta de los acontecimientos socio-políticos de la última década del
país africano. Cabe acotar que la teoría y la práctica de las RRII requieren de dos consideraciones
iniciales: En primer lugar, un marco conceptual y de categorías amplio; y, en segundo lugar, una
metodología cualitativa que permita explicar el alcance de la investigación con rigor científico;
esta incluye la aplicación de técnicas y herramientas específicas para la recolección de los datos.
En el primer caso, se ha asumido la teoría crítica en Relaciones Internacionales en un intento
por aplicar conceptualizaciones elaboradas en el marco de la teoría crítica sociológica de la llamada
escuela de Frankfurt, entre cuyos miembros se destacan los nombres de Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Herbert Marcuse y Erich Fromm y cuyo principal exponente en la actualidad es Jürgen
Habermas, perteneciente a la segunda generación de la escuela (Salomón, 2002, p. 23)
En el segundo caso, es de aclarar que al ser una investigación de tipo cualitativa, de carácter
documental, la indagación se centra en una revisión de fuentes bibliográficas, hemerográficas y de
fuentes electrónicas para una aproximación exhaustiva al tema a través de la aplicación de técnicas
documentales que permiten la ubicación, clasificación de las fuentes, obtención de datos (resumen
analítico), análisis crítico de los datos y contrastes entre la información recabada, aspectos que
permiten una síntesis de los hechos permeados por una postura crítica (Hernández-Sampieri,
Fernández, y Baptista, 2014).
De esta forma, se busca analizar la dimensión del conflicto armado y sus resultados en el marco
de la geopolítica global. Al cierre de la primera década del siglo XXI, tanto el norte de África
como el Medio Oriente, se debaten en una dinámica de conflictos que se acrecientan, lo que obliga
a los investigadores a poner la mirada crítica sobre estos procesos y aportar luces en torno a su
complejidad política, económica y socio-cultural, así como acerca de su contexto espacial y
temporal.
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3. Gadafi y Libia en el panorama geopolítico del norte de África en 2011
En febrero de 2011 comenzó el denominado “conflicto libio” un hecho con profundas
repercusiones nacionales e internacionales. El mismo inició con una intervención internacional de
tanta intensidad que implicó a las Naciones Unidas en su afán por hacer valer su “responsabilidad
de proteger” (Añaños, 2013). Estaba claro que los asuntos políticos relacionados a Libia no habían
sido del todo armónicos, de hecho, a pesar de las concesiones dadas y los acuerdos para evitar
sanciones, estas últimas empezaron a jugar un papel determinante en el escenario internacional.
Como señala López-Jacoiste (2011):
En este contexto, se comprende que el Consejo de Seguridad adoptase dos resoluciones
emblemáticas desde que se desatase la crisis en Libia el 15 de febrero de 2011 y ante el uso
excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado contra la población civil. El
Consejo invoca esta «nueva» responsabilidad de proteger al amparo del capítulo VII de la
Carta en la resolución 1970, de 26 de febrero de 2011, y en la 1973, de 17 de marzo del
mismo año (p. 110).
Gradualmente, fue apareciendo el empleo de la fuerza contra el gobierno de Muamar el Gadafi,
una pieza clave en el tablero político en el norte de África, quien, a pesar de la opinión de Estados
Unidos y la OTAN, había llegado a ser – para bien o para mal – un líder histórico en esa parte del
mundo.
Cabe señalar que durante el periodo comprendido entre los años 1969 hasta el año 2011, más
de cuatro décadas en las que Muamar el Gadafi gobernó y posteriormente unificó a Libia, se
generaron cambios positivos como por ejemplo el desarrollo de “obras públicas y servicios
sociales” (Oquendo, 2014). De esta forma, paulatinamente, se pudo acceder a formas de desarrollo
social, político y económico que, a su vez, sentaron las bases de Libia como país modelo y
emergente dentro del conglomerado de países de África. En primer lugar, la conformación de
ministerios públicos dio inicio a la vida institucional en Libia, muy contraria a la visión de la
monarquía del Rey Idris, quien fuera derrocado por Gadafi en 1969.
Hechos tangibles como la reforma agraria, la nueva presencia y participación de los trabajadores
en los logros y lucros de las empresas del Estado, la creación e implementación de un sistema de
seguridad social, la ayuda médica gratuita, acceso a la educación y planes de alfabetización, agua,
electricidad, vías de comunicación, fueron ejemplos de una verdadera agenda social para la época,
en este sentido, algunas medidas implementadas por el gobierno de Gadafi “beneficiaron a los
estratos más humildes de la población y ponían bajo control estatal las ramas más importantes de
la economía” (Allende, 2020. p. 69). Asimismo, los ciudadanos podían acceder a préstamos del
banco central sin intereses, así como también el acceso a la vivienda era considerado, para los
libios, como un derecho humano.
Otra de las prerrogativas del gobierno de Gadafi fue la garantía para adquirir vehículos al 50%
de su costo y acceso a gasolina a 14 centavos de dólar por galón; igualmente estimuló el sector
agrícola con maquinaria y semilla gratis para los agricultores (TELESUR, 2015). Sin embargo,
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posterior a la invasión de la OTAN en febrero de 2011, se produjo un antes y un después y con el
inicio de la destrucción progresiva de Libia. Un conflicto armado que produjo miles de
desplazados. Según la Organización Internacional para las Migraciones, para el 30 de mayo del
2011, existieron unos 900.923 ciudadanos libios que abandonaron el país. (Arteaga, 2011, p. 5).
Contrariamente, tres gobiernos diferentes que se pelean el territorio, sin contar la paralización
de la industria petrolera. Tal como se ha visto, todo lo contrario, a lo que fue Libia durante el
gobierno de Gadafi. Como señalan Borbón y García, (2019):
Tras la Primavera Árabe y la caída del régimen de Gadafi en Libia, se creía que se
consolidarían sistemas políticos democráticos en la región del norte de África y en el Medio
Oriente. Sin embargo, en el caso libio, las circunstancias en las que se dio el proceso de
transición hacia un cambio de sistema político llevó a la actual inestabilidad que se
manifiesta en la guerra civil que aún se refleja en la cotidianidad de esta nación (p. 248).
Sin embargo, las variables que generaron el conflicto son infinitas. El contexto regional de Libia
y las revueltas en el mundo árabe son sólo dos de ellas. Por eso, aun si se hace una retrospectiva
histórica, existen elementos étnicos, sociales y económicos que forman parte de una realidad
penosa que no dejó de contar con detonantes a la hora de encrudecer los conflictos internos. Por
ello, es necesario tener en cuenta que las revueltas libias de mediados de febrero, y reprimidas por
las fuerzas de Gadafi, no fueron más que un elemento adicional dentro de la volátil primavera
árabe que se inició a principios de 2011 con la caída de Ben Ali en Túnez y que continuó
rápidamente con la salida de Mubarak en Egipto (Sorroza, 2011, p. 8).
Este término primavera árabe, es muy importante para comprender el conjunto de acciones
políticas que se dieron en esta región del mundo durante los años 2010 y 2012. El conflicto libio
comenzó con una serie de manifestaciones de carácter masivo que descollaron en una rebelión
armada que tuvo su cenit el 17 de febrero de 2011y en pocos días adquirió el carácter de guerra
civil, lo que fue patente a través de numerosas protestas y manifestaciones no autorizadas contra
Gadafi centradas en aspectos socioeconómicos, la represión del régimen a cada vez más sectores
de la población y la detención de un abogado activista de Derechos Humanos (Borbón y García,
2019). Si bien su punto de origen fue Bengasi, una de las ciudades más importantes de Libia, la
escalada de violencia a raíz de la respuesta del gobierno libio aceleró las demás acciones que
envolvieron al resto del país.
La pérdida gubernamental del control de ciudades como Bengasi, generó que se establecieran
las condiciones para el conflicto armado. De manera gradual, los rebeldes se hicieron con el poder
del país, al punto que llegaron a tener el control de yacimientos petrolíferos importantes
agrupándose de manera eficiente dentro del Consejo Nacional de Transición (CNT), una formación
política de coalición nacional. Esta organización sirvió de plataforma para establecer un cuerpo
gubernamental de facto, haciéndose sentir como una fuerza opositora con determinación
revolucionaria. El CNT jugó un papel decisivo en el conflicto, ya que participaron distintos actores,
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desde militares (desertores) hasta voluntarios, académicos, líderes, diplomáticos y políticos. Como
señaló Amnistía Internacional (2011):
Los opositores al gobierno negaron con vehemencia la participación de extranjeros o la
influencia de grupos islamistas armados, y reiteraron que el movimiento era un
levantamiento popular. El 2 de marzo, fuerzas de la oposición anunciaron la creación del
CNT, encabezado por Mustafá Abdelyalil, ex secretario del Comité General del Pueblo para
la Justicia (el equivalente al ministro de Justicia), que había abandonado el puesto el 21 de
febrero en protesta por el uso de medios letales contra manifestantes por parte de fuerzas de
seguridad. El CNT se autodenominó “único representante legítimo del pueblo libio” y
presentó su visión de una “Libia democrática” asentada en los cimientos de la buena
gobernanza y el respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos. Además, se
comprometió a cumplir con las obligaciones contraídas por Libia en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos (p. 12).
A la par de las acciones del CNT, se hicieron valer también las de la comunidad internacional,
quien no sólo condenó moralmente al régimen de Gadafi y justificó su salida, sino que participó
activamente en los dos escenarios claves que allanaron el camino para la caída del líder africano:
el diplomático y el militar.
Se podría decir que sin la postura de la comunidad internacional poco se hubiera hecho desde
las bases del CNT. Esta actuación tuvo varios teatros de operación: el árabe, africano, europeo,
estadounidense, la OTAN y la ONU. Cabe referir que algunas de las acciones más determinantes
fueron las de la Liga Árabe, quien suspendió a Libia de la organización como parte de las vueltas
y revueltas del mundo árabe en 2011 (Añaños, 2013). Paralelamente lo hizo la Organización
Islámica y la Unión Africana. A estas decisiones se sumaron las declaraciones de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, quien hizo
lo propio al calificar la situación de Libia como “crímenes contra la humanidad”. Finamente se
sumó el Consejo de Seguridad de la ONU, que amplió e intensificó sus sanciones contra el
gobierno de Gadafi (Añaños, 2013). Consiguientemente, una coalición internacional liderada por
Francia y con una activa participación de los Estados Unidos y el Reino Unido en el marco de la
OTAN terminó por cerrar el círculo el 31 de marzo de 2011.
La operación “Odisea al Amanecer” fue consolidada para contrarrestar el poderío militar libio.
Las fuerzas francesas atacaron por aire, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido lo hicieron
por mar. De esta forma, se debilitó el arsenal de Gadafi, ya que se destruyeron sus defensas aéreas,
los depósitos de suministro de tropas y sus fortalezas terrestres más estratégicas (Añaños, 2013).
Subsiguientemente, la OTAN asumió un rol de primer orden. Al poco tiempo se hizo cargo de las
operaciones militares y se dispuso a implementar la resolución confiando en su capacidad militar
para librar una campaña rápida y fulminante. Estas operaciones militares se enfocaron en el espacio
aéreo y naval libio mediante la operación «Protector Unificado», a fin de “proteger a los civiles y
áreas pobladas por civiles bajo el ataque y amenaza del régimen de Gadafi” (2013). Sin embargo,
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la correlación de fuerza fue notoria y aunque las fuerzas gubernamentales lograron ciertos avances,
el 22 de agosto los rebeldes entraron a Trípoli y ocuparon el Palacio de Gobierno (El País, 2011).
Otros países que participaron en esta coalición internacional fueron España, Italia Canadá,
Dinamarca, Bélgica, Noruega, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía (Añaños, 2013). La
actuación de Qatar, tanto en el ámbito diplomático como en la acción directa, fue decisiva para
lograr el desenlace. Igualmente, estos y otros países lograron darle mayor fortaleza al CNT al
aceptar su reconocimiento. Con Francia, a la cabeza, la siguió Qatar, China, Rusia y finalmente
organismos internacionales como la ONU y la Unión Africana.
El gobierno de Gadafi fue acusado de incurrir en violaciones serias y sistemáticas de los
Derechos Humanos, motivo por el cual la narrativa de la intervención quedó ampliamente
justificada. Según la Resolución 1970 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6491a
sesión, celebrada el 26 de febrero de 2011, este ente expresa la grave preocupación por la situación
en la Jamahiriya Árabe Libia, condenando la violencia y el empleo de la fuerza contra civiles,
deplorando la grave y sistemática violación de los Derechos Humanos, incluida la represión de
manifestantes pacíficos; expresando así su profunda preocupación por la muerte de civiles, al
tiempo que rechazó la incitación a la hostilidad y la violencia contra la población civil formulada
desde el Gobierno libio (Consejo de Seguridad de la ONU, 2011).
En suma, la convergencia de todos estos elementos dio paso a la caída de Gadafi el 21 de octubre
de 2011, quien interceptado y emboscado fue capturado y ejecutado. De esta forma, las fuerzas de
la OTAN habían cumplido sus funciones, y el conflicto de Libia desapareció para dar paso a la
“transición”. No obstante, las agendas internacionales siguen esperando por una mayor estabilidad
en el país, ya que, a casi una década de aquellos hechos, la intervención política y militar extranjera
en Libia no ha dado los frutos que se esperaban.
En todo caso, la crisis de Libia evidenció el alcance de las organizaciones internacionales como
la Liga Árabe, la Organización para la Conferencia Islámica y la Unión Africana. Su actuación
precipitada y condenatoria facilitó la entrada de Occidente al norte de África, lo que puso en
entredicho la seguridad colectiva regional en sus objetivos por alcanzar una mayor unidad entre
los países africanos y defender su integridad territorial y su soberanía.
4. La intervención política y militar extranjera en Libia
Durante el siglo XX, la promoción del sistema democrático, entendido como un sistema de
gobierno que se basa en la concepción liberal occidental aparejada de la economía de libre
mercado, se presentó como modelo para el resto del mundo. Pero fue al cierre de la Guerra Fría,
cuando la democracia liberal se impuso como política a escala global; tanto a nivel discursivo
como pragmático. Así, la democratización fue ocupando de manera definitiva un lugar
preponderante en los organismos internacionales. Por ende, su contraparte: los regímenes no
democráticos, han tenido que hacer frente a un derecho internacional que reclama de los actores y
líderes mundiales mayor responsabilidad a la hora de dirigir a sus pueblos.
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Por esa razón, los levantamientos populares de 2011 en Libia, entendido como un país
norafricano con un sistema no democrático, gozaron del beneplácito de las potencias occidentales.
Además, al desarrollarse en el marco de la seguidilla de levantamientos en los países árabes que
habían derrocado otros regímenes similares, se promocionó una idea de “revolución democrática”
que emulaba a “la Primavera de los Pueblos de 1848, la cual puso fin a las monarquías y estableció
gobiernos liberales en Europa y a la Primavera de Praga como momento de liberalización política
en la ex-Checoslovaquia” (Cuadro, 2018, p. 137).
En este contexto, se puede rastrear la intervención política desde antes y no solo desde el
momento en que se da la intervención militar. La primavera árabe tiene una explicación política,
nada espontánea a decir verdad, aunque no generalizase la inconformidad de los pueblos que se
revelaron ante la mano de hierro de las “dictaduras”. No obstante, son tan variados los contextos
nacionales, la heterogeneidad de los movimientos y las situaciones generadas que no resultan
sencillos encontrar una definición unívoca para referirse a estos hechos (Chaouch, 2012).
Sin embargo, la democracia como discurso es una cosa y como práctica es otra. Los libios
apostaron por la carta democrática con el auspicio de Occidente, pero desde el mismo momento
en que la oposición tuvo en su mano a Gadafi y a su hijo, su comportamiento fue completamente
adverso a esos postulados. De hecho, “el 20 de octubre de 2011, Muamar el Gadafi tuvo una muerte
brutal a manos de los rebeldes” (Zoubir, 2012, p. 361).
En aquel momento, el asunto de fondo era ¿Cómo justificar una intervención militar? Pues, la
oposición no tuvo que hacer mucho en ese sentido, la historia reciente del país daba cuenta de
cómo el sistema que Gadafi sin duda había perdido el horizonte y por ende toda la legitimidad de
que gozara a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, cuando realizaba las funciones de un Estado
rentista, y que una intervención extranjera sólo se justificaba si existían evidencia de “que el
gobierno viola gravemente derechos humanos fundamentales o comete sistemáticamente crímenes
de lesa humanidad. En el caso de Libia, el problema radica en la evidencia de tales crímenes”
(Añaños, 2013, p. 51). Desde el poder se desarrollaron tácticas de mando y miedo; haciéndose
evidente una notoria represión (Consejo de seguridad de la ONU, 2011). Asimismo, el Estado tenía
una redistribución de recursos que se hizo posible en un primer momento gracias a la inmensa
riqueza de hidrocarburos. Si bien los recursos petrolíferos sirvieron para modernizar en parte al
país, desde la década de 1990, las acciones de los Comités Revolucionarios, las unidades militares,
la guardia personal, las milicias y otros grupos que apoyaban al régimen hoyaron gradualmente la
confianza del pueblo.
El levantamiento de 2011 se desató debido a que se esgrimían suficientes razones para que la
población se sintiera descontenta: injusticia, agravios socioeconómicos; tiroteos en contra de los
civiles, promesas incumplidas de reforma, faltas a libertad de expresión y del derecho a elegir;
asesinatos de disidentes, presos políticos, violación de los Derechos Humanos, impunidad y
restricción del acceso a Internet, entre otros (Amnistía Internacional, 2020). Como señalan Ghotme
y Murillo (2015):
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Gadafi logró convertir a Libia en uno de los países con los mejores niveles de desarrollo y
educación en África, en gran medida gracias a las fuentes provenientes de la venta del
petróleo. A pesar de ello, la riqueza no estaba equitativamente distribuida, pues las tribus
dominantes controlaban la estructura socioeconómica de la nación a través de un sistema de
repartos patrimonialista que ayudaba a cimentar la lealtad al líder supremo (p. 130).
A ello se sumaba la imposibilidad de la formación de asociaciones políticas que no fueran las
aceptadas por el gobierno. Además, no había oposición y las libertades civiles estaban suprimidas.
En este contexto, cuando los ciudadanos salieron a manifestar, “la milicia Al Nawasi usó munición
real, incluso con ametralladoras pesadas, para dispersar manifestaciones en Trípoli, e hirió al
menos a tres hombres; además, sometió a desaparición forzada al menos a 13 manifestantes
durante 12 días” (Amnistía Internacional, 2020).
Tras cuarenta y dos años, en 2011 se decretó el fin del régimen, y se marcó el inicio de una fase
de reconstrucción del país bajo un sistema político al estilo de los países occidentales: buen
gobierno, Estado de derecho, respeto por los Derechos Humanos, justicia, libertad, trabajo y
ciudadanía. El problema es que entre los libios las cosas no son tan simples. Las nuevas políticas
parten de la reconciliación y las diferencias internas. Sin un consenso nacional como telón de
fondo, difícilmente se puede obtener una unidad nacional; base para sostener en el tiempo los
postulados democráticos.
En este caso, se evidenció que la etapa de negociación y acuerdo para lograr una coalición
internacional se hizo de manera efectiva y eficiente. Asimismo, el proceso de mediación armada y
justificación discursiva de la avanzada militar por aire y mar. No obstante, el proceso de
recuperación del país está tardando más de lo esperado, minando la esperanza de la población.
Muchos de los que se lanzaron a las calles se encuentran decepcionados por la falta de concreción
de los acuerdos y la cada vez más escurridiza paz interna, por ello, se pretendía “buscar un nuevo
acuerdo entre las tribus, las clases dirigentes actuales y los incipientes movimientos sociales
urbanos que establezca un equilibrio de poder satisfactorio para la gran mayoría de los libios y que
abra el paso a reformas democráticas profundas (Ayala, 2011, p. 58). En el caso de Libia, la
intervención política y militar extranjera representa un tema de actualidad, ya que permite revisar
el alcance real de estas políticas a casi diez años de aquellos sucesos. El contexto deja ver el alcance
de los intereses geopolíticos y económicos de las potencias en la región, de la cual Francia parece
llevar ventaja. Como lo expresan De Cózar y Jiménez (2011):
Nada más aprobarse en la reunión de París la intervención militar en Libia, bautizada
como Odisea del amanecer, un avión francés lanzó el primer disparo en Bengasi a las 17.45
horas contra un vehículo, según ha informado el ministro de Defensa francés, Laurent
Teisseire, que ha subrayado que la misión pretende garantizar la exclusión del espacio aéreo
y evitar ataques contra la población civil. Ha sido el primer movimiento de los aliados. El
siguiente paso lo han dado EE UU y Gran Bretaña, cuyos barcos de guerra y submarinos han
lanzado 110 misiles de crucero contra los sistemas antimisiles libios y han alcanzado 20
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objetivos, según ha informado el portavoz Pentágono, Bill Gortney. Ya de madrugada se han
empezado a oír fuertes explosiones en el centro de Trípoli, al parecer procedentes de los
sistemas antiaéreos del régimen libio.
Sin duda, a diferencia de los levantamientos de Túnez y Egipto, lo ocurrido en Libia permite
apreciar el lugar que tuvo el respaldo del extranjero, no sólo en términos diplomáticos sino
militares. El Reino Unido, Francia y Estados Unidos se encargaron de enviar asesores militares
para apoyar a los “revolucionarios”, violentando los acuerdos internacionales. Además, usaron su
poder de fuego contra un país que no tenía como contrarrestar tal contundencia. Sin demeritar la
acción rebelde, quedó claro que las fuerzas de operación de la OTAN jugaron un papel concluyente
en el conflicto, pero el asunto es ahora la paz. Las agencias de noticias recogen día a día las malas
condiciones del país y su desarticulación, pareciera, como bien dice el refrán, que “el remedio es
peor que la enfermedad”.
5. Consecuencias de la intervención multinacional en Libia ¿Cuál enfermedad?
¿Cuál remedio?
En el contexto político de Libia, los actores involucrados en la contienda generaron una
expectativa interna con proyección internacional. Por un lado, el gobierno esgrimía su legítimo
derecho a seguir al frente de los destinos del país de forma soberana y por otro el pueblo
argumentaba en las protestas que la dictadura debía cesar después de cuarenta años y dar paso a
un periodo democrático. De esta manera, para los rebeldes libios, los males de su país justificaban
una acción como la emprendida por ellos, y merecía la intervención internacional.
Pero el escenario trazado por Gadafi en el Libro Verde planteaba no sólo una crítica a la
democracia liberal, sino que estimulaba una forma de democracia más directa, basada en los
denominados “Comités Populares de Base” quienes, según Gadafi, respondían a una democracia
genuina (Gadafi, 1976). Es decir, era una propuesta híbrida entre socialismo, islam y nacionalismo
árabe, el cual, considerando los matices del país, se ajustaba cada año con mano firme. Como
quedó expresado en el mencionado libro, los sistemas políticos mundiales son un producto de la
lucha por el poder entre los aparatos alternativos de gobierno. Para Gadafi, la lucha podía ser
pacífica o armada, pero “el resultado siempre es la victoria de una estructura de gobierno
particular, ya sea la de un individuo, un grupo, un partido, o una clase, y la derrota del pueblo, la
derrota de la democracia genuina” (Gadafi, 1976).
En todo caso, en 2011 el país entró en una espiral de violencia entre quienes estaban del lado
del gobierno y los que se adhirieron a las manifestaciones y al CNT. Gradualmente, se fueron
presentado violaciones graves y generalizadas de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas
del Estado: ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
antigubernamentales, tortura y desapariciones forzadas de personas a las que se consideraban
miembros de la oposición (Amnistía Internacional, 2011). Además, se presentaron indicios de todo
tipo de violaciones, se habla de abiertos crímenes de guerra entre los que se cuentan ataques
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deliberados en contra de la población libia. Además, para agravar el cuadro social, se
documentaron otros tipos de abuso “cometidos por fuerzas de la oposición y sus partidarios”
(Amnistía Internacional, 2011, p. 8).
El conflicto de Libia ha generado hasta ahora (2011-2021) un entorno de caos y disputas
internas y externas que va en aumento. Sin duda, al ser Libia un país con un fuerte componente
tribal, estas diferencias se han remarcado con el paso del tiempo debido a la falta de concreción de
lo ofrecido por el CNT y la pretendida democracia. Igualmente, el poder concentrado en muy pocas
ciudades genera disputas. “Libia cuenta con tres áreas geográficas claramente diferenciadas:
Tripolitania, la zona más occidental y Cirenaica” (Sánchez, 2019).
Actualmente, existe una extrema fragmentación de los núcleos de poder. Cada día se forman
coaliciones que intentan alcanzar sus objetivos de interés. Esto ha generado todo un marco de
inestabilidad generalizado muy difícil de abordar. Las reacciones sectarias y los intereses de la
facción minan las instituciones. El conflicto armado cesó, pero hay otro nivel de conflicto
enquistado en la forma de gestionar la Libia post Gadafi. El caso más emblemático es la realidad
financiera del país, que se encuentra haciendo aguas desde la administración de las divisas hasta
el papel del Banco Central, lo que hace que la situación sea explosiva para quienes buscan el poder
y precaria para quienes sobreviven a un país con muy pocas oportunidades de salir adelante en
medio de tanta violencia política (Borbón y García, 2019).
Actualmente cabe la cuestión acerca de si el “remedio” que aplicó la comunidad internacional
a Libia, cuyo cuerpo sociopolítico se encontraba aparentemente enfermo, fue el más adecuado; no
desde la perspectiva de los intereses de Francia o Qatar, sino de los ciudadanos libios
decepcionados porque salieron a la calle y hoy no ven los frutos de la “Revolución”. La suerte de
Libia está ahora en un tablero de ajedrez muy complejo. El país está fragmentado, y alejado de las
aspiraciones que provocaron las masivas protestas en 2011. Libia se encuentra dividido y
enfrascado en una guerra civil. El Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), el cual cuenta con el
apoyo de las potencias occidentales en Trípoli y observado de cerca por el Consejo de Seguridad
de la ONU, se enfrenta ahora a la reacción de las tropas del autoproclamado Ejército Nacional
Libio. Al cierre de 2020, con la pandemia como telón de fondo, Libia se ve más lejos de alcanzar
sus ideales democráticos.
6. Intervención y Derechos Humanos en Libia
A pesar de que las grandes potencias que intervinieron en Libia abogaban por la defensa de
los Derechos Humanos, el territorio se ha convertido en la última década en un escenario crítico
en este sentido. Tres factores inciden en la violación sistemática de los derechos de la población
desde entonces: el conflicto armado, la mala gobernanza y la corrupción desenfrenada. A ello se
suma un cuarto factor: el impacto potencialmente devastador de la pandemia de COVID-19 que
está abarcando a un país sin las condiciones mínimas para enfrentarla. Actualmente, un millón de
libios necesitan asistencia humanitaria y más de 425 mil han sido desplazados de sus hogares
debido al conflicto (La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2020).
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Las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad han sido acusados de violaciones
graves del derecho internacional humanitario (Amnistía Internacional, 2011). Uno de los más
recurrentes han sido los denominados “crímenes de guerra”. Amnistía Internacional ha denunciado
cómo en los combates librados en Trípoli (y sus alrededores) entre el Ejército Nacional Libio y las
fuerzas y milicias leales al GAN han matado y herido a decenas de civiles, causando el
desplazamiento de decenas de miles de personas. En definitiva, ha sido una guerra de “todos contra
todos” (Fuente, 2014).
Las milicias, junto a otras organizaciones, se configuran en protagonistas de primer orden
dentro de estas violaciones, ya que, junto a los grupos armados y las fuerzas de seguridad, detienen
arbitrariamente a las personas sin ningún tipo de garantía. Se denuncian actuaciones referidas a
rehenes, solicitud de rescate y cautiverio. A ello se suma una pérdida sistemática de la libertad de
expresión, así como acoso, secuestro ataque a las figuras políticas más representativas, a lo que se
suman los periodistas y defensores de los Derechos Humanos (Amnistía Internacional, 2020).
Eso sin contar los continuos actos de intimidación, amenaza y violencia cometidos en contra de
los profesionales que están inscritos dentro del sistema de justicia. Un caso emblemático de estas
violaciones es el que involucra a las personas refugiadas, a los migrantes y asilados, las cuales
están expuestas a detecciones y reclusión indefinida en condiciones poco tolerables siendo
víctimas de abuso constante y agresión a su integridad (ONU, 2018).
En este momento el gobierno respaldado por las Naciones Unidas en Trípoli tiene un limitado
y precario dominio del país. Libia está considerada un territorio inseguro debido a que la violencia
es sistemática. Varios informes de Derechos Humanos han descrito la gravedad de las condiciones
en Libia (Amnistía Internacional, 2020). Miembros de varios grupos armados no estatales hacen
vida en el país, destacando los movimientos fundamentalistas islámicos, como el denominado
“Libia Fajr”, quienes han llegado a desarrollar una especie de listas negras que contienen los
nombres de personas que buscan promover los ideales democráticos.
Sobre la comunidad internacional recae el peso de lo que ha ocurrido con este país, no porque
se defienda a las “dictaduras”, sino porque su mediación ha sido determinante para el futuro de
Libia. Libia participa en un proceso confuso para llegar a un acuerdo que permita estabilizar el
país. No obstante, sin una protección real de los derechos fundamentales, no se ve salida a la crisis.
Los grupos paramilitares y las milicias se han retirado de las negociaciones, y por ahora solo ha
quedado la incertidumbre de un pueblo que llegó a tener cierta unidad y que ahora se ha atomizado
de manera dramática. Haber conocido a Trípoli antes de la intervención y luego observar lo que
ha ocurrido, permite apreciar un cambio radicalmente negativo en la calidad de vida de su gente.
Actualmente, se puede ver con mayor claridad que la primavera árabe dejó una volátil situación
en Libia. La caída de Ben Ali en Túnez y la salida de Mubarak en Egipto fueron el abreboca de lo
que ocurriría el 20 de octubre con Gadafi, pero lo ocurrido aquel día fue la piedra angular de la
desintegración del país. En consecuencia, diez años después, alrededor de un millón de libios
necesiten asistencia humanitaria y se viva en una lucha constante (Amnistía Internacional, 2020).
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Todos estos factores deben servir para evaluar lo que significa intervenir en un contexto tan
complejo como el de África o el Medio Oriente.
7. Conclusiones
Al cierre de la investigación, se considera importante señalar que, sin la participación de la
comunidad internacional, el caso de Libia no tendría el matiz que tiene ahora. La participación
directa de la Liga Árabe, la Unión Africana, Francia y Estados Unidos, así como la OTAN y la
ONU, fue, ha sido y será determinante para su futuro. Se trata de una intervención internacional
de gran intensidad con la idea de “proteger” a la población, pero, como se ha señalado, el resultado
ha sido desfavorable. Los asuntos políticos relacionados a Libia no han sido para nada armónicos,
y no se vislumbra un panorama de unidad nacional diferente. El empleo de la fuerza contra el
gobierno de Muamar el Gadafi cambió el tablero político en el norte de África y por ende de la
historia contemporánea de ese país, aún están por estudiarse las consecuencias de dicha
intervención en las nuevas generaciones.
Una de las dificultades actuales es que se desconocen los problemas reales que vive Libia. Si
bien Amnistía Internacional ha denunciado los homicidios, las desapariciones y la tortura, muchas
de las violaciones de Derechos Humanos están aún en proceso, de hecho, UNICEF y ACNUR se
han unido a la denuncia. La intervención militar autorizada por las Naciones Unidas en Libia ha
marcado un precedente donde la llamada “responsabilidad de proteger” se pone a prueba en los
conflictos internacionales. La intervención en Libia tuvo un justificativo democrático y de
convencimiento global, pero hoy las heridas de la guerra y el engaño han minado la esperanza de
un pueblo entero.
Libia tiene una guerra donde prima la lucha de todos contra todos, haciendo de su futuro un
escenario incierto (Fuente, 2014). La paradoja es que ahora los países que participaron en la guerra
abogan por encontrar de la paz. Los países en vías de desarrollo están al frente de un nuevo modelo
de conflicto donde se ven las costuras de los intereses europeos y norteamericanos. En efecto, se
presenció el colapso de la dictadura de Gadafi, pero no hay un solo motivo para pensar que el
futuro para Libia cambie para mejor. El espectro de la guerra sigue aniquilando el alma nacional
y la fragmentación toma el signo del porvenir.
El levantamiento de 2011 tuvo razones populares justificables, desde actos de injusticia,
agravios contra civiles y promesas incumplidas, hasta violación a la libertad de expresión y
ausencia de los Derechos Humanos en general. Sin embargo, el resultado de la intervención, si
bien puso fin a la dictadura, le abrió el camino a grupos y tribus para que asumieran una lucha por
sus intereses particulares, fragmentado al país. La derivación de estos hechos ha generado un
entorno de caos sin precedentes que mantiene en vilo a todo el norte de África, principalmente a
Egipto y a los demás países vecinos.
Libia es un país de gran interés para la comunidad internacional, pero recae sobre esta el peso
de lo ocurrido en 2011. En gran medida, las decisiones tomadas entonces han gestado un proceso
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que no permite garantizar las condiciones del país. Lo que prima ahora es la incertidumbre de un
pueblo que llegó a tener esperanzas, pero que ahora se ha atomizado de manera calamitosa.
En suma, si el siglo XX se caracterizó por una sucesión de conflictos armados dentro de una
geopolítica global, en el nuevo milenio no ha sido diferente. Tanto a nivel ideológico como
religioso y político-económico, los escenarios del norte de África y el Medio Oriente son noticia
de primer orden; es más, la intervención política y militar extranjera así lo confirma. Solo se espera
que el lastimado cuerpo social libio encuentre sanar sus heridas de guerra y se avizore un mejor
futuro para este histórico y gran país.
En definitiva, lo expresado es el resultado de la interposición de 2011, donde Occidente y sus
aliados prometieron a los libios prosperidad y futuro democrático, es decir, ofrecieron hacer
funcionar la democracia (Cuadro, 2018). Hasta ahora sólo hay pruebas de lo contrario y solo existe
un inacabado conflicto. Tal vez en este caso particular tenga lugar el refrán popular libio que dice:
“Los excrementos del camello dan prueba de su existencia” (Haqiq, 1978, p. 13).
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Contribución de los Autores
Autor
Contribución
Leonardo Vicente Vera Viteri
Coordinación de la publicación, desarrolló la
introducción y el planteamiento del problema
de investigación. Coordinó la primera versión
de la investigación.
Yanelis Ramos Alfonso
Daliseth Coromoto Rojas-Rendón
Aportó en el proceso holístico de revisiones
finales. Del mismo modo, contribuyó en el
desarrollo de los resultados.
Desarrolló de los temas del contenido de la
investigación y del marco teórico. Desarrolló la
revisión bibliográfica para el desarrollo del
estudio y aportó en las revisiones finales der
artículo.
Citación/como citar este artículo: Vera Viteri, L., Ramos Alfonso, Y. y Rojas-Rendón, D.
(2022). La intervención político-militar en Libia (2011) en el marco de los derechos humanos: ¿un
remedio peor que la enfermedad? Nullius, 3(1), 24-40. DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.5816196
