karen.briones@unesum.edu.ec

selena.iman@utm.edu.ec

shirley.chavez@utm.edu.ec

bfdiaz@sangregorio.edu.ec

dffarfan@sangregorio.edu.ec

Introducción

La violencia representa uno de los principales flagelos que afecta de manera transversal a la sociedad ecuatoriana contemporánea, impactando no solo a quienes infringen la ley, sino a la totalidad de la población, sin distinción de edad, género o condición social. Sus consecuencias superan la mera pérdida de vidas humanas, ya que generan víctimas colaterales, especialmente en el núcleo familiar y comunitario. Esta problemática actúa como punto de inflexión entre el individuo y el ideal colectivo de una sociedad pacífica, resultado de una compleja interacción de factores políticos, sociales y económicos. Ante este escenario, se torna imperativa la intervención estatal a través de políticas públicas eficaces orientadas a contener el crecimiento de la violencia y garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la vida.

El objetivo central de este artículo es analizar el incremento de la violencia en el Ecuador durante el periodo 2021–2022, poniendo especial énfasis en evaluar las estrategias implementadas por el Gobierno Central en materia de seguridad ciudadana. Para ello, se revisan los principales delitos asociados al fenómeno, como asesinatos, homicidios, femicidios y sicariato, los cuales han registrado un preocupante aumento, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí y Los Ríos. Se destaca, además, el impacto desproporcionado que la violencia ejerce sobre las familias y las comunidades, profundizando la inseguridad social y debilitando la cohesión social.

La metodología adoptada para el desarrollo de este estudio corresponde a un enfoque cualitativo, basado en métodos de análisis y síntesis documental. Se recurrió a fuentes bibliográficas especializadas en seguridad integral, así como a informes oficiales y estadísticas nacionales e internacionales, lo que permitió identificar y analizar siete dimensiones fundamentales de la seguridad: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, política, personal y comunitaria. Este enfoque multidimensional facilitó la identificación de las principales amenazas interrelacionadas, entre las que destacan la pobreza, el hambre, la violencia física, la degradación ambiental, las enfermedades, la conflictividad étnica y racial, y la represión policial.

En este contexto, la investigación evidencia que, aunque el Ecuador cuenta con una Constitución que promueve ampliamente los derechos y libertades fundamentales y ha ratificado instrumentos internacionales clave en materia de protección a la vida, la violencia sigue representando uno de los mayores retos nacionales. Los organismos internacionales, conscientes de la gravedad del fenómeno en la región, han instado a los Estados latinoamericanos a asumir un papel activo en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, mediante la implementación de planes y estrategias integrales de seguridad ciudadana. Los hallazgos de este artículo subrayan la necesidad de fortalecer un enfoque multidimensional en la formulación e implementación de políticas públicas, como condición indispensable para enfrentar, de manera más eficaz, los desafíos que la violencia plantea en el Ecuador actual.

Metodología

Toda investigación parte de la construcción y formulación de conceptos e ideas que orientan y delimitan el objeto de estudio, independientemente del paradigma epistemológico o del método seleccionado para su abordaje. Los conceptos constituyen el primer acercamiento a la realidad y pueden ser analizados desde una perspectiva objetiva (enfoque cuantitativo), subjetiva (enfoque cualitativo) o intersubjetiva (enfoque mixto), en función de la naturaleza y las particularidades del fenómeno a explorar (Hernández, 2014).

En el presente estudio se optó por un enfoque cualitativo, centrado en el análisis documental de las principales normativas jurídicas relacionadas directamente con el objeto de investigación, complementado por el examen del pensamiento y aportes de diversos autores doctrinarios relevantes en la materia. El uso de esta metodología permitió abordar de manera integral las implicaciones legales, sociales y políticas del fenómeno estudiado, apoyándose para ello en una revisión crítica y reflexiva de fuentes teóricas y normativas pertinentes. Esta aproximación propició una comprensión contextualizada y profunda, fundamentada en el análisis interpretativo y comparativo de los textos seleccionados.

Resultados

Las Naciones Unidas frente a la seguridad ciudadana

En el año 2015, concretamente el 25 se septiembre se reunieron los líderes mundiales en donde aceptaron una series de objetivos globales, con el objetivo de eliminar la pobreza, proteger el medio ambiente y establecer bases para asegurar el bienestar en todas partes, nacen una nueva agenda de desarrollo sostenible, para lo cual deben aunar esfuerzos los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, es decir todos debemos contribuir para que se cumplan esos objetivos (Organización de Nacionales Unidas, 2023).

El objetivo de Desarrollos Sostenible, ODS, 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”: la Organización de las Naciones Unidas señala:

Los enfrentamientos, la falta de seguridad, la fragilidad institucional y el escaso acceso a la justicia siguen representando un grave peligro para el progreso sostenible. De acuerdo con la ONU (2023), el número de individuos que escapan de conflictos, persecuciones y guerras sobrepasó los 70 millones en 2018, la cifra más elevada documentada por ACNUR en casi siete décadas.

En 2019, las Naciones Unidas documentaron 357 homicidios y 30 desapariciones forzadas de activistas de derechos humanos, periodistas y líderes sindicales en un total de 47 naciones. A su vez, se estima que aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de cinco años a nivel mundial no posee un registro de nacimiento oficial, lo que les niega una prueba de identidad legal, fundamental para salvaguardar sus derechos y para facilitar su acceso a la justicia y a servicios sociales (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores [OLACEFS], 2023).

Por otra parte, de acuerdo con el trabajo de la Comisión de Estadística referente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: en su objetivo 16, establece que se debe fomentar comunidades pacíficas y acogedoras para el crecimiento sostenible, garantizar que todos puedan acceder a la justicia y establecer instituciones eficientes y participativas que respondan a la sociedad en todos sus niveles. Las ideas sobre la paz de este objetivo van desde la óptica de luchar mediante compromiso de los Estado partes para una reducción de todo tipo de violencia en la población, haciendo énfasis no tan solo en crear normas punitivas sino también preventivas, pues la violencia va en aumento ya sea por situaciones de género hasta por situaciones raciales, étnicas políticas o el crecimiento del crimen organizado y la delincuencia común.

Las ideas de justicia establecen que el país promueva y garantice un estado de derecho en donde prime el acceso a la justicia sin distinción de sexo, etnia, raza, condición social, etc., por otro lado, el propio Estado debe proteger y tutelar a la población con la aplicación de una justicia con principios de igualdad y no discriminación.

Las ideas sobre las instituciones, es necesario precisar que los Estados deben fortalecer la Institucionalidad, para evitar el aumento de la corrupción, que la ciudadanía se sienta segura de acudir a Instituciones del sector público, en donde encontraran un servicio de mayor y mejor calidad, y esto a su vez genere confianza en los servidores públicos.

Goucha y Rojas (2003), manifiestan que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se centró en examinar las nuevas facetas de la seguridad humana, estableciéndolas a partir de dos elementos principales: libertad del miedo y libertad de necesidades. El PNUD señala que estos dos elementos son fundamentales y constitutivos de la propia existencia de las Naciones Unidas. En este contexto, enfatiza que no se podrá lograr la seguridad en el mundo frente a la guerra si las personas no gozan de seguridad en sus hogares y en sus trabajos. Esta conceptualización incluye un conjunto de peligros que se clasifican en siete categorías, que impactan diferentes áreas: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad en salud, , seguridad comunitaria, seguridad personal y seguridad política.

Desde la Creación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, se planteó como objetivo central el de buscar mediante la cooperación de las naciones, la paz mundial, fortaleciendo las democracias, como alternativa para la convivencia segura de la población.

La Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe

En la actualidad, abundan las reflexiones en torno a la crisis del sistema liberal y su modelo democrático. Resulta paradójico que sean precisamente las instituciones de los propios Estados liberales las que han facilitado el avance de tendencias negativas, lo que ha propiciado la proliferación de valores populistas, xenófobos y antinmigrantes. Si bien estas características eran tradicionalmente observadas en Europa y Estados Unidos, hoy también se manifiestan en diversos países de América Latina. Frente a esta situación, han surgido múltiples voces de resistencia ciudadana, evidenciadas en manifestaciones de gran envergadura como las registradas en octubre de 2019 en Ecuador y Chile, así como en Colombia durante el mismo año. La consolidación de gobiernos autoritarios, tanto de izquierda como de derecha (Villanueva, 2019), ha profundizado la desinstitucionalización, debilitando la democracia y reduciendo las garantías de justicia independiente, paz y seguridad, condiciones largamente anheladas por la ciudadanía.

La seguridad ha sido investigada desde varias teorías que subrayan diferentes aspectos, tales como la seguridad vinculada a delitos, la violencia en el ámbito político, la salud, entre otros. No obstante, es importante concebir la seguridad bajo dos enfoques: en primer lugar, como la falta de amenazas, lo que se podría considerar un estado de seguridad total. En segundo lugar, como una situación en la que las amenazas están neutralizadas, es decir, sentirse a salvo y contar con estrategias para evitar situaciones de riesgo (Zedner, 2003, p. 155).

Además, la seguridad puede ser entendida como una construcción social que representa una forma de “igualdad en la vida social, un espacio que es compartido libremente por todos” (United Nations Human Settlements Programme 2007). En el contexto de la seguridad pública, esto se refiere principalmente a no tener temor de sufrir una agresión violenta, estar consciente de que la propia integridad será protegida, y disfrutar de la privacidad en el hogar o desplazarse por la calle sin el temor a robos o ataques. Con esta definición, para el análisis de este caso, se destacan dos de las dimensiones más significativas: las amenazas asociadas al temor al crimen y aquellas en relación con el desorden social. (Vizcarra, et al., 2016).

Se encuentra en debate en los países latinoamericanos desde diferentes puntos de vistas y perspectivas, por un lado, la prensa va a resaltar los hechos más violentos, y con esto juega un rol de denunciante por el incremento de la violencia y la inseguridad en los distintos Estados de América Latina y el Caribe. Por otra parte, los políticos toman la iniciativa para hablar que van a tomar las acciones en torno a enfrentar en fenómeno social con medidas más radicales. Los profesionales en el ámbito de la seguridad pública (con menos visibilidad en los medios) solicitan aclarar conceptos y mejorar la evaluación del asunto, a medida que la inseguridad crece entre la población y surgen soluciones creativas para cubrir una falta institucional. No obstante, es indiscutible que la inseguridad pública, resultado de un aumento en la criminalidad violenta en la zona, ha crecido y es necesario implementar estrategias efectivas para combatirla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona que “las acciones diseñadas por los Estados Miembros para implementar sus políticas de seguridad pública deben incluir enfoques de prevención social, comunitaria y situacional, así como también planes operativos de disuasión por parte de las fuerzas policiales, los cuales deben ayudar a reducir la posibilidad de que las personas se conviertan en víctimas de delitos o actos violentos que comprometían su derecho a disfrutar de sus propiedades en paz. Frecuentemente, la falta de respuestas eficaces y adecuadas del Estado ante este tipo de amenazas provoca en ciertos grupos de la población un sentido de frustración y desamparo con respecto a la actuación de las autoridades competentes, lo que a su vez favorece el surgimiento de iniciativas que fomentan la violencia privada, perjudicando gravemente la convivencia en una sociedad democrática y el respeto al Estado de Derecho.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023).

Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 24 de octubre de 1945, en la Conferencia de San Francisco, Estados Unidos, se funda la Organización de las Naciones Unidas. Setenta y siete años después, se continúan realizando esfuerzos para preservar la paz y la seguridad global, proporcionar ayuda humanitaria a quienes lo requieren, así como salvaguardar los derechos humanos y promover el derecho internacional (Organización de las Naciones Unidas, 2021).

Dentro del ámbito global, la falta de seguridad pública se presenta como uno de los problemas más relevantes en el planeta. En los últimos años, este fenómeno ha experimentado un aumento, una expansión y una variedad que provoca significativos efectos sociales (Carrión, 2015).

En ese sentido, Ortega (2021), menciona que, en Latinoamérica, aunque cada nación cuenta con su propio modelo económico y metas diferentes, enfrentan un problema compartido: lograr que el crecimiento económico en expansión beneficie a sus poblaciones. Dentro de esos obstáculos, la seguridad puede ser el tema crucial más relevante que abordar. Realmente, “América Latina y el Caribe es la zona más peligrosa del planeta, con un índice de asesinatos que supera cinco veces la media global” (CEPAL, 2019, p. 47).

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) describe la seguridad ciudadana como: la condición política y social donde los individuos tienen garantizada de manera legal y efectiva la plena realización de sus derechos humanos, además de contar con instituciones eficaces que prevengan y controlen las amenazas o coacciones ilegítimas que pudieran afectar dichos derechos. En un Estado democrático y de derecho, el derecho a la seguridad ciudadana implica el conjunto de protecciones que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos para que puedan ejercer libremente todos sus derechos (IIDH, 2000).

A partir de esta concepción se puede colegir que, si el Estado no te garantiza una real y efectiva seguridad ciudadana que responda a proteger la integridad personal, está negándote el disfrute de tus derechos humanos, para lo cual los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias, a través de Instituciones y de planes o programas que se vea reflejado su eficacia en la práctica.

La pregunta que habría que hacerse es ¿En América Latina y el Caribe los Estados no cumplen con crear métodos y procedimientos para contrarrestar la inseguridad ciudadana?, la respuesta es simplemente, sí cumplen, lo que se tendría que establecerse es ¿por qué no se erradica la inseguridad por causa de la violencia?, o ¿por qué los esquemas planificados desde los Gobiernos para prevenir o erradicar la violencia y con eso la inseguridad ciudadana, es tan diferenciado entre los países de las región?.

Pues lo factores pueden ser diferentes, y van desde lo económico, Político, cultural, social, ambiental, y, estos elementos llevan en sí al hambre, el desempleo, la falta de educación, a la falta de salud, a la degradación del medio ambiente, que inciden en el aumento en las tazas de violencia y por ende el incremento de la inseguridad ciudadana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la organización de Estados Americanos, señala en su reporte sobre derechos humanos y seguridad ciudadana en el año 2009 que, la seguridad ciudadana se convierte en un requisito esencial (aunque no el único) para la seguridad humana, que finalmente es la máxima garantía del desarrollo humano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009).

Desde ese punto de vista, podemos conceptualizar a la seguridad ciudadana, la Comisión de Seguridad Humana (CSH,2003), en su documento final Human Security Now, se describe la salvaguarda del núcleo esencial de todas las vidas humanas de tal manera que se enriquezcan las libertades humanas y el desarrollo personal. La seguridad humana involucra resguardar las libertades básicas, aquellas que son fundamentales para la existencia e implica la protección a las personas de situaciones y amenazas serias y ampliamente presentes. Además, concierne la utilización de enfoques que se basen en las capacidades y aspiraciones de los individuos, lo cual, radica en crear estructuras políticas, sociales, ecológicas, financieras, militares y culturales que, de manera conjunta, ofrezcan a las personas los cimientos para la existencia, el bienestar y el respeto (CSH: 2003).

La seguridad humana se caracteriza por su enfoque centrado en la persona, considerándola como el sujeto principal de estudio y protección. Este enfoque tiene como objetivo identificar y prevenir los factores que ponen en riesgo las condiciones necesarias para la supervivencia y el bienestar individual y colectivo. En consecuencia, la seguridad humana requiere de una perspectiva multidimensional que contemple las diversas amenazas que afectan la vida cotidiana, tales como los riesgos económicos, las enfermedades, la inseguridad alimentaria, y los problemas ambientales, personales, comunitarios y políticos.

El reconocimiento del carácter multidimensional de la inseguridad exige, además, identificar y analizar de manera causal los factores vinculados a cada uno de estos ámbitos. Para garantizar una protección efectiva de las personas, no existen soluciones simples ni únicas; se precisa la formulación de respuestas integrales que articulen acciones en materia de seguridad, desarrollo y derechos humanos, promoviendo la colaboración activa de múltiples actores sociales e institucionales. Por consiguiente,

la seguridad humana como concepto contextualizado reconoce las irregularidades y es preventiva porque se manifiesta de forma dual en la protección y el empoderamiento, (CSH: 2003, p 2).

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), la sociedad pasa de un Estado Liberal a un Estado Social, en sus primeros inicios de la posguerra los países europeos desarrollaron económicamente y el estado social estuvo en auge, en donde se redujo la pobreza, las ciudades devastadas por la guerra se desarrollaron, sin embargo en américa latina y el caribe nunca se desarrolló, siempre esta zona geográfica del mundo estuvo en crisis, en donde el hambre, el desempleo fueron el “caldo de cultivo” para el aumento de la inseguridad ciudadana.

Por tanto, esta amenaza empieza en el descontento de los sectores más empobrecido de la región, llevando a una América a una guerra interna en cada país, por un lado, naciones con grupos guerrilleros, y por otro lado en países con sus dictaduras militares, causando la inestabilidad política, y más inseguridad ciudadana.

Tabla 1. Amenazas a la seguridad humana

Tipo de seguridad	Ejemplos
Económica	Pobreza y desempleo.
Alimentaria	Hambruna, hambre.
Sanitaria	Enfermedad infecciosa letal, productos alimenticios inseguros, mala nutrición, ausencia de acceso a atención médica fundamental.
Medioambiental	Deterioro del entorno, agotamiento de recursos naturales, catástrofes, polución.
Personal	Agresión física, crímenes, ataques terroristas, violencia en el hogar, trabajo infantil.
Comunitaria	Conflictos por etnias, creencias religiosas o otras identidades.
Política	Coacción policial, violaciones a los derechos fundamentales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe PNUD y HSU- OCAH (1994).

En América Latina los problemas de seguridad ciudadana se relacionan directamente con la calidad de la convivencia entre las personas. La inseguridad (objetiva o subjetiva), deteriora seriamente los vínculos que permiten la vida en sociedad, favoreciendo la intolerancia, la segmentación residencial y los lazos de solidaridad que caracterizan a una comunidad democrática. En la región, la seguridad ciudadana no solamente se ve amenazada por los hechos criminales generados por la delincuencia común u organizada: también afectan seriamente esas condiciones de seguridad las variadas formas de violencia, aun cuando éstas no sean consideradas como delitos por las normas de Derecho Penal vigente. (IIDH, 2011).

Palomeque (2003) indica que, por lo general, se observa una inclinación a vincular la pobreza con las causas de la violencia. El análisis revela que esta no siempre se aplica al contexto ecuatoriano; ya que, solo en un grupo de cantones, en donde vive el 8 por ciento de la población del país, se evidencia una relación directa entre las altas tasas de homicidios y los altos niveles de pobreza. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que la pobreza esté completamente desconectada de la violencia; porque, dependiendo de la ocupación, se puede señalar que la mayor parte de las víctimas de actos violentos son individuos en situación de pobreza, especialmente varones (tanto empleados como trabajadores independientes). Aunque esto no sea algo novedoso, lo que realmente destaca es que la violencia ha comenzado a ser vista como un problema social, solo cuando las personas afectadas no se limitan a los pobres.

Martínez et al., (2006), llevaron a cabo una investigación que abarca diversas disciplinas, titulada Pronóstico, Regulación y Mitigación de la Criminalidad en Chile (PRECRIM). Este proyecto fue desarrollado en la Universidad de Talca, específicamente en el Centro de Estudios de Derecho Penal, bajo la supervisión del Dr. Jean Pierre Matus Acuña, y recibió fondos de la Dirección de Programas de Investigación de la misma institución. El objetivo de este estudio es prever el delito mediante el uso de datos estadísticos confiables y modelos matemáticos. La investigación se fundamentó en la experiencia, integrando campos como el derecho, la economía, la psicología y la sociología para abordar la compleja naturaleza de la criminalidad.

Los factores identificados y las determinantes analizadas en las investigaciones permiten señalar que constituyen las principales causas y problemáticas del alto índice de violencia y criminalidad que afecta a la sociedad chilena. Al realizar una comparación, estos elementos resultan muy similares a los que inciden en la inseguridad en Ecuador y en el resto de los países de América Latina y el Caribe, dado que comparten realidades sociales afines y contextos socioeconómicos comparables.

Tabla 2. Factores de Violencia y Criminalidad

Fuente: Elaboración de los investigadores

Discusión

La Seguridad Ciudadana en el Ecuador

El derecho a la vida

Castro (2015) aborda el tema de Seguridad desde la conceptualización de la misma, en la cual menciona:

Las definiciones de seguridad en Ecuador son constantemente tratadas en la Constitución, en los programas y planes de la República, en las leyes y en los documentos institucionales. Desde la Constitución son visibles tres conceptos: la seguridad ciudadana, la seguridad humana y seguridad integral. Si bien la discusión sobre sus delimitaciones no está acabada, no es posible decir que ellas entran en contradicción puesto que las orientaciones de los tres conceptos confluyen a posteriori en principios similares y comunes: las orientaciones constitucionales en sus artículos 83 (núm.4), 16 y 393, aseguran que la acción del Estado y los ciudadanos debe estar fundamentada en la idea de paz, cultura de paz, convivencia pacífica, prevención de la violencia (p. 116).

El incremento de violencia que se ha desatado en una guerra civil no declarada, que sufrieron los colombianos y peruanos nuestros vecinos geográficamente, y, que duraron por décadas (y en el primero aún se mantiene en menor grado que en los años 80 y 90 del siglo pasado), pusieron en el imaginario de que el Ecuador era una “isla de paz”, que la violencia era solo una problemática externa, de acuerdo a los resultados de las investigaciones sobre la seguridad ciudadana, se puede percibir que la situación no atañe a la realidad actual, y que desde hace algunos años atrás, el Ecuador ha perdido el ambiente de una supuesta tranquilidad con que era conocido. (Palomeque, s/f).

Bajo la dirección de la ministra del Interior, Dra. María Paula Romo, se crea el Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana 2019 - 2030. Su base y metas están en consonancia con el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, así como el artículo 63 del (COESCOP, Código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público) año 2017.

El ministerio encargado de la protección interna, la seguridad ciudadana y el orden público se encarga de dirigir las políticas, la planificación, la regulación, la gestión y el control de la Policía Nacional del Ecuador, según la legislación vigente. Para ello, el ministerio también debería liderar políticas de seguridad pública y ciudadana para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, favoreciendo una cultura de paz y convivencia armoniosa a través de la prevención, identificación, disuasión, investigación y control del crimen y la violencia. También es uno de sus deberes proteger a las personas y otros bienes legales de diversas amenazas y riesgos.

En el año 2021, el presidente Guillermo Lasso lanza una estrategia conocida el PLAN RESCATE ECUADOR, que consistía en el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Plan en mención no era otra cosa que a través de Decretos Ejecutivos se aplicaban los estados de excepción con el objeto de restaurar la paz ciudadana y retomar el “control” ante la violencia criminal y la crisis carcelaria (Loaiza, 2021)

En el Gobierno del presidente Guillermo Lasso se da a conocer el 8 de abril del 2022, un Plan Estratégico de Seguridad, este incluye medidas inmediatas para combatir el crimen organizado y los delitos en todo Guayaquil. De acuerdo con el comandante Víctor Zárate de la Policía Nacional de la Zona 8, este plan está enmarca cuatro pilares fundamentales:

1. Ser una organización de gran alcance dedicada a la prevención, investigación y análisis que tiene el objetivo de reducir los niveles de violencia.

2. La investigación sobre qué grupos están involucrados en el microtráfico, una de las causas de la violencia.

3. Desmantelamiento de grandes organizaciones criminales que provocan violencia a través de unidades especiales y equipos tácticos.

4. Y luego el mantenimiento, un componente fundamental mediante la subcontratación y el involucramiento de la comunidad. (Comunicacion.gob.ec, 2022).

A pesar de que los dos gobiernos más recientes han puesto en marcha Planes de Seguridad Ciudadana, la delincuencia y la violencia en Ecuador siguen en aumento, como menciona (Pontón, 2022), decano del (IAEN, Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales: “La violencia delictiva en Ecuador está aumentando de forma alarmante y no parece tener un fin. Después de diez años con buenas cifras, en 2021, la tasa de asesinatos se situó por encima de 14 por cada cien mil habitantes, lo cual representa más de ocho puntos respecto al 2018. En enero de 2022, los asesinatos se triplicaron en comparación con enero de 2021. (Pontón y Zapata, 2022).

El incremento del narcotráfico y el crimen organizado, sumados a la delincuencia común y a las recurrentes crisis carcelarias, han situado a Ecuador en el escenario mundial como uno de los países con mayor aumento en la tasa de homicidios. Esta situación ha superado incluso las cifras registradas durante las administraciones de los dos últimos presidentes, evidenciando un deterioro significativo en materia de seguridad y control estatal.

En el año 2021, la nación de los Andes tuvo un registro superior a 2. 400 muertes violenta, logrando una proporción de 14 homicidios por cada 100. 000 personas (la cifra más elevada en diez años, de acuerdo con la fundación InSight Crime). Prácticamente, esta cifra se duplicó en comparación con 2020, y solo entre enero y abril de este año, la Policía Nacional ha reportado más de 1. 200 muertes violentas (Brik, 2022).

El derecho a la vida

El derecho a la vida se refiere a la capacidad de existir, a continuar vivo o seguir respirando. Cada ser humano posee el derecho fundamental a preservar su existencia. La vida, al ser el regalo primordial que Dios ha otorgado a la humanidad, y al ser la base de sus demás cualidades, está protegida por el marco constitucional y legal. (Evans, 2004).

El derecho a la integridad física y a la vida son los derechos fundamentales por excelencia.

Lo anterior nos recuerda que no se trata de uno más entre diversos derechos contenidos en múltiples declaraciones, documentos y listados, sino que representan un tipo de derecho esencial, el precursor de los demás y, por tanto, de particular importancia y vitalidad. En efecto, la vida tiene la propiedad de no ser solo un atributo humano, sino que se fusiona con la esencia de la humanidad (Vivanco, 2006).

Derecho a la vida como derecho humano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021), Documento No. 21 de su jurisprudencia, se refiere al derecho a la vida en el caso de niños de la calle, como un derecho irrenunciable, donde su existencia constituye una condición para disfrutar de todos los derechos humanos. Sin respeto a éste, ningún derecho existe.

En ese sentido, el derecho a la vida es un derecho fundamental, y ha de ser interpretado restrictivamente, a fin de que no se acepten interpretaciones de dicho derecho que limiten su aplicabilidad. De hecho, no solo el derecho a la vida es la garantía de que ningún ser humano será arbitrariamente privado de la vida, sino que también da lugar al derecho de acceso a condiciones que hagan posible vivir una vida digna.

Los Estados tienen la obligación de crear condiciones que prevengan la violación de este derecho fundamental y, en particular, medidas para prevenir los riesgos planteados por los agentes del Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018).

Tabla 3. Comparación de tasas de homicidios en América Latina y el Caribe (2021–2022)

País	Tasa 2021	Tasa 2022	Variación (%)
1 Ecuador	13,7	25,0	82,5%
2 Trinidad y Tobago	32,0	43,2	35,0%
3 Haití	13,7	16,7	21,9%
4 Nicaragua	5,7	6,9	21,1%
5 Chile	3,6	4,3	19,4%
6 Perú	4,3	5,0	16,3%
7 Uruguay	8,5	9,4	10,6%
8 Costa Rica	11,5	12,6	9,6%
9 Guatemala	16,6	17,3	4,2%
10 Jamaica	49,4	50,6	2,4%

Tabla 4. Incremento de delitos violentos en Ecuador (2021–2022)

Fuente: PRIMICIAS (2022)

	2021	2022
ASESINATO	1081,00	2 521
HOMICIDIO	153,00	186
FEMICIDIO	46,00	56
SICARIATO	11,00	22

Tabla 5. Tasas de homicidios por provincias ecuatorianas seleccionadas (2021–2022)

Fuente: PRIMICIAS (2022)

Conclusiones

La seguridad ciudadana continúa posicionándose como una de las principales preocupaciones para la comunidad internacional y regional, lo que ha motivado la formulación de compromisos, estrategias y normativas orientadas a fortalecer la responsabilidad de los Estados en la materia. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de seguridad humana, analizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone dos ejes centrales: la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad. Este enfoque integral reconoce que los problemas de seguridad exceden la mera acción policial o militar e involucran factores estructurales como las desigualdades sociales, la pobreza, el acceso a servicios básicos y la discriminación, los cuales potencian situaciones de inseguridad para distintos grupos sociales.

El miedo y la vulnerabilidad se ven agravados por la persistencia de conflictos armados internos y externos, así como por la violencia de género en el ámbito doméstico, reflejando una crisis del Estado social que deriva en la ineficacia de sus sistemas de protección. En consecuencia, las debilidades institucionales contribuyen al auge de la criminalidad y el debilitamiento del tejido social, generando contextos donde la impunidad y la desprotección predominan y comprometen el goce efectivo de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza la necesidad de incorporar enfoques de prevención social, comunitaria y situacional dentro de las políticas públicas de seguridad ciudadana, subrayando la corresponsabilidad entre Estado, sociedad civil y comunidad internacional. El gobierno ecuatoriano, en línea con estas recomendaciones, ha diseñado e implementado planes estratégicos como el Plan de Seguridad Pública y Ciudadana 2019–2030, el Plan Rescate Ecuador en 2021 y el Plan de Seguridad 2022. Estas iniciativas buscan articular acciones institucionales y comunitarias para fortalecer la prevención, mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y promover la colaboración con los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las estadísticas demuestran que la criminalidad en Ecuador sigue incrementándose, con especial incidencia de delitos graves vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Este fenómeno no solo refleja una crisis de seguridad, sino también revela fallas en los sistemas de justicia y en la aplicación de políticas preventivas. La falta de resultados efectivos obliga a repensar la estructura y la coordinación de las estrategias actuales, promoviendo un modelo de seguridad integral que no solo reaccione frente a la violencia, sino que también aborde sus causas estructurales.

En este contexto, el derecho a la vida adquiere una centralidad insoslayable, pues implica la obligación estatal de garantizar la existencia digna y libre de violencia para todas las personas. La protección efectiva del derecho a la vida y la seguridad debe ser un objetivo transversal en todas las políticas públicas, reconociendo su papel articulador del resto de los derechos fundamentales. Solo mediante el fortalecimiento de sistemas de protección, el impulso de políticas multidimensionales y la promoción de una cultura de legalidad y paz social será posible avanzar en la consolidación de una sociedad más segura, equitativa y respetuosa de los derechos humanos en el Ecuador.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Referencias bibliográficas

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Factores	Determinantes
Económicos	Pobreza, Desigualdad, Ingreso, Consumo, Desempleo, Fuerza Laboral, Crecimiento Económico
Demográficos	Estructura Etárea de la Población, Género, Estado Civil, Urbanidad, Ruralidad, Densidad Poblacional, Raza
Policiales	Número de Policías, Eficacia Policial, Probabilidad de Captura
Penales	Población Penal, Penas, Certeza y Severidad de la Pena, Penas Alternativas, Uso de la Pena Capital, Control de Armas, Porte de Armas
Drogas	Epidemia del Crack
Educacionales	Escolaridad, Capital Humano, Fracaso Escolar, Deserción Escolar, Inteligencia, Calidad de la Educación, Participación en Pandillas, Conductas Pandilleras, Efecto Colegio, Capacitación
Diseño Ambiental	(No se especifican determinantes concretos; se puede desarrollar según contexto)
Riesgo Social	Problemas Familiares, Condiciones de Hogar y Vivienda, Hacinamiento, Carencias, Hijos No Deseados, Marginalidad Social
Capital Social	Participación Ciudadana, Redes de Apoyo
Psicológicos	(No se especifican determinantes concretos; se puede desarrollar según contexto)

Fuente: PRIMICIAS (2022)

PROVINCIAS	TASA	2021	2022
ESMERALDAS	48,79	83,00	322
DMG*	29,10	408,00	939
EL ORO	25,94	97,00	190
LOS RÍOS	25,34	94,00	239
SUCUMBÍOS	22,03	19,00	53
GUAYAS	21,26	153,00	272
MANABÍ	18,23	144,00	294
SANTO DOMINGO	17,71	34,00	84

Declaración de contribución a la autoría según CRediT

Dayton Francisco Farfán Pinargote: Conceptualización, curación de datos, análisis formal. Shirley Verónica Chávez Vera: Investigación, metodología, administración del proyecto, recursos. Brenner Fabián Díaz Rodríguez: Supervisión, validación, visualización, redacción del borrador original del artículo. Karen Lorena Briones Cedeño y Selena Maritza Imán Zambrano: Redacción, revisión y edición del artículo.