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Introducción

La contratación pública constituye una herramienta estratégica de las políticas gubernamentales para alcanzar objetivos de desarrollo social, económico y ambiental (Moroń, 2021). En Ecuador, este mecanismo no solo impulsa la adquisición de bienes, servicios y obras, sino que también promueve la inclusión de sectores históricamente marginados, como los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) (Gómez, 2020). Particularmente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) y su reglamento complementario han adoptado disposiciones destinadas a fortalecer la participación de microempresas, artesanos y actores locales (art. 25.2), reconociendo la contratación pública como un motor para el desarrollo sostenible y la redistribución equitativa de la riqueza.

En el ámbito rural, esta normativa adquiere especial relevancia, dado que las comunidades rurales representan un sector estratégico para la generación de empleo local, la sostenibilidad ambiental y la producción agrícola (Castilla, 2021). Las mujeres rurales, como principales impulsoras de la economía familiar y guardianas del conocimiento tradicional, enfrentan múltiples desafíos para participar activamente en los procesos de contratación pública. Estas barreras incluyen la falta de acceso a la información, la limitada capacitación en procedimientos contractuales y las restricciones culturales que perpetúan la desigualdad de género (Alsamarraie & Ghazali, 2023). No obstante, su inclusión efectiva en proyectos públicos no solo contribuye a la equidad de género, sino que también fortalece la conservación del medio ambiente mediante prácticas agrícolas sostenibles y la preservación de ecosistemas locales (Kozuch, Lewandowski, & Sienkiewicz-Małyjurek, 2022).

En este contexto, la provincia de Chimborazo, ubicada en la región Sierra del Ecuador, presenta un contexto ideal para analizar el impacto de la contratación pública en el desarrollo sostenible. La predominancia de actividades agrícolas y ganaderas, junto con una alta concentración de población indígena y rural, hacen de esta provincia un espacio donde convergen las políticas de inclusión económica y sostenibilidad ambiental (Alvarado-Vélez et al., 2024). En este marco, las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental, no solo como trabajadoras, sino también como líderes comunitarias que promueven prácticas agrícolas sostenibles, como el uso de cultivos diversificados y la reforestación, actividades alineadas con los objetivos de conservación ambiental.

Desde el punto de vista jurídico, las disposiciones de la LOSNCP y su reglamento establecen una serie de principios y mecanismos destinados a fomentar la participación de los actores locales. Entre ellos, destacan los márgenes de preferencia para bienes y servicios de origen ecuatoriano (art. 25.1 de la ley), los incentivos para los sectores de la EPS y la obligación de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en las especificaciones técnicas (art. 52 del reglamento). Sin embargo, la implementación de estas normativas presenta desafíos significativos, tales como la falta de mecanismos eficaces de monitoreo, la ausencia de programas específicos de capacitación para mujeres rurales y la necesidad de adaptar los procedimientos a las realidades locales.

En este marco, el presente artículo se propone analizar la interacción entre el marco normativo de la contratación pública y su aplicación práctica en la promoción de la participación de mujeres rurales en Chimborazo, con un enfoque en la conservación ambiental. Para ello, se plantea un análisis jurídico-normativo combinado con un estudio de caso en comunidades rurales lideradas por mujeres, a fin de identificar buenas prácticas, barreras estructurales y oportunidades de mejora. Este enfoque permite no solo evaluar el impacto actual de la normativa, sino también proponer reformas legales y políticas públicas que potencien su efectividad.

Así, las preguntas que guían esta investigación son: ¿Cómo ha contribuido la contratación pública al desarrollo sostenible en comunidades rurales de Chimborazo? ¿Qué tan efectivas han sido las disposiciones legales para incluir a las mujeres rurales en los procesos de contratación pública? ¿Cuáles son los desafíos pendientes para garantizar una participación inclusiva y sostenible? De esta manera, este trabajo pretende proporcionar una visión integral que articule las dimensiones normativas, sociales y ambientales, contribuyendo a una comprensión más profunda del papel transformador de la contratación pública en el ámbito rural.

Aproximaciones teóricas para el desarrollo rural sostenible a partir de la contratación pública, la economía popular y solidaria y la perspectiva de género, la contratación pública ha evolucionado como una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico y social, especialmente en países en vías de desarrollo (Callejas & Mohapatra, 2021; Cervantes-Zapana, Montoya-Quinto, & Sánchez-Ramírez, 2020; Srivastava, 2025). En el caso de Ecuador, el marco jurídico de la contratación pública está diseñado para cumplir objetivos que van más allá de la simple adquisición de bienes y servicios, incluyendo la promoción de la participación de actores locales (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública [LOSNCP], 2008, art. 37) y la sostenibilidad ambiental. La LOSNCP y su reglamento establecen principios como la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad social y ambiental —en concordancia con el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador— y la participación nacional, con el objetivo de fortalecer el tejido económico local, fomentar la redistribución de la riqueza y contribuir al desarrollo sostenible. Estos principios, alineados con disposiciones constitucionales y normas internacionales, destacan la importancia de la contratación pública como un instrumento para cerrar brechas estructurales en sectores marginados, como las comunidades rurales (LOSNCP, 2008, art. 6.15).

En este contexto, la Economía Popular y Solidaria (EPS) se posiciona como un actor clave en los procesos de contratación pública, debido a su capacidad para dinamizar economías locales y promover prácticas sostenibles (Caruana & Vassallo, 2024; Casagrande et al., 2024). Las microempresas, asociaciones y cooperativas que conforman este sector tienen un papel preponderante en la producción de bienes y servicios de origen local (López-Leones, 2018). Sin embargo, investigaciones previas han señalado que, a pesar de los incentivos normativos, los actores de la EPS enfrentan múltiples desafíos, incluyendo la falta de acceso a información sobre procesos de contratación, requisitos administrativos complejos y limitaciones para cumplir con estándares técnicos o financieros (Deux-Marzi, León, & Arguedas, 2023). Estas barreras se agravan en el caso de las mujeres rurales, quienes representan un subgrupo vulnerable dentro de las organizaciones de la EPS, debido a desigualdades de género profundamente arraigadas (Verzosi & Carvajal, 2023).

La perspectiva de género en la contratación pública ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, con énfasis en la necesidad de generar igualdad de oportunidades para las mujeres en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Diversos estudios han demostrado que la participación de mujeres en actividades económicas rurales no solo contribuye a la equidad social, sino que también mejora la sostenibilidad de los proyectos, debido a su enfoque en prácticas agrícolas sostenibles y conservación ambiental (Basak & Roy Chowdhury, 2024; Dery, Acheampong, & Adams, 2025; Morcillo, Pérez-García, & López-Palomo, 2024). Sin embargo, las políticas públicas y normativas, en muchos casos, no consideran explícitamente la inclusión de mujeres como eje central, lo que limita su impacto en términos de equidad de género (Vera, 2020). La literatura existente sugiere que integrar un enfoque de género en la planificación y ejecución de proyectos financiados mediante contratación pública podría tener efectos positivos significativos en el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental (Rathi, 2024).

Finalmente, la conservación ambiental se erige como un eje transversal en la planificación de las políticas públicas en Ecuador, particularmente en las áreas rurales. El uso de la contratación pública para promover prácticas sostenibles está respaldado por normativas que priorizan productos y servicios con bajo impacto ambiental (Jara & Puerta, 2018). Este marco normativo resulta especialmente relevante para regiones como Chimborazo, donde las comunidades rurales dependen directamente de los recursos naturales para su sustento (Peralta, Viteri, & Llumiquinga, 2020). La articulación entre la normativa de contratación pública, la promoción de prácticas sostenibles y la inclusión de mujeres rurales en los procesos contractuales ofrece una oportunidad estratégica para transformar el desarrollo rural.

Revisión de literatura

La literatura académica sobre contratación pública ha evolucionado en las últimas décadas para incluir aspectos como la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la equidad de género. Diversos estudios han señalado la importancia de los procesos de contratación pública como herramienta para promover el desarrollo local y reducir las desigualdades estructurales, particularmente en regiones rurales (Zeng, Dahanayake, & Chen, 2023). En este sentido, distintos autores han explorado los desafíos asociados con la implementación de políticas de contratación pública inclusiva en economías en desarrollo, resaltando la necesidad de adaptar las normativas a las realidades locales (Balaeva, Löffler, & Martínez, 2022; Bento, Soares, & Pinto, 2022). Sin embargo, estas investigaciones suelen abordar los procesos desde una perspectiva amplia, omitiendo análisis específicos sobre la participación de actores vulnerables, como las mujeres rurales, en los contextos particulares de países como Ecuador.

En el caso de Ecuador, estudios recientes han examinado el impacto de la Economía Popular y Solidaria en el fortalecimiento de economías locales y en la redistribución de recursos mediante la contratación pública (López-Leones, 2018). Varias publicaciones académicas han documentado cómo las normativas de contratación pública fomentan la participación de actores de la EPS, incluyendo pequeños productores y artesanos. No obstante, estos estudios se centran en aspectos económicos y no profundizan en los impactos diferenciados de género ni en las contribuciones específicas de las mujeres rurales al desarrollo sostenible y la conservación ambiental (Montalvo-Ramos, Zurita, & Rodríguez, 2023). Además, la mayoría de estas investigaciones se enfocan en análisis normativos generales (Faz, Gómez, & Palma, 2023; Gudiño, 2022), dejando un vacío significativo en el ámbito de los estudios de caso y el impacto local en zonas rurales como Chimborazo.

En este contexto, a pesar de los avances en la literatura académica, no se han identificado estudios que combinen de manera integral un análisis normativo de la contratación pública con un enfoque específico en la participación de mujeres rurales y su papel en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y conservación ambiental. De esta forma, el presente artículo llena un vacío en la literatura al articular un enfoque jurídico con un estudio de caso basado en comunidades rurales de Chimborazo, evidenciando cómo las disposiciones legales existentes pueden contribuir al desarrollo sostenible con perspectiva de género.

Metodología

Para alcanzar el objetivo planteado, este estudio adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el propósito de analizar el impacto de la contratación pública en la asociación “Tandalla Warmis” —expresión que en quichua significa “mujeres emprendedoras unidas”—, conformada por mujeres rurales dedicadas a la producción de yogurt de mashua en la parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Esta metodología permitió una comprensión integral del fenómeno al articular el análisis de datos numéricos provenientes de encuestas con la riqueza interpretativa de entrevistas semiestructuradas. Adicionalmente, se realizó un análisis normativo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento, con énfasis en las disposiciones orientadas a la inclusión de actores de la economía popular y solidaria (EPS).

La población objeto del estudio estuvo conformada por 10 mujeres activas de la asociación mencionada, seleccionadas mediante un muestreo por conveniencia (Alvarado-Vélez, 2025), considerando tanto su disponibilidad como la relevancia de sus experiencias productivas relacionadas con la contratación pública. Si bien este tipo de muestreo no permitió generalizar los resultados a nivel provincial o nacional, resultó adecuado para identificar patrones y desafíos particulares en un caso representativo de mujeres rurales involucradas en procesos regulados por la LOSNCP.

El componente cuantitativo se abordó a través de encuestas estructuradas, diseñadas para recopilar información sobre el conocimiento normativo, los niveles de participación en proyectos financiados mediante contratación pública y los principales impactos económicos percibidos. Paralelamente, el componente cualitativo consistió en entrevistas semiestructuradas aplicadas a las mismas participantes, enfocadas en explorar las barreras percibidas, sus expectativas frente a la contratación pública y su visión respecto de la sostenibilidad ambiental en el contexto de sus actividades productivas. Estas entrevistas aportaron información contextualizada que enriqueció los hallazgos cuantitativos.

El análisis de los datos se desarrolló en dos niveles. Para el componente cuantitativo, los datos fueron codificados en Excel y analizados mediante distribución porcentual. En cuanto al componente cualitativo, las entrevistas fueron transcritas y procesadas mediante codificación temática, identificando patrones recurrentes y categorías clave relacionadas con los objetivos de la investigación (Alvarado-Vélez, 2023), utilizando el software Atlas.ti. Asimismo, se realizó un análisis jurídico-normativo de los artículos relevantes de la LOSNCP y su reglamento, a fin de evaluar el grado de coherencia entre las disposiciones legales y la experiencia vivida por las integrantes de la asociación.

Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se aplicaron controles metodológicos rigurosos. Las encuestas y entrevistas fueron conducidas bajo protocolos éticos, con consentimiento informado y aseguramiento de la confidencialidad de los datos. Además, se aplicó triangulación metodológica al integrar los hallazgos cuantitativos, cualitativos y normativos, lo que fortaleció la robustez del análisis. En conjunto, este enfoque mixto permitió no solo una evaluación integral del impacto de la contratación pública en el contexto estudiado, sino también la generación de evidencia empírica y jurídica relevante para la formulación de políticas públicas inclusivas y sostenibles en zonas rurales.

Resultados

El análisis de los datos obtenidos a través de encuestas, entrevistas semiestructuradas y el estudio normativo de la LOSNCP y su reglamento reveló una serie de hallazgos clave relacionados con la participación de las mujeres de la asociación en los procesos de contratación pública. Estos resultados se organizan en tres ejes principales: el conocimiento y acceso a los procesos de contratación pública, las barreras percibidas para su participación, y el impacto de la contratación pública en la sostenibilidad económica y ambiental de la asociación.

Conocimiento y acceso a los procesos de contratación pública

De las mujeres encuestadas, solo el 30% manifestó tener conocimiento básico sobre los mecanismos de contratación pública y las disposiciones específicas de la LOSNCP. Este conocimiento estaba relacionado principalmente con la información recibida a través de talleres ocasionales organizados por entidades locales. Sin embargo, un 70% señaló no estar familiarizado con los procedimientos necesarios para participar en proyectos financiados por contratación pública, destacando la falta de difusión adecuada de esta información en comunidades rurales.

Por otro lado, se observó un interés significativo por parte de estas mujeres en participar en proyectos públicos, especialmente aquellos relacionados con la provisión de bienes alimenticios para programas sociales como el desayuno escolar. La mayoría de las participantes expresó que su asociación tiene el potencial de adaptarse a las exigencias de estos proyectos, pero carece de la orientación técnica y jurídica necesaria para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Barreras percibidas para la participación

Las barreras identificadas en los datos cualitativos incluyeron tanto aspectos normativos como estructurales. En términos normativos, las participantes señalaron que los procedimientos de contratación pública son complejos y requieren conocimientos técnicos que no están fácilmente disponibles en su comunidad. Además, un 80% de las mujeres indicó que los requisitos administrativos, como la inscripción en el Registro Único de Proveedores (RUP) y la elaboración de propuestas técnicas, son percibidos como inaccesibles debido a su alta complejidad.

En cuanto a las barreras estructurales, se destacó la falta de capital financiero para cumplir con los requisitos iniciales de participación, como la adquisición de insumos o el cumplimiento de garantías exigidas en ciertos contratos. Asimismo, la discriminación de género se mencionó como una barrera implícita, ya que las mujeres perciben que sus esfuerzos son menos valorados en comparación con los de otras asociaciones lideradas por hombres. Estas barreras no solo limitan la participación directa en la contratación pública, sino que también restringen su capacidad para acceder a oportunidades de desarrollo económico más amplias.

Impacto en la sostenibilidad económica y ambiental

A pesar de las barreras identificadas, el análisis reveló que las participantes reconocen el potencial de la contratación pública como un mecanismo para mejorar la sostenibilidad económica de su asociación. De las encuestadas, un 90% afirmó que la inclusión en proyectos públicos podría aumentar significativamente sus ingresos y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Las mujeres identificaron como prioridad la diversificación de su producción, como la incorporación de otros derivados de mashua, para cumplir con posibles contratos de mayor escala.

En el ámbito ambiental, las entrevistas destacaron que las prácticas agrícolas de la asociación ya incluyen enfoques sostenibles, como el cultivo de mashua sin agroquímicos y la rotación de cultivos para preservar la fertilidad del suelo. Sin embargo, estas prácticas no han sido reconocidas formalmente en los procesos de contratación pública, lo que limita su capacidad para acceder a proyectos que prioricen la sostenibilidad ambiental. Las participantes sugirieron que una mayor promoción de sus prácticas sostenibles, junto con la creación de incentivos específicos en la normativa de contratación pública, podría posicionar a su asociación como un ejemplo de éxito en el desarrollo rural sostenible.

Relación entre normativa y realidad local

El análisis normativo de la LOSNCP y su reglamento evidenció un marco jurídico robusto que promueve la inclusión de actores de la EPS. Disposiciones como los márgenes de preferencia para bienes y servicios de origen local, las ferias inclusivas y los incentivos para proyectos sostenibles están diseñados para beneficiar a organizaciones comunitarias como “Tandalla Warmis”. Sin embargo, las participantes del estudio indicaron que estos mecanismos no se reflejan en la práctica cotidiana. Ninguna de las mujeres entrevistadas estaba al tanto de la existencia de incentivos específicos para actores de la EPS, lo que sugiere una brecha significativa entre la normativa y la difusión de esta información en comunidades rurales. Además, las mujeres manifestaron que los procedimientos para acceder a estos beneficios, como la inscripción en el RUP, no son accesibles para asociaciones pequeñas que operan con recursos limitados.

Otro aspecto destacado es la ausencia de acompañamiento técnico y jurídico por parte de las instituciones encargadas de implementar la LOSNCP. Las entrevistas revelaron que, aunque la normativa incluye herramientas para fomentar la participación de actores locales, estas no están adaptadas a las realidades de las comunidades rurales. Por ejemplo, las mujeres de la asociación señalaron que la falta de capacitación en elaboración de propuestas técnicas, manejo de portales electrónicos y cumplimiento de requisitos normativos ha limitado su capacidad para acceder a procesos de contratación pública. Asimismo, indicaron que, aunque su asociación cumple con criterios de sostenibilidad ambiental y prácticas agrícolas responsables, estos aspectos no han sido reconocidos ni valorados en los contratos públicos.

Discusión

Los resultados muestran una desconexión entre la existencia de un marco normativo robusto y el conocimiento de este por parte de las mujeres de la asociación. A pesar de que la LOSNCP incluye disposiciones para fomentar la participación de actores locales, la mayoría de las participantes carece de información sobre los procedimientos necesarios. Este hallazgo coincide con estudios previos que destacan la falta de difusión de las normativas en comunidades rurales, lo que perpetúa la exclusión de sectores vulnerables (Natoli et al., 2023; Verzosi y Carvajal, 2023). Además, resalta la necesidad de estrategias más efectivas de comunicación y capacitación, que no solo informen sobre los mecanismos disponibles, sino que también promuevan su comprensión práctica y aplicabilidad. Este vacío informativo plantea un desafío crítico: aunque la normativa establece herramientas inclusivas, su impacto es limitado si los beneficiarios no tienen acceso adecuado a la información.

Por otra parte, las barreras identificadas, como los requisitos administrativos complejos y la falta de capital financiero, evidencian la necesidad de revisar los procedimientos de contratación pública para que sean más accesibles a pequeñas asociaciones rurales. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones que señalan que las micro y pequeñas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres, enfrentan dificultades significativas para competir en igualdad de condiciones en procesos contractuales (Arnáez Arce, 2020; Pinduisaca, 2023). La percepción de discriminación de género, aunque implícita, revela un problema estructural que debe abordarse mediante políticas públicas específicas que promuevan la igualdad de género en estos espacios. Por ejemplo, implementar programas que simplifiquen el acceso al RUP y brinden asesoramiento técnico puede ser un paso clave para reducir estas barreras y garantizar una participación más equitativa.

Asimismo, los hallazgos subrayan que la contratación pública puede ser un motor clave para mejorar la sostenibilidad económica de las asociaciones de la EPS (Villalba-Eguiluz et al., 2020). La alta disposición de las mujeres a diversificar su producción y adaptarse a contratos públicos refleja su interés en aprovechar estas oportunidades. Sin embargo, la falta de reconocimiento formal de sus prácticas sostenibles limita su capacidad para destacar en un mercado que valora cada vez más la responsabilidad ambiental (Daugbjerg, 2023). Estos hallazgos indican que, aunque la LOSNCP incluye criterios de sostenibilidad, estos no siempre se traducen en beneficios tangibles para actores locales. Es necesario fortalecer la implementación de estas disposiciones, incluyendo incentivos claros para organizaciones que adopten prácticas sostenibles. Además, se requiere un esfuerzo por parte de las entidades contratantes para identificar y valorar estas contribuciones en sus procesos de selección.

Por último, la discrepancia entre las disposiciones legales de la LOSNCP y su aplicación práctica en comunidades como San Juan pone de relieve un desafío recurrente en políticas públicas: la brecha entre diseño normativo e implementación efectiva. A pesar de que la normativa incluye herramientas inclusivas, como los márgenes de preferencia y las ferias inclusivas, su impacto se diluye debido a la falta de capacitación, asistencia técnica y monitoreo adecuado. En este sentido, estos resultados refuerzan la idea de que la normativa por sí sola no es suficiente para garantizar resultados inclusivos; es necesario un enfoque integral que combine la implementación efectiva con políticas adaptadas al contexto local (Demircioglu & Vivona, 2021; Kundu et al., 2020). Por ejemplo, programas de capacitación dirigidos específicamente a mujeres rurales y la creación de mecanismos para simplificar los procedimientos podrían cerrar esta brecha y fortalecer el impacto de la contratación pública en comunidades rurales.

Conclusiones

Se concluye que existe una brecha significativa entre la normativa de contratación pública y el nivel de conocimiento de las mujeres de la asociación. Aunque la LOSNCP establece disposiciones inclusivas, la falta de información y difusión adecuada limita su efectividad en comunidades rurales. Este hallazgo evidencia la necesidad de implementar estrategias específicas de capacitación y comunicación dirigidas a sectores vulnerables, como asociaciones rurales lideradas por mujeres, para garantizar que puedan comprender y acceder a los beneficios de la contratación pública.

Por su parte, las barreras administrativas, financieras y de género identificadas en este estudio limitan significativamente la participación de las mujeres rurales en procesos de contratación pública. Estas dificultades destacan la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, proporcionar apoyo financiero y promover programas que fortalezcan la equidad de género en este ámbito. Políticas que reduzcan los costos de entrada y ofrezcan asistencia técnica pueden ser fundamentales para eliminar estas barreras y garantizar que las asociaciones puedan participar en igualdad de condiciones.

La contratación pública tiene un potencial significativo para mejorar la sostenibilidad económica de las mujeres rurales y fortalecer la conservación ambiental. Las prácticas sostenibles ya implementadas por “Tandalla Warmis” son un ejemplo claro de cómo estas asociaciones pueden contribuir a la sostenibilidad ambiental si se les brinda el apoyo necesario. Sin embargo, la falta de reconocimiento formal de estas prácticas en los procesos de contratación pública subraya la importancia de incorporar incentivos específicos que valoren y prioricen la sostenibilidad en las adjudicaciones contractuales.

Finalmente, la discrepancia entre la LOSNCP y su aplicación en comunidades rurales como San Juan demuestra la necesidad de un enfoque integral que vincule la normativa con estrategias efectivas de implementación. Aunque el marco jurídico es inclusivo en su diseño, su impacto es limitado debido a la falta de acompañamiento técnico y adaptabilidad a las condiciones locales. Es necesario fortalecer los programas de capacitación, monitoreo y asistencia técnica para garantizar que las disposiciones legales sean efectivas en contextos rurales y beneficien a las mujeres rurales como agentes clave de desarrollo y sostenibilidad.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

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Julio A. Alvarado-Vélez: Conceptualizaciones, investigación, análisis Formal, redacción y edición original, análisis formal, desarrollo de la metodología,