Alvarado-Vélez, J. (2025). Mujeres rurales y contratación pública: una estrategia jurídica para

promover la conservación ambiental en Chimborazo. Nullius, 6(1), 19-32.

Este artículo analiza el impacto de la contratación pública en la participación de mujeres

estadísticamente, mientras que los cualitativos se analizaron mediante codificación temática;

además, se realizó un análisis normativo detallado de la LOSNCP y su reglamento. Los resultados

revelaron un conocimiento limitado de las normativas por parte de las participantes, indicando

desconocimiento de los procedimientos de contratación pública, lo que dificulta su participación.

Asimismo, las barreras administrativas, financieras y de género limitan su acceso a estas

oportunidades, resaltando la complejidad del Registro Único de Proveedores y la falta de capital

inicial. Sin embargo, las participantes reconocen el potencial de la contratación pública para

mejorar sus ingresos y destacaron sus prácticas sostenibles, como el cultivo de mashua sin

agroquímicos, que no han sido suficientemente valoradas en los procesos públicos. Se concluye

que, aunque el marco normativo tiene el potencial de fomentar la inclusión, su implementación

procedimientos administrativos, garantizando así el desarrollo sostenible y equitativo en

Palabras clave: contratación pública; economía solidaria; desarrollo rural; políticas

This paper analyzes the impact of public procurement on the participation of rural women

from an association in San Juan, Chimborazo, with an emphasis on economic and environmental

in addition, a detailed normative analysis of the LOSNCP and its regulations was performed. The

results revealed limited knowledge of the regulations among the participants, highlighting their

lack of awareness of public procurement procedures, which hinders their participation.

Furthermore, administrative, financial, and gender-related barriers limit their access to these

opportunities, emphasizing the complexity of the Single Supplier Registry and the lack of initial

capital. However, participants recognized the potential of public procurement to improve their

income and highlighted their sustainable practices, such as the cultivation of mashua without

agrochemicals, which have not been sufficiently valued in public processes. It is concluded that,

although the regulatory framework has the potential to promote inclusion, its effective

implementation requires training, incentives for sustainable practices, and adjustments to

sino que también promueve la inclusión de sectores históricamente marginados, como los actores

de la Economía Popular y Solidaria (EPS) (Gómez, 2020). Particularmente, la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento complementario han

adoptado disposiciones destinadas a fortalecer la participación de microempresas, artesanos y

actores locales (art. 25.2 de la ley), reconociendo la contratación pública como un motor para el

En el ámbito rural, esta normativa adquiere especial relevancia, dado que las

comunidades rurales representan un sector estratégico para la generación de empleo local, la

sostenibilidad ambiental y la producción agrícola (Castilla, 2021). Las mujeres rurales, como

principales impulsoras de la economía familiar y guardianas del conocimiento tradicional,

En este contexto, la provincia de Chimborazo, ubicada en la región Sierra del Ecuador,

presenta un contexto ideal para analizar el impacto de la contratación pública en el desarrollo

sostenible. La predominancia de actividades agrícolas y ganaderas, junto con una alta

concentración de población indígena y rural, hacen de esta provincia un espacio donde convergen

las políticas de inclusión económica y sostenibilidad ambiental (Alvarado-Vélez et al., 2024). En

este marco, las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental, no solo como trabajadoras,

sino también como líderes comunitarias que promueven prácticas agrícolas sostenibles, como el

uso de cultivos diversificados y la reforestación, actividades alineadas con los objetivos de

Desde el punto de vista jurídico, las disposiciones de la LOSNCP y su reglamento

específicos de capacitación para mujeres rurales y la necesidad de adaptar los procedimientos a

En este marco, el presente artículo se propone analizar la interacción entre el marco

normativo de la contratación pública y su aplicación práctica en la promoción de la participación

de mujeres rurales en Chimborazo, con un enfoque en la conservación ambiental. Para ello, se

plantea un análisis jurídico-normativo combinado con un estudio de caso en comunidades rurales

lideradas por mujeres, a fin de identificar buenas prácticas, barreras estructurales y oportunidades

de mejora. Este enfoque permite no solo evaluar el impacto actual de la normativa, sino también

Así, las preguntas que guían esta investigación son: ¿Cómo ha contribuido la contratación

pública al desarrollo sostenible en comunidades rurales de Chimborazo? ¿Qué tan efectivas han

sido las disposiciones legales para incluir a las mujeres rurales en los procesos de contratación

La contratación pública ha evolucionado como una herramienta fundamental para

promover el desarrollo económico y social, especialmente en países en vías de desarrollo

(Callejas & Mohapatra, 2021; Cervantes-Zapana et al., 2020; Srivastava, 2025). En el caso de

Ecuador, el marco jurídico de la contratación pública está diseñado para cumplir objetivos más

allá de la simple adquisición de bienes y servicios, incluyendo la promoción de la participación

de actores locales (art. 37 de la ley) y la sostenibilidad ambiental. La LOSNCP y su reglamento

establecen principios como la eficiencia, transparencia, responsabilidad social y ambiental —en

concordancia con el artículo 288 de la Constitución del Ecuador—, y participación nacional, con

el objetivo de fortalecer el tejido económico local, fomentar la redistribución de la riqueza y

contribuir al desarrollo sostenible. Estos principios, alineados con disposiciones constitucionales

y normas internacionales, destacan la importancia de la contratación pública como un

instrumento para cerrar brechas estructurales en sectores marginados, como las comunidades

asociaciones y cooperativas que conforman este sector tienen un papel preponderante en la

producción de bienes y servicios de origen local (López-Leones, 2018). Sin embargo,

EPS enfrentan múltiples desafíos, incluyendo la falta de acceso a información sobre procesos de

contratación, requisitos administrativos complejos y limitaciones para cumplir con estándares

mujeres rurales, quienes representan un subgrupo vulnerable dentro de las organizaciones de la

La perspectiva de género en la contratación pública ha adquirido mayor relevancia en

análisis normativos generales (Faz et al., 2023; Gudiño, 2022), dejando un vacío significativo en

prácticas agrícolas sostenibles y conservación ambiental. De esta forma, este artículo llena un

vacío en la literatura académica al articular un enfoque jurídico y un estudio de caso basado en

comunidades rurales de Chimborazo, evidenciando cómo las disposiciones legales existentes

mediante codificación temática, identificando patrones recurrentes y categorías clave

De las mujeres encuestadas, solo el 30% manifestó tener conocimiento básico sobre los

ocasionales organizados por entidades locales. Sin embargo, un 70% señaló no estar

Las barreras identificadas en los datos cualitativos incluyeron tanto aspectos normativos

requisitos administrativos, como la inscripción en el Registro Único de Proveedores (RUP) y la

elaboración de propuestas técnicas, son percibidos como inaccesibles debido a su alta

En cuanto a las barreras estructurales, se destacó la falta de capital financiero para cumplir

con los requisitos iniciales de participación, como la adquisición de insumos o el cumplimiento

de garantías exigidas en ciertos contratos. Asimismo, la discriminación de género se mencionó

como una barrera implícita, ya que las mujeres perciben que sus esfuerzos son menos valorados

A pesar de las barreras identificadas, el análisis reveló que las participantes reconocen el

potencial de la contratación pública como un mecanismo para mejorar la sostenibilidad

económica de su asociación. De las encuestadas, un 90% afirmó que la inclusión en proyectos

públicos podría aumentar significativamente sus ingresos y mejorar las condiciones de vida de

En el ámbito ambiental, las entrevistas destacaron que las prácticas agrícolas de la

que una mayor promoción de sus prácticas sostenibles, junto con la creación de incentivos

específicos en la normativa de contratación pública, podría posicionar a su asociación como un

El análisis normativo de la LOSNCP y su reglamento evidenció un marco jurídico robusto

que promueve la inclusión de actores de la EPS. Disposiciones como los márgenes de preferencia

para bienes y servicios de origen local, las ferias inclusivas y los incentivos para proyectos

sostenibles están diseñados para beneficiar a organizaciones comunitarias como “Tandalla

Warmis”. Sin embargo, las participantes del estudio indicaron que estos mecanismos no se

reflejan en la práctica cotidiana. Ninguna de las mujeres entrevistadas estaba al tanto de la

existencia de incentivos específicos para actores de la EPS, lo que sugiere una brecha

rurales, lo que perpetúa la exclusión de sectores vulnerables (Natoli et al., 2023; Verzosi y

Carvajal, 2023). Además, resalta la necesidad de estrategias más efectivas de comunicación y

capacitación, que no solo informen sobre los mecanismos disponibles, sino que también

promuevan su comprensión práctica y aplicabilidad. Este vacío informativo plantea un desafío

crítico: aunque la normativa establece herramientas inclusivas, su impacto es limitado si los

Por otra parte, las barreras identificadas, como los requisitos administrativos complejos

y la falta de capital financiero, evidencian la necesidad de revisar los procedimientos de

hallazgos son consistentes con investigaciones que señalan que las micro y pequeñas empresas,

para mejorar la sostenibilidad económica de las asociaciones de la EPS (Villalba-Eguiluz et al.,

2020). La alta disposición de las mujeres a diversificar su producción y adaptarse a contratos