https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
1
Entre Política y Justicia: Lawfare y la Preservación del Principio
de Presunción de Inocencia en el Perú
Between Politics and Justice: Lawfare and the Preservation of the
Principle of Presumption of Innocence in Peru
Robin Dalton Gonzales Ticona
1
, ORCID: 0009-0003-7683-4060
1
Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Perú, rdgonzales@ucvvirtual.edu.pe
Citación de este artículo: Gonzales, R. (2024). Entre Política y Justicia: Lawfare y la
Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú. Nullius, 5(1), 1-11.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Recepción: 17 de mayo de 2023 Aceptación: 05 de octubre de 2023 Publicación: 05 de
enero 2024
Resumen
Es notable los obstáculos que se presentan para la preservación de los derechos fundamentales
cuando se utiliza el sistema de justicia como arma no convencional, esta investigación se
propuso analizar las ramificaciones de la judicialización de la política en la presunción de
inocencia, específicamente en el contexto del lawfare en el Perú. Utilizando un enfoque
cualitativo de tipo básico con un diseño de teoría fundamentada, se realizaron entrevistas a tres
abogados litigantes especializados en derecho penal y a un abogado constitucional. Los
resultados revelaron la presencia del fenómeno del lawfare en el Perú, no solo durante el
periodo 2022, sino incluso antes, evidenciando su impacto en el principio de presunción de
inocencia. Este fenómeno afecta a individuos que son objeto de persecución política mediante
la instrumentalización de la justicia. En resumen, se concluye que el lawfare puede socavar la
presunción de inocencia al crear un entorno en el que los acusados enfrentan presiones sociales,
mediáticas y políticas abrumadoras. Este ambiente compromete la imparcialidad del sistema
judicial y aumenta el riesgo de violación de los derechos fundamentales de los individuos
afectados. La investigación destaca la necesidad de abordar estos desafíos para salvar la
integridad del sistema legal y garantizar el respeto a los principios fundamentales en el Perú.
Palabras clave: Lawfare, Judicialización, Política, Presunción de inocencia, derechos
fundamentales.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
2
Abstract
It is notable the obstacles that arise for the preservation of fundamental rights when the justice
system is used as a non-conventional weapon. This research aimed to analyze the ramifications
of the judicialization of politics in the presumption of innocence, specifically in the context of
lawfare in Peru. Using a basic qualitative approach with a grounded theory design, interviews
were conducted. three trial lawyers specialized in criminal law and a constitutional lawyer. The
results revealed the presence of the lawfare phenomenon in Peru not only during the period
2022, but even before, evidencing its impact on the principle of presumption of innocence. This
phenomenon affects individuals who are the object of political persecution through the
instrumentalization of justice. In summary, it is concluded that lawfare can undermine the
presumption of innocence by creating an environment in which defendants face overwhelming
social, media and political pressures. This environment compromises the impartiality of the
judicial system and increases the risk of violation of the fundamental rights of affected
individuals. The research highlights the need to address these challenges to save the integrity
of the legal system and guarantee respect for fundamental principles in Peru.
Keywords: Lawfare, Judicialization, Politics, Presumption of innocence, fundamental
rights.
Introducción
En las últimas décadas, ha surgido un fenómeno de creciente relevancia a nivel mundial:
el "Lawfare" (Guerra Jurídica). Este término encapsula una estrategia donde los tribunales y el
sistema judicial se utilizan estratégicamente para perseguir y deslegitimar a los actores
políticos, planteando desafíos a la independencia judicial y al principio fundamental de
presunción de inocencia. América Latina, y específicamente el Perú, no han sido ajenos a esta
problemática. El Lawfare implica la instrumentalización del sistema judicial como herramienta
de persecución política, empleando tácticas como acusación penal, investigaciones
prolongadas, filtraciones mediáticas y campañas de desprestigio. Este artículo explora la
manifestación de este fenómeno en el Perú, destacando casos emblemáticos como el del
expresidente José Pedro Castillo Terrones, quien enfrentó ataques persistentes desde diversos
sectores.
Además de abordar casos específicos, analizamos las consecuencias del Lawfare para
el sistema judicial peruano y su impacto en las esferas legales, institucionales y sociales. Nos
sumergimos en la compleja intersección entre el discurso mediático y la judicialización de la
política, examinando cómo las filtraciones y campañas de desprestigio contribuyen a un clima
de desconfianza pública. En este contexto, surge la necesidad de plantear preguntas cruciales:
¿Cuáles son las implicancias de la judicialización de la política en la presunción de inocencia
en el contexto del Lawfare en el Perú durante el periodo 2022? ¿Cómo afecta este fenómeno a
la separación de poderes, la imparcialidad judicial y la protección de los derechos
fundamentales? ¿Cuál es el papel del discurso mediático en la percepción pública y la
presunción de inocencia?
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
Gonzales Robin. Entre Política y Justicia:
Lawfare y la Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú
3
Este trabajo, fundamentado teóricamente en el análisis del Lawfare, busca contribuir a
la comprensión de sus fundamentos conceptuales, evaluando sus implicancias en la presunción
de inocencia en el contexto peruano. A través de un enfoque cualitativo y la utilización de la
teoría fundamentada, se exploran las dimensiones sociales, jurídicas y metodológicas,
identificando así posibles violaciones de derechos y principios fundamentales. Con estos
elementos, el estudio busca proponer soluciones y reformas legales que fortalezcan la
integridad del sistema judicial y del Estado de derecho.
En cuanto al enfoque conceptual del "Lawfare" y la Judicialización de la Política, es
relevante señalar que este fenómeno, aunque no está exhaustivamente documentado en nuestra
literatura jurídica, ha sido objeto de profundos debates académicos en numerosos países. Su
impacto en la vulneración de los derechos de destacados líderes políticos y de sus seguidores
ha sido destacado, incluso por instancias como el Observatorio del Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Metodología
El presente estudio se adoptó, un enfoque cualitativo para explorar a fondo el fenómeno
del Lawfare en el Perú, centrándose específicamente en su relación con el principio de
presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. Siguiendo la metodología cualitativa
propuesta por Hernández y Mendoza (2020), se llevó a cabo una exploración para comprender,
describir e interpretar el fenómeno mediante las percepciones y significados generados por los
participantes en su entorno natural. Se utilizó la Teoría Fundamentada como diseño de
investigación, permitiendo identificar teorías y conceptos a partir de la información recopilada
durante la investigación, sin depender de suposiciones previas. En términos del tipo de
investigación, se optó por una investigación básica, priorizando la identificación de nuevas
leyes o principios que puedan contribuir a una teoría científica. El diseño de investigación se
centra en la Teoría Fundamentada, ofreciendo flexibilidad y un enfoque necesario para
desarrollar teorías a partir de las experiencias y perspectivas de los profesionales en Ciencias
Jurídicas.
Concepto del Lawfare
En relación al enfoque conceptual del "Lawfare" y la Judicialización de la Política,
es relevante señalar que, a pesar de no contar con una extensa presencia en nuestra literatura
jurídica, ha sido objeto de debates académicos en numerosos países. Es destacable que el
Observatorio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) lo ha
mencionado, reconociendo su impacto al vulnerar los derechos de destacados líderes
políticos y de sus seguidores. El término "Lawfare" tiene raíces anglosajonas, fusionando
"law" (ley) y "warfare" (guerra). Esta expresión, acuñada recientemente, describe una táctica
de guerra que implica el uso ilegítimo de la ley a nivel nacional e internacional, con el
objetivo de debilitar o destruir políticamente al oponente. Inicialmente conceptualizado por
Charles Dunlap en 2001, el "lawfare" se percibió como una herramienta para alcanzar
objetivos militares tradicionales mediante la utilización estratégica de la ley como arma.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
4
En esencia, el "lawfare" representa una estrategia no convencional que utiliza la ley
como una herramienta para socavar a los oponentes y lograr objetivos militares específicos,
según la perspectiva estratégica de Dunlap (2017). Este enfoque se encuentra estrechamente
vinculado a la conceptualización militar, revelando cómo la ley puede convertirse en un
instrumento estratégico en conflictos políticos y militares contemporáneos.
Vollenweider y Romano (2017) explican que el lawfare implica el uso indebido de
herramientas legales con la intención de perseguir motivaciones políticas, difamar la imagen
pública y deshabilitar a un oponente político. Este fenómeno amalgama acciones que
pretenden ser legales con una amplia cobertura mediática, buscando ejercer presión tanto
sobre el individuo en cuestión como sobre su entorno, incluyendo su círculo político y
familiares cercanos, exponiéndolos a acusaciones que aún no han sido probadas. A través de
la influencia del conglomerado mediático, se moldea la opinión pública.
Uno de los principales objetivos de la guerra híbrida es debilitar y desacreditar al
oponente, erosionando su prestigio tanto a nivel nacional como internacional, aspecto
inherente al concepto de lawfare. La desmoralización del adversario, ya sea en el ámbito
político, militar, económico o social, se logra a través de campañas mediáticas que dañan la
imagen del líder político sujeto a la estrategia judicial. La utilización de la ley y los tribunales
confiere legitimidad a estas operaciones, otorgándoles un carácter de seriedad y
competencia, presentándolas como entidades separadas de la contienda política (Tirado,
2021, p. 101).
Oliván (2022) argumenta que el Lawfare es un fenómeno que surge intrínsecamente
de la naturaleza del sistema judicial y la separación de poderes. El poder judicial se origina
en el Antiguo Régimen y constituye una parte integral del Absolutismo monárquico. En
consecuencia, resulta apropiado analizar la ideología del sistema judicial en términos de su
estructura ideológica inherente, en lugar de centrarse en las ideologías individuales de los
jueces. La clave reside en la interpretación jurídica, la cual imprime al sistema de justicia
una forma de comprender la realidad que no se circunscribe únicamente al ámbito político,
mostrando una inclinación que no puede ser pasada por alto, dado su carácter
innegablemente ideológico.
El fenómeno del lawfare no se limita únicamente a la persecución de partidos
políticos y grupos vinculados al progresismo; su alcance se extiende incluso a la represión
de las protestas sociales, exacerbando la estigmatización de la participación activa y la
actividad política. Todo esto se lleva a cabo con el propósito de preservar o fortalecer el
neoliberalismo, fomentar la tecnificación en el ámbito político, despojar al Estado de su
dimensión política y consolidar sus mecanismos de represión (CELAG, 2022). Aunque el
fenómeno del lawfare no se restringe exclusivamente a líderes opositores de inclinación
progresista, es en este contexto donde se observa con mayor frecuencia. La constante en
estos casos es el supuesto combate contra la corrupción, que carece de sólidas bases legales,
y se vale de un discurso de odio y estigmatización.
Tácticas comunes del Lawfare
Respecto a las Tácticas y Estrategias del Lawfare, según Romano (2022), tanto el
gobierno como el sector privado estadounidense emplean estrategias de presión política y
diplomática, desestabilización económica, desprestigio y desmoralización pública. Utilizan
procesos judiciales para simular cumplimientos normativos y la protección del Estado de
derecho y la democracia. Los medios de comunicación desempeñan un papel relevante, ya
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
Gonzales Robin. Entre Política y Justicia:
Lawfare y la Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú
5
sea de manera intencional o no, en la desmoralización, criminalización e incluso eliminación
de opositores políticos. Además, genera preocupación el papel de las embajadas
estadounidenses, que llevan a cabo acciones encubiertas que violan la legislación vigente y
tienen un impacto significativo en la política local.
Casado y Sánchez (2020) destacan que tanto el Estado como los propietarios de los
medios de comunicación predominantes tienen la capacidad de construir discursos que
influyen en la opinión pública y establecen los límites entre lo legal e ilegal. Son ellos
quienes determinan quiénes son considerados los "buenos" y los "malos" en esta narrativa,
lo que implica la facultad de moldear la opinión pública y afectar la percepción de la sociedad
sobre ciertos actores y eventos.
Si bien los medios de comunicación tienen el derecho a la libertad de expresión para
informar sobre eventos noticiosos, las personas también cuentan con derechos relacionados
con su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia y reputación. Estos derechos están
respaldados por instrumentos internacionales de derechos humanos, como tratados y
declaraciones reconocidas a nivel global (Bravo-Zamora, 2022). Resulta crucial que la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconozca que, aunque los tribunales y los
procesos judiciales deben ser transparentes y divulgar información, en ciertos casos se puede
justificar restringir la información cuando existe un riesgo significativo para la imparcialidad
o la presunción de inocencia.
En un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG),
Vollenweider y Romano (2017) identifican tres dinámicas y el actor clave que se coadyuvan
en la construcción del fenómeno en estudio. La primera dinámica, denominada "timing
político", implica que los casos judiciales, utilizados como herramientas estratégicas, se
divulgan en momentos estratégicos y de alto costo político para las personas o grupos objeto
de desprestigio. El propósito de esto es desacreditarlos y debilitarlos en el ámbito político.
La segunda dinámica se relaciona con la reorganización del sistema judicial, donde
las élites en el poder colocando a individuos afines en posiciones clave dentro del sistema
judicial. Estos "especialistas" incluyen abogados, jueces y fiscales vinculados al poder
vigente, utilizados para atacar al adversario político y evitar situaciones adversas. La tercera
dinámica se refiere al uso de un doble rasero en la aplicación de la ley. A pesar de la
existencia de varios casos de corrupción, se seleccionan estratégicamente aquellos que se
ajustan a los intereses del poder, mientras que otros son ignorados o minimizados, creando
una percepción de parcialidad y selectividad en el ejercicio de la justicia.
Un actor central en este contexto es el rol desempeñado por los medios de
comunicación hegemónicos. Estos medios actúan como una forma de "periodismo de
guerra", influyendo de manera general en las dinámicas mencionadas anteriormente. Su
participación se da a través de la manipulación de la opinión pública al resaltar ciertos casos
y ocultar otros, contribuyendo al mismo tiempo a la construcción de un consenso en torno a
ciertas narrativas y actores políticos.
En relación con los casos emblemáticos, Wagner (2020) admite que en América
Latina, el lawfare se manifiesta a través de la construcción y validación de casos bajo el
pretexto de combatir la corrupción. Ejemplos notables incluyen a líderes políticos como
Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Rafael Correa, quienes han
sido objeto de procesos judiciales cuestionados por su presunta instrumentalización con
multas políticas, utilizando el discurso anticorrupción como justificación.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
6
Romero (2022) destaca casos en Latinoamérica considerados éxitos del "Lawfare".
Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue acusada en 2015 de estar
implicada en el asesinato del juez Alberto Nisman, una acusación promovida por los medios
y desestabilizadora políticamente. Sin embargo, meses después, la Cámara Federal de
Casación descartó los señalamientos, calculando en la "inexistencia del delito".
Otro caso ilustrativo ocurrió en Brasil con la destitución de la expresidenta Dilma
Rousseff en 2017 debido a una acusación de corrupción, que posteriormente se reveló que
fueron planificadas por el sistema judicial y el parlamento para apartar al Partido de los
Trabajadores (PT) del poder. Además, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado
para evitar su participación en elecciones presidenciales, fortaleciendo el discurso de la
oposición. Después de pasar 580 días en prisión, Lula da Silva fue liberado.
En el caso boliviano de 2019, se utilizó un discurso de fraude por parte de la derecha
y la OEA tras la evidente victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales, generando
polarización y culminando con el exilio de Morales. Sin embargo, al igual que en casos
anteriores, se concluye que todo fue una conspiración.
Un Lawfare al estilo peruano
Respecto al "Lawfare" en el Perú, Ortiz y Llerena (2022) señalan que el plan golpista,
organizado por grupos de poder económico con apoyo estadounidense, se evidencia con
allanamientos y detenciones de personas relacionadas con el presidente Castillo en agosto
de 2022. Sin embargo, estas acciones se basaron en conjeturas y no en pruebas concretas.
Los autores insisten en que se observe un tipo de lawfare (electoral, racista y colonial)
inicialmente por el intento de anular una parte de los votos a favor de Pedro Castillo después
de la segunda vuelta electoral, provenientes de territorios habitados por pueblos originarios
y zonas. rurales, construyendo una acusación de "fraude en mesa" desde los bufetes de
abogados de Lima.
El "lawfare" en el caso de Pedro Castillo ha seguido un guion recurrente tanto en el
ámbito mediático como en la moción de censura que enfrentó. En ambas situaciones, se
buscaba vincular al objetivo político con actos de corrupción mediante una narrativa repetida
por los principales medios de comunicación. Destaca el papel del sistema judicial, liderado
por la fiscal general Patricia Benavidez, quien afirmaba contar con más de 190 elementos
probatorios para respaldar una acusación contra Castillo, supuestamente liderando una red
corrupta que otorgaba licitaciones fraudulentas desde su gobierno. Sin embargo, es
importante señalar que se estaba construyendo una culpabilidad sin haber demostrado aún la
comisión del delito por parte de los acusados (Santos, 2022).
A pesar de haber sido desplazadas del gobierno tras la victoria electoral de Pedro
Castillo, las élites económicas en Perú buscaban mantener su poder y privilegios. Ante la
convergencia de crisis en el país, adoptaron una estrategia golpista, utilizando diversas
tácticas en su intento de destituir al gobierno de Castillo. Las acusaciones de fraude electoral
y terrorismo, así como las alegaciones de "traición a la patria", no tuvieron éxito. Se
evidencia el uso de tácticas de lawfare en el marco de un proceso de golpe de Estado gradual
y sostenido, donde el Congreso intentó en tres ocasiones iniciar el proceso de destitución
presidencial y finalmente logró remover al presidente Castillo (Ortiz y Llerena, 2022;
Santos, 2022).
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
Gonzales Robin. Entre Política y Justicia:
Lawfare y la Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú
7
El procedimiento utilizado por el Congreso para la destitución de Castillo fue
altamente irregular. La aplicación de una vacancia moral no correspondía al procedimiento
adecuado y estuvo marcada por el racismo, utilizándose para la criminalización de los
indígenas. Este acto refleja la discriminación y va acompañado de intentos de incapacitar a
un maestro que representa a la comunidad indígena. A pesar de que se requerían 104 votos,
el Congreso de Perú solo contaba con 101, por lo que no se cumplió con el número necesario
de votos. Además, se le negó el derecho a exponer en el Congreso (Croxatto, 2023).
Retos para la preservación del Principio de Presunción de Inocencia
La presunción de inocencia constituye un pilar fundamental en el marco del Estado
de derecho. Este derecho establece que una persona debe ser considerada como inocente
hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso judicial llevado a cabo con todas
las garantías, y en el cual haya sido declarada culpable mediante una sentencia firme
(Conceptos Jurídicos, sf).
En relación con el concepto de Presunción de Inocencia, nuestra carta magna la
menciona en el artículo 2°, inciso 24, párrafo e), dejando claro que "toda persona es
considerada inocente hasta que se haya declarado su responsabilidad de manera judicial". Al
incorporarse la presunción de inocencia en la constitución, se le otorga un estatus legal sólido
y se reconoce como un principio fundamental que debe ser respetado y aplicado en el sistema
judicial. Esto implica que los tribunales y las autoridades deben operar bajo este principio,
evitando asumir la culpabilidad de una persona simplemente por ser acusada de un delito.
García (2019) concluye que la presunción de inocencia abarca el trato de las
autoridades hacia una persona acusada de un delito, considerándola como inocente. También
incluye las respuestas sociales y las acciones de los medios de comunicación, que tienen un
gran impacto en la opinión pública y en la sociedad en general.
En la normativa internacional de derechos humanos, la presunción de inocencia está
reconocida. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
establece que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le
hayan asegurado". todas las garantías necesarias para su defensa". Este derecho fundamental
busca asegurar que ninguna persona sea condenada sin pruebas suficientes y sin la
oportunidad de presentar su defensa adecuadamente.
Asimismo, el artículo 14, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de acuerdo con la ley". Este principio es
esencial en cualquier sistema legal justo, ya que garantiza que ninguna persona sea tratada
como culpable antes de que se haya demostrado su responsabilidad mediante un proceso
legal adecuado. Al reconocer este derecho, se salvaguarda la dignidad y los derechos
fundamentales de las personas acusadas, evitando condenas injustas o basadas en meras
sospechas.
En cuanto al desarrollo del enfoque teórico, Cáceres (2022) señala que, en el contexto
del lawfare, el principio de presunción de inocencia es vulnerable ya menudo se ve socavado
desde el inicio del proceso mediante la imposición de medidas preventivas, como la
detención preventiva. sin sentencia previa. Esta acción puede afectar gravemente los
derechos de las personas acusadas, colocándolas en una posición desventajosa y limitando
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
8
su capacidad para defenderse adecuadamente. Esta vulneración inicial de la presunción de
inocencia constituye una de las características preocupantes del fenómeno del lawfare, ya
que compromete la equidad y la imparcialidad en los procesos judiciales.
Una de las principales causas detrás de los casos de lawfare en la región se debe a la
intervención de Estados Unidos en los sistemas judiciales de América Latina, dirigida
principalmente contra líderes de izquierda (y en menor medida, de derecha). Este proceso se
lleva a cabo mediante programas de cooperación a largo plazo, intercambio de información
y la organización de cursos específicos para jueces y fiscales en la región. Estas
colaboraciones han introducido prácticas como la delación premiada (Colaboración eficaz),
la cual ha sido utilizada para diseñar estrategias al persuadir a individuos a declarar en contra
de otros a cambio de reducción de penas. Esto convierte a los colaboradores en fuentes de
acusación que socavan el principio de presunción de inocencia a cambio de beneficios
legales (Cáceres, 2022).
Ramírez y Frías (2019) sugieren que la colaboración eficaz, también conocida como
delación premiada o acuerdo de cooperación, debería mantenerse confidencial al menos
hasta que se presente la denuncia. De lo contrario, puede generar un ambiente de intriga y
sensacionalismo en relación con la persona o autoridad que será delatada, impulsando el
interés del público y los medios de comunicación. Estos, a su vez, influirán en la agenda de
los organismos penales, dando forma a lo que se conoce como el "setting" o configuración
de la agenda.
Por otro lado, Ramírez (2020) afirma que, en el procedimiento de colaboración
eficaz, se observa una violación al derecho fundamental de presunción de inocencia, ya que
los colaboradores suelen ser personas que han estado involucradas en actos de corrupción,
generando dudas sobre su credibilidad e imparcialidad. Además, en la práctica, los fiscales
a veces abusan de esta figura, utilizando el procedimiento de manera indiscriminada y
excediendo los plazos procesales establecidos, lo que resulta en una vulneración de derechos
fundamentales. De esta manera, se evidencia que el uso inadecuado del procedimiento de
colaboración eficaz puede socavar el principio de presunción de inocencia y comprometer
la integridad del proceso judicial.
Cáceres (2022) sostiene que el principio constitucional de la presunción de inocencia,
fundamental en el ámbito del derecho penal, está comprometido en el contexto del lawfare.
Esto ocurre porque representa un paso inicial en el proceso de persecución, donde se toman
medidas preventivas contra la persona acusada antes de que se haya demostrado su
culpabilidad. En otras palabras, el lawfare compromete el derecho de la persona a ser
considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, al tomar acciones como la
imposición de medidas cautelares antes de que se haya realizado un juicio justo y se haya
comprobado la culpabilidad. Esto implica una vulneración del derecho fundamental de
presunción de inocencia y puede tener un impacto negativo en el proceso legal y en los
derechos de la persona acusada.
Ramírez y Frías (2019) sostienen que la aplicación de la colaboración eficaz en un
contexto de lawfare ha involucrado el encuadramiento, sobre todo, de asociaciones, partidos
o coaliciones políticas en el concepto de organización criminal, avalando o al menos
permitiendo el uso político de sus conceptos e instrumentos jurídicos. Esto demuestra que la
aplicación de la colaboración eficaz en el contexto del lawfare ha llevado a considerar a
entidades políticas como organizaciones criminales, lo que facilita su persecución y
debilitamiento desde una perspectiva legal con motivaciones políticas.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
Gonzales Robin. Entre Política y Justicia:
Lawfare y la Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú
9
En consecuencia, la delación premiada colaboración eficaz puede potencialmente ser
utilizada como un instrumento de lawfare político. Existe la posibilidad de que se manipule
el sistema para obtener testimonios o información falsa o exagerada con el objetivo de
perjudicar a una persona o grupo político. Esto podría conducir a acusaciones infundadas o
a la distorsión de los hechos para dañar la reputación o debilitar a un adversario político.
Conclusiones
Durante el periodo 2022, la judicialización de la política en el contexto del "Lawfare"
en el Perú ha tenido un impacto profundo en el Principio de Presunción de Inocencia. Esta
tendencia ha puesto en peligro la independencia del sistema judicial, ha erosionado la
confianza pública en su imparcialidad y ha comprometido la protección efectiva de los
derechos fundamentales de los acusados. Esto subraya la urgente necesidad de abordar este
fenómeno para preservar la integridad del sistema de justicia.
Las consecuencias del "Lawfare" para el sistema judicial peruano son significativas
y plantean desafíos sustanciales al desafiar la independencia judicial. Al crear presiones para
que jueces y fiscales se alineen con agendas políticas o intereses particulares, este fenómeno
ha minado la confianza del público en la integridad y la imparcialidad de las instituciones
judiciales. El "Lawfare" ha contribuido a la polarización y fragmentación de la sociedad
peruana al fomentar divisiones políticas y sociales, dificultando el diálogo y la construcción
de consensos.
El impacto del "Lawfare" en las esferas legales, institucionales y sociales es profundo
y multifacético, teniendo graves implicancias en la separación de poderes, la imparcialidad
judicial y la protección de los derechos fundamentales. Este fenómeno amenaza la
separación de poderes al permitir que el poder político influya indebidamente en el sistema
judicial, socavando la imparcialidad al crear percepciones de sesgo político en jueces y
fiscales. La persecución política a través de procesos judiciales puede dar lugar a la violación
de derechos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a un
debido proceso.
El discurso mediático sobre la judicialización de la política tiende a ser selectivo ya
menudo está influenciado por intereses políticos y económicos. La exposición mediática
excesiva y sensacionalista puede influir en la opinión pública y llevar a la formación de
juicios prematuros, poniendo en peligro el derecho fundamental de ser considerado inocente
hasta que se demuestre lo contrario. Es crucial reconocer y abordar estas influencias para
garantizar una percepción pública más justa y equitativa de los procesos judiciales.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
10
Referencias Bibliográficas
Bravo-Zamora, C., (2022). Violación del principio de inocencia por la campaña negativa de
prensa 593 Digital Publisher CEIT, 7(1), 564- 578.
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/1001
Cáceres, M. H. (2022). Lawfare: Ofensiva para el Desmonte del Estado de Derecho y la
Democracia en América latina. [Tesis de grado, Universidad Federal de Integracao
Latino-Americana] Repositorio Institucional.
http://dspace.unila.edu.br/123456789/7106
Casado Gutiérrez, F., y Sánchez Figuera, R. (2020). Lawfare en Ecuador: Las acciones del
estado desacreditas por organismos internacionales. NULLIUS, 1(1), 1–17.
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v1i1.2332
CELAG. (2022). Observatorio de Lawfare CELAG. https://www.celag.org/observatorio-
lawfare/
Conceptos Jurídicos. (s.f.). Presunción de inocencia.
https://www.conceptosjuridicos.com/co/presuncion-de-inocencia/
Croxatto, G. L. (2023, 17 marzo). El abogado de Pedro Castillo: “No fue un golpe de Estado,
fue un hecho atípico”/ Entrevista realizada por Quesada, J. D. Diario El País.
https://n9.cl/0xsmu
Dunlap Jr, C. (16 de agosto de 2017). Introducción a la guerra jurídica. Manual básico.
(E. d. América, Ed.) Military Review. Edición hispanoamericana. 1-11.
https://tinyurl.com/a886mhxj
Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: las rutas
cuantitativa, cualitativa y mixta. Mcgraw-hill.
Oliván, F. (2022). El Lawfare como ideología judicial: la crisis del sistema político social.
Nullius, 3(2), 1-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.6794922
Ortiz, D., & Llerena, J. C. (2022, 11 de agosto). Lawfare en Perú, la vía del golpe de estado.
Catalunya Plural – Diario de derechos y pensamiento crítico. Recuperado de
https://catalunyaplural.cat/es/lawfare-en-peru-la-via-del-golpe-de-estado/
Ramírez Santoro, A. E., & Frias Tavares, N. L. (2019). El uso del sistema penal como Lawfare
político. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 17(1). 151-175.
https://n9.cl/lha2b
Ramírez García, V. T. (2020). El colaborador eficaz frente a la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia de los co-inculpados en el delito de colusión. [Tesis de grado,
Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional.
https://hdl.handle.net/20.500.12692/48433
Romano, S. M. (2022) De la guerra psicológica al lawfare en América Latina. Revista
Tlatelolco, UNAM, PUEDJS, 1(1), 89-111.
https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/wp-content/uploads/2022/06/SILVINA-
ROMANO.pdf
https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i1.6252
Vol. 5 Núm. (1) pp. 1-11 Enero-Junio 2024
Gonzales Robin. Entre Política y Justicia:
Lawfare y la Preservación del Principio de Presunción de Inocencia en el Perú
11
Romero Montalvo, J. M. (2022, 13 de agosto). Lawfare en el Perú: una aproximación. Barro
Pensativo - Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
Santos, S. (2022, 09 de diciembre). 17 meses de lawfare suspirando a la limeña contra Pedro
Castillo. El Diario AR.
Tirado Sánchez, A. (2021). El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley. Madrid: Akal.
Vollenweider, C., & Romano, S. (2017). Lawfare. La judicialización de la política en América
Latina. Centro estratégico latinoamericano de geopolítica. http://www.celag.org/wp-
content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf
Wagner Albujas, J. G. (2020). El Lawfare y su inserción en América Latina. Nullius, 1(2), 1–
31. https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v1i2.2619
