https://doi.org/10.33936/nullius.v6i1.7619
Vol. 6 Núm. 1 pp.100-117 Enero-Junio 2025
100
Cuando los Bits impactan en la Ciberguerra: Efectos cinéticos en el Ius Ad
Bellum e Ius In Bello
When Bits strike in cyberwarfare: Kinetic effects on Ius ad Bellum
and Ius in Bello
Juan Carlos Almache Barreiro
1
, ORCID: 0000-0003-4502-7576
Nathali Berríos Marrero
2
, ORCID: 0009-0007-0950-4714
1
Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador, juan.almache@utm.edu.ec
2
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Caracas, Venezuela, nathivez2021@gmail.com
Citación de este artículo: Almache. J. y Berríos, N. (2025). Cuando los Bits impactan en la Ciberguerra: Efectos
cinéticos en el Ius Ad Bellum e Ius In Bello. Nullius, 6(1),100-117. https://doi.org/10.33936/nullius.v6i1.7619
Recepción: 20 de mayo del 2025 Aceptación: 26 junio del 2025 Publicación: 11 de julio de 2025
Resumen
La digitalización del conflicto armado ha desbordado los marcos tradicionales del derecho internacional, obligando a
una relectura crítica de los fundamentos normativos que rigen el uso de la fuerza. Este artículo explora el impacto de
los ciberataques con consecuencias cinéticas daños físicos provocados por operaciones digitales en la redefinición
contemporánea del Ius Ad Bellum (Derecho a la Guerra) y del Derecho Internacional Humanitario. A partir de una
metodología analítico-interpretativa y del estudio de casos paradigmáticos (Stuxnet, NotPetya, Colonial Pipeline), se
examina cómo el ciberespacio, en tanto nuevo dominio bélico, erosiona las nociones de territorialidad, distinción y
proporcionalidad. La investigación propone una reconstrucción jurídica del concepto de “zona de conflicto armado” en
entornos transnacionales digitalizados, así como una problematización de la atribución y la legitimidad del contraataque
estatal. Lejos de tratarse de una evolución meramente técnica, se sostiene que estamos ante una mutación estructural del
conflicto moderno, cuyas implicaciones demandan una revisión normativa urgente bajo principios de humanidad,
transparencia y responsabilidad internacional.
Palabras clave: Inteligencia Artificial; Ciberconflicto; Derecho Internacional Humanitario.
Abstract
The digitalization of armed conflict has overwhelmed the traditional frameworks of international law, requiring a critical
reassessment of the normative foundations governing the use of force. This article investigates the impact of cyberattacks
with kinetic consequences physical damage caused by digital operations on the contemporary redefinition of jus ad
bellum and international humanitarian law. Using an analytical-interpretative methodology and a case study approach
(Stuxnet, NotPetya, Colonial Pipeline), the paper explores how cyberspace, as an emerging domain of warfare, erodes
the notions of territoriality, distinction, and proportionality. The research proposes a legal reconstruction of the concept
of “armed conflict zone” within transnational digitalized environments and problematizes attribution and the legitimacy
of state countermeasures. Far from being a merely technical evolution, the study contends that this represents a structural
mutation of modern conflict, demanding an urgent normative revision grounded in principles of humanity, transparency,
and international accountability.
Keywords: Artificial Intelligence; Cyberconflict, International Humanitarian Law.
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Almache Juan y Berríos Nathali. Cuando los Bits impactan en la Ciberguerra:
Efectos cinéticos en el Ius Ad Bellum e Ius In Bello
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Introducción
La guerra ya no se libra únicamente en campos de batalla físicos. La transformación del ciberespacio en un
teatro de operaciones autónomo ha modificado radicalmente los contornos del conflicto armado moderno,
desplazando los umbrales tradicionales de soberanía, territorialidad y uso legítimo de la fuerza. En este nuevo
entorno, los ciberataques, especialmente aquellos potenciados por inteligencia artificial (IA), no solo
comprometen datos o infraestructura digital: también tienen la capacidad de generar efectos cinéticos reales,
provocando daños físicos sustantivos sin presencia militar convencional. Tal fenómeno exige un
replanteamiento del Ius Ad Bellum y del Derecho Internacional Humanitario, cuyos marcos interpretativos
actuales resultan insuficientes para contener la complejidad del conflicto digitalizado.
El presente artículo parte de una hipótesis disruptiva: la convergencia entre el dominio cibernético y las
consecuencias físicas constituye una mutación ontológica del conflicto armado, una en la que el daño no se
mide únicamente por explosiones o bajas humanas, sino por el colapso sistémico de infraestructuras críticas,
la desestabilización socioeconómica transfronteriza y la erosión silenciosa del principio de distinción entre
combatientes y civiles. A través del análisis de casos emblemáticos como Stuxnet, NotPetya o el ataque a
Colonial Pipeline, se argumenta que nos encontramos ante una "tercera dimensión" de la guerra: una que opera
en el umbral de lo invisible pero cuyas repercusiones son tan materiales como las de un misil.
Desde una perspectiva transdisciplinaria, que conjuga derecho internacional, estudios de seguridad y teoría
crítica de la tecnología, este estudio propone una redefinición del concepto de "zona de conflicto",
cuestionando no solo los criterios espaciales, sino también temporales y actorales del enfrentamiento. En ese
marco, se plantea la urgencia de revisar las categorías jurídicas de ataque, proporcionalidad y responsabilidad
estatal frente a operaciones cibernéticas con efectos equivalentes a los de una ofensiva convencional. Así, la
investigación no solo se inscribe en el debate contemporáneo sobre la militarización del ciberespacio, sino
que aspira a incidir en la formulación de un marco normativo actualizado, humanista y eficaz frente a una
amenaza tan intangible como devastadora.
Así, el ciberespacio no solo redefine los escenarios de confrontación, sino que transforma radicalmente las
nociones mismas de vulnerabilidad, poder y daño en los conflictos armados contemporáneos. La capacidad
de infligir colapsos sistémicos sin despliegue físico de tropas diluye las fronteras tradicionales entre paz y
conflicto, entre acto hostil y mera interferencia. Este fenómeno obliga a repensar los paradigmas clásicos de
protección, defensa y responsabilidad estatal, incorporando la necesidad de blindar entornos digitales
estratégicos como nueva condición de seguridad nacional e internacional. Frente a esta realidad, urge articular
un nuevo consenso jurídico global que no solo se limite a la interpretación extensiva de normas existentes,
sino que asuma la innovación conceptual necesaria para salvaguardar la dignidad humana en una era donde
las armas más letales son invisibles y los escenarios de destrucción, son silenciosos y devastadores.
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1. La evolución del conflicto armado en el ciberespacio
1.1. Ciberataques con efectos cinéticos: redefiniendo el umbral del uso de la fuerza
La incorporación del ciberespacio como dominio autónomo de confrontación ha provocado una dislocación
conceptual de los pilares sobre los que descansa el Derecho Internacional clásico. En particular, la noción de
“uso de la fuerza” consagrada en el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas (1945), concebida
originalmente para regular ataques armados convencionales, ha sido desafiada por la aparición de ciberataques
capaces de causar daños físicos tangibles. Este fenómeno nominado como efectos cinéticos derivados de
operaciones digitales no es meramente una anomalía estratégica, sino la manifestación de una mutación
estructural del conflicto moderno. Como lo afirma Schmitt, editor del Tallinn Manual, "la cibertecnología
puede ser utilizada de tal forma que produzca consecuencias materiales equivalentes a las de un bombardeo
tradicional" (Schmitt, 2013, p. 47), lo que exige aplicar criterios de Ius Ad Bellum (Derecho a la guerra) e Ius
in Bello (Derecho en la guerra) incluso en escenarios digitalizados.
Uno de los casos paradigmáticos que evidencian esta transformación es el de Stuxnet (2010), un malware
(software malicioso diseñado para dañar o infiltrarse en sistemas informáticos) creado con la finalidad de
sabotear las centrifugadoras del programa nuclear iraní en Natanz. Aunque se trató de una operación silenciosa
y sin despliegue de tropas, las consecuencias fueron físicas: cerca de mil centrifugadoras quedaron
inoperativas, generando una disrupción material comparable a un ataque aéreo de precisión. La sofisticación
técnica del código, que manipulaba variables físicas como la velocidad de rotación de los rotores, demostró
que un algoritmo puede desencadenar un daño físico sin intervención humana directa. Para Wired, este evento
marcó el nacimiento de la ciberarma cinética, un software que trasciende la frontera entre lo virtual y lo real
(Aparicio, 2023).
Este tipo de ataque despliega interrogantes jurídicos de alta complejidad: ¿Puede considerarse Stuxnet un "uso
de la fuerza"? ¿Constituye un "ataque armado" según el artículo 51 de la Carta de la ONU? La respuesta no
es unívoca. El Tallinn Manual, que es un estudio académico elaborado por un grupo internacional de expertos
en Derecho Internacional, militares y técnicos en ciberseguridad publicado por el Centro de Excelencia de
Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN en Tallinn- Estonia, sostiene que los efectos materiales del ataque
deben ser el parámetro principal para su clasificación legal. Si bien no existe consenso sobre si la operación
alcanzó el umbral del “ataque armado”, sí se reconoce que produjo un daño significativo que vulneró la
soberanía iraní (Schmitt, 2013, p. 57). Esto indica que el Derecho Internacional debe desplazarse desde una
visión centrada en los medios hacia una lógica basada en los efectos. En palabras de Duncan Hollis, “el
ciberespacio ha roto la equivalencia entre causa y medio; ahora lo importante es el resultado tangible que se
genera, sin importar si proviene de un misil o de una línea de código” (Hollis, 2020).
Adicionalmente, la problemática de la atribución complica la capacidad de los Estados para responder
legalmente a ciberataques con efectos físicos. Según Finlay y Payne (2019), “la atribución es el talón de
Aquiles del Derecho Internacional en el ciberespacio, pues sin evidencia concluyente, se erosiona el principio
de responsabilidad estatal” (p. 204). A diferencia de los ataques convencionales, en los cuales el agresor suele
ser identificable, los ciberataques pueden ocultar su origen mediante técnicas como el proxying, que el
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE, 2021,párr. 2) concibe como una tecnología que
“añade una capa adicional de seguridad para evitar que determinados datos de conexión, generalmente
información personal, se compartan y acaben en las manos equivocadas”, así como la falsificación de rutas IP
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Almache Juan y Berríos Nathali. Cuando los Bits impactan en la Ciberguerra:
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y el empleo de infraestructura de terceros países. Esto diluye el marco de aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y bloquea, en la práctica, el ejercicio del derecho a la legítima defensa.
El principio de proporcionalidad del DIH también se ve afectado, pues en el ciberespacio los efectos de un
ataque pueden amplificarse de manera exponencial e impredecible. El caso NotPetya, que identifica un
ciberataque ocurrido en dicho año y atribuido a actores estatales vinculados a Rusia, utilizó un malware
inicialmente disfrazado de ransomware (programa malicioso que bloquea o encripta archivos de un sistema
informático y exige el pago de un rescate para su liberación) (Ávila, 2015). Sin embargo, NotPetya no buscaba
lucro, sino la destrucción masiva de datos, afectando principalmente a infraestructuras críticas en Ucrania y,
posteriormente, a empresas internacionales, con daños estimados en miles de millones de dólares, aunque
inicialmente dirigido a Ucrania, causó pérdidas globales superiores a los diez mil millones de dólares
($10.000´000.000), afectando a multinacionales como Maersk y Merck (Greenberg, 2018). Aquí no hubo
daños físicos directos, pero la disrupción logística global ocasionó pérdidas materiales equivalentes a un
bloqueo económico a gran escala, lo que cuestiona si la proporcionalidad debe evaluarse únicamente con base
en daños físicos o si debe incluir también los impactos económicos y sociales indirectos, excitando la urgencia
de replantear los parámetros clásicos de la proporcionalidad en el Ius Ad Bellum y también en Ius Ad Bello.
Evaluar la licitud de una operación cibernética ya no puede circunscribirse únicamente al número de víctimas
o al volumen de destrucción tangible producido, pues resulta imprescindible considerar también el daño
funcional que una disrupción prolongada puede generar en la estabilidad de los Estados, en la salud pública,
en el acceso a servicios básicos o en la seguridad económica internacional. De lo contrario, se corre el riesgo
de invisibilizar formas de violencia estructural que, aunque menos espectaculares en términos de destrucción
física inmediata, pueden resultar igual o más devastadoras a mediano y largo plazo para las sociedades
afectadas. Esta ampliación conceptual exige una evolución jurídica que incorpore criterios de daño indirecto
y sistémico en la evaluación de la proporcionalidad de los actos hostiles en el ciberespacio, atendiendo a las
nuevas dinámicas de vulnerabilidad propias de la era digital.
Se debe considerar que la emergencia de actores no estatales con capacidades cibernéticas militares introduce
-efectivamente- un elemento de desestructuración normativa. El mismo Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (INCIBE, 2021), en el documento Ciberamenazas a infraestructuras críticas: análisis y
recomendaciones ha señalado que grupos como Lazarus Group, APT28 o incluso asociaciones criminales
como DarkSide han demostrado tener la capacidad de afectar sistemas de agua, hospitales y redes de
transporte. En sentido consonante, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que “la protección de
la población civil está en riesgo en un entorno donde actores no estatales pueden operar desde cualquier
jurisdicción sin responsabilidad clara” (ICRC, 2019, p. 5). Esto identifica un escenario donde el principio de
Distinción —central en el derecho de los conflictos armados pierde aplicabilidad práctica.
En sumo, el paradigma del uso de la fuerza está siendo erosionado por la integración del ciberespacio como
nuevo dominio operativo. La naturaleza transnacional, deslocalizada y técnicamente opaca de los ciberataques
con efectos cinéticos exige una transformación del aparato jurídico internacional, pues bajo este nuevo
pentagrama de guerra han quedado obsoletos no solamente el Principio de Distinción, sino a la par de éste y
en su orden respecto al primero, los artículos 4 [art. 48 del Protocolo I del Convenio de y normas
consuetudinarias 1 a 10 del DIH], el Principio de Proporcionalidad [(art. 51.4.c PI GC), en relación con la
norma consuetudinaria 14 del DIH] y el de Precaución [(art. 57.2.a.1 PI CG), en consonancia con las normas
consuetudinarias 15 a 24 del DIH] (Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, 1977). Además, no basta con
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adaptar las normas existentes; es necesario construir un cuerpo normativo específico, con criterios funcionales
de atribución, tipificación de actos hostiles, y mecanismos de respuesta proporcional ajustados al entorno
digital, pues como concluye Koh, ex asesor legal del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América: “el derecho internacional no debe ser un obstáculo para la defensa digital legítima, pero tampoco
una coartada para la impunidad digital” (Koh, 2012, p. 10), identificándose así una necesidad apremiante de
dicha reconfiguración normativa.
1.2. El reto de la atribución: evidencia técnica y responsabilidad estatal en ciberataque
La atribución de ciberataques representa uno de los desafíos más complejos en el ámbito del Derecho
Internacional y la Ciberseguridad. La dificultad para identificar con certeza al autor de un ataque cibernético
impide la aplicación efectiva de normas jurídicas y limita las posibilidades de respuesta por parte de los
Estados afectados. Desde una perspectiva técnica, los atacantes pueden ocultar su identidad mediante técnicas
como el uso de redes de bots (programas automatizados que ejecutan tareas repetitivas) y proxies (servidores
que ocultan la IP real), que constituyen tácticas que dificultan la trazabilidad del ataque y complican la
recolección de pruebas concluyentes sobre su origen. Como señala Schmitt (2013), "la atribución técnica rara
vez es concluyente por sí sola; se requiere una combinación de evidencia técnica y análisis contextual para
establecer la responsabilidad" (p. 59).
En el ámbito jurídico, la atribución es esencial para determinar la responsabilidad estatal en un ciberataque.
El Derecho Internacional exige pruebas claras que vinculen el ataque con un Estado específico para que se
puedan aplicar medidas como sanciones o represalias. Sin embargo, la falta de mecanismos internacionales
estandarizados para la atribución complica este proceso. Según Valencia (2024), "la ausencia de un marco
legal claro para la atribución de ciberataques socava la eficacia del derecho internacional humanitario en el
ciberespacio" (p. 7), lo que sumado a la atribución errónea puede tener consecuencias diplomáticas y legales
significativas. Una acusación infundada puede escalar tensiones internacionales y llevar a conflictos
innecesarios, siendo crucial que los Estados desarrollen capacidades técnicas y legales robustas para llevar a
cabo atribuciones precisas y responsables, pues como destaca Finlay y Payne (2019), "la atribución precisa es
fundamental para la legitimidad de cualquier respuesta estatal a un ciberataque" (p. 205), por lo tanto,
fortalecer los mecanismos de atribución, tanto en el ámbito técnico como en el legal es lo ideal en un entorno
digital cada vez más complejo.
Ahora, la atribución en el ciberespacio no solo implica un reto técnico, sino también un delicado ejercicio
político y estratégico que compromete la estabilidad internacional, resultando esencial para la preservación de
la paz y la seguridad internacionales en un entorno digital cada vez más complicado. Frente a la dificultad de
establecer vínculos irrefutables entre un ataque y un actor estatal, los Estados se ven obligados a actuar bajo
condiciones de incertidumbre, lo que aumenta el riesgo de respuestas desproporcionadas o mal dirigidas, en
concreto no ajustadas a Derecho. En este contexto, la atribución errónea no es simplemente un error
procedimental: constituye una amenaza directa al principio de soberanía y puede desencadenar dinámicas de
escalada conflictiva difíciles de contener. Por ello, resulta imperativo articular mecanismos de atribución que
combinen la recolección forense digital rigurosa con procedimientos multilaterales de verificación y
validación independientes, a fin de garantizar no solo la precisión técnica, sino también la legitimidad política
de las imputaciones. De esta manera, se protegería la integridad del Derecho Internacional, se reduciría el
margen de arbitrariedad en las respuestas estatales y se fortalecería la confianza internacional en un orden
jurídico capaz de adaptarse a la complejidad del ciberespacio.
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En el contexto actual de creciente interconexión digital, la cooperación internacional y el intercambio de
información se han convertido en elementos esenciales para fortalecer las capacidades de asignación en el
ámbito de la ciberseguridad. La atribución precisa de ciberataques es fundamental para identificar a los
responsables y aplicar las medidas legales correspondientes; sin embargo, la naturaleza transnacional y
anónima de estos delitos complica su rastreo y enjuiciamiento. En este escenario, el Convenio de Budapest
sobre la Ciberdelincuencia, promovido por el Consejo de Europa, emerge como un instrumento clave, por
cuanto este tratado internacional busca armonizar las legislaciones nacionales y facilitar la colaboración entre
Estados en la lucha contra los delitos cibernéticos, estableciendo un marco legal común que permite a los
países cooperar eficazmente en la investigación y persecución de delitos informáticos, superando las barreras
jurisdiccionales que a menudo impiden una respuesta rápida y coordinada (Consejo de Europa, 2024).
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos para establecer estándares globales en materia de
imputación y responsabilidad en el ciberespacio. La falta de consenso internacional sobre las normas
aplicables y la dificultad para obtener pruebas concluyentes complican la identificación de responsabilidades.
Además, algunos Estados pueden carecer de los recursos técnicos o la voluntad política para participar
plenamente en los mecanismos de cooperación existentes. Por ello, es imperativo fortalecer las capacidades
nacionales y fomentar la confianza mutua entre los países. La implementación de estándares comunes y la
promoción de la transparencia en las operaciones cibernéticas son pasos esenciales para avanzar hacia un
ciberespacio más seguro y responsable. La comunidad internacional debe continuar trabajando conjuntamente
para desarrollar marcos legales y técnicos que permitan una atribución efectiva y una respuesta coordinada a
las amenazas cibernéticas (Naciones Unidas, 2021).
1.3. Ascensión del ciberdominio: soberanía digital y reconfiguración geoestratégica del teatro
operacional
La incursión del ciberespacio como un dominio fundamental en la conducción de la guerra contemporánea
trasciende la mera adición de un nuevo frente geográfico, pues implica una metamorfosis radical en la
concepción ontológica misma del conflicto armado. La noción tradicional de la guerra, históricamente
arraigada en enfrentamientos físicos y territorialmente delimitados entre fuerzas militares que operan dentro
de confines geográficos reconocibles, se ve crecientemente desafiada y desmantelada por la naturaleza
intrínseca de las operaciones cibernéticas. En la actualidad, los vectores de ataque cibernético, tales como el
malware avanzado y las técnicas de intrusión de red, pueden franquear las fronteras nacionales con una
facilidad y velocidad sin precedentes, permitiendo la manipulación y disrupción de infraestructuras críticas a
distancias territoriales virtualmente ilimitadas, e incluso la generación de efectos cinéticos devastadores en el
mundo físico sin la necesidad de un despliegue convencional de fuerzas militares en el terreno. Esta capacidad
de las operaciones cibernéticas para trascender las limitaciones espaciales y temporales que históricamente
han definido los conflictos armados genera incidencias epistemológicas y jurídicas de gran envergadura,
exigiendo una valuación fundamental de los marcos teóricos y normativos que rigen la guerra en la era digital.
La transformación del teatro de operaciones hacia el dominio cibernético conlleva una desterritorialización
del conflicto, donde las fronteras físicas y los límites geográficos tradicionales pierden relevancia estratégica
(Martínez, 2011). Esta desterritorialización complica la aplicación del Ius ad Bellum y el Ius in Bello, que
siendo los pilares del DIH, fueron diseñados para regular las hostilidades en un contexto predominantemente
físico. La naturaleza extranacional y a menudo anónima de los ciberataques dificulta la atribución de
responsabilidad, la determinación del umbral de un acto de guerra y la aplicación de los principios de
distinción, proporcionalidad y precaución militar en un entorno donde los actores pueden operar desde
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cualquier lugar del mundo y los efectos de sus acciones pueden manifestarse de manera indirecta y retardada.
Además, la creciente interconexión de las infraestructuras críticas de los Estados, incluyendo redes de energía,
sistemas financieros y sistemas de salud, las convierte en blancos potenciales de ciberataques, borrando aún
más la distinción entre el ámbito civil y militar y planteando graves dilemas éticos y humanitarios.
El desplazamiento del conflicto hacia el ciberespacio también exige una reconsideración de los conceptos de
soberanía y jurisdicción en el Derecho Internacional. La capacidad de los ciberataques para originarse en un
Estado y causar daños en otro sin que haya una incursión física, expone las dificultades para precisar el alcance
de la soberanía estatal en el ciberespacio y la aplicabilidad de las leyes nacionales en un entorno
inherentemente transfronterizo. Tal como argumenta Deeks (2021), "el ciberespacio desafía la noción
tradicional de soberanía basada en el control territorial exclusivo, exigiendo nuevos enfoques para la
regulación de las actividades cibernéticas y la cooperación internacional en materia de ciberseguridad" (p.
112). De todo esto se colige que, la falta de consenso sobre las normas aplicables al ciberespacio y la ausencia
de mecanismos internacionales efectivos para la atribución de ciberataques y la aplicación de sanciones
contribuyen a un vacío normativo que aumenta el riesgo de conflictos y la impunidad de los ciberdelincuentes.
Así observamos que, la ascensión del ciberdominio dentro del teatro operacional contemporáneo detona una
cascada de transformaciones que redefinen radicalmente la seguridad internacional y la estabilidad global.
Lejos de ser una simple extensión del campo de batalla, esta evolución propulsa una metamorfosis en la propia
naturaleza del conflicto, ya que la creciente sofisticación y el potencial inherentemente disruptivo de las armas
cibernéticas, con su capacidad para trascender las limitaciones geográficas y desestabilizar tanto objetivos
militares como bienes civiles, catalizan una profunda reestructuración del panorama de seguridad. Esta
complejidad se ve exponencialmente amplificada por la proliferación de actores estatales y no estatales que
empuñan capacidades cibernéticas ofensivas, borrando las distinciones entre las formas tradicionales de guerra
y las operaciones que se desarrollan en el éter digital. Así tenemos que, la carencia de mecanismos
internacionales robustos y eficaces para la prevención y resolución de conflictos en este nuevo dominio,
enciende el riesgo de una escalada de tensiones abriendo paso a la sombría posibilidad de una "ciberguerra" a
gran escala, cuyas consecuencias podrían tener un impacto sísmico en la paz y la seguridad internacionales.
En este contexto de creciente incertidumbre y fluidez tecnológica, la soberanía digital emerge no solo como
un concepto legal, sino como un eje central en la convulsión geoestratégica que experimenta el teatro
operacional. Rid (2020) arroja luz sobre el peligro que reside en los "umbrales difusos" que caracterizan
intrínsecamente las operaciones cibernéticas, donde las acciones que se ejecutan por debajo del umbral
convencional del conflicto armado pueden, sin embargo, desatar ramificaciones de gran alcance y provocar
respuestas militares convencionales.
1.4. De la guerra física a la guerra de datos: La mutación estructural del conflicto armado
La evolución de los actos hostiles hacia el dominio cibernético representa no solo un cambio tecnológico, sino
una mutación estructural del concepto de conflicto armado que reconfigura los cimientos históricos sobre los
que se construyeron las categorías del DIH. A medida que el "campo de batalla" se desplaza del espacio físico
al dominio virtual, la materia prima del conflicto ya no es necesariamente el territorio, la fuerza bruta o el
dominio marítimo o aéreo, sino los datos: su control, su manipulación y su capacidad para desestabilizar
infraestructuras críticas de los Estados. Como señala Nye (2010), en la era digital "el poder se mide cada vez
más por el control de la información y de las redes de comunicación" (p. 3), y esta afirmación evidencia el
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desplazamiento del centro de gravedad de la guerra contemporánea hacia escenarios donde el conocimiento,
y no la superioridad material inmediata, marca la supremacía.
En este contexto, el ciberespacio no solo actúa como un nuevo entorno operativo, sino como un nuevo objeto
de apropiación bélica. La información ya no es un mero recurso de apoyo logístico o estratégico, sino que
deviene en sí misma un bien estratégico que puede ser destruido, alterado o exfiltrado como fin militar
primario. Esto implica profundas tensiones con los principios tradicionales del DIH, como el principio de
distinción, diseñado para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Como advierte Schmitt
(2013), "la arquitectura técnica del ciberespacio hace extremadamente difícil diferenciar entre objetivos
militares y bienes civiles, debido a la interconexión de sistemas" (p. 18), lo que socava uno de los pilares
esenciales del Ius in Bello.
La mutación estructural del conflicto también afecta a la manera en que se conceptualiza la ocupación y la
soberanía. A diferencia de la ocupación territorial tradicional, la ocupación digital no requiere la presencia
física de tropas extranjeras; basta con que un actor hostil tome el control de redes críticas de un Estado
soberano como sus sistemas eléctricos, de agua, salud o finanzas para producir efectos de dominación análogos
a los de una ocupación militar convencional. Este tipo de control, aunque invisible y sin armas, debilita la
capacidad de un Estado para proteger y gestionar su infraestructura esencial, poniendo en entredicho la noción
clásica de invasión y obligándonos a replantear su significado en el contexto digital actual.
Esta nueva realidad de la guerra de datos también transforma la atribución de responsabilidad y la
imputabilidad de actos ilícitos. Tradicionalmente, los actos de guerra requerían una clara cadena de mando y
responsabilidad política. Sin embargo, en el ciberespacio, la posibilidad de operaciones encubiertas, de actores
proxy, y de ataques anónimos realizados a través de redes distribuidas complica la atribución. Como explica
Jensen (2015), "la dificultad de atribuir ataques cibernéticos plantea un reto fundamental para el cumplimiento
del derecho internacional, al diluir la rendición de cuentas" (p. 547). Esto puede derivar en un debilitamiento
sistémico del orden jurídico internacional si los Estados no logran adaptar los mecanismos probatorios y de
verificación a las nuevas realidades técnicas.
Un elemento inédito que emerge en este contexto es lo que podríamos denominar "violencia algorítmica
latente", un estado de agresión continua, de baja intensidad, ejercido no mediante ejércitos o bombardeos
visibles, sino mediante algoritmos autónomos que afectan la funcionalidad y resiliencia del tejido económico
y social de los Estados adversarios. Esta forma de violencia no busca necesariamente destruir, sino erosionar
la confianza pública, alterar procesos democráticos o socavar la estabilidad interna, generando condiciones de
debilitamiento estratégico prolongado. Como advierte Rid (2020), "el ciberconflicto no se centra tanto en la
destrucción como en la manipulación y la subversión" (p. 49), lo que trasciende a escenarios inéditos para la
configuración jurídica del umbral de uso de la fuerza conforme al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Frente a este panorama, se hace imperativo repensar conceptos clave del DIH. ¿Puede considerarse un acto de
guerra el sabotaje sistemático de servicios básicos de un Estado mediante ataques cibernéticos? ¿Debe
clasificarse como "ocupación" la apropiación ilícita y control de sistemas bancarios o sanitarios por actores
estatales hostiles? ¿Cómo delimitar la proporcionalidad de una respuesta armada cuando el ataque original no
causa destrucción física sino degradación progresiva de la soberanía digital de un Estado? Estas preguntas no
tienen precedentes claros y demandan una labor doctrinal profunda y urgente.
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La transformación del conflicto armado hacia una guerra de datos obliga, por tanto, a concebir un nuevo "Ius
Ad Bellum Digital", basado en parámetros adecuados al entorno cibernético, que contemple la protección de
bienes digitales esenciales, la regulación del uso de armas algorítmicas y la redefinición del principio de
soberanía a la luz del control informacional. En palabras de Shackelford (2014), "el ciberespacio exige una
soberanía responsable que garantice no solo la protección del propio entorno nacional, sino también el respeto
a los derechos y la seguridad de otros Estados" (p. 105), pues la mutación estructural de la guerra a la era
digital supone no una mera extensión del conflicto tradicional, sino un verdadero cambio paradigmático en la
naturaleza, los objetivos y los medios de la guerra. Ante esta transformación radical, el derecho internacional
enfrenta el desafío histórico de adaptarse o correr el riesgo de quedar obsoleto, incapaz de regular eficazmente
los nuevos escenarios de confrontación donde los datos, los algoritmos y las redes son las nuevas armas de
poder.
2. Ciberguerra y Derecho Internacional Humanitario: Reconfiguración y Nuevos Paradigmas
2.1. El Dolo Tecnológico en Ciberguerra: Una nueva categoría de imputabilidad internacional
La irrupción de la ciberguerra en el ámbito de las relaciones internacionales y, de cara al derecho humanitario
ha forzado una relectura de los conceptos clásicos de responsabilidad y de dolo. En particular, emerge la
necesidad de introducir una nueva categoría de imputabilidad internacional: el dolo tecnológico, entendida
como la programación o diseño intencional de vulnerabilidades, códigos maliciosos o algoritmos autónomos
cuyo objetivo es producir daño en sistemas, infraestructuras críticas o derechos de otros Estados o sus
ciudadanos. Esta noción desplaza la concepción tradicional del dolo, centrada en la voluntad consciente y
directa del agente humano, hacia una nueva forma de responsabilidad basada en la intencionalidad mediada
tecnológicamente.
En el ámbito clásico del derecho internacional, el dolo ha sido interpretado como la consciencia y voluntad de
violar normas jurídicas mediante actos ilícitos internacionalmente imputables (Cassese, 2005, p. 267). Sin
embargo, cuando la acción nociva no se ejecuta de forma directa por un ser humano, sino mediante sistemas
autónomos programados para actuar con independencia, la lógica de la imputación debe expandirse para
capturar esta nueva forma de "agencia delegada". Como afirma Schmitt (2013), "la autonomía tecnológica
plantea interrogantes fundamentales sobre cómo atribuir responsabilidad en situaciones en las que la acción
humana directa está mediada o incluso reemplazada por sistemas algorítmicos" (p. 45).
El dolo tecnológico se manifiesta no solo en el despliegue directo de malware o ataques de denegación de
servicio, sino también en la inserción deliberada de vulnerabilidades de diseño (backdoors) en sistemas de uso
global, en la creación de algoritmos de manipulación de información o en la programación de inteligencias
artificiales destinadas a identificar y explotar fallos de seguridad en infraestructuras críticas extranjeras. Estas
conductas no suponen meros riesgos accidentales o negligencias, sino auténticas manifestaciones de voluntad
dolosa orientadas a producir efectos dañinos a nivel internacional.
El reto jurídico es que, bajo los esquemas tradicionales, la imputación de responsabilidad internacional exige
una conexión clara entre el autor y el acto ilícito. Pero, como advierte Lin (2010), "el carácter distribuido,
anónimo y automatizado de las operaciones cibernéticas erosiona los mecanismos clásicos de imputación de
responsabilidad en el derecho internacional" (p. 103). De allí la urgencia de conceptualizar el dolo tecnológico
como una categoría autónoma que permita reconocer la responsabilidad internacional basada en la intención
programada, aun en ausencia de intervención humana directa e inmediata en el daño.
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Una dimensión particularmente problemática del dolo tecnológico reside en la creación de armas algorítmicas
de efectos diferidos, es decir, sistemas que son diseñados para activarse en el futuro bajo determinadas
condiciones o que escalan progresivamente su agresividad mediante procesos de autoaprendizaje. Tal
programación premeditada implica una forma de voluntad adelantada en el tiempo, cuyo nexo de imputación
no puede rastrearse únicamente a la acción final, sino al acto originario de programación maliciosa. La
naturaleza predictiva y adaptativa de las tecnologías emergentes exige nuevos marcos de responsabilidad que
reconozcan la intencionalidad incorporada en el diseño de sistemas autónomos.
Esta situación nos conduce a plantear que en el ámbito de la ciberguerra debe reconocerse un dolo
programático, donde el foco de la responsabilidad jurídica se traslade del acto final al diseño inicial, evaluando
la previsibilidad, la intencionalidad y la peligrosidad inherente de los sistemas creados. La omisión deliberada
de medidas de control o de mecanismos de auto-limitación en armas cibernéticas podría ser también
configurada como expresión de dolo tecnológico, especialmente si dicha omisión responde a una estrategia
premeditada de maximizar el daño o la imprevisibilidad de los efectos. En consecuencia, en el marco del ius
ad bellum y del ius in bello, resulta imprescindible establecer parámetros normativos que permitan sancionar
el dolo tecnológico como forma agravada de violación de la paz internacional y del derecho humanitario. La
creación y diseminación de herramientas tecnológicas diseñadas para violar masivamente derechos humanos
o atacar infraestructuras críticas civiles debe ser considerada no solo como un acto hostil, sino como un crimen
internacional cuando se cumplan los requisitos de gravedad, intencionalidad programada y consecuencias
catastróficas.
El análisis de la ciberguerra desde la perspectiva del dolo tecnológico también obliga a repensar las nociones
de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. ¿Es proporcional la respuesta militar ante un ataque
informático cuya devastación fue provocada por sistemas autónomos? ¿Es admisible como defensa legítima
preventiva la neutralización de programas de software malicioso detectados antes de su activación? Estas
interrogantes demandan una evolución dogmática profunda que reconozca el carácter disruptivo de la
intencionalidad tecnológica en el campo de los conflictos armados.
Finalmente, debemos advertir que el dolo tecnológico plantea no solo problemas de imputabilidad estatal, sino
también de responsabilidad individual internacional. El programador que diseña sistemas de ataque autónomo,
el ingeniero que inserta vulnerabilidades deliberadas o el científico que desarrolla algoritmos para manipular
procesos democráticos podrían ser considerados como perpetradores indirectos de crímenes internacionales,
ampliando así la teoría de la autoría mediata a través de un instrumento no humano, pero igualmente
determinante. En palabras de Ambos (2013), "el dominio del hecho puede ejercerse también a través de
aparatos organizados de poder, y en el caso de la ciberguerra, los algoritmos pueden funcionar como tales
aparatos" (p. 126).
2.2. Umbrales de Hostilidad Algorítmica: De la mínima intervención al conflicto digital latente
La emergencia de algoritmos autónomos capaces de ejecutar acciones hostiles transforma radicalmente el
entendimiento tradicional del umbral de uso de la fuerza en el derecho internacional, particularmente en el
marco del Ius ad Bellum. Históricamente, la noción de "ataque armado" ha sido interpretada conforme al
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, exigiendo violencia física, destrucción material tangible y
atribución humana directa. Sin embargo, con el auge de la inteligencia artificial autónoma, surge la necesidad
de repensar la noción de mínima intervención y los requisitos de la legítima defensa frente a "hostilidades
algorítmicas" que erosionan progresivamente la estabilidad estatal.
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Autores recientes destacan este problema con creciente urgencia. Schmitt y Vihul (2020) sostienen que "un
ciberataque que cause efectos comparables a los de un ataque cinético, aunque sea ejecutado por un algoritmo
autónomo, puede constituir uso de la fuerza bajo el derecho internacional" (p. 65), aunque reconocen que el
análisis debe extenderse también a efectos acumulativos no inmediatamente visibles. Esta advertencia es
crucial: cuando un algoritmo altera infraestructuras críticas, distorsiona mercados financieros o manipula
servicios básicos, el daño sistémico puede ser más profundo que el impacto físico directo. Las hostilidades
digitales latentes no se manifiestan en un único acto, sino en una cadena prolongada de acciones que subvierten
las bases funcionales del Estado.
En este sentido, Tsagourias y Buchan (2021) enfatizan que "el derecho internacional contemporáneo debe
reconocer el carácter incremental y adaptativo de las amenazas digitales" (p. 112), advirtiendo que la
tradicional visión binaria de paz y guerra resulta insuficiente. Así, el surgimiento de acciones hostiles
algorítmicas genera una nueva categoría de conflicto: el conflicto digital latente, caracterizado por
intervenciones persistentes y disimuladas que afectan la soberanía sin detonar una confrontación armada
abierta.
La cuestión de la atribución agrava aún más el escenario. Asaf Lubin (2021) subraya que "el uso de sistemas
autónomos difumina las líneas de responsabilidad estatal bajo el derecho internacional" (p. 45), dificultando
la activación legítima de mecanismos de defensa frente a ataques cuya autoría humana directa es incierta o
deliberadamente oculta. Esta ambigüedad estratégica es aprovechada tanto por Estados como por grupos no
estatales, que actúan dentro de lo que Shackelford et al.(2022) describe como una "zona gris": un entorno de
confrontación digital cuidadosamente calculado para mantenerse por debajo del umbral que desencadenaría
una respuesta militar convencional. En este espacio difuso, las operaciones cibernéticas son diseñadas para
ser lo suficientemente disruptivas sin cruzar las líneas claras del conflicto armado, lo que dificulta la aplicación
del derecho internacional tradicional. .
A ello se suma el desfase entre el avance tecnológico y la capacidad de adaptación normativa. Dinniss (2021)
señala que "la rapidez de la innovación algorítmica supera la capacidad del derecho para responder de manera
efectiva" (p. 28), generando un vacío jurídico que favorece la impunidad en el ciberespacio. Ante esta
evolución, la noción clásica de uso de la fuerza debe expandirse para abarcar el daño progresivo e intangible
causado por algoritmos autónomos que atacan los cimientos funcionales de los Estados.
El desafío no es menor: ignorar estas nuevas formas de agresión sería aceptar pasivamente la desintegración
paulatina de las normas fundamentales que sostienen el orden internacional. Por ello, se hace imperativo
construir una arquitectura jurídica que reconozca y sancione no solo los estallidos súbitos de violencia, sino
también las hostilidades silenciosas y constantes del ciberconflicto algorítmico.
2.3. Responsabilidad Estatal por Inteligencia Artificial Autónoma en Conflictos Cibernéticos
La irrupción de sistemas de IA autónoma en escenarios de conflictos cibernéticos exige una revisión profunda
de las reglas de responsabilidad estatal en el derecho internacional. Mientras las doctrinas tradicionales de
atribución se basaban en el control humano efectivo sobre los actos ilícitos, el desarrollo de agentes
cibernéticos capaces de actuar de manera independiente ha generado una disrupción estructural que, si no se
aborda normativamente, podría vaciar de contenido la noción misma de responsabilidad internacional. Como
advierte Fleur Johns (2020), "la creciente autonomía tecnológica desestabiliza la arquitectura legal
internacional basada en sujetos humanos y acciones intencionadas" (p. 612), lo que obliga a repensar los
fundamentos de imputación.
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Desde 2020, los debates en foros académicos han reconocido que la IA no solo ejecuta instrucciones humanas,
sino que, debido a procesos de autoaprendizaje o programación adaptativa, puede originar comportamientos
hostiles no previstos por sus diseñadores. En este sentido, Dapo Akande y otros (2021) sostienen que "los
Estados deben ser considerados responsables por los actos de sistemas autónomos cuando estos han sido
desplegados por ellos y actúan dentro del ámbito de las funciones para las cuales fueron programados, incluso
si actúan de manera no anticipada" (p. 31). Esta propuesta de responsabilidad expandida introduce una lógica
de imputabilidad basada en el riesgo tecnológico y en el principio de precaución reforzada.
La doctrina más reciente también ha planteado que la responsabilidad estatal debería extenderse a los fallos
algorítmicos derivados de defectos de diseño, entrenamiento o supervisión de los sistemas de IA utilizados en
operaciones internacionales. Así, Veronika Bílková (2022) advierte que "el control previo ejercido por los
Estados sobre el diseño y despliegue de tecnologías autónomas debe ser el criterio determinante para la
atribución de responsabilidad, desplazando el énfasis en el control sobre actos específicos" (p. 344). Esto
significa que un Estado no podría eximirse de responsabilidad simplemente alegando que su IA actuó fuera
de sus parámetros originales si no implementó medidas de control diligente.
A su vez, el informe del Panel de Alto Nivel sobre Comportamiento Responsable en el Ciberespacio (2021)
enfatiza que "los Estados no deben utilizar sistemas autónomos como medios para evadir su responsabilidad
internacional" (p. 19), subrayando que la creación o el despliegue de agentes cibernéticos autónomos genera
obligaciones internacionales específicas de monitoreo, corrección y, en caso de daño, reparación. Este
principio rompe con la ficción jurídica de la autonomía tecnológica como excusa y refuerza la noción de
responsabilidad soberana en el entorno digital.
En consecuencia, es necesaria la creación conceptual de la "responsabilidad por delegación algorítmica
programada", una figura de imputabilidad que reconoce que la liberación de IA autónoma en conflictos
equivale jurídicamente a un acto de delegación de funciones estatales, y que los actos subsiguientes,
previsibles o no, deben ser imputados al Estado creador. Esta noción permitiría llenar los vacíos que las nuevas
tecnologías abren en los estándares clásicos de imputación derivados de los artículos 4 a 11 del Proyecto de
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado por la Comisión
de Derecho Internacional (CDI) en su 53º período de sesiones (A/56/10) y, finalmente anexados por la
Asamblea General de la ONU en su Resolución A/RES/56/83, de 28 de enero del 2002.
En términos de teoría del derecho internacional, como destaca Kubo Mačák (2021), "la creciente delegación
de funciones tradicionalmente estatales a sistemas de IA obliga a repensar los conceptos de atribución y
responsabilidad a la luz del principio de efectividad tecnológica" (p. 218). No basta con evaluar quién da la
orden directa, sino analizarse quién crea las condiciones materiales para que el acto hostil ocurra mediante
agentes tecnológicos.
2.4. Arquitectura jurídica del contraataque cibernético: ¿Defensa preventiva, legítima defensa o
agresión?
La arquitectura jurídica que debe regir el contraataque cibernético en el siglo XXI requiere una
reconsideración profunda de los principios tradicionales del derecho internacional. La expansión de las
hostilidades al ciberespacio ha transformado no solo las dinámicas del conflicto, sino también las
concepciones sobre legítima defensa, defensa preventiva y agresión. Esta mutación exige nuevas categorías
interpretativas que permitan evaluar cuándo un acto de respuesta estatal ante un ciberataque constituye una
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acción justificada y cuándo, por el contrario, deviene en una transgresión al artículo 2(4) de la Carta de las
Naciones Unidas.
En primer lugar, la defensa preventiva digital se configura como una doctrina sumamente controvertida.
Tradicionalmente, la legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta solo se permite frente a un "ataque
armado" efectivo. Sin embargo, en el ciberespacio, las amenazas pueden desplegarse de manera encubierta,
silenciosa y devastadora antes de materializarse de forma física. De acuerdo con Lin (2021), los Estados
enfrentan ataques que pueden degradar redes eléctricas, alterar infraestructuras críticas o minar la seguridad
nacional sin necesidad de una confrontación armada tradicional. Por esta razón, algunos proponen la
ampliación conceptual de la defensa anticipada, basándola no solo en la inminencia física, sino también en la
inminencia de la degradación digital irreversible. Esta interpretación, aunque seductora para la protección
estatal, debe ser manejada con cautela para no desdibujar los límites jurídicos que separan la prevención
legítima de la agresión ilícita.
La legítima defensa en el contexto cibernético tiende a ser considerada como un derecho inherente de los
Estados, aunque su aplicación concreta aún genera debates dentro del marco del derecho internacional, pero
su ejercicio requiere superar varios filtros conceptuales. Según Hathaway y Klimburg (2021), para que un
ciberataque justifique una respuesta armada legítima, debe alcanzar un nivel de gravedad comparable a un
ataque convencional, ya sea causando muertes, daños físicos sustanciales o la paralización masiva de
funciones estatales esenciales. Esto introduce una dificultad crítica: evaluar la magnitud del daño digital en un
ecosistema donde los efectos son, muchas veces, intangibles, acumulativos y de largo plazo. Así, no todo
acceso indebido o alteración de datos puede ser considerado un "uso de la fuerza" que active el derecho a la
legítima defensa, exigiéndose un análisis pormenorizado caso por caso.
Por otro lado, el concepto de agresión en el ciberespacio debe ser reformulado para enfrentar las sutilezas del
conflicto digital. No todos los ciberataques deben ser interpretados automáticamente como actos de agresión.
Como subraya Kello (2020), muchos ciberoperativos se ubican en una "zona gris" entre la mera competencia
estatal y la violencia prohibida, caracterizados por su ambigüedad estratégica y su dificultad de atribución. En
este sentido, responder de manera desproporcionada a una operación de espionaje cibernético o a un sabotaje
de bajo nivel podría convertir a un Estado defensor en un agresor internacional, comprometiendo su
legitimidad y violando el orden jurídico global.
Así, la propuesta de clasificación jurídica del contraataque cibernético debe construirse sobre tres pilares
fundamentales. Primero, la defensa preventiva digital debe ser restringida a situaciones de daño digital
inminente, cierto y grave, bajo estándares probatorios exigentes que eviten abusos. Segundo, la legítima
defensa debe ser proporcional al daño sufrido y solo ejercida cuando no existan alternativas razonables para
detener o repeler el ataque, como lo establece el principio de necesidad. Tercero, toda respuesta estatal debe
ser calibrada para no constituir, por sí misma, un acto de agresión prohibido, tomando en cuenta la naturaleza,
el origen, la intensidad y los efectos del ciberataque inicial.
La arquitectura jurídica del contraataque cibernético, por tanto, no puede sostenerse únicamente en
traslaciones mecánicas del derecho clásico. Se requiere una interpretación dinámica, informada por la realidad
tecnológica y por los principios éticos de minimización de daños y preservación del orden internacional. Como
plantea Shackelford (2014), la evolución del derecho internacional en el ámbito de la ciberguerra no se limitará
a la creación de nuevos tratados o normas escritas, sino que también dependerá profundamente de cómo los
Estados actúen de forma responsable en el ciberespacio. La supervivencia del marco jurídico contemporáneo
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frente a la nueva amenaza digital dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para innovar dentro de
los principios fundamentales que han regido la convivencia internacional desde 1945.
Metodología
Para la realización de este artículo científico, se utiliza una metodología cualitativa, enfocada principalmente
en el análisis doctrinal y la revisión exhaustiva de textos legales y académicos que abordan la interacción entre
el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las operaciones cibernéticas. La investigación se basa en la
revisión de obras clave de autores reconocidos, quienes han tratado ampliamente la problemática del
ciberespacio y su relación con las normas tradicionales de los conflictos armados. Entre los textos
fundamentales se incluyen los trabajos de Schmitt y Vihul (2020), cuyas contribuciones proporcionan una
base sólida para entender los desafíos legales derivados de los ciberataques.
Uno de los estudios relevantes se identifica con la obra de Michael N. Schmitt, quien en su libro "Cyber
Operations and the Law of Armed Conflict" (2017), aborda de manera detallada cómo el Derecho
Internacional Humanitario debe adaptarse al nuevo contexto de las operaciones cibernéticas. Schmitt destaca
la necesidad de redefinir los principios fundamentales del DIH para abordar las particularidades de la
ciberguerra, especialmente en lo que respecta a la distinción entre los ataques cibernéticos y las operaciones
militares tradicionales. Su análisis sobre la ambigüedad de las acciones hostiles en el ciberespacio y su impacto
sobre los principios de proporcionalidad y necesidad son fundamentales para examinar la legitimidad de las
respuestas estatales a los ciberataques y las implicaciones para la soberanía digital de los Estados.
Por otro lado, la obra de Timothy L. H. McCormack, "The Law of Cyber Warfare" (2020), ofrece un enfoque
integral sobre la intersección entre el DIH y el ciberespacio. McCormack analiza los marcos legales
internacionales actuales y cómo estos se ven desbordados por la naturaleza transnacional y anónima de los
ciberataques, lo que genera incertidumbre sobre cuándo y cómo se activan los derechos de autodefensa en el
contexto de un conflicto armado. Esta obra es esencial para entender las complejidades de los ataques
cibernéticos y su impacto en el Ius ad Bellum y el Ius in Bello, los cuales, según McCormack, deben
evolucionar para enfrentar la realidad de los conflictos en el ciberespacio.
El enfoque metodológico de esta investigación también incluye un análisis comparativo de las normas
internacionales vigentes, especialmente aquellas desarrolladas por las Naciones Unidas en relación con la
ciberseguridad y los ciberataques, así como los Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949. La revisión de estos textos permite identificar las brechas normativas existentes y ofrecer
propuestas para actualizar las leyes internacionales en respuesta a las nuevas formas de guerra. Además, se
realiza un análisis de las implicaciones jurídicas de las operaciones cibernéticas dentro del contexto de las
nuevas amenazas globales y la desafiante naturaleza jurídica del ciberespacio, lo que abre la puerta a una
mayor reflexión sobre cómo los marcos legales internacionales pueden ser reformados.
En resumen, esta metodología se basa en la recopilación de información a partir de la obra de autores clave,
cuyas investigaciones proporcionan un marco teórico robusto para analizar las implicaciones legales de las
ciberoperaciones. A través de este enfoque, se buscará aportar una comprensión profunda de los desafíos
actuales que enfrenta el Derecho Internacional Humanitario en relación con los ciberataques, proponiendo
también recomendaciones para una mayor adaptación de las normas tradicionales a las realidades del
ciberespacio.
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Resultados
El análisis efectuado en este trabajo revela que la emergencia del ciberespacio como un dominio operativo autónomo
ha generado una ruptura radical en los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario y el Ius ad Bellum. Los
ciberataques con efectos cinéticos, ejemplificados en los casos Stuxnet, NotPetya y Colonial Pipeline, han desdibujado
las fronteras tradicionales entre acto de guerra, sabotaje y hostilidad estatal, planteando un escenario donde la atribución
técnica, la proporcionalidad de las respuestas y la misma noción de ataque armado exigen reformulaciones profundas.
El estudio demuestra que la infraestructura crítica, al ser blanco principal de los ataques, transforma el concepto mismo
de vulnerabilidad estatal, desplazándolo del espacio territorial al espacio digital, y que la acumulación de daños en
sistemas de servicios esenciales puede equivaler, en términos jurídicos y humanitarios, a una agresión armada
convencional. Además, se constata que la atribución de ciberataques sigue representando un talón de Aquiles para el
derecho internacional, dado que las complejidades técnicas de identificación impiden respuestas legítimas claras y
fomentan un entorno de impunidad estratégica. También se ha puesto en evidencia que la noción emergente de "conflicto
digital latente" y "dolo tecnológico" son conceptos que deben incorporarse a la doctrina jurídica si se pretende regular
de forma efectiva las nuevas manifestaciones de violencia algorítmica.
Discusión
La discusión de los hallazgos evidencia la necesidad imperiosa de que el Derecho Internacional evolucione
para afrontar los fenómenos disruptivos introducidos por la ciberguerra. No basta con interpretar
extensivamente las categorías clásicas del Ius ad Bellum y del Ius in Bello; es necesario un rediseño doctrinal
que reconozca como actos hostiles no solo los ataques físicos sino también las alteraciones funcionales,
acumulativas y sistémicas provocadas por algoritmos autónomos. La incapacidad de los marcos jurídicos
actuales para afrontar la violencia difusa y silenciosa de los ciberataques pone en riesgo la estabilidad
internacional y la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto. Es fundamental integrar en
el análisis jurídico el concepto de “dolo tecnológico” como un modo de responsabilidad autónoma, donde la
intención programada sustituye a la voluntad humana directa, y la manipulación de datos deviene en un acto
de guerra. Asimismo, el tratamiento de la atribución como un proceso exclusivamente técnico ha mostrado
sus límites, siendo imprescindible incorporar procedimientos jurídicos multilaterales que otorguen legitimidad
a los actos de imputación y respuesta. La discusión también evidencia que la transición hacia un enfoque que
considere la ocupación y la dominación digital como formas de agresión estatal requiere una reelaboración de
los principios de soberanía, protección de civiles y proporcionalidad, en consonancia con las nuevas realidades
tecnológicas y estratégicas del ciberespacio.
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Conclusión
Este estudio sostiene que la ciberguerra constituye no una evolución técnica marginal, sino una transformación
estructural del conflicto armado, que exige respuestas normativas innovadoras y urgentes. El Derecho
Internacional vigente, anclado en paradigmas físicos de violencia armada, debe expandir sus categorías para
incluir las agresiones algorítmicas que afectan de manera sistémica la estabilidad de los Estados y la protección
de los civiles. Resulta indispensable reconocer jurídicamente el concepto de "conflicto digital latente" y
establecer estándares normativos claros sobre el "dolo tecnológico" como forma de imputabilidad
internacional, pues la atribución de ciberataques deberá combinar evidencia técnica y procedimientos políticos
multilaterales para evitar escaladas injustificadas. La redefinición de los umbrales de hostilidad, el
fortalecimiento de mecanismos de verificación internacional, y la construcción de una arquitectura jurídica
específica para el contraataque cibernético son tareas inaplazables para preservar la paz, la seguridad y la
dignidad humana en la era digital, infiriéndose que sólo mediante una actualización profunda y proactiva de
los marcos jurídicos será posible evitar que el ciberespacio se convierta en el nuevo espacio de impunidad
bélica.
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