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Vol.5 Núm. (2) pp. 24-37 Julio- Diciembre 2024
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Análisis de la violencia de género en Portoviejo desde una perspectiva
comparada del sistema internacional derechos humanos: datos estadísticos
del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-2022)
Analysis of gender violence in Portoviejo from the international human rights
system comparative perspective: statistical data from ECU 911 and the
National Police (2021-2022)
Marianella Lilibeth Chevez Macías
1
, 0000-0002-3391-8753
1
Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador, marianella.chevez@utm.edu.ec
Citación de este artículo: Chevez, M. (2024). Análisis de la violencia de género en Portoviejo desde una perspectiva
comparada del sistema internacional derechos humanos: datos estadísticos del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-
2022). Nullius, 5(2), 24-38. https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v5i2.6936
Recepción: 10 de Junio del 2024 Aceptación: 3 de Agosto del 2024 Publicación: 12 de Septiembre de 2024
Resumen
La violencia de género es una problemática global que constituye una violación grave de los derechos humanos
fundamentales, abarca una serie de actos que pueden ser de naturaleza sexual, física, psicológica y económica, afectando
de manera desproporcionada a mujeres y niñas. En el contexto ecuatoriano, particularmente en la ciudad de Portoviejo,
esta forma de violencia ha mostrado una tendencia alarmante en los últimos años, reflejando una situación crítica que
demanda atención urgente. Este estudio analiza los datos proporcionados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU
911 y la Policía Nacional de Portoviejo durante el período 2021-2022, con el fin de identificar patrones y tendencias en
la incidencia de la violencia de género. Para ello, se recopilaron y examinaron los datos de ambas instituciones,
empleando métodos cualitativos y cuantitativos. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo con normativas
internacionales relevantes. Los resultados revelan un aumento preocupante en los casos reportados: la Policía Nacional
registró 15.368 denuncias en el período 2021-2022, mientras que el ECU 911 reportó 2.151 casos de violencia de género.
Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar políticas públicas más efectivas y sostenibles para
combatir esta problemática. Las implicaciones de estos resultados se discuten en el marco de las normativas nacionales
e internacionales, destacando los avances en el reconocimiento y la respuesta a la violencia de género. No obstante, a
pesar de estos progresos, la violencia de género sigue siendo un desafío significativo en Portoviejo, como lo evidencian
los datos y las tendencias observadas en este estudio.
Palabras clave: Violencia; derechos humanos; Portoviejo; ECU 911; Policía Nacional; Ecuador.
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desde una perspectiva comparada del sistema internacional derechos humanos:
datos estadísticos del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-2022)
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Abstract
Gender violence is a global problem that constitutes a serious violation of fundamental human rights, disproportionately
affecting women and girls. In the Ecuadorian context, and particularly in the city of Portoviejo, this form of violence
has shown an alarming trend in recent years, reflecting a critical situation that demands urgent attention. Gender violence
encompasses a series of acts that can be sexual, physical, psychological and economic in nature, each with a devastating
impact on the lives of victims. This study focuses on analyzing the data provided by the ECU 911 Integrated Security
Service and the Portoviejo National Police during the period 2021-2022, in order to identify patterns and trends in the
incidence of gender violence. To this end, data from both institutions were collected and analyzed, using descriptive
statistical methods. In addition, a comparative analysis was carried out with relevant international regulations. The
results reveal a worrying increase in reported cases: The National Police registered 15,368 complaints in the period
2021-2022, while the ECU 911 reported 2,151 cases of gender violence. These findings highlight the urgent need to
implement more effective and sustainable public policies to combat this problem. The implications of these results are
discussed within the framework of national and international regulations, highlighting advances in the recognition and
response to gender violence. However, despite this progress, gender violence remains a significant challenge in
Portoviejo, as evidenced by the data and trends observed in this study
Keywords: Violence; human rights; Portoviejo; ECU 911; National Police; Ecuador.
Introducción
La violencia de género es una problemática global que vulnera los derechos humanos fundamentales
y afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. a violencia de género puede manifestarse de diversas
formas, incluyendo daño físico, psicológico, económico, y sexual. González (2024), define la violencia de
género como "una forma de agresión física o psicológica dirigida a cualquier persona o grupo de personas
basada en su orientación sexual, identidad de género o sexo" (p. 6). Esta definición resalta la amplitud y
complejidad de la violencia de género, la cual no solo es un problema individual, sino que también refleja
desigualdades y prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad.
Históricamente, la lucha contra la violencia de género ha sido un proceso arduo y continuo. Desde el
siglo XVIII, durante el Siglo de las Luces, cuando se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano
excluyendo a las mujeres, hasta la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer [CEDAW] (1979), se ha buscado reconocer y proteger los derechos de las
mujeres. Aunque la CEDAW no aborda específicamente la violencia de género, sienta las bases para
combatirla al exigir a los países miembros tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres
en todas las esferas, incluida la violencia basada en el género (Giraldo et al., 2023).
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Las estructuras de poder dominadas principalmente por hombres generan un sesgo significativo en el
manejo de la violencia que afecta a las mujeres (Stephen, 2018). A pesar de los cambios y procesos evolutivos
en este ámbito, estas estructuras de poder han permanecido esencialmente machistas, heteronormativas y
adulto-céntricas. Como resultado, la cultura patriarcal sigue prevaleciendo, lo que contribuye a la
normalización de la violencia de género, especialmente en las áreas rurales (Song et al., 2021; Wood et al.,
2021).
En Portoviejo, la situación de violencia de género es alarmante. Los datos recopilados del Servicio
Integrado de Seguridad [ECU 911] y la Policía Nacional durante el período 2021-2022 revelan un incremento
del 25% en las denuncias de violencia de género. Este aumento puede atribuirse a una mayor concienciación
y disposición a denunciar por parte de las víctimas, así como a una posible escalada en la incidencia de
violencia.
Este estudio se propone un análisis cuali-cuantitativo de los datos proporcionados por estas
instituciones, identificando patrones y tendencias en la incidencia de violencia de género en Portoviejo.
Además, se discutirá la relevancia de estos hallazgos en el contexto de las normativas nacionales e
internacionales, subrayando la necesidad de políticas públicas efectivas para combatir esta problemática.
La relevancia de este estudio radica en la necesidad urgente de comprender y abordar la violencia de
género en Portoviejo, no solo como un fenómeno local, sino como una manifestación de una problemática
global que afecta los derechos humanos. A través de un enfoque basado en normativas internacionales y la
realidad concreta de Portoviejo, este trabajo busca aportar a la concienciación social sobre la importancia de
erradicar todas las formas de violencia de género.
El artículo se estructura en varias secciones clave. En primer lugar, se presenta una revisión de la
literatura sobre la violencia de género y las normativas internacionales relevantes. A continuación, se describen
los métodos empleados para el análisis de los datos recopilados en Portoviejo. La sección de resultados ofrece
un análisis detallado de los patrones y tendencias identificados, seguido de una discusión que conecta estos
hallazgos con el marco normativo internacional. Finalmente, se establecen las conclusiones.
1. Fundamentos Teóricos
Orozco et al., (2020) consideran fundamental hablar de violencia de género como un tópico de gran
importancia y desarrollar investigaciones, específicamente a nivel de violencia intrafamiliar. La violencia de
género es un problema social arraigado en un sistema de dominación masculina sobre las mujeres. Este sistema
provoca daño físico, sexual o psicológico a través de acciones que generan sufrimiento (Ramírez et al., 2021).
La ONU (1995) la define como cualquier acto de violencia basado en el género que resulta en, o es probable
que resulte en, daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coacción
o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada (ONU, 1995).
Esta definición destaca la amplitud y la diversidad de formas que puede tomar la violencia de género, que
incluyen:
Violencia física: Cualquier acto que cause daño corporal o sufrimiento físico a la víctima.
Violencia psicológica: Comportamientos que causan daño emocional o mental, como el abuso verbal,
la intimidación y el aislamiento.
Violencia sexual: Cualquier acto sexual no consentido, incluidos la violación y el abuso sexual.
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desde una perspectiva comparada del sistema internacional derechos humanos:
datos estadísticos del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-2022)
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Violencia económica: Control de los recursos financieros, limitando el acceso de la víctima a dinero,
empleo o educación.
Históricamente, las mujeres han sido objeto de diversas formas de discriminación y violencia. Durante
el siglo XVIII, en el contexto del Siglo de las Luces, se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano,
excluyendo a las mujeres de estos derechos. Este acto institucionalizó una visión desigual del género, sentando
las bases para la discriminación sistémica. Figuras como Olympe de Gouges, quien defendió los derechos de
las mujeres, fueron pioneras en cuestionar estas estructuras de poder (González, 2024).
La violencia de género constituye una grave violación de los derechos humanos, afectando el derecho
a la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de las víctimas (Amnistía Internacional, 2024). Esta violencia
perpetúa la discriminación de género y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, limitando el
acceso de las mujeres a oportunidades y recursos. La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas,
sino que también tiene consecuencias negativas para sus familias y comunidades, perpetuando un ciclo de
violencia y desigualdad.
1.1 Contexto ecuatoriano en la lucha contra la violencia de género
La lucha contra la violencia de género ha sido respaldada por diversos instrumentos y normativas
internacionales que buscan proteger y promover los derechos de las mujeres. Entre estos instrumentos destacan
la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, los cuales han establecido marcos legales que los Estados
deben adoptar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Además, normativas internacionales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
refuerzan la obligación de los gobiernos de garantizar la igualdad de género y la protección efectiva contra la
violencia. Estas herramientas han influido en la formulación de políticas y leyes nacionales, como las
adoptadas en países como Ecuador, destinadas a combatir la violencia de género y proteger a las víctimas.
En Argentina, Spaccarotella (2018) señala que se ha realizado un gran esfuerzo para incorporar la
legislación internacional al ordenamiento interno, sancionando normas y aplicando políticas para la protección
de las mujeres frente a la violencia. Sin embargo, persisten desafíos significativos, como la falta de
concientización en varios entes gubernamentales de los tres poderes del Estado —nacional, provincial y local
sobre la normativa existente y aplicable. Esta falta de concientización dificulta la comprensión y el abordaje
adecuado de la violencia contra la mujer, así como la contención efectiva de las víctimas desde una perspectiva
de género.
En Guatemala, la situación es aún más preocupante. A pesar de haber ratificado numerosos tratados
internacionales, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en tasas de femicidio. Reyes (2022) subraya que
la ausencia de aplicación efectiva de los convenios y leyes ratificados ha impedido la reducción de la violencia
de género en el país. Esto plantea serias dudas sobre el compromiso real del Estado guatemalteco para erradicar
la violencia contra la mujer y garantizar la protección de las víctimas.
Leonardi y Scafati (2019) coinciden en que, aunque se han logrado avances significativos en el ámbito
internacional y local para combatir la violencia de género, la interpretación y aplicación de estas normativas
sigue siendo un desafío. La complejidad de la violencia de género y los posibles sesgos de género en la justicia
afectan la protección efectiva de las mujeres que se defienden de agresiones en contextos de violencia
doméstica. A pesar de las claras obligaciones establecidas por normativas como la CEDAW y la Convención
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de Belém do Pará, su implementación práctica aún enfrenta obstáculos, especialmente en la consideración de
la legítima defensa en situaciones de violencia de género.
Ecuador, por su parte, ha mostrado un firme compromiso con la promoción y protección de la igualdad
de género y la eliminación de la violencia contra la mujer. El Estado ha firmado y ratificado todas las
convenciones internacionales pertinentes, incluyendo la CEDAW en 1981 y la Convención de Belém do Pará
en 1995. Según Vera (2020), Ecuador no solo ha cumplido con la presentación periódica de informes ante los
comités internacionales, sino que también ha implementado formal y materialmente las recomendaciones de
los órganos de derechos humanos y de las organizaciones de mujeres del país.
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (2018)
y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) son ejemplos de los esfuerzos legislativos de
Ecuador para abordar esta problemática. Estas leyes establecen mecanismos para la protección de las víctimas,
sanciones para los agresores y programas de prevención, reflejando un compromiso con la protección de los
derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales.
La implementación de normativas internacionales ha sido crucial en el desarrollo y fortalecimiento de
las políticas de Ecuador para combatir la violencia de género. Instrumentos como la CEDAW y la Convención
de Belém do Pará han orientado al país a establecer marcos legales que no solo cumplen con los estándares
internacionales, sino que también reflejan un compromiso con la protección de los derechos humanos. La Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres y las reformas al COIP
demuestran cómo Ecuador ha adaptado y perfeccionado sus políticas para alinearse con las recomendaciones
internacionales, asegurando así un enfoque más integral y efectivo en la prevención, sanción y erradicación
de la violencia de género. Estas leyes no solo promueven un entorno más seguro para las mujeres, sino que
también refuerzan el rol del Estado en la protección de los derechos humanos, siguiendo un modelo de
cooperación internacional que enriquece y valida los esfuerzos nacionales en esta lucha crucial.
A pesar de estos avances, la efectividad de las iniciativas en Ecuador, como en otros países, depende
de una implementación adecuada y de la coordinación entre las instituciones responsables. La lucha contra la
violencia de género requiere un esfuerzo continuo y una firme voluntad política para garantizar que las
normativas internacionales se traduzcan en protección real para las mujeres.
1.1.2 Legislación nacional: Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de
Género contra las Mujeres
Por acción de la lucha de las mujeres, en los años ochenta en Ecuador se empieza a visibilizar la
violencia como un problema de salud pública y se logra que tenga un tratamiento a nivel político. La
visibilidad se acentuó más, cuando el Ecuador firma la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, en julio de 1980 y la ratifica en noviembre del 1981. Más tarde, Ecuador
se adhiere a la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
de Belém do Para (1995) y al suscribe la Plataforma de acción de Beijing (1995).
A partir de este contexto, surge en Ecuador en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 6 del
artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional expide la siguiente: Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, una pieza legislativa crucial en la lucha
contra la violencia de género en el país. Esta ley, también conocida como LOI, fue aprobada en 2018 y
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establece un marco legal integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres
en todas sus formas.
De acuerdo a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(2018), se define a la violencia de género contra las mujeres como “cualquier acción o conducta basada en su
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial,
gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado” (p.9).
A través de dicha ley se da atención prioritaria y especializada a las niñas y adolescentes, en el marco
de lo dispuesto en la Constitución de la República e instrumentos internacionales ratificados por el Estado
ecuatoriano. El primer informe sobre el proyecto de Ley que se presentó a la Asamblea Nacional, por
unanimidad, fue aprobado por la comisión especializada para el primer debate, este contenía, un punto que
causó gran conmoción, en su artículo 15, numeral 3 se planteó la implementación de un Programa Nacional
de Transversalización del Enfoque de Género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de
educación formal y no formal, intercultural y bilingüe (El Universo, 2017).
En la exposición de motivos de la mencionada Ley Orgánica se encuentra el hecho de que la violencia
contra las mujeres afecta a todas las féminas del país y del mundo; además, que esta es una lucha histórica,
pues la violencia de género se ejerce sobre ellas por el hecho de serlo. Se toma en consideración los
antecedentes de esta temática y se menciona que la presente Ley tiene el carácter de Orgánica porque sus
disposiciones prevalecerán sobre otras normas, estableciendo siete tipos de violencia como ya se expresó
anteriormente (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018).
1.1.3 Código Orgánico Integral Penal (COIP)
De forma adicional o complementaria en el Código Orgánico Integral Penal (2014) se establece que la
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar constituye un delito
De acuerdo al COIP (2014), en el Art. 155 se denomina violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar. - “toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro
de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar” (p.50).
Además, el COIP en el artículo 156,157 y 158 define la violencia de género e incluye diferentes formas
de violencia, como la violencia física, psicológica, sexual y económica. Por otra parte, en el artículo 78.1
establece los mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres.
En los casos de Art. 78.1: violencia de género contra las mujeres, las autoridades judiciales podrán
disponer las siguientes medidas, no excluyentes, de reparación individual o colectiva:
1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de las víctimas
indirectas; y,
2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (p.31).
Art. 558.1 se establece las medidas de protección contra la violencia a las mujeres: Los casos de
violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes:
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Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin de que la víctima tome sus pertenencias.
La salida de la víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona
agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y
el de las personas dependientes de ella; y
Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de
identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas
dependientes de ella.
Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal, su
ingreso al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el
proceso, siempre que las condiciones así lo requieran (p.36).
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador desempeña un papel fundamental en la
protección y defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el país. Al establecer
la violencia contra la mujer como un delito y definir ampliamente sus diversas formas, el COIP reconoce la
gravedad y complejidad de este problema social. Además, al contemplar medidas de protección, reparación
integral y acceso a la justicia, el código proporciona un marco legal sólido para abordar la violencia de género
y garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas. La existencia y aplicación efectiva del COIP son de suma
importancia para promover una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, independientemente
de su género, puedan vivir libres de violencia y discriminación.
1.1.4 Políticas y planes nacionales de acción
De acuerdo con ONU Mujeres (2015), la violencia de género es un problema de violación a los
derechos humanos, pues afecta el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, niños
y adolescentes e interrumpe su desarrollo integral en lo cognoscitivo, físico, emocional y psicológico. Además,
pone en riesgo la vida, pues muchas mujeres terminan asesinadas luego de vivir años de violencia. Otras
mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cambio, atentan contra su propia vida.
Ecuador ha implementado una serie de políticas y planes nacionales de acción para abordar la violencia
de género y promover la igualdad de género en el país. Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno
y la sociedad ecuatoriana en la prevención y erradicación de la violencia basada en el género. Algunas de estas
políticas y planes son:
Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres: Este plan establece
estrategias y acciones específicas para prevenir y eliminar la violencia de género en todas sus formas. Incluye
medidas para la sensibilización, la prevención, la atención a las víctimas y la persecución judicial de los
agresores.
La implementación del PLAN garantizará a las mujeres, niños, niñas y adolescentes seguridad, paz,
bienestar, tranquilidad, desarrollar sus proyectos de vida, vivir en mejores condiciones y con alegría,
y al país mejores posibilidades de desarrollo social y económico, promoviendo el ejercicio de una
verdadera democracia y ciudadanía plena (ONU Mujeres, 2015).
Por otro lado, Ecuador como parte de sus políticas y planes nacionales, creó la Agenda Nacional para
la Igualdad de Género: Este plan tiene como objetivo promover la igualdad de género en todas las esferas de
la sociedad ecuatoriana. Incluye acciones para eliminar la discriminación de género, promover la participación
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equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones y garantizar el acceso igualitario a los derechos y
oportunidades.
De acuerdo al Consejo Nacional para la igualdad de género (2022), la Política Pública de Igualdad y
No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: busca garantizar el respeto y la protección
de los derechos de las personas LGBTQ+ en Ecuador, incluyendo medidas para prevenir la discriminación y
la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Estas políticas y planes nacionales de acción reflejan el compromiso de Ecuador en la promoción de
la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres y otras personas en situación de
vulnerabilidad frente a la violencia basada en el género. Sin embargo, su efectividad depende de su
implementación adecuada y del compromiso continuo del gobierno y la sociedad en su aplicación
Metodología
La metodología de esta investigación se basó en un enfoque mixto, utilizando el análisis comparativo
de fuentes para estudiar la incidencia de la violencia de género en Portoviejo durante el período 2021-2022.
Se recopilaron datos de dos instituciones clave: la Policía Nacional y el Servicio Integrado de Seguridad ECU
911. Estas fuentes proporcionaron cifras y gráficos detallados sobre los casos reportados de violencia de
género. El análisis de los datos se realizó a través de métodos cualitativos y cuantitativos, integrando cifras
con normativas internacionales y estudios académicos para identificar patrones y tendencias. El análisis
comparativo de las fuentes permitió contrastar y evaluar los datos provenientes de ambas instituciones. Los
resultados se presentaron mediante tablas suministrados por estas entidades, acompañados de un análisis
interpretativo que facilita la comprensión de la problemática.
Discusión
Los datos reflejan un aumento significativo en el número de denuncias recibidas por la Policía Nacional
y el ECU 911 en Portoviejo entre 2021 y 2022, lo que sugiere una mayor incidencia de delitos de violencia de
género y una mayor efectividad en los canales de denuncia, impulsada por una creciente concienciación
ciudadana sobre la importancia de reportar estos actos. Según Moreira-Pinargote et al. (2022), “las denuncias
sobre violencia dentro del entorno familiar por motivos de género se reportan, en su mayoría, a través del
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911” (p. 12), subrayando el papel crucial de estos servicios en la
recolección de datos sobre violencia de género.
En términos de tipos de violencia, los resultados muestran que la violencia física, psicológica y la
intrafamiliar prevalecen. La violencia física se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, con pequeñas
fluctuaciones mensuales que podrían estar influenciadas por factores contextuales específicos, como eventos
sociales, campañas de prevención o la capacidad de respuesta de las autoridades. Globalmente, se estima que
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736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o
violencia sexual fuera de la pareja al menos una vez en su vida (ONU Mujeres, 2023).
El aumento del 30.8% en los casos de violencia psicológica es significativo y puede estar relacionado
con una mayor visibilidad y reconocimiento de este tipo de violencia. Este cambio sugiere un avance en la
conciencia pública y una mayor confianza hacia las instituciones encargadas de recibir estas denuncias. Según
Moreira et al. (2022), las principales causas de la violencia de género incluyen problemas económicos,
familiares y sentimentales. Daniela Saltos, Directora General (E) del ECU 911, reporta que, a nivel nacional,
se han coordinado 84.958 reportes de violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar, con un
58% de agresiones psicológicas, 29% de violencia intrafamiliar, 13% de violencia física y 0% de violencia
sexual (ECU 911, 2022).
El aumento en la violencia intrafamiliar destaca el impacto prolongado de la pandemia y sus efectos
en la dinámica familiar, subrayando la necesidad de políticas de intervención específicas. La pandemia de
COVID-19, desarrollada en un contexto de profundas desigualdades de género, exacerbó los factores de riesgo
de violencia de género al aumentar el aislamiento y las barreras para solicitar ayuda y denunciar (Lorente-
Acosta, 2020).
En condiciones como estas, y a pesar de los avances logrados por el movimiento feminista, la violencia
de género persiste como un problema social, perpetuado por concepciones erróneas de superioridad masculina
y la sumisión femenina, que en algunos casos se manifiestan violentamente (Naranjo, 2021).
Los datos y la evolución normativa reflejan un panorama donde, a pesar de los esfuerzos
internacionales y locales para combatir la violencia de género, la prevalencia de diferentes formas de violencia
sigue siendo un desafío significativo. La evolución normativa internacional, como se muestra en la Tabla 3,
evidencia un creciente reconocimiento y acción global, desde la Declaración Universal de los Derechos
Humanos hasta la Convención de Belém do Pará, con una tendencia hacia la implementación de medidas más
concretas y obligatorias para erradicar la violencia de género. Sin embargo, según Nelaeva (2021), a pesar de
este avance normativo y la creciente atención de organizaciones intergubernamentales y tribunales
internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los países del sur global
enfrentan importantes retos en la aplicación de estas políticas. Estos incluyen la persistencia de la violencia
entre parejas, bajas tasas de denuncia, barreras culturales, deficiencias en educación, salud y acceso a la
justicia, agravados por la corrupción en el sistema judicial (Sudderth, 2020). Así, aunque el marco normativo
internacional ha avanzado, la implementación efectiva de políticas públicas a nivel local sigue siendo un
obstáculo clave para la erradicación de la violencia de género.
Resultados
Tabla 1
Número de denuncias recibidas por la Policía Nacional (2021-2022)
Año
Ecu 911
2021
938
2022
1,213
Fuente: Datos tomados de las estadísticas de la Policía Nacional y Ecu 911 de Portoviejo (2021-2022).
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datos estadísticos del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-2022)
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La tabla 1 muestra un aumento significativo en las denuncias recibidas por la Policía Nacional y el
ECU 911 en Portoviejo entre 2021 y 2022. La Policía Nacional registró un incremento del 24.5%, pasando de
6,845 denuncias en 2021 a 8,523 en 2022, mientras que el ECU 911 experimentó un aumento del 29.3%, con
938 denuncias en 2021 y 1,213 en 2022. Este crecimiento puede reflejar tanto un incremento en la incidencia
de delitos como una mayor efectividad en los canales de denuncia y una mayor conciencia ciudadana sobre la
importancia de reportar estos hechos.
Tabla 2
Tipos de violencia reportada por ECU 911 (2021-2022)
Mes
Violenci
a Física
(2021)
Violenci
a Física
(2022)
Violencia
Psicológic
a (2021)
Violencia
Psicológic
a (2022)
Violenci
a Sexual
(2021)
Violenci
a Sexual
(2022)
Violencia
Intrafamilia
r (2021)
Violencia
Intrafamilia
r (2022)
Total
(2021
)
Total
(2022
)
Enero
23
21
31
47
-
-
8
14
62
82
Febrero
40
11
59
72
-
-
14
22
113
105
Marzo
24
17
19
63
-
-
5
19
48
99
Abril
25
28
61
82
-
-
10
23
96
133
Mayo
22
33
62
74
-
-
12
21
96
128
Junio
19
20
47
59
-
-
8
29
74
108
Julio
21
30
41
51
-
-
13
11
75
92
Agosto
25
11
39
47
1
2
10
24
75
84
Septiembr
e
21
22
45
46
-
-
11
10
77
78
Octubre
16
23
57
64
-
-
8
7
81
94
Noviembre
11
23
55
52
-
-
7
19
73
94
Diciembre
16
21
42
73
-
-
10
22
68
116
Total
263
260
558
730
1
2
116
221
938
1213
Fuente: Datos tomados de las estadísticas del Ecu 911 de Portoviejo (2021-2022).
La tabla 2 muestra variaciones en los tipos de violencia reportada al ECU 911 en Portoviejo durante
2021 y 2022. La violencia física, aunque se mantuvo relativamente estable entre ambos años, con 263 casos
en 2021 y 260 en 2022, presenta fluctuaciones mensuales. Algunos meses muestran una reducción
significativa (como febrero y agosto), mientras que otros como abril y mayo, indican un incremento. Estos
cambios podrían estar influenciados por factores contextuales específicos de cada mes, como campañas de
sensibilización o eventos sociales que afectan la prevalencia o el reporte de este tipo de violencia.
La violencia psicológica, por otro lado, muestra un aumento considerable, pasando de 558 casos en
2021 a 730 en 2022. Este incremento del 30.8% es el más pronunciado entre todos los tipos de violencia
analizados. La creciente atención y conciencia social sobre los impactos de la violencia psicológica podrían
haber llevado a un mayor número de denuncias. Este aumento puede reflejar un reconocimiento más amplio
de este tipo de violencia como un problema grave, lo que ha impulsado a más víctimas a buscar ayuda.
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Finalmente, la violencia intrafamiliar también mostró un incremento notable, con 116 casos reportados
en 2021 y un aumento hasta 211 en 2022. Este crecimiento sugiere un contexto en el que la violencia dentro
del hogar sigue siendo un problema persistente, exacerbado posiblemente por factores como el confinamiento
por la pandemia y las tensiones económicas. Aunque los casos de violencia sexual son bajos y solo reportados
en 2022, su presencia destaca la necesidad de atención a todos los tipos de violencia, independientemente de
su frecuencia. El total de casos reportados refleja un aumento general del 16.8% de 2021 a 2022, lo que resalta
la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante estas formas de violencia.
Tabla 3
Aplicación de normativa internacional en el marco de la violencia de género
Normativa
Internacional
Año
Descripción
Impacto/Implicaciones
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos
1948
Establece la igualdad y la no
discriminación como principios
fundamentales.
Proporciona una base legal para la
igualdad de género, aunque inicialmente
no aborda específicamente la violencia de
género.
Convención sobre la
Eliminación de Todas
las Formas de
Discriminación contra
la Mujer (CEDAW)
1979
Obliga a los Estados miembros a
tomar medidas para eliminar la
discriminación contra las mujeres en
todas las esferas.
Establece un marco legal para combatir la
discriminación de género, sentando las
bases para la protección contra la violencia
de género (Giraldo et al., 2023).
Declaración sobre la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer
1993
Reconoce la violencia de género
como una violación de los derechos
humanos y un obstáculo para la
igualdad de género.
Proporciona un reconocimiento explícito
de la violencia de género como una
violación de derechos humanos,
promoviendo la adopción de medidas
específicas para su erradicación.
Convención de Belém
do Pará
1994
Primer tratado internacional en
América Latina y el Caribe que
aborda específicamente la violencia
contra la mujer, obligando a los
Estados parte a adoptar medidas para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia de género.
Establece obligaciones claras para los
Estados parte, promoviendo la adopción
de legislaciones y políticas públicas
orientadas a prevenir y combatir la
violencia de género en la región.
Conferencia de Beijing
1995
Define un plan de acción global para
la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
Refuerza el compromiso internacional con
la igualdad de género, incluyendo la
prevención y erradicación de la violencia
de género como uno de sus objetivos
clave.
Fuente: Elaboración propia a partir de las normativas
La tabla presenta una evolución significativa en la normativa internacional relacionada con la igualdad
de género y la violencia contra la mujer, reflejando un creciente reconocimiento y respuesta a estas
problemáticas a lo largo de las décadas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) marca el
punto de partida, estableciendo principios fundamentales de igualdad y no discriminación, aunque en sus
inicios no abordó de manera explícita la violencia de género.
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Vol.5 Núm. (2) pp. 24-38 Julio- Diciembre 2024
Chevez Marianella.. Análisis de la violencia de género en Portoviejo
desde una perspectiva comparada del sistema internacional derechos humanos:
datos estadísticos del ECU 911 y la Policía Nacional (2021-2022)
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La CEDAW de 1979 representa un avance crucial, al obligar a los Estados miembros a tomar medidas
para eliminar la discriminación de género en todas las esferas de la vida. Esta convención sentó las bases para
la protección contra la violencia de género, aunque se centró más en la igualdad de oportunidades que en la
violencia en sí. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) complementa y
amplía estos marcos, reconociendo explícitamente la violencia de género como una violación de derechos
humanos y un obstáculo significativo para la igualdad de género, promoviendo la adopción de medidas
concretas para su erradicación.
La Convención de Belém do Pará de 1994 y la Conferencia de Beijing de 1995 marcan hitos en la
lucha contra la violencia de género en América Latina y a nivel global, respectivamente. La Convención de
Belém do Pará es el primer tratado en la región que aborda específicamente la violencia contra la mujer,
estableciendo obligaciones claras para los Estados parte en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de
este tipo de violencia.
Conclusiones
La violencia de género es una realidad que afecta a mujeres y niñas en todo el mundo, y Portoviejo no
es la excepción. El aumento en las denuncias de estos casos puede interpretarse tanto como un reflejo de un
incremento en la incidencia de la violencia de género, como una señal de la mejora en la efectividad de los
canales de denuncia y de una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de reportar estos actos.
Durante el período 2021-2022, los casos más reportados de violencia en Portoviejo fueron la violencia
física, psicológica e intrafamiliar. Los resultados reflejan una creciente conciencia y visibilidad sobre la
violencia psicológica, en un contexto de violencia intrafamiliar que sigue siendo persistente y posiblemente
exacerbado por factores como el confinamiento durante la pandemia.
Sin embargo, aunque el número de denuncias ha aumentado, el sistema de justicia continúa siendo
lento, lo que a menudo lleva a las víctimas a abandonar el proceso judicial. Este problema se agrava por el
temor de las víctimas a denunciar, ya sea por posibles amenazas de sus agresores o por el miedo al proceso
judicial y al estigma social que conlleva. Este escenario subraya la necesidad de fortalecer las políticas
públicas y las estrategias de implementación efectiva a nivel local, apoyadas en un marco normativo
internacional que promueve la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.
La evolución normativa internacional, demuestra un progreso significativo en el reconocimiento y la
respuesta a la violencia de género. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la
Convención de Belém do Pará, se observa un creciente compromiso global con la igualdad de género y la
erradicación de la violencia de género. Sin embargo, a pesar de estos avances, la violencia de género sigue
siendo un desafío importante, como lo evidencian los datos y las tendencias observadas en el estudio.
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