Entre 1990 y 1998, la migración del Ecuador se dirigió casi exclusivamente a los Estados Unidos
(EE.UU.) y se caracterizó por un flujo de clases bajas rurales que llenó el vacío de mano de obra
poco calificada en ese país (Jokisch & Pribilsky, 2002, p.78; Boccagni & Lagomarsino, 2011,
p.283).
Al mismo tiempo, la migración de Ecuador era baja y prácticamente un asunto aislado, sin que las
autoridades locales se preocuparan por establecer políticas profundas en este campo. Este
panorama sufrió un cambio importante cuando una grave crisis financiera, como consecuencia de
los planteamientos neoliberales, golpeó al Ecuador en 1998-1999 y desencadenó el deseo de los
ecuatorianos de emigrar hacia España.
Ecuador se vio enormemente afectado por el bajo precio del petróleo, su principal recurso de
ingresos; las inundaciones dañaron las exportaciones; y, la falta de control del sistema financiero,
llevó a la bancarrota y al colapso económico (Boccagni & Lagomarsino, 2011, p.283; Jokisch,
2014). La pobreza aumentó del 36% al 71%; el PIB per cápita se redujo en un 30% y la moneda
(llamada Sucre) perdió más de dos tercios de su valor, lo que obligó al Ecuador a adoptar el dólar
estadounidense para detener la devaluación acelerada (Jokisch & Pribilsky, 2002, p.82; Boccagni
& Lagomarsino, 2011. p.286; Jokisch, 2014).
A diferencia de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos que salían de zonas rurales con
menor nivel de acceso a la educación, los inmigrantes ecuatorianos que salieron hacia España
tenían un mayor nivel de educación y provenían de zonas urbanas, quienes, pese a su perfil
profesional, aceptaban trabajar en empleos menos remunerados respecto a su experticia que se
concentraban en el servicio doméstico, la agricultura y la construcción (Gratius, 2005, p.22; García
Ballesteros et al., 2009; Jokisch, 2014).
Existen tres factores fundamentales que explican las razones por las cuales los ecuatorianos
eligieron su destino: primero, la apertura del mercado español a la demanda de mano de obra poco
calificada versus la falta de oportunidades en EE.UU.; segundo, las políticas de inmigración
relativamente benignas para llegar a España frente al endurecimiento de controles fronterizos de
EE.UU. y los altos riesgos que implicaba emigrar allí; y, tercero, las características culturales y
lingüísticas que unían Ecuador con España (Gratius 2005, p.24; Jokisch & Pribilsky, 2002, p.83;
Jokisch, 2014; Boccagni & Lagomarsino, 2011, p.286).
En sólo dos años (1999-2000) 267.000 ecuatorianos emigraron a España, y las salidas aumentaron
de 4.000 en todo el año de 1994 a 5.000 mensuales en el año 2000 (Jokisch & Pribilsky, 2002,
p.786).
Después de 2003, España cerró sus fronteras e impuso un visado a los ecuatorianos, lo que dio
lugar a una importante disminución de los flujos de inmigrantes. Esto va de la mano del papel del
Estado como regulador en la selección y admisión de ciudadanos extranjeros. La política de
inmigración era sensible al número de inmigrantes que ya recibía una sociedad.
Con el cierre de flujos, entre 2003 y la crisis de 2008, España llevó a cabo importantes procesos
de regularización que beneficiaron a los ciudadanos ecuatorianos, permitiéndoles configurar mejor
sus relaciones en la sociedad, lo que constituye un factor crucial para la integración y, por ende,